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NACIONALES - Red Eco Alternativo - 06 de Agosto de 2009

año 11 - número 31

Jueves 6 de agosto de 2009

NACIONALES

BREVES

Desalojo frenado
350 familias de Libertador Gral. San Martín que ocupan tierras fiscales obtuvieron hoy la promesa de frenar el desalojo ordenado por el Intendente.
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Jubilados portuarios presentan denuncia penal contra Amado Boudou
Será mañana, viernes, a las 11, ante la Cámara Criminal y Correccional Federal por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad contra el actual Ministro de Economía y ex director ejecutivo de ANSES.
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Aportes de Lectores:

El cementerio de las aguas muertas
La Cuenca del río Matanza-Riachuelo es un sitio contaminado donde, en un paisaje saturado de tóxicos y bacterias, se cimentaron grandes fortunas y mayúsculas miserias.
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Agenda
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“Aquí no se está respetando la vida”
Por eso las veinte mujeres Wichís de Salta están en Buenos Aires, exigiendo “que el Estado nos nombre custodios hasta que tome la decisión de la entrega fehaciente de ese territorio. Porque esas tierras son ancestrales y es donde recurrimos toda la vida”.

(Celeste Neyra- Red Eco) Ciudad de Buenos Aires- La semana pasada la comunidad Wichí Honat Le´les (hijos de la tierra) exclamaba: “hemos tomado la decisión de viajar a Buenos Aires, veinte mujeres, que venimos haciendo estos reclamos en la provincia y en nuestros municipios sin tener soluciones como respuestas, sino más represión, exclusión y discriminación”. Y el viernes 31 llegaron a Retiro. Vinieron en micro, y son 20 porque consiguieron esa cantidad de pasajes.
Están en la ciudad para hacer oír su reclamo: Que se respete el efectivo acceso a la tierra. Que finalicen los desmontes. La colaboración en el acceso a proyectos que incluyan materiales de construcción para así contar con viviendas dignas. La creación de programas de salud acordes con la población indígena. La implementación de becas de estudios y que dependan de personas responsables y no de punteros políticos.
En Buenos Aires dejaron el petitorio con estos puntos en la Corte Suprema y luego, el miércoles, iniciaron el acampe frente a la Casa de la Provincia de Salta, y ahí están las veinte mujeres Wichís irrumpiendo en el cemento, los trajes, los tacos y el perfume del centro porteño. Estarán hasta conseguir alguna respuesta y cuentan con el apoyo y la solidaridad de profesionales, estudiantes y docentes de la facultad de Antropología de la UBA y muchas otras personas que se acercaron a dejarles comida, ropa y productos de higiene.
El miércoles las recibió el Director de la Casa de Salta, pero les dijo que no puede tomar decisiones porque sus pedidos son “muy puntales”. Más tarde las llamaron para decirles que el lunes en Salta las recibirían algunos funcionarios, pero ellas están “cansadas de hablar con los funcionarios de Salta que no van a solucionar nada, lo que van a hacer es amenazarnos y apretarnos. Aquí también nos sentimos protegidas. Aquí hay gente solidaria, profesionales que se han acercado, que nos están acompañando. En Salta no tenemos a nadie”, nos cuenta Octorina, una de las veinte mujeres.
Ya se estaba haciendo de noche y los despistados transeúntes del microcentro caminando hacia el subte, con pasos rápidos, celular en mano, abrigos desabrochados, pasaban mirándonos. Algo estaba pasando.
Con sus rostros pintados, sus coloridos vestidos, banderas identificando a las comunidades indígenas y otras con sus reclamos escritos y con las carpas a medio hacer, se hacen presentes. Otrina Zamora, ocupada en hablar con todos los que quieran oírla, nos dice: “Nosotras estamos a veces invisibilizadas. Como mujeres estamos en la continuidad, en la recuperación de ese largo camino que vienen haciendo las mujeres indígenas para hacer escuchar su voz. Así que estamos aquí”.
“Deben darnos una respuesta ellos (las autoridades). Nosotros no vivimos en el aire. Somos salteñas, somos originarias de Salta. Los funcionarios de la provincia de Salta tienen que hacerse cargo también. Digo también porque esta es una cuestión de Estado Nacional nuestro problema con el estado de los montes. Porque se está violando una ley nacional. Entonces, el Estado, es el que tiene que garantizar que la provincia cumpla esa ley. No se está haciendo cumplir la Ley de Bosques. No se cumplió ni se cumple con el fallo de la Corte. Las audiencias públicas se hacen lejos de los lugares afectados. Por ejemplo, para tratar el tema de Embarcación, que es mi pueblo, se lo hizo en otro municipio que se llama Murillo y de otro departamento que se llama Rivadavia. Nosotros estamos en Embarcación que queda en el departamento de San Martín. Eso es a 50 Km. aproximadamente y para hacer ese camino hay que tener plata, porque no van colectivos y va un vehículo una vez al día. Entonces es difícil trasladarse a esos lugares”, agrega.
