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Jornada de reclamos y acciones de los trabajadores de prensa

La tarde de este jueves 11 de enero se vistió de lucha. Los medios públicos a nivel nacional realizaron un festival para denunciar vaciamiento por parte del gobierno y exigir la reincorporación de compañeros despedidos. Sus colegas del Canal de la Ciudad, que depende de la gestión porteña, llevaron adelante un corte de calle en repudio a la cesantía de 5 personas que amenaza a extenderse a otras 30. Los medios privados también están en conflicto, viviendo días de incertidumbre, como son los casos de Radio El Mundo y el Grupo Índalo. Red Eco Alternativo.

(Red Eco) Argentina – Lo público - Por primera vez, los trabajadores de la Agencia de Noticias Telam, Radio Nacional y Canal 7 realizaron asambleas y medidas de fuerza conjuntas que incluyeron un festival en la tarde de este jueves frente a la sede de la emisora pública. El disparador fue el despido de 16 personas en la radio, bajo el argumento de finalización de contratos. Los tres medios públicos venían arrastrando distintos conflictos desde hacía tiempo, pero las cesantías (que abarcaron también a la Televisión Digital Argentina y los canales Paka Paka, Encuentro y DeporTV), además de otras decisiones del titular del Sistema de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, que apuntan al vaciamiento, fueron determinantes para alcanzar la tan necesaria unidad.

La supuesta disposición al diálogo con que los funcionarios macristas pretendían diferenciarse de sus antecesores nunca se hizo presente ante estos conflictos, por el contrario aparecieron las falsas informaciones y patoteadas (como fue el caso del vicedirector de Radio Nacional, Pablo Ciarliero, quien comenzó a filmar con su celular a los trabajadores mientras realizaban una asamblea en el hall de la emisora).

Esta unidad llevó también a que Lombardi tuviera que salir a realizar declaraciones a medios y periodistas amigos. Las respuestas por parte de los trabajadores no se hicieron esperar, aunque no tuvieron la misma repercusión en los medios tradicionales.

“El ministro Hernán Lombardi se lanzó a un intenso raid mediático de mentiras para encubrir, con un falso e impostado discurso ‘democrático’, el vaciamiento deliberado de la Televisión Pública, que busca desactivarla para liquidar el servicio que presta a los argentinos, o eventualmente implementar una privatización encubierta entregando su control a alguna productora amiga, de lo cual hay ya algunos indicios”, expresaron los trabajadores de Canal 7.

“’Creemos en lo público’, contó el ministro, pero hay ‘privilegios que nadie puede aguantar’. Lombardi sabe que los privilegiados no somos los trabajadores, que tenemos salarios de convenio negociados con su gestión en la última paritaria hace quince meses, sino los funcionarios que se autofijaron determinados sueldos para cargos para los que no concursaron. Es el caso de Carla Piccolomini, la esposa del ministro de Modernización Andrés Ibarra, que cobró 196 mil pesos durante casi dos años en el canal. (…) Lombardi miente cuando dice que la financiación de la TV Pública sale en su totalidad del presupuesto nacional, cuando al menos el 70% proviene de un gravamen a empresas audiovisuales privadas establecido por la ley 26.522, sobre la comercialización de los productos y la publicidad propia, a lo que hay que sumarle lo que el canal recauda en concepto de publicidad”, agregaron.

“Lombardi miente además cuando dice que la planta de la TV pública se incrementó en un 70% entre 2002 y 2015. Una mayoría de esos trabajadores ya cumplía funciones en el canal, pero de manera tercerizada y sin estar registrados, y fueron sucesivamente incorporados y legalizados. En el caso del noticiero, por ejemplo, la planta disminuyó en relación al aumento de horas de aire -que pasó de 19 a 30 horas semanales, y que con las actuales decisiones vuelve a tener menos de 20 horas aire-, la creación de nuevas plataformas como la web o nuevas funciones como la digitalización del archivo histórico”, señalaron.

