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¿Qué intereses protege la Justicia?

Esta es la pregunta con la cual la Asamblea Comarcal Contra el Saqueo hizo público un comunicado en el cual denuncia, entre otra cosas, que el pasado 25 de julio, en la audiencia realizada en los Tribunales de Esquel para revisar la prisión preventiva del Lonko Facundo Jones Huala, el juez Martin Zacchino  resolvió hacer lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal, extendiendo la prisión preventiva por 30 días más. Compartimos el comunicado

 

Comunicado Asamblea Comarcal Contra el Saqueo

¿QUE INTERESES PROTEGE LA JUSTICIA?
 
Comarca Andina, 1 de Agosto 2016.

Ante la injusticia que se está imponiendo desde los estamentos competentes del estado provincial chubutense, y porque nos sentimos interpelados como sociedad ante estos hechos de violación de derechos humanos, compartimos con la comunidad las siguientes reflexiones.
El día 25 del corriente, en la audiencia realizada en los Tribunales de Esquel con el objeto de proceder a la revisión de la prisión preventiva del Lonko Facundo Jones Huala,  el juez Martin Zacchino  resolvió hacer lugar al pedido del Ministerio Publico Fiscal, extendiendo la prisión preventiva por 30 días más. Entendemos que con esta medida se reafirma la condición de preso político del Lonko Facundo. 

El desconocimiento puesto de manifiesto no solo por el Ministerio Público Fiscal y el abogado de Benetton, si no por los jueces intervinientes, de la legislación a aplicar, desde la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la OIT, y las demás normas del Derecho Internacional, como así también la normativa vigente en materia de prisión preventiva, constituye una expresión del desprecio por los derechos indígenas.

Evidencia de un pensamiento racista y discriminador, como muestra podemos mencionar el requerimiento del abogado de la empresa Tierras del Sud de un informe antropológico que permita constatar la identidad mapuche del lonko Huala. Como bien lo hiciera notar la abogada de la defensa, Sonia Ivanoff, se persiste en darle un tratamiento de ciudadano, desconociendo su condición de miembro de un pueblo originario.

Sorprende  que ni el fiscal Oro ni los abogados de la Compañía, luego de transcurridos 60 días de iniciado este proceso, no hayan aportado pruebas acerca de los hechos que se le imputan a Facundo Jones Huala, y  lo lamentable es que el juez  lo avale. Por ello es obvio el ensañamiento por parte del poder judicial con las personas de la Lof. Entendemos que estas actuaciones dan lugar a un  preocupante retroceso en cuanto a todo lo alcanzado en la legislación nacional en relación a la preservación de los derechos de nuestros pueblos originarios.

Días atrás se produjo un hecho más de discriminación, esta vez por parte de los organizadores de la inauguración de la temporada invernal en el Bolsón: la exhibición de platería mapuche en el marco del desfile allí a realizarse, lo que motivó la presencia del Movimiento Autónomo Mapuche (MAP) para expresar su repudio ante la banalización de la cultura mapuche y la recurrente pretensión de reducir su cosmovisión a un marco meramente folclórico, negando paradójicamente sus  derechos territoriales. Reiterando  una vez más el pedido de liberación del Lonko Facundo Jones Huala, el MAP sumó así su repudio al magnate Joe Lewis, junto con integrantes del Centro de Estudiantes del IFDC y vecinos en general.

La presunción del intendente Pogliano que vincula los incendios ocurridos en El Bolsón y El Hoyo con el MAP, quien no los reivindicó como hechos propios, son una muestra más de la clara intencionalidad del poder político de estigmatizar al pueblo mapuche; y de encubrir a las personas que en realidad perpetraron esos hechos con el único fin de criminalizarles,que no tuvieron por objeto bienes comunes sino a bienes materiales de empresas y gente que pone toda su capacidad logística, infraestructura y vinculaciones políticas y comerciales, para avasallar los derechos de los pueblos y saquear los territorios, no solo mapuche, sino también del resto de la sociedad.

