NACIONALES - Red Eco Alternativo - 1 de octubre de 2009
año 11 - número 39 Jueves 1 de octubre de 2009
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NACIONALES

Sigue firme la lucha en Terrabussi
Los trabajadores de Terrabussi-Kraft, decidieron en asamblea rechazar la propuesta de la empresa de reincorporar solamente a 30 de los despedidos. Mañana se reiniciarán los cortes en la Panamericana, mientras que se llevarán a cabo manifestaciones de solidaridad en todo el país.
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Mas allá de la Ley de Medios, pasan cosas.
¿Por qué pedirle peras al olmo? Si en los años de bonanza no se “derramó” la riqueza – ni por voluntad de las empresas, ni por acción del Estado - menos es de esperar que suceda en estos tiempos de crisis y supuesta baja en las ganancias.
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No todos son iguales ante la ley
Una familia de campesinos de Cruz del Eje, Córdoba, es continuamente perseguida por la Justicia por vivir en tierras con importante valor económico
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Desalojos a isleños
El emprendimiento privado en el Delta de Tigre desaloja a familias isleñas, modifican cursos de ríos, humedales y altura de tierras.
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Mauricio Macri ataca derechos consagrados por la Revolución Francesa
Mario Hernandez periodista del programa de radio El Reloj, analiza el atropello llevado a cabo por el gobierno porteño al intentar pedir información privada sobre los trabajadores tanto del ámbito público, como del privado.
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BREVES

Conciliación obligatoria en El Cronista
Otra vez despidos en el diario propiedad de Francisco De Narváez. Esta vez, bajo la excusa de “retiro voluntario”, sin embargo no todos aceptaron y los trabajadores habían iniciado un paro que hoy se levantó a la espera de una solución favorable.
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Por una cultura para todas y todos
Durante la inauguración de la nueva edición de la FIBA se realizará una manifestación en repudio a la política privatizadora y la precarización laboral llevadas adelante por el gobierno macrista.
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Solidaridad de la RNMA
La Red Nacional de Medios Alternativos se solidarizó con el compañero Oscar Castelnuovo, integrante del Colectivo Agencia Walsh, para enfrentar la represalia, la censura y el silenciamiento que pretende imponérsele desde el Servicio Penitenciario Nacional
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Reprimen a desocupados en el Chaco
Mas de 500 efectivos policiales utilizó el gobierno chaqueño para desalojar a los integrantes de organizaciones sociales que llevaban 60 días acampando en la plaza principal.
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Dios los cría
David Mulford, ex secretario del Tesoro estadounidense y representante del Credit Suisse First Boston, fue citado para declarar por la causa del “megacanje” de la deuda externa argentina, en la que están procesados Domingo Cavallo y Daniel Marx.
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APORTE DE LECTORESOtra vez la desvergüenza
El gobierno nacional renovó el contrato de concesión a la empresa ferroviaria Nuevo Central Argentino Sociedad Anónima, cuyo propietario es el senador Nacional por el Partido Justicialista – Córdoba, Roberto Daniel Urquía, dueño de la aceitera General Deheza.
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Agenda
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Sigue firme la lucha en Terrabussi
Los trabajadores de Terrabussi-Kraft, decidieron en asamblea rechazar la propuesta de la empresa de reincorporar solamente a 30 de los despedidos. Mañana se reiniciarán los cortes en la Panamericana, mientras que se llevarán a cabo manifestaciones de solidaridad en todo el país.