Su reclamo tiene interlocutores directos “queremos por lo menos copia de las notas que enviaría el Gobernador a los diferentes funcionarios que tiene que ver con lo que nosotras reclamamos en el petitorio y además queremos que nos reciba el Gobernador. Y creemos que corresponde que la Presidente se sensibilizara y nos recibiera, porque nosotros somos pueblos que siempre hemos aportado al país. Además hemos sido pueblos saqueados; nos saquearon nuestras tierras, nuestras riquezas, nuestros conocimientos. Corresponde también que escuche la otra voz, que somos las mujeres indígenas. Ojalá que esto sirva y nos reciba la Presidente”.
Sin necesidad de preguntar demasiado, Octrina habló porque su interés es hacerse escuchar y nos decía: “También está el tema de la mujer indígena, que es la otra voz que no se ha escuchado. Y que siempre ha sido acallada, tanto por los funcionarios, como por los mismos hermanos indígenas hombres. Entonces nosotras no queremos más ser silenciadas, invisibilizadas, porque tenemos las mismas capacidades de los hombres. Por eso es que nos organizamos y decidimos para venir a Buenos Aires y ponernos en marcha en estas cosas que tienen que ver con la vida, con el derecho de vivir. Aquí no se está respetando la vida. Sabemos que siguen desmontando la única selva de yunga del municipio y entonces en cualquier momento se viene un alud. Y hay más de 600 familias por los lugares”.
“Allá todos los años se inunda el río Bermejo, se corta la Ruta 34, que es la que bordea las selvas de yunga y está claro que cuando se corta es porque se llena del barro que viene de los cerros, arrastrado por el agua. También el agua a veces llega hasta cerca de la plaza. Si los demás no se dan cuenta que estamos al borde de un alud, al borde de una catástrofe, nosotros nos damos cuenta de esto. En ese darse cuenta es donde hay que GRITAR. Puede ser que seamos escuchadas, puede ser que no. Pero depende de nosotras. Somos veinte mujeres que hemos venido y estamos dispuestas a lograr el compromiso de las autoridades para que se ejecute algo para que se frenen los desmontes”.
Desde diciembre que estuvo el fallo de la Corte Suprema ¿cuál es la situación con los desmontes y con la tala?
Los desmontes han continuado. Por eso estamos aquí, porque no se respeta el fallo.
El fallo de la Corte existe y no se ha respetado, hay cuestiones económicas muy difíciles de vencer, más allá de que las leyes nos amparen. Esto es algo que se ve también claramente con la minería. Entonces ¿Cuál es ese compromiso concreto con el que ustedes se irían satisfechas?
Los funcionarios tienen que escucharnos a nosotros y crear un instrumento para que nosotros tengamos la custodia de esto. Si no es como decís, todo queda en un fallo, la Ley de Bosques. Entonces estaría bien que el Estado nos nombre custodios hasta que tome la decisión de la entrega fehaciente de ese territorio. Porque esas tierras son ancestrales y es donde recurrimos toda la vida.
No es solamente la vida nuestra la que defendemos, sino también la de los animales. Los tienen estresados a los pobres, no se respeta que ahí hay animales que están en vías de extinción como el Yaguareté, los Pumitas, pájaros y además árboles, plantas.
¿Con la complicidad de quién siguen los desmontes?
Del Gobierno provincial y de quien debería velar por todo esto es la Secretaría de Medio Ambiente y parece que fuera ciega o tuerta o que mira para otro lado.

Se hizo de noche. Hora de terminar el armado de las carpas. Otro día de salir de la invisibilidad las espera.
Entrevista: Cecilia Rovito y Celeste Neyra
Fotos: Facundo Miguel Nívolo
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Para el bolsillo del caballero y la cartera de la dama...
Usuarios contra los “tarifazos” realizaron un acto en la esquina de Rivadavia y Callao. Denunciaron que los aumentos son “un robo al pueblo” para favorecer una vez más a las multinacionales petroleras.

(Fabiana Arencibia-Red Eco) Ciudad de Buenos Aires - Ayer por la tarde, vecinos de diversos barrios porteños y del conurbano bonaerense, organizaciones sociales, partidos de izquierda, el Mo.RENO, la Fe.TERA, entre otros, se nuclearon frente a un escenario montado sobre el trailer de una camioneta para repudiar los aumentos de luz y gas.

