La justicia ordenó al gobierno reactivar políticas de integración socio urbana en barrios populares
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- Categoría: Vivienda
- Publicado: Sábado 16 de Noviembre de 2024
A partir de la presentación de una acción de amparo colectiva y una medida cautelar de vecinas y vecinos de 37 barrios de todo el país, el juzgado federal de Pehuajó le exigió al Estado nacional que asegure la continuidad de las obras financiadas por el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU). El FISU es el fondo fiduciario con el que se realizaban las obras que proveían servicio básicos a 850.000 familias en todo el país. A poco de asumir, el gobierno de Javier Milei anunció la eliminación de este fondo.
Tras la medida cautelar iniciada por vecinos y vecinas afectadxs por esta decisión, representados por el Centro de Estudios Legales y Sociales, la justicia emitió un fallo en el que le exige al gobierno nacional que en tres meses presente un plan -que deberá articular junto a los gobiernos provinciales- con plazos y detalles para continuar con la política de integración socio urbana suspendida. Cada mes el Ejecutivo deberá presentar un informe sobre los avances y el financiamiento de esas políticas.
Además, el fallo le ordena al Congreso Nacional que asegure los mecanismos de financiamiento y que se incluyan en la discusión sobre el presupuesto del año que viene.
La demanda inicial fue realizada por habitantes de 11 barrios de Pehuajó, Moreno y Mercedes, a quienes se sumaron luego otros 26 barrios de distintos distritos del conurbano bonaerense, de la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Río Negro y Chubut.
Cabe señalar que el 47% de la población argentina, más de 20 millones de personas, no tiene conexión a la red de gas, vive en casas sin cloacas, mientras que un 7% no tiene acceso al agua potable.
“Para mejorar estas condiciones el FISU disponía de un financiamiento que surgía del Impuesto País, que el gobierno redujo drásticamente del 9% al 0,3%. Esto generó que en distintos barrios quedaran por la mitad miles de construcciones que iban a resolver problemas concretos para mejorar allí la calidad de vida. El derecho a la Integración Socio Urbana en los 6.467 barrios populares de todo el país está reconocido por la Ley N°27.453, que creó el Programa de Integración Socio-Urbana y los mecanismos para garantizar su financiamiento. Esta norma fue aprobada con amplio consenso parlamentario de las diferentes fuerzas políticas y fue reconocida por organismos locales e internacionales. Sus políticas fueron implementadas durante la presidencia de Mauricio Macri y continuaron luego con Alberto Fernández”, expresaron desde el CELS.