(Gonzalo Besteiro-Red Eco) Buenos Aires- Luego de la brutal represión del viernes pasado, en la que la policía desalojó a los obreros que ocupaban la planta de Terrabussi-Kraft, el Ministerio de Trabajo sentó a la mesa de negociación a representantes de la empresa, de los trabajadores y del Sindicato de la alimentación. La extensa reunión se llevó a cabo el lunes y  la cartera laboral que encabeza Tomada dictó una resolución en la que intimaba a la empresa a abonar los haberes adeudados, revisar los despidos y suspensiones, retirar paulatinamente a la policía de la fábrica, permitir el ingreso a los miembros de la Comisión interna y garantizar a los delegados el pleno ejercicio de sus funciones dentro del establecimiento. marchaterrabusi2809.jpg
Como viene haciendo desde el inicio del conflicto, Kraft no cumplió con ninguno de los puntos exigidos por el Ministerio. Para ser más exactos, sólo cumplió con uno de ellos: revisar los despidos. En la reunión que se llevó a cabo hoy jueves, la empresa informó que reincorporaría a 30 trabajadores. Tan sólo a 30. Mientras tanto, la fábrica continúa militarizada, no se pagaron los salarios y la empresa no permitió a los miembros de la comisión interna ingresar a la planta.
El cuerpo de delegados rechazó la propuesta de la empresa, decisión que fue ratificada en la asamblea realizada esta noche. Los trabajadores votaron proseguir con el plan de lucha que incluye el corte de la Panamericana durante la jornada de mañana viernes. También se llevarán a cabo cortes en los accesos a la Capital y en el Centro Porteño.

La impunidad patronal y la complicidad del gobierno
Cuando se produjeron los 160 despidos, el 18 de agosto pasado, los trabajadores denunciaron que las causas no eran económicas sino políticas; en el mes de julio, habían llevado a cabo un paro en reclamo de medidas sanitarias contra la epidemia de gripe A. La empresa estadounidense buscaba con estos despidos disciplinar a los obreros, elemento esencial para garantizar la rentabilidad y la explotación. Pero además, incurrió en la ilegalidad de echar a los miembros de la comisión interna, amparados por fueros sindicales. No sería el primer atropello, ni el último.
Cuando el Ministerio de trabajo dictó la conciliación obligatoria, exigiendo retrotraer la situación al momento previo a los despidos, la empresa no sólo no la acató, sino que despidió a otro trabajador, y comenzó a exigir con más fuerza la intervención de las fuerzas represivas para desalojar la planta que se encontraba tomada.
Cuando venció la conciliación obligatoria, el Ministerio de Trabajo de la Nación se negó a extenderla. En laterrabusipanamericana.jpg práctica, esto le dio luz verde a la empresa para profundizar su política de atropello.
La frutilla del postre llegó el viernes pasado, con los gases, los palos y las balas de goma. La empresa, la Unión Industrial Argentina (UIA) y la COPAL (Coordinadora de las industrias de productos alimenticios) venían reclamando la represión. Y parece que les dieron el gusto.
Para completar el cuadro, el lunes posterior al desalojo la empresa no sólo no permitió el ingreso a los delegados sino que dictó 36 suspensiones provisorias.