Durante el acto se informó que en varias provincias argentinas distintos jueces han tomado medidas cautelares para prohibir los cortes de los servicios, ante la falta de pago. En Salta, Jujuy, Tucumán, Santa Cruz, Chubut; en dos ciudades de Río Negro y Neuquén y en la localidad bonaerense de Escobar la justicia ha suspendido los cortes de luz y gas a los usuarios que han presentado recursos. Esto alienta a quienes a principios de este año organizaron el Movimiento Nacional de Usuarios Contra el Tarifazo a seguir la pelea. Por eso ayer presentaron ante la Cámara de Diputados un proyecto para lograr la anulación de los aumentos en la luz y el gas.
Pedro Bussetti, integrante de este movimiento, dijo en el acto que estos aumentos atacan el salario y los ingresos de 3.500.000 de argentinos. Y que tienen además un componente de ilegalidad. Con esto se refería a que los incrementos tarifarios aprobados por el gobierno en agosto y noviembre de 2008 no cumplieron con el marco regulatorio, ya que entre otras cosas no se convocó a audiencia pública. Pero a su vez en diciembre pasado, se agregó la firma de la presidenta Cristina Fernández del decreto 2067/08, que crea un Fideicomiso (fondo para financiar el abastecimiento de gas, fundamentalmente para importarlo). La resolución estableció que una parte de los fondos serían integrados por los usuarios con el pago de un impuesto por metro cúbico de gas consumido. Lo que no se estableció fue cuál sería el porcentaje de dicho impuesto.
En el área del Gran Buenos Aires, hasta fines de 2008, el m3 se pagaba 0.167 centavos. El gobierno autorizó primero su aumento a 0.367. Pero además le puso un impuesto que es de 0.27 centavos más. Entonces cada usuario trabajador, jubilado, pensionado, de clase media que consume gas en la provincia tiene que pagar hoy 0.577, lo que significa un aumento de más del 200 por ciento.
Hay “excepciones” para sortear el aumento del gas. Los requisitos que exigen las empresas para

no pagar el tarifazo son: ser el titular del suministro; recibir algún tipo de subsidio por desempleo o un Plan Social otorgado por la Nación, Provincia o Municipio o poseer un Certificado de Discapacidad. Pero además no se podrá tener más de uno de estos servicios: televisión paga (cable o satelital), conexión a internet, teléfono fijo o teléfono celular. Parece un chiste pero es real.
Ayer, en el Senado de la Nación se frustró un intento de tratar sobre tablas una iniciativa para frenar el tarifazo de luz y gas, que regresó a Comisiones. Sin embargo en Diputados se consiguió que el miércoles que viene se reúna, luego de nueve meses de inactividad, la Comisión de Energía para tratar distintos proyectos de ley que derogan los aumentos en las tarifas de energía eléctrica y gas natural, el decreto 2067/08 y el P.U.R.E. (monto que sanciona a usuarios por mayor consumo de energía)
De la sesión en Senadores participaron Defensores del Pueblo de las localidades bonaerenses de La Matanza, Avellaneda y Escobar.
En la Defensoría de La Matanza ya hay presentadas 600 denuncias de usuarios afectados por el aumento y avanzan a razón de 80 diarias. La mayoría provienen de sectores de clase media, media baja y jubilados. Entre estos últimos hay quienes han recibido facturas por 600 pesos cuando cobran el haber mínimo (770).
El secretario de Energía, Daniel Cameron, afirmó que los incrementos no pueden superar el 153 % (como si se tratara de un aumento razonable). Sin embargo entre las denuncias hay casos de boletas que incluso con menor consumo, se han más que duplicado. Por ejemplo, una docente que pagaba 400 pesos, ahora recibió una boleta de 1500 pesos.
Mientras tanto las petroleras, Repsol y otras multinacionales como la Pan American Energy, acusan ganancias extraordinarias y giran dividendos a sus accionistas, pagando impuestos bajísimos, que se calculan según sus propios informes (a través de una simple declaración jurada) y sin ningún control del Estado.
“Las petroleras son el sector del empresariado argentino que más ganó en los últimos 20 años. Se llevaron el dinero a paladas. El año pasado fueron los bancos y las petroleras los que estuvieron en el ranking de los mayores beneficios y ahora el pueblo argentino va a tener que soportar un tarifazo para que no despidan gente”, dijo el diputado electo por Proyecto Sur, Pino Solanas.
Extraen pero no invierten. Hace 20 años se calculaba que las reservas llegarían a 35 años. Ahora se estiman en menos de 7 años. En cuanto al gas, de 30 años se han reducido a menos de 8 y es por eso que hay que importarlo.
El acuerdo firmado a fines de julio entre el Gobierno nacional y las provincias productoras de hidrocarburos (por el cual se incrementa el valor del gas en boca de pozo), significará que esas provincias se lleven 130 millones de dólares más en regalías.
Pero además el Gobierno nacional invertirá 600 millones de dólares en los próximos 12 meses, destinados a trabajos de exploración, producción y ubicación de reservas, lo cual no hicieron estas empresas por años.
Hoy el argumento para justificar este acuerdo vuelve a ser que no se produzca un impacto sobre la tarifa que pagan los usuarios y que no se pierdan puestos de trabajo. Por el primer motivo, desde 2007 hasta la actualidad, el Estado nacional les dio 22 mil millones de pesos en subsidios y los resultados son desinversión, agotamiento de los recursos naturales y tarifazo.
Las empresas van a recibir el 50% de lo recaudado por Fideicomiso - parte de lo cual lo pagan los usuarios con el tarifazo - destinado a solventar la importación de gas, para hacer las obras que nunca se hicieron y que ningún gobierno les exigió. Así la historia vuelve a repetirse. Negocio redondo.
Fotos: Fabiana Arencibia-Red Eco

