Red Eco Alternativo ***

Firmas por justicia

Se están recolectando adhesiones para enviar al juez por la causa de La Masacre de la Bomba, del año 1947 en Las Lomitas (Hoy Formosa). Copiamos un modelo de adhesión para quien lo quiera utilizar.

Para adhesiones: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. con copia a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Los abajo firmantes, adherimos al reclamo por Memoria, Verdad y Justicia en la causa penal conocida como Rincón la Bomba o Masacre del Pueblo Pilagá, que tramita en el Juzgado a su cargo y manifestamos nuestra preocupación ante la dilación excesiva y retardo de justicia absolutamente injustificado en la referida causa. Advertimos que el único imputado, Carlos Smachetti, es una persona de edad avanzada (93 años), y ello representa un riesgo en el caso de que no se administre debidamente justicia. Es así, que solicitamos a V.S que arbitre todos los medios a su disposición para que la causa bajo trato sea resuelta en el más breve plazo.

La masacre de La Bomba 10 de octubre de 1947

En septiembre de 1947 cientos de personas se reunieron en el paraje de La Bomba (o Rincón Bomba) cerca de Las Lomitas, en la actual provincia de Formosa, en torno a un sanador llamado Tonkiet (Luciano Cordoba) quien, según el relato de los ancianos, “curaba sin cobrar”[1] . Mientras el poder político y religioso de Tonkiet crecía, decenas de familias llegaban de diferentes lugares para acompañar a sus parientes enfermos. “-

“-Todos las familias abandonaron sus casas y todo lo que tenían para venir a conocer al sanador (...) No importaba nada más”[2].

Pero a pocos metros de La Bomba , en el pueblo de Las Lomitas, la comandancia del escuadrón 18 de Gendarmería Nacional observaba con recelo la reunión que había convertido al paraje en un espacio de reafirmación territorial, debate y conflicto, y entonces comenzó a gestarse el desalojo.

El 10 de octubre, luego de varios intentos fallidos por expulsar a los pilagá, efectivos del escuadrón 18, con la colaboración de otros escuadrones, fusilaron a cientos de personas e iniciaron la sangrienta persecución de los sobrevivientes. Los gendarmes en camiones, a pie y a caballo continuaron con la represión durante varias semanas provocando la muerte de muchos por falta de atención médica, hambre, sed y mediante nuevos fusilamientos. Varias mujeres relataron distintos episodios de violaciones a manos de efectivos de Gendarmería. Seecholé (Norma Navarrete) declaró ante el juez Mario B. Quinteros haber sido testigo de la violación de una niña por el segundo comandante del escuadrón 18, José Aliaga Pueyrredón.

En 1947 la Gendarmería Nacional dependía del Ministerio del Interior para sus tareas de vigilancia policial, pero en caso de “conflicto” el Poder Ejecutivo podía ponerla bajo las órdenes del Ministerio de Guerra y Marina[3]como estaba previsto en la ley de creación de este organismo. Esta migración puede verificarse en los documentos Confidenciales y Secretos, enviados el 11 y 16 de octubre desde el Ministerio de Guerra hacia el Ministerio del Interior. En el documento N 997 Natalio Faverio, Director General de GN comunicó a Ángel Borlenghi, que el Ministro de Guerra, Humberto Sosa Molina, había ordenado el desplazamiento de las tropas hacia Las Lomitas. El 16 de octubre, otro documento confidencial confirmó que el avión con patente JU-52-T-153 había despegado desde la base militar El Palomar para sumarse a la represión.

A finales de octubre los grupos capturados con vida fueron llevados como prisioneros a las colonias indígenas de Bartolomé de las Casas y Francisco Muñiz, donde se los forzó a trabajar bajo la administración de un funcionario de la Dirección de Protección al Aborigen dependiente de la Secretaria de Trabajo y Previsión. Allí permanecieron por lo menos un año hasta que pudieron escapar. Estas colonias convertidas en campos de concentración de prisioneros tuvieron como objetivo el disciplinamiento y la adaptación de la población sobreviviente de la masacre y “aunque este procedimiento de conversión de las familias en recurso económico no sugeriría a priori un plan genocida, tanto la explotación inhumana a la que se los sometió”[4], como las secuelas derivadas del trauma de la violencia, el encierro en un espacio vigilado y la pérdida de referencias familiares, sociales y culturales, provocaron un grave daño que puede rastrearse en la memoria del pueblo pilagá y pervive hasta nuestros días. La prensa de 1947 así como los documentos Confidenciales del Ministerio del Interior coincidieron en señalar a los pilagá como “rebeldes” e “irreductibles” y los acusó de protagonizar un imaginario “malón” contra la población blanca de Las Lomitas. La documentación de las colonias indígenas consignó a los sobrevivientes de La Bomba como “carpidores”, “carreros”, “chacareros” etc, silenciando su status de prisioneros y creando un relato histórico tendiente a naturalizar la reducción en colonias como parte del proceso habitual del avance de la “civilización” sobre sociedades “no civilizadas” y no como parte de un proceso genocida. Sin embargo, el accionar estatal durante y después de la masacre de La Bomba se ajusta a diferentes definiciones del concepto de genocidio y a la aprobada en 1948 por las “Naciones Unidas en la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio” entendido como aniquilamiento de un grupo con “un origen” común o “de características genéticas comunes” (Feierstein Daniel, 2011) La Masacre de La Bomba (o Rincón Bomba) tuvo como objetivo el disciplinamiento de cientos de personas que se opusieron al desalojo y a su incorporación al capitalismo industrial que demandaba mano de obra barata. Este proyecto civilizatorio proclamado por Benjamín Victorica Ministro de Guerra y Marina de Julio A. Roca, durante la Campaña militar al “Desierto del Norte” tuvo su continuidad en esta represión ocurrida en pleno siglo veinte.

Hoy sigue siendo necesario entender este hecho no sólo como parte de la práctica genocida del estado argentino contra los pueblos originarios sino como un hecho genocida en sí mismo, así como también señalar la vigencia de las políticas de ese mismo Estado en relación al silencio historiográfico que pesa sobre este caso.

Por Valeria Mapelman.

Bibliografia: Historia de la Crueldad Argentina, Julio A. Roca y el genocidio de pueblos originarios, Walter Delrío, Diana Lenton, Mariano Nagy, Marcelo Musante, Alexis Papazian, Adrian Moyano, Valeria Mapelman, Coord. por Osvaldo Bayer, Ed. El Tugurio, Bs. As., 2010 Octubre Pilagá, memorias y archivos de la masacre de La Bomba, (libro+DVD) Valeria Mapelman, Ed. Tren en Movimiento, Bs. As., 2015

[1] Testimonio de Setkoki´en (Melitón Dominguez) grabado en el año 2006 para el documental Octubre Pilagá, relatos sobre el silencio. [2] Testimonio de Ketae, (Azcena Camacho) del Barrio Qompi, Pozo del Tigre en el año 2007 [4] Del silencio al ruido en la Historia, practicas genocidas sobre los pueblos originarios en Argentina, Walter Delrío, Diana Lenton, Mariano Nagy, Marcelo Musante, Alexis Papazian, Pilar Perez, miembros de la Red de Estudios en Genocidio y Política Indígena de Argentina, Seminario Internacional de Políticas de la Memoria, “Recordando a Walter Benjamín justicia, historia y verdad, escrituras de la memoria”, CC Haroldo Conti, 2010

 

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