Una Tomada de Pelo
Página 12 publicó el miércoles una entrevista a Carlos Tomada. “Es más presión un despedido que el llamado de cualquier embajada” afirmó tajante el ministro de trabajo -en tapa y a colores-, en alusión a las “supuestas” presiones de la Embajada de Estados Unidos.
Durante toda la semana, los funcionarios del gobierno nacional y del Ministerio se vieron obligados a sentar posición una y otra vez “en favor de los trabajadores” y a despegarse de la salvaje represión.  En la mencionada entrevista, Tomada acusó a la empresa de “tomarse revancha” y de “buscar el desafuero de los delegados”. “Nosotros tomamos las acciones que siempre llevamos adelante para defender los puestos de trabajo” sostuvo. ¿Cómo se entiende entonces que al Ministerio “se le hayan pasado” las implicancias de no extender en su momento la conciliación obligatoria?
Por otro lado, ¿cómo hay que leer las declaraciones de Aníbal Fernandez efectuadas al mismo matutino el día previo a la represión, afirmando que los trabajadores "no pueden entrar y salir de la planta como si fuera un shopping", y sosteniendo que "es la provincia de Buenos Aires la que tiene el poder de policía"?
Nuevamente, lo que queda al desnudo es el doble discurso oficial, ese que parece hablar con la izquierda, pero que pega con la derecha.
La noche de la represión, la fábrica que hasta hacía unas horas estaba tomada por sus trabajadores se convirtió en una cárcel. Los obreros fueron golpeados salvajemente y detenidos durante horas en el interior. La policía los mantuvo incomunicados, impidiéndoles ponerse en contacto con sus abogados.
La fábrica fue desalojada y la empresa salió a anunciar que el lunes todo volvería a la normalidad. Sin embargo, allí estuvieron durante toda la semana los uniformados para garantizar la paz y la tranquilidad. ¿Eso es defender los intereses de los trabajadores o los intereses de los empresarios?
Por otro lado, el conflicto en Terrabussi deja una vez más al descubierto la política burocrática de Moyano y la CGT. El Sindicato de la Alimentación, encabezado por Rodolfo Daer, se abrió completamente del conflicto, jugando a favor de la empresa. Por su parte, Moyano,  titular de la CGT, sostuvo la semana pasada que el conflicto en Terrabussi estaba “politizado” y la comisión interna llevaba “a la ultraizquierda".

Inmensa solidaridad
La lucha de los trabajadores de Terrabussi se ha vuelto una causa popular. Centenares de organizaciones políticas, sociales, estudiantiles, gremiales y de derechos humanos manifestaron su apoyo y solidaridad a lo largo y ancho del país. Los cortes de la Panamericana se nutrieron de la presencia de decenas de militantes que supieron leer la trascendencia del conflicto y la importancia de sostener la lucha.
maratoncultural2909.jpgEl viernes pasado, mientras la amenaza de desalojo mantenía en vilo a los obreros en General Pacheco, organizaciones estudiantiles encabezadas por la FUBA y varios Centros de Estudiantes realizaron cortes durante todo el día en la Ciudad de Buenos Aires.
Este lunes se realizó una masiva marcha desde el Congreso a Plaza de Mayo para manifestar nuevamente la solidaridad con los obreros. El martes, se realizó en la Plaza de Mayo una Jornada Cultural que contó con la presencia de decenas de artistas populares.
El miércoles, los trabajadores de Terrabussi marcharon junto a la CTA y los trabajadores del Subte, quienes exigieron al gobierno el reconocimiento sindical y el otorgamiento de la personería gremial a la Central de trabajadores.

En pie de lucha
La rentabilidad del capital, fundada en la explotación de los trabajadores, sólo puede garantizarse con disciplinamiento y control, con delegados sumisos y sindicatos adictos. Una comisión interna combativa es algo intolerable para cualquier empresa. No es un dato superficial que Kraft echara a la mitad de la Comisión interna y a casi todos los delegados de base.
Lo que está en juego en Terrabussi no es algo menor. Es la capacidad de los trabajadores para organizarse contra los atropellos patronales y la explotación. No es un dato menor que las cámaras empresariales hayan pedido represión primero, y luego manifestado su “preocupación” por la escalada de conflictos gremiales.
La lucha de los obreros de Terrabussi es fundamental para toda la clase trabajadora. Frente a los atropellos del capital trasnacional y del imperialismo, urge la organización y la resistencia. Esta lucha puede convertirse en un ejemplo que resuene y se multiplique en las fábricas a lo largo y ancho del país.


Notas relacionadas
Represión y desalojo violento en Terrabussi 

Represión y militarización en Terrabussi

 

Los trabajadores quieren trabajar

Trabajadores en lucha: Terrabussi-Kraft, Cooperativa Textil Quilmes, ICT-Telecom

Los trabajadores de Terrabusi Kraft toman la planta contra los despidos

 

Producción Fotográfica:
Marcha en apoyo a los trabajadores 24/9- Facundo Nívolo
Marcha solidaria 28/09 - Natalia Pastor

Maraton Cultural 29/09 - Natalia Pastor

 


Mas allá de la Ley de Medios, pasan cosas.
¿Por qué pedirle peras al olmo? Si en los años de bonanza no se “derramó” la riqueza – ni por voluntad de las empresas, ni por acción del Estado - menos es de esperar que suceda en estos tiempos de crisis y supuesta baja en las ganancias.