Persecución gremial en la CNEA
La delegada gremial Alejandra Gonzalez, trabajadora precarizada de la Comisión Nacional de Energía Atómica viene sufriendo persecuciones laborales por su desempeño como representante gremial. A la quita de tareas, la separación de sus compañeros de trabajo y distintas formas de coacción, se sumó el inicio de un sumario administrativo bajo argumentos falaces.

(Gonzalo Besteiro-Red Eco) Ciudad de Buenos Aires - María Alejandra González trabaja desde el año 2006 en la oficina de Prensa de la Gerencia de Relaciones Institucionales en la sede central de la CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica), ubicada Capital Federal. Como otros cientos de compañeros, es una trabajadora precarizada, en negro, que factura como monotributista y su relación laboral con la CNEA está basada en un contrato basura de “locación de servicios” firmado entre la Universidad de San Martín y el ente estatal. Además de todo ello, Alejandra es delegada de la Junta Interna ATE CNEA Bs. As. y viene sufriendo persecuciones por parte de las autoridades de la CNEA a raíz de su desempeño gremial.
Las persecuciones y el acoso laboral se iniciaron cuando los trabajadores monotributistas, comenzaron a organizarse para reclamar por sus derechos laborales legítimos y por condiciones salariales dignas. En aquel momento, González fue elegida como representante de sus compañeros para asistir a reuniones con las autoridades de la CNEA, junto a otros trabajadores precarizados. Los reclamos resultaban claramente lógicos: pase a planta permanente, equiparación a escalafón, apertura de paritarias y la realización de un censo de monotributistas para determinar cuantos trabajadores se encontraban en dicha situación.
Cuando Alejandra fue elegida como delegada a la Junta Interna en agosto de 2008, el acoso se profundizó. La gerencia comenzó a quitarle las tareas que venía desempeñando desde su ingreso (relación con la comunidad, manejo de la prensa, asistencia en eventos, manejo de la página web). El proceso se agudizó cuando fue separada de sus compañeros de sector en la oficina de prensa y relegada a tareas meramente administrativas. A esto se sumaron operaciones de difamación, coacción psicológica, amenazas y retrasos en el pago de sueldos.
El 24 de junio pasado, los miembros de la Junta Interna junto a representantes de ATE Nacional se reunieron con las autoridades de la CNEA, la presidenta Lic. Norma Boero y el lic. Fabián Becerra, Jefe del Departamento de Secretaría y Despacho para exigir el cese de la persecución laboral. En dicho encuentro, las autoridades sostuvieron que la quita de tareas se debía a las actividades desplegadas por Alejandra en su carácter de representante gremial –actividades que vale señalarlo no sólo son un derecho sino una obligación para con sus compañeros-.
Luego de la reunión, el acoso no sólo no cesó sino que se profundizó. Al día siguiente, las autoridades de la CNEA le iniciaron un sumario administrativo con argumentos falaces. El objetivo parece ser el de continuar los aprietes y la intimidación para desgastar la posición de la delegada, y que renuncie al trabajo o a su rol gremial.
Mientras tanto, los delegados de la Junta Interna ATE CNEA Buenos Aires en sintonía con la dirección de ATE Nacional continúan exigiendo la anulación del sumario, el cese de la persecución, la restitución de tareas y un trato igualitario al de sus compañeros en un eventual cambio en la modalidad de contratación. Los abogados de Alejandra tienen tiempo hasta el 12 para presentar un descargo rechazando el sumario administrativo.
En este sentido, las Asambleas del Centro Atómico Constituyentes (CAC) y del Centro Atómico Ezeiza (CAE) decidieron por unanimidad acompañar a Alejandra en la presentación de dicho descargo, realizando una movilización desde dichos Centros a la Sede Central (en Avenida del Libertador al 8200). Esta movilización busca también reclamar por una recomposición salarial, el aumento del 15% como mínimo que deberían haber otorgado este mes, tanto a los empleados de planta permanente como a los precarizados. Vale señalar que los trabajadores de la CNEA que hoy se encuentran en condiciones precarias son más de 600.

