El gobierno eliminó el Fondo de Asistencia para Víctimas de Trata
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- Publicado: Miércoles 27 de Noviembre de 2024
El fondo estaba contemplado en general en la Ley 26.364, sancionada bajo la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, y fue creado específicamente por Ley 27.508, bajo la gestión de Mauricio Macri, y se puso en funcionamiento durante la gestión de Alberto Fernández. Ahora esta política pública de restitución de derechos para sobrevivientes del delito de trata fue eliminada por el gobierno de Javier Milei, a través del decreto 1048/2024.
Compartimos a continuación una carta pública a Javier Milei escrita y difundida por Viviana Caminos de la Red Alto al Tráfico y la Trata:
Con estupor, las organizaciones antitrata de la República Argentina, quienes a diario, con puro trabajo voluntario, nos abocamos a la tarea de prevenir, escuchar y acompañar a las víctimas de trata cuando no encuentran ningún canal para expresar el daño que sufrieron, hacer el patrocinio legal que no hace el Estado, asesorar, incluso a efectores estatales, intervenir cuando la Justicia se convierte en Injusticia para las víctimas, denunciar casos, denunciar las complicidades políticas, judiciales y policiales, entregar abrigo y alimentos en muchos casos, que se ha disuelto el Fondo Fiduciario Público "Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata", alegando que el gobierno puede hacerlo mediante el artículo 5° de la Ley N° 27.742 de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.
Nos dirigimos a ustedes para manifestar nuestra profunda preocupación y descontento por esta decisión del Estado Nacional desprovista de empatía y responsabilidad para con las víctimas, que son víctimas por la inacción de un Estado que permitió que ello ocurriera.
Este fondo, creado por la Ley 27.508 de 2019, tiene como objetivo principal reparar los daños causados a las víctimas de trata y otros delitos relacionados, utilizando los bienes decomisados en causas judiciales. Los bienes decomisados que integran el Fondo no son bienes públicos sino de las organizaciones criminales y la liquidación de esos bienes son para REPARAR EL DAÑO SUFRIDO POR LAS VÍCTIMAS DE TRATA. La eliminación de este fondo deja a las víctimas en una situación de total desprotección, especialmente considerando que ya se han eliminado otros programas de asistencia.
Además, nos gustaría solicitar la siguiente información:
1. ¿Cómo está compuesto actualmente el Fondo Fiduciario Público "Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata" (en dinero o bienes)?
2. ¿Cuál será el destino de los fondos y bienes incautados?
3. ¿Quiénes serán los encargados de liquidar esos fondos?
4. ¿Cuáles son las medidas que se implementarán para asistir a las víctimas de trata en ausencia del fondo fiduciario?
Instamos al Gobierno Nacional a revertir esta decisión. Es fundamental que se garantice la protección y asistencia a las víctimas de trata, y que se aclare si el Estado puede disponer de fondos privados incautados en estas circunstancias.
Viviana Caminos- Red Alto al Tráfico y la Trata
Reproducimos además el repudio realizado desde La Alameda a la eliminación del Fondo de Asistencia para Víctimas de Trata:
A través del decreto 1048/2024, el gobierno de Milei eliminó una de las pocas políticas públicas de restitución de derechos para sobrevivientes del delito de trata que quedaban en pie.
El fondo estaba contemplado en general en la ley 26.364 sancionada bajo el Gobierno de Cristina Kirchner, fue específicamente creado por ley 27.508 bajo la gestión de Mauricio Macri y puesto en funcionamiento durante la gestión de Alberto Fernández. Además, representaba una reivindicación a una de las demandas históricas de las organizaciones antitrata que reparó a 498 personas por un total de $562.273494,93.
Hoy y gracias a las facultades que la llamada “Ley Bases” otorga al gobierno nacional, se decidió la eliminación de cinco fondos fiduciarios, entre ellos el técnicamente denominado Fondo de Asistencia Directa para Víctimas de Trata. Un mecanismo por medio del cual se reparaba económicamente a las víctimas sobrevivientes de trata con sentencia judicial firme. De esta forma, y a través de dos escuetos renglones, se pretende poner punto final a una política pública de Estado que llevó años construir.
El instrumento cumplía con el objetivo de reparar de forma directa a la víctima, pero también simbólicamente a toda la sociedad, puesto que al detectarse bienes que hubiesen sido instrumentos del delito en causas de trata y explotación, estos eran liquidados a través de la AABE (Agencia de Administración de Bienes del Estado) y, con el producido de su venta, se indemnizaba a las personas víctimas de trata.
También se contemplaba la posibilidad de mantener los bienes para evitar que perdieran su valor durante la tramitación del juicio, algo que en nuestro país puede demorar 8 o 10 años, de esta forma se evitaba que el bien se depreciara, por ejemplo alquilando un local o un departamento o cediendo en comodato para su uso temporario, para poder liquidarlo una vez obtenida la sentencia firme e individualizada la o las víctimas.
Los argumentos del gobierno nacional para justificar la eliminación, hacen referencia a una supuesta auditoría que habría arrojado “la inexistencia de un manual de procedimientos formalizado, falencias observadas en el Contrato de Fideicomiso y la inexistencia de un Sistema Informático para la gestión de la unidad ejecutiva”.
En el caso del fondo para asistir a víctimas de trata, la falta de control era casi imposible, toda vez que además de la AABE, intervenía la Unidad Ejecutora del Ministerio de Justicia y el Consejo Federal de Trata: las reparaciones eran autorizadas e informadas frente a representantes de todas las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, Ministerio Público Fiscal, Corte Suprema de Justicia de la Nación, Poder legislativo, Defensoría del Pueblo de la Nación y tres representantes de las organizaciones de la sociedad civil a través de una comisión creada con el objetivo de seguir y monitorear su funcionamiento.
Por otro lado, y considerando que el mencionado mecanismo se implementó a partir de un contrato firmado entre el estado nacional y el BICE (Banco de Inversión y Comercio Exterior) estaba sometido a los controles del Banco Central e incluso de la Comisión Nacional de Valores.
A los fines de agilizar su implementación y apropiación por parte de las justicia, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas -PROTEX- presentó en el 2023 la guía para fiscales sobre el funcionamiento del fondo fiduciario, el documento fue elaborado en forma conjunta con la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes.
El Fondo Fiduciario en números:
De acuerdo a la información brindada por la Protex, desde julio del 2019 al 31 de octubre del 2024 se efectivizaron:
181 sentencias en total de trata y delitos conexos
86 dispusieron reparación económica
94 dispusieron decomisos de bienes instrumentos del delito
$562.273.494,93 es el monto total de reparaciones
498 es la cantidad de víctimas a las que se ordenó su reparación
57 son las víctimas que efectivamente recibieron indemnización de acuerdo a la disponibilidad de fondos.
En definitiva, el Fondo de Asistencia Directa para Víctimas de Trata, constituía una política de Estado más allá de los gobiernos de turno y, como en muchas otras materias, había convertido a nuestro país en referencia tanto que, al menos durante el año pasado, se recibió la visita de una delegación de Honduras y de la UNDOC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) para aprender sobre la exitosa experiencia que, desde ya, no estaba exenta de cuestiones a mejorar y perfeccionar.
Desde la Alameda y junto a decenas de organizaciones de la sociedad civil de todo el país, exigimos al gobierno nacional que restituya el funcionamiento del fondo, cuyo objeto es reparar al menos en parte a un colectivo sumamente vulnerable de nuestra sociedad. De lo contrario se seguirá revictimizando a las y los sobrevivientes de un delito que menoscaba la vida, la libertad y la dignidad.
