Primera audiencia sin solución
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- Categoría: Trabajadores
- Publicado: Miércoles 18 de Julio de 2018
Este martes se realizó la primera audiencia en el Ministerio de Trabajo a raíz de los 357 despidos en la agencia estatal Télam. La negociación continuará mañana ya que las autoridades no realizaron ninguna propuesta. A su vez, se presentó una denuncia por persecución político-ideológica por parte de la empresa ante la Relatoría Especial sobre Promoción y Protección del derecho a la Libertad de Opinión y Expresión de la ONU. Red Eco Alternativo.
(Red Eco) Argentina - Junto a los funcionarios del Ministerio y de la empresa estatal, estuvieron presentes representantes de tres organizaciones gremiales: el SiPreBA (Sindicato de Prensa de Buenos Aires), el SITRAPEN (Sindicato de Trabajadores de Prensa) y la APBA (Asociación de Prensa de Buenos Aires).
Desde la Comisión Gremial Interna Telam/Sipreba interpretaron que esta reunión fue convocada gracias a la presión de los trabajadores y por el fallo del Juzgado de Trabajo que el viernes pasado dictaminó la ilegalidad de los despidos en la agencia y que Télam debería haber presentado previamente el correspondiente procedimiento preventivo de crisis.
Asimismo la Comisión Gremial Interna señaló que el diputado nacional Leopoldo Moreau, en su condición de titular de la Comisión de Libertad de Expresión, realizó una presentación dirigida a David Kaye, relator especial sobre Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión de la ONU. Allí se solicitó la intervención inmediata del relator, se señaló la violación del derecho humano de opinión y expresión, y se caracterizaron los despidos como un caso de persecución político-ideológica.
A su vez, la CGI de Télam ya estableció contacto personal con Kaye y con el Relator de la OEA, el uruguayo Edison Lanza, a los fines de entrevistarse con ambos, que tienen programadas visitas oficiales a la Argentina.
“La decisión de despedir a 357 trabajadores, por motivos político-gremiales, tomada por el Directorio de Télam S.E., fue avalada por el Titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, razón por la cual, el Estado argentino resulta internacionalmente responsable en la vulneración del derecho a la libertad de expresión y opinión”, advierte la denuncia.
El documento señala que los despidos y las razones argumentadas por la empresa violan la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención sobre Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, todos acuerdos internacionales con rango constitucional en la Argentina.
La documentación presentada incluye las cartas documento de despidos y cita un comunicado del directorio, que argumenta “las verdaderas razones políticas y de persecución sindical” de la decisión, y la versión taquigráfica de la reunión en Diputados del miércoles 11 de julio, “en la que los funcionarios se autoincriminaron admitiendo prejuicios político-partidarios e ideológicos en la toma de su arbitraria decisión que afecta, como pocas veces ocurrió en nuestro país desde la restauración democrática en 1983, la libertad de expresión, el libre ejercicio del derecho a la información y vulnera principios básicos de la democracia”.
Por otro lado, durante la madrugada del lunes 16 de julio, la corresponsalía de la Agencia Télam en la ciudad de La Plata fue asaltada por desconocidos que sustrajeron bienes públicos aún no precisados y que serán determinados tras una denuncia presentada por los trabajadores de esa delegación.
Desde la Comisión Interna del Sindicato de Prensa de Buenos Aires emitieron un comunicado en el que manifestaron: “La indefensión tanto del patrimonio público como de los trabajadores tiene nombre: Rodolfo Pousá y Ricardo Carpena.
De hecho, por esa decisión oficial de abandonar la agencia, los directivos de Télam se encuentran bajo investigación criminal de la Justicia Federal.
Desde la Comisión Interna del Sindicato de Prensa de Buenos Aires volvemos a reclamar al directorio de Télam una mesa de diálogo que encause el conflicto iniciado el 26 de junio pasado y alertamos que cualquier daño sobre el patrimonio público o la integridad de los empleados de la agencia nacional es y será responsabilidad de quienes dicen conducir este medio”.
Fuente: La Izquierda Diario / Sipreba