Como muestra basta un botón
El caso de Alejandra puede parecer anecdótico o aleatorio. Sin embargo, es la misma situación de inestabilidad laboral y condiciones precarias que sufren cientos de miles de trabajadores que realizan sus tareas para el Estado Nacional, y los estados provinciales, municipales y de la Ciudad de Buenos Aires. No son sólo las empresas privadas –como el caso de EDESUR y sus tercerizadas, que hemos venido siguiendo- las que mantienen a sus empleados bajo regímenes de explotación. El estado argentino es hoy en día el mayor empleador en negro del país, teniendo en cuenta las mil y una variantes de contratos basura, de locación, temporales, o directamente en negro que existen.
Como en tantas otras dependencias oficiales, los trabajadores precarizados de la CNEA no cuentan con obra social, aguinaldo, asignaciones por hijo. Algunas gerencias no dan vacaciones a su personal y si las dan, son arbitrarias. Además, al no ser reconocidos como empleados directos de la CNEA –por más que realicen las mismas tareas que los trabajadores de planta- su estabilidad laboral pende de un hilo. Esto es lo que mantiene a los trabajadores precarizados en una situación de vulnerabilidad extrema.
Mientras tanto, las pasantías que se efectivizan a través de acuerdos entre universidades y empresas o entes estatales no son más que modalidades de trabajo en negro encubierto. Estos contratos permiten enormes negociados entre los distintos componentes de la cadena. Por ejemplo, las universidades que garantizan a las empresas (o al Estado) mano de obra calificada, barata y bajo condiciones de trabajo que vulneran los más elementales derechos laborales se llevan suculentas tajadas de la gran torta que implica el negocio.
El de Alejandra es entonces un caso testigo. Y debe serlo también su compromiso gremial. A pesar de su situación de trabajo precario y de ser monotributista, Alejandra asumió el rol de representar gremialmente a sus compañeros. Motivo por el cual hoy es perseguida.
Se agradece enviar adhesiones a la casilla atecnea@cnea.gov.ar

Por más salud y menos persecución
Desde distintos sitios del país profesionales junto con organismos de derechos humanos se movilizaron para reclamar contra el gerenciamiento privado de la salud pública de Salta y el pedido de justicia por Armando Mamani.