(Fabiana Arencibia – Red Eco) Argentina – La instalación mediática del debate sobre la ley de medios corrió de la escena otras informaciones que marcan las consecuencias del  proyecto político kirchnerista, que dice querer “ser” y “hacer” pero que en la práctica tiene otros resultados. Algunas cosas que pasan, más allá de la ley. 
Pasa que casi un 37 por ciento de los trabajadores - unas 4,3 millones de personas, casi - están en negro. Hay zonas, como las provincias del noroeste donde casi la mitad trabaja sin estar registrada, por lo que no tiene obra social ni accederá a una a jubilación.
Pasa que la desocupación ha crecido. Según datos del Indec se han perdido en el último trimestre 164 mil puestos de trabajo, lo que equivale a que esa misma cantidad de familias no tengan al menos un ingreso. Estimaciones privadas hablan de 250 mil desocupados más y advierten que para las estadísticas, al reducirse la cantidad de gente que busca trabajo, también cae la tasa de desempleo. 
Pasa que según los últimos relevamientos de la Central de Trabajadores Argentinos la pobreza se ubica en un 33 por ciento de los argentinos (para la Iglesia un 40, para el Indec un 14). Son 13 millones de personas que deben vivir con 8 pesos diarios (2 dólares) para comer, viajar, vestirse, comprar algún medicamento, etc. Lo curioso es que para las estadísticas si los ingresos superan un dólar dejamos de ser “indigentes” y entramos en la categoría de “pobres”.
Pasa que la brecha de ingresos entre el 10 por ciento más rico y el 10 por ciento más pobre es similar a la del último trimestre de 1998 y más desigual que hace dos décadas, e incluso que en buena parte de los 90.
Pasa que uno los recursos públicos y subsidios destinados a financiar al capital privado se multiplicaron por 10 de 2005 a la fecha. Entre regímenes promocionales, subsidios y préstamos, el Estado transfirió al sector empresarial y sobre todo al más concentrado la suma de 41.212,3 millones de pesos.
Pasa que hoy - luego de la estatización de las AFJP aprobada por todos los que repudiamos las privatizaciones menemista - alrededor de un 88% de los jubilados cobran menos que la canasta básica de pobreza.
Pasa que desde esa estatización, los fondos de los jubilados se han utilizado para pago de deuda pública a través de canjes de bonos, préstamos al Tesoro Nacional, ayuda a empresas privadas diversas, entre ellas las  multinacionales automotrices, el “plan anticrisis” y el “Mega Plan de Obras Públicas” destinado en su mayoría a favorecer el consumo de sectores de la clase media.
Pasa que a casi diez meses de dicha estatización recién acaban de aprobar (Resolución de ANSeS 134/2009) la reglamentación por la cual debe regirse el Consejo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS), que es ni mas ni menos quien debe controlar el manejo de los fondo de los jubilados.
Pasa que “volvimos” al FMI del que en realidad nunca nos fuimos, porque el default declarado por Argentina a fines de 2001 no afectó ni un solo dólar de los que siguieron cobrando el FMI, el BM y el  BID.
Pasa que como el gobierno necesita plata (lo que se llama volver al “mercado financiero internacional”) debe entonces dar una  “señal”. Por eso se apresta a cerrar el pago de los 7 mil millones al Club de Paris. Pero además evalúa reestructurar la misma deuda que Néstor Kirchner dijo que no iba a pagar: casi 30 mil millones de dólares a los inversores privados que no entraron en el canje 2005.
Pasa que se sigue con los pagos de la deuda o canjes de deuda de corto plazo por otra a mas largo plazo (condicionando a generaciones futuras). A pesar de pagar y canjear, se calcula que la deuda externa argentina esta cercana a los 145.000 millones de dólares, sin incluir lo que quedó fuera del canje (Casi la mitad de lo que el país produce).
Pasa que en el proyecto del presupuesto 2010 se destinan a Educación, Ciencia y Tecnología poco más de 24 mil millones, a Salud poco menos de 6 mil millones , mientras que para pagar deuda se presupuestan 122 mil millones.
Pasa que el hambre, en el país que produce alimentos para 300 millones de personas (8 veces su población), se lleva la vida de nuestros niños y ancianos.
Y pasa que terminar con el hambre solo significaría para el gobierno resignar 27 mil millones de pesos, que es apenas el 5% del gasto consolidado desde el Estado… apenas el 20% de lo subsidiado a los grandes grupos económicos.
Esto es lo que pasa… porque sigue pasando el capitalismo por estas tierras.