Rechazamos el accionar de estas empresas, corporaciones, medios masivos de comunicación y estado en connivencia, a través de sus tres poderes, y en su forma federal, provincial y nacional.

La militarización cada vez mayor de toda la región, iniciada con la apertura de la escuela de policía en el Bolsón, la instalación de nuevos controles policiales, y el arribo de mayores efectivos a partir del pedido de intervención al Ministerio de Seguridad de Nación, son medidas que auguran tiempos difíciles para los vecinos y una clara voluntad de reprimir cualquier tipo de protesta social.

Ejerciendo una sensibilidad selectiva (e hipócrita), el poder político y ciertos sectores de la comunidad han expresado el más enérgico repudio a la intervención en la inauguración de la temporada invernal, paseo de los Pioneros,  pero han mantenido un silencio cómplice cuando dos mujeres y sus cuatro hijos, uno de ellos de tan solo un mes de vida,  fueron obligados a permanecer toda una noche a la intemperie con temperaturas bajo cero, oportunidad en la cual un despliegue descomunal de cuatro fuerzas de seguridad llevaron a cabo el violento allanamiento al Pu Lof en Resistencia del Departamento Cushamen, maltratando a menores de edad y a las demás personas presentes el pasado 27 de mayo.

Tampoco expresaron su rechazo cuando las fuerzas de seguridad descargaron más de 240 cartuchos de balas de goma y de plomo a los integrantes de la Pu Lof el pasado 29 de junio, por solo mencionar algunos ejemplos de ejercicio de violencia policial e institucional.

¿Qué dicen estos mismos sectores que se espantaron ante la presencia de los hermanos mapuche en la pasarela del paseo, acerca de la reciente denuncia dada a conocer por Facundo Jones Huala sobre el abuso sexual de su hermano, menor de edad, por parte de la policía en ocasión a su detención? Y que hará la justicia, la sociedad? Es otro joven más en la provincia entre tantos otros, víctimas de la violencia policial e institucional, que vienen sufriendo abusos y violaciones e incluso son asesinados por parte de la policía. Pero estos casos no parece preocupar mucho a la justicia ni al poder político, el abigeato por los cueros desaparecidos los tiene muy ocupados…

Finalmente, queremos resaltar la presencia de Pablo Noceti, defensor de la represión llevada a cabo por la última dictadura cívico militar y actual jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad de Nación en  la audiencia del pasado lunes, con el propósito de acompañar al Ministerio Publico Fiscal. Sus declaraciones dejan entrever la clara intención de justificar la intervención federal, y la aplicación de la ley antiterrorista heredada del gobierno kirchnerista.
 
Hacemos responsables al estado provincial, principalmente al  Gobernador Das Neves, ante estos hechos repudiables de violencia de las fuerzas represivas, y de las expresiones  racistas y discriminatorias desplegadas, que dan cuenta de la connivencia del poder político y los grupos económicos, en este caso, Benetton. Lejos de garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, representan un permanente peligro para la integridad física de las comunidades implicadas. Los jueces y fiscales pisotean y vulneran las propias normas  que estudiaron  y sobre las que  juraron ejercer sus funciones con lealtad para estar en donde están y en función de sus intereses e ideologías racistas mandan, habilitan y amparan  a las fuerzas represivas para cometer las atrocidades humanas más despreciables que podamos imaginar. Son cómplices, partícipes necesarios y por lo tanto responsables directos de estos hechos.
 
REPUDIAMOS  Y CONDENAMOS PÚBLICAMENTE  LA PERSECUCIÓN Y EL ACCIONAR REPRESIVO DEL ESTADO PARA CON EL PUEBLO MAPUCHE.
EXIGIMOS QUE SEA JUZGADO EL  POLICÍA ABUSADOR, MIEMBRO DE LA GEOP.
PEDIMOS LA LIBERTAD DEL LONKO FACUNDO JONES HUALA, PRESO POLÍTICO
NO A LA EXTRADICIÓN A CHILE. RESPETO A SU DIGNIDAD Y CONSECUENTES  DERECHOS TERRITORIALES.

 Asamblea Comarcal Contra el Saqueo

 

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