(Débora Sayanes- Red Eco) Buenos Aires- Las movilizaciones y reclamos por parte de los profesionales de la salud salteños se intensifican con el correr de las semanas.
El pasado miércoles 30 de julio, se movilizaron más de dos mil personas desde la intersección de la Av. de Mayo y 9 de Julio hasta la Casa de Salta, para denunciar públicamente contra el intento del gobernador salteño, Juan Manuel Urtubey, de privatizar el Hospital de Niños “Jesús de Praga” y además exigieron que se declare la emergencia sanitaria en la provincia.
Referentes de la manifestación fueron recibidos por el delegado de la entidad salteña en Buenos Aires, Domingo Avellaneda, quien se comprometió alcanzar los reclamos a las autoridades de la provincia.
Durante la marcha también se vio a vecinos cafayateños que pidieron justicia ante la muerte de Iván Condorí, el niño de diez años fallecido por mala praxis en el Hospital de Cafayate.
El proceso de gerenciamiento privado de la salud pública no es nuevo para los salteños como tampoco los negociados que hay detrás de ellos. Y los resultados no son los mejores, según los profesionales. “En ocho años de gerenciamiento del Nuevo Hospital Materno no ha mejorado la salud de la población involucrada”, sostiene un informe de la Asociación de los Profesionales de la Salud de Salta (Apsades). El mismo afirma que “el Estado debería evaluar y corregir la orientación de sus políticas sanitarias y priorizar efectivamente las acciones de atención primaria en vez de pagar un canon a los privados para que se hagan cargo del negocio”.
Sin embargo, en 30 días el Hospital de Niños cerrará sus puertas para integrarse como un apéndice del ya gerenciado Materno, bajo el control administrativo de la fundación Santa Tecla.
Por otra parte, se cumplió la marcha número 26 de la comisión de Madres y Vecinos por la Verdad y la Justicia, que llegó a las puertas de la municipalidad de Cafayate. Allí se entregó un pedido al intendente Juan Esteban Ocampo, en el que se le solicita una audiencia con el gobernador Urtubey. El pedido para que el intendente reciba la nota fue respondido por el ejecutivo que salió del municipio y recepcionó la nota de manos de Beatriz Vargas, madre de Iván Condorí Vargas.
Los pedidos de la Comisión de Madres y Vecinos por Verdad y la Justicia giraban en torno a un reclamo de justicia por el caso de Armando Mamaní y en defensa de un sistema de salud público y gratuito para Salta.
Recordemos que Mamani, fue encontrado, a fines de mayo, tirado en plena zona central de la ciudad de Cafayate, a 100 metros de la comisaría, apaleado con brutal saña, que demostraba un intento de homicidio. Fue trasladado al Hospital de Cafayate (el mismo lugar donde murió Iván) allí horas mas tarde lo encontró su madre tirado en una camilla, con las mismas ropas ensangrentadas y sin higiene de ninguna clase, manando sangre.
Por tales motivos, la Comisión de Madres reclaman: “Se determine y castigue a los responsables de este hecho criminal. Así como también a los responsables del abandono de persona, encubrimiento y mala praxis. Armando no se cayó, el fue golpeado. Pedimos el cese de la persecución a nuestros jóvenes. La salud no es un negocio.”
Por su parte, la Asociación por los Derechos Humanos “Lucrecia Barquet” afirma que los autores del hecho de Mamani están relacionados con la policía local y sostienen que “observamos que la causa en la justicia provincial está parada y la investigación se desvía hacia hacer aparecer el hecho como un “accidente””. El juez de la causa es Martín F. Perez, pariente muy cercano del cuestionado juez de la corte provincial Gustavo Ferraris. El marco donde se da este hecho, es en el de una política de “mano dura” y persecución contra los jóvenes de la localidad, cuya población, además sufre de la mala atención y hechos de mala praxis por parte del hospital de Cafayate, que ya tuvo como consecuencia la muerte de al menos un paciente. Solicitamos terminar con la persecución que se lleva a cabo contra la juventud, ordenar una investigación seria del caso Mamaní, y atender los reclamos de esa población en los hechos no menos graves que ocurren en el hospital de Cafayate”

Va a estar muerto Buenos Aires
Mientras continúa la campaña de firmas contra la designación de Jorge Palacios al frente de la Policía Metropolitana, la gestión de Mauricio Macri genera nuevos rechazos por sus nombramientos y políticas.

(Cecilia Litvin- Red Eco) Ciudad de Buenos Aires - Son 100.000 las firmas necesarias para pedir la remoción del comisario Jorge Fino Palacios, elegido por Mauricio Macri para estar al frente de la flamante policía porteña, que comenzará a funcionar los primeros días de octubre.
Jorge Palacios está sospechado de encubrimiento del atentado contra la AMIA, mientras que su participación en la represión del 20 de diciembre de 2001 está probada. Además, se lo vincula con bandas mixtas de policías y secuestradores, que intervinieron en el Caso Axel Blumberg, entre otros.
La campaña “No al Fino Palacios” es llevada adelante por organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y gremiales, partidos políticos, junto con los familiares de las víctimas de los atentados a la AMIA y del 19 y 20 de diciembre.
Esta tarde tuvo uno de sus puntos más importantes ya que se instalaron 40 mesas a lo largo de las Avenidas Rivadavia y Corrientes. El acto principal fue en Avenida de Mayo 525, justo frente a las puertas de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad.
También para esta tarde estaba prevista la realización de una sesión especial en la Legislatura porteña en la que se convocaría a Palacios a una audiencia pública.
Para aprobar este proyecto se necesitaban 31 votos afirmativos, pero a la sesión sólo concurrieron 28 legisladores, por lo que no pudo desarrollarse.
Pero la designación de Palacios no es la única que despierta fuertes rechazos. El PRO había postulado como director del Hospital Garrahan a Daniel Galleano, ex gerente general de la tabacalera Massalin Particulares y ex vicepresidente de la Cámara Argentina de Tabaco. Ante las obvias críticas recibidas, el propio Galleano renunció a la postulación. Macri insistió, pero finalmente la designación no se concretó.
Pero como si esto fuera poco, el Ejecutivo de la Ciudad efectuó otro nombramiento. Reemplazó a Jorge Norverto (quien renunció a su cargo luego de que un asesor suyo fuera acusado de extorsión) como subsecretario de Tránsito y Transporte por el empresario Guillermo Dietrich, que es ni más ni menos que el dueño de una concesionaria de automóviles (la que lleva el nombre de su padre). Según denuncian legisladores de la oposición, la designación de Dietrich se contradice con la supuesta política macrista de desalentar el uso del automóvil. Difícil que un empresario tome medidas en contra del sector al que pertenece.
En tanto, continúan los desalojos y cierres de espacios culturales, la Unidad de Control del Espacio Público mantiene su trabajo en las calles, se recorta el presupuesto para el área de cultura (por ejemplo, el dinero destinado al programa relacionado con el carnaval se redujo un 66%), y los graves problemas habitacionales en la Ciudad no terminan. Esta semana, Macri confirmó que le dará entre 25 y 35 mil pesos a las familias sin techo, que hoy viven en hoteles (de esta manera, finaliza el programa “Modalidad de Alojamiento Transitorio”) La pregunta sería ¿qué vivienda se puede comprar con ese dinero? Seguro que un departamento en Barrio Parque no.
Ante todas estas políticas porteñas, aparece la movilización popular como la que revela el espacio “La dignidad no se privatiza”, o la mencionada junta de firmas contra Palacios. Estrategias para intentar que Buenos Aires resucite.
Para firmar contra Jorge Palacios: http://www.noalfinopalacios.blogspot.com/
Fotos: Gustavo Etimos-Red Eco
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BREVES

Exorcismo cultural en el 25 de Mayo
Lo harán los vecinos que recuperaron el teatro de Villa Urquiza, luego de la visita sorpresiva del designado jefe de la policía metropolitana, Jorge Palacios.

Las actividades en el “Complejo Cultural 25 de Mayo - Recuperado por los Vecinos”, (ubicado en Avenida Triunvirato 4440) fueron suspendidas durante el mes de julio, ante la aparición de la Gripe A.
Pero durante la mañana del 27 de julio se realizó en sus instalaciones una reunión de gabinete ampliado del gobierno de la Ciudad. Entre los presentes estaba Jorge Fino Palacios, haciendo su primera aparición pública como Jefe de la Policía Porteña. Allí presentó a la nueva fuerza.
Los “Vecinos por el 25 de Mayo” repudiaron enfáticamente la presencia “de un individuo imputado de graves delitos” y por este motivo convocan a todas las organizaciones culturales, sociales, estudiantiles, artísticas, de derechos humanos, políticas, de trabajadores y vecinos/as de la Ciudad a participar del “exorcismo cultural”, que realizarán el próximo jueves 13 de agosto, a partir de las 18.30 hs. frente al “Complejo Cultural”.
El objetivo de esta actividad es reafirmar su compromiso por un proyecto cultural de los vecinos, exigiendo cine, teatro y un centro cultural que funcione todo el día, por la reanudación de las obras en salud, educación y cultura, y contra la privatización y/o cierre de centros culturales.
Para más información escribir a vecinosxel25demayo@gmail.com

Los Fallos de la Justicia
Organizaciones de Derechos Humanos se movilizan y realizan acciones en San Luís y Mar del Plata contra dictámenes judiciales que favorecieron a imputados por delitos de lesa humanidad.

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos - filial San Luis - presentó este lunes un recurso de apelación al fallo del juez Dr. Juan Esteban Maqueda, quien había dictado la Falta de Mérito a cuatro acusados por delitos de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura militar.
Tamer Yapur, Guillermo Daract, Gerácimo Dante Quiroga y Raúl Benjamín López estaban imputados por muerte, desaparición y torturas en causas que no fueron elevadas por la Fiscalía junto con las conexas de Graciela Fiochetti, Pedro Ledesma, Santana Alcaraz y Carlos Fernández, que impulsó la APDH.
Estas últimas llegaron a juicio hace tres meses y el Tribunal Oral Criminal de San Luis condenó a prisión perpetua en cárcel común a los ex militares y policías Fernández Gez, Pla, Becerra, Pérez y Orozco.
Por otro lado, JUSTICIA YA! La Plata acompañará mañana a la Multisectorial contra la Impunidad de Mar del Plata al Tribunal Oral Federal Nº 1 de dicha localidad cuando se de lectura a la sentencia en el juicio por la desaparición de Carlos Alberto Labolita.
El fallo del Tribunal integrado por los jueces Alejandro Esmoris, Nelson Jarazo y Carlos Rozanski (este último votó en disidencia) liberó al coronel Alejandro Duret y otorgó prisión domiciliaria al general Pedro Mansilla.
Mañana a las 10 se conocerán los fundamentos de dicha decisión, cuyo interés va más allá del caso particular dado que los jueces Jarazo y Esmoris son integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 2 de La Plata, y tienen en sus manos la causa por los crímenes cometidos en la Comisaría 5ta de La Plata.
Los organismos nucleados en JUSTICIA YA! consideran que este fallo marcó un precedente muy grave dado que los camaristas Jarazo y Esmoris consideraron insuficientes las pruebas presentadas y con ello pusieron en duda el valor del testimonio de los sobrevivientes y testigos de la represión del terrorismo de Estado.