No todos son iguales ante la ley
Una familia de campesinos de Cruz del Eje, Córdoba, es continuamente perseguida por la Justicia por vivir en tierras con importante valor económico

(Cecilia Litvin – Red Eco) Córdoba- El próximo 22 de octubre cuatro hermanos estarán sentados en el banquillo de los acusados, imputados por impedimento funcional y coacción. No es la primera vez, ni será la última, que se enfrenten al poder judicial. Los Godoy se niegan a entregar las tierras donde viven, y aunque les pertenecen desde hace casi 50 años, hay quien pretende quitárselas porque en la zona se encuentran unas canteras de Granito Rojo Príncipe, que son al parecer un recurso natural de alto valor económico.
Todo comenzó cuando en otoño de 1969, un señor llamado Víctor Manuel Gómez se acercó a la zona de la Represa Morales, ubicada en el departamento cordobés de Cruz del Eje, donde vivía Amadeo Godoy. A pesar de que Godoy hacía nueve años que había adquirido esas tierras, Gómez aseguró ser el dueño. Ante la obvia negativa de los Godoy, comenzaron las amenazas, agresiones y persecuciones que perduran hasta el día de hoy.
Pero Gómez no estaba solo, estaba aliado al abogado Aristóbulo Gutiérrez, quien engañó a la familia Godoy representándolos en un primer momento.
Según explicó a Red Eco el letrado Saúl Almeida del Movimiento Campesino de Córdoba, actual patrocinante de los Godoy, tanto Gómez como Gutiérrez se aprovecharon de que Amadeo no sabía leer ni escribir haciéndole firmar papeles en los que como pago por sus honorarios, le cedía a Gutiérrez los derechos de parte del campo, casualmente las hectáreas donde se encuentran las preciadas canteras. Pero en esos papeles faltó la firma de la mujer de Godoy, quien se negó a hacerlo, por lo que la familia cuenta con ese elemento para pedir una y otra vez la nulidad del acuerdo.
A partir de allí se desarrollaron decenas de acusaciones y denuncias entre ambas partes. Las realizadas por Gómez prosperaron, mientras que las efectuadas por la familia Godoy quedaron en la nada.
De hecho, en 2004 el juez Carlos Egia dictó una sentencia en la que da la posesión de las tierras a Gómez y Gutiérrez, condenando a la familia Godoy por usurpación. Como consecuencia de su resistencia al desalojo, los Godoy sumaron una nueva denuncia por desobediencia a la autoridad.
A lo largo de estos largos años, los Godoy tuvieron alrededor de nueve abogados diferentes, tres de ellos son hoy funcionarios judiciales involucrados como partes en las acusaciones contra los campesinos.
Pero la familia no se quedó de brazos cruzados, continuaron trabajando para la comunidad en la que viven, colocaron un molino comunