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- Categoría: Trabajadores
- Publicado: Jueves 28 de Diciembre de 2017
Trabajadorxs estatales del Ministerio de Defensa, cartera que conduce Oscar Aguad, fueron este miércoles al Edificio Libertador para pedir la reincorporación y la renovación de todos los contratos suspendidos. En total ya llevan contabilizados 105 despidos y 70 cesantías en Defensa y otras 35 desvinculaciones en la órbita de Fabricaciones Militares. Acompañadxs por Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, se encontraron con un fuerte operativo de seguridad y no los dejaron ingresar.
Los trabajadores del Ministerio de Defensa nucleados en ATE convocaron esta mañana a repudiar en la Plaza de las Armas del Edificio Libertador la seguidilla de telegramas de despidos enviados por la cartera del cuestionado ministro Oscar Aguad. “Estamos con las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo queriendo entrar y nos han cerrado las rejas con candados. Está todo militarizado, tanto dentro como fuera”, denunció a este diario Ricardo Sosa, delegado general adjunto de ATE en el ministerio a los pocos minutos de llegar al edificio de Paseo Colón y Alsina.
Los trabajadores de Defensa convocaron a la protesta en el marco de las medidas de acción que dispuso ATE, que decidió hacer un paro general el próximo 4 de enero en rechazo al ajuste en las dependencias estatales. En el caso de la cartera que conduce Aguad reclaman la reincorporación y la renovación de todos los contratos suspendidos. En total ya llevan contabilizados 105 despidos, 70 cesantías en el mismo ministerio -donde se desarma la Dirección de Derechos Humanos, clave para la reparación de los delitos de lesa humanidad- y los otros 35 desvinculados se desempeñan en la órbita de Fabricaciones Militares.
Desde el sindicato indicaron que lo único que buscan es abrir un canal de diálogo, pedir una reunión con Aguad u otros directivos para poder hablar de los despidos. “Echaron a personas difícil de reemplazar, magisters que hace 10 años se desempeñan en tareas específicas”, agregaron.
Sosa hizo especial hincapié en el desmantelamiento de la Dirección de Derechos Humanos que permite el avance de las causas judiciales abiertas por los delitos cometidos durante la última dictadura militar. “Es una maniobra política que busca asegurar la impunidad y retardar la Justicia para que no haya juicios con sentencia”, advirtió el dirigente, al resaltar que esa dependencia se encarga de recopilar los archivos de almacenamiento de casos claves, como la apropiación de chicos en cautiverio, centros clandestinos y maternidades que funcionaron durante el golpe cívico militar.
“Decían que venían a cerrar la grieta, pero nos rebajaron los sueldos, nos eliminaron las horas extras y ahora nos despiden sin justificación”, se lamentó Sosa. Al referirse a las desvinculaciones en las fábricas militares, evaluó que se llevan adelante específicamente en “áreas descentralizadas para pasarlas a manos de negocios privados”. “Ellos fueron claritos cuando asumieron, se sabía que todo lo que tiene que ver con el desarrollo bélico iba a pasar a manos privadas, con empresas seleccionadas y amigas para desmantelar la producción nacional”, concluyó.
Fuente: Resumen Latinoamericano
Mas informacion http://www.ate.org.ar/nota.asp?id=11486