Desalojo frenado
350 familias de Libertador Gral. San Martín que ocupan tierras fiscales obtuvieron hoy la promesa de frenar el desalojo ordenado por el Intendente.

Esta mañana, tras interrumpir un acto que el Municipio realiza todos los años por la independencia de Bolivia, las 350 familias que ocupan tierras fiscales en Libertador General San Martín consiguieron reunirse con el secretario de gobierno local, José Daniel Zakhour.
Las familias marcharon desde el asentamiento hasta la Intendencia. Mientras el resto de la gente esperaba afuera en nutrida movilización, en el edificio de gobierno obtuvieron la promesa del Secretario Zakhour de hacer todo lo posible con el intendente Ermindo Llanos de frenar o posponer el desalojo que este había solicitado al juez de San Pedro, Argentino Juárez.
Días atrás, después de un mes y medio de negarse a atender la reivindicación de tierra de las familias, el intendente Llanos los había llamado a una reunión en la que no dio ninguna solución concreta, y se negó a levantar la denuncia que llevó a la intimación que abrió el camino al desalojo.
El Juez Argentino Juárez es el mismo que ordenó el violento desalojo de familias con topadoras en El Talar en julio de 2008 para dejar las tierras en manos de un productor de soja, y cuenta con la complicidad del gobierno provincial y nacional.
Esta tarde las familias realizarían una asamblea para ver cómo continuar dado que no quieren confiar sólo en palabras por lo que exigirán una propuesta concreta.

También están incluidos en la presentación el interventor de la Administración General de Puertos (AGP-SE), Sr. Luis Ángel Diez, y otros funcionarios de ANSES.
Lo que motiva esta presentación es la maliciosa demora por parte de estos funcionarios en el otorgamiento de las jubilaciones para miles de ex trabajadores de la actividad portuaria, marítima y naval, arbitrariamente afectados por el decreto menemista 817/92, y al amparo del decreto de reparación histórica 1409/06, que contempla una jubilación de $4.800 para los perjudicados.
Luego de la presentación de la denuncia penal, patrocinada por el Dr. Marcelo Parrilli (Presidente del Centro de Abogados por los Derechos Humanos – CADHu.) se realizará una conferencia de prensa en las escalinatas de los Tribunales Federales de Comodoro Py (Comodoro Py 2002, C.A.B.A.). Allí confirmaron su participación Madres de Plaza de Mayo, diputados y senadores nacionales, legisladores porteños, el sindicato portuario SUPA, dirigentes de organizaciones sindicales, políticas, de movimientos sociales y de derechos humanos.
Asimismo, el martes 11 de agosto, los jubilados nucleados en el Movimiento de Estibadores Portuarios de Pie presentarán un recurso de amparo ante ANSES y AGP-SE, solicitando la inmediata aplicación de la normativa vigente y el otorgamiento de los beneficios previsionales que contempla el decreto 1409/06.
Contactos: Dra. Gina Erramuspe, abogada CADHu.: 15-5095-1324 / Dr. Pablo Vicente, abogado CADHu.: 15-6330-6912 / Dr. Luis Alberto Orellana, abogado CADHu.: 15-5737-1535 / Dr. Emiliano Coradino, abogado CADHu.: 15-6701-6323 / Dr. Juan Vicente Lenta, abogado CADHu.: 15-4405-6842

La Corte Suprema tucumana suspendió el desalojo contra la CIQ
Por orden judicial, la Gendarmería amenazaba con quitarle sus tierras de Colalao del Valle a la Comunidad India de Quilmes.

Hasta nuevo aviso quedó suspendida la orden de desalojo dictada por el Juez de Paz local, Adolfo Salazar, quien avaló una denuncia por usurpación presentada por un grupo de terratenientes, nucleados en la Comunidad Aráoz Hermanos.
Según trascendió, la Corte Suprema resolvió también abrir un espacio de mediación para componer situaciones entre ambas partes.
Cabe recordar que 40 familias viven en este terreno desde hace siete meses y que anteriormente las tierras apenas se usaban para el pastoreo de animales o para recolectar algo de leña.
La intervención del máximo tribunal de Tucumán se dio luego de que los abogados de la comunidad presentaran recursos de inconstitucionalidad frente a las medidas adoptadas por los jueces locales.
La Comunidad India Quilmes celebró la intervención del Poder Judicial de la Provincia y agradeció a las instituciones, organismos estatales, personas y especialmente a sus abogados por “el esfuerzo para evitar este acto de injusticia”.
Fuente: Contrapunto.

Diseño: Carolina Butron Ávalos & Nacho Nesprías.

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