“Lombardi debería contarle a la opinión pública –continuaron los trabajadores–, en alguno de sus numerosos y frecuentes contactos con los medios: a) en qué invirtió su ministerio los 5000 millones de pesos recaudados en 2017 por la ley 26522, de los cuales solo el 20% fue destinado a la Televisión Pública; b) Cuánto costó exactamente el contrato con la multinacional Mercer América Latina durante un año para suministrarle los datos falseados y ad hoc que repite en cada entrevista, y que se resumen en echarle a los salarios de los trabajadores del canal la culpa de todos los problemas de gestión y política que tiene la Televisión Pública, y c) Cuál es la programación y las políticas comunicacionales que su ministerio diseñó para la Televisión Pública para 2018. Porque de eso, Lombardi, dentro de su verborrea, prefiere no hablar. La actual política de vaciamiento y ajuste privará a la sociedad de espacios importantes de información pública, como los noticieros de fin de semana, carencia que consideramos una forma de censura encubierta. No hay ningún tipo de programación ni propuesta profesional para el 2018, solo latas y tercerización. En la actualidad, solo los noticieros y Cocineros Argentinos se realizan en el canal. La gestión pretende una Televisión Pública vacía, sin noticias y sin producción propia. Su política de ajuste llega al ridículo de recortar todas las horas extras que, en una planta que disminuyó, hecho crítico que se agrava en el período de vacaciones, pone en riesgo la propia pantalla ya que no contamos con la dotación mínima para garantizar la operatividad diaria”.

“Para coronar esta provocación, los días lunes y martes amanecimos con carros de asaltos y patrulleros de la fuerza de seguridad en las instalaciones del canal público. La policía como solución a todo, una fórmula repetida por estos días, aunque Lombardi no se haga cargo. Por todo esto, estamos en estado de asamblea permanente y movilización, exigiendo una solución urgente y alertando al conjunto de la sociedad del brutal ataque a los medios públicos en general y a la TV Pública en particular, del gobierno y la gestión encabezada por el ministro Hernán Lombardi y el presidente de RTA, Miguel Pereira. No vamos a permitir que reduzcan el canal público a su mínima expresión ni que lo privaticen de manera encubierta. No vamos a permitir que avasallen nuestros derechos profesionales y laborales. La información no es una mercancía ni un espectáculo, es un derecho”, finaliza el comunicado difundido por los trabajadores del canal.

Los conflictos con los medios públicos no se registran solo a nivel nacional. Casi a la misma hora que comenzaba el festival en Maipú al 500, los trabajadores del Canal de la Ciudad, que depende de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, realizaban un corte de calle en Guardia Vieja y Agüero. Exigían la reincorporación de 5 compañerxs despedidos y la inmediata iniciación de un canal de diálogo con el director Eduardo Cura que se niega a recibir a los delegados desde hace 6 meses. Además, lxs trabajadorxs se encuentran en estado de asamblea permanente ante la amenaza de que otras 30 personas también podrían ser despedidas. El 90% del personal del canal está bajo fraude laboral y desde hace más de una década reclaman que se los reconozca como trabajadores de televisión en relación de dependencia.

Lo privado

La conflictividad e incertidumbre también está presente en los medios de comunicación privados. Por citar solo dos casos.

La Comisión General Interna de prensa de los trabajadores de la AM 1070 (Radio El Mundo) emitió un comunicado en el que manifiesta en estado de alerta y movilización ante el incumplimiento por parte de la empresa del pago de salarios.

“Hace largo tiempo que el lóbrego armado accionario de la histórica LR1, Radio El Mundo, mantiene en total inquietud e incertidumbre a los trabajadores de la señal que funciona hace dos años en Gorriti 5995 en unas modernas y lujosas instalaciones del barrio de Palermo. Si hay algo que los protagonistas de este esquema propietario no pueden aducir es falta de dinero o problemas financieros para justificar lo que está pasando. Basta ver los nombres de quienes lo integran para entender que bajo ningún punto de vista la firma FIOFIO PRODUCCIONES S.A. y también Difusora Baires S.A. están en posición de argumentar el incumplimiento del pago de salarios del mes de diciembre, que incluye a la totalidad de sus empleados, y tampoco mantener ilegalmente a un gran número de compañeros desarrollando actividades periodísticas en negro, violando así el Art. 25° del Estatuto del Periodista Profesional”, afirman los trabajadores.

Varios profesionales cobran mediante facturas sueldos que están muy por debajo de lo que marcan los convenios y los acuerdos paritarios.

“Este grupo de socios tiene la disparatada política de poner como representantes de sus intereses en la radio a interlocutores temporales, provenientes de sus más sombrías vinculaciones, que siempre cambian las reglas e intentan pasar por encima de los cuerpos de delegados que vienen soportando escaladas de persecuciones y discriminaciones gremiales debido a que no permiten, bajo ningún punto de vista, que se deje sin empleo a un solo compañero, además de que reclaman sistemáticamente que se cumplan todas las leyes y normativas laborales vigentes.

Por todo esto, la Comisión Interna de Trabajadores de Prensa de la AM 1070, con 82 años de aire ininterrumpidos, exige que a la brevedad la empresa cumpla con el pago de haberes adeudados a todos los asalariados y formalice la relación de trabajo de aquellos que se encuentran en situación irregular”, expresó la Comisión Interna.

En el mismo sentido, los trabajadores del Grupo Indalo denuncian falta de pago de sus sueldos, del aguinaldo, en algunos casos cobro de haberes en cuotas, además de un panorama de inestabilidad de las fuentes laborales.

Se trata de las 42 personas que cumplen tarea en MinutoUno, Rating Cero y Diario Registrado -medios digitales de la empresa “Real Time Solutions”, que pertenece al Grupo Indalo. En algunos otros medios, como C5N, Ámbito y una de las radios, Indalo Media abonó un porcentaje de lo adeudado.      

“Nosotros no sabemos quién es el dueño, si son los nuevos (el empresario Ignacio Rosner), o los anteriores, se supone que hay una nueva administración, pero no sabemos. Tenemos al presidente del grupo preso, al vicepresidente preso, y nosotros pagamos los platos rotos por las cagadas que se mandaron otros”, señaló Gustavo Mayares, delegado de la comisión interna en MinutoUno.

Cabe recordar que el conflicto comenzó hace más de seis meses, cuando la empresa empezó a pagar los salarios en cuotas, en medio de una pelea entre los por entonces dueños (Cristóbal López y Fabián De Souza), la Justicia y el gobierno nacional.

Ante esta situación, a la que debe sumarse la falta de cobertura de salud, los trabajadores realizan retención de tareas de dos horas por turno, continúan en estado de asamblea, además de otras acciones como volanteadas.

Sin duda el 2018 es una continuidad en cuanto a conflictividad laboral respecto al 2017, y los trabajadores de prensa no son una excepción.

Contactos:

- Delegados de ATE Capital Canal de la Ciudad: Ezequiel Díaz 11-5109-7785 / Maximiliano Nicotra 11-5311-4304 / Mariana Giordano 11-3161-7459.

- Delegados sindicales de prensa Radio El Mundo: Lucas Duette 011-5669-1344 / Agustina Gasparini 011-5458-5390 / Juan Pablo Peralta 011-4447-5695.

- Trabajadores medios públicos a nivel nacional: Agustín Lecchi 11-6007-6927 / Carla Gaudensi 11-3125-0247 / Cecilia Bari 11-6475-1312 / Carlos Saglul 11-3394-0242

Fuente: Canal Abierto / Sipreba / Interradial

Imagen: La Izquierda Diario

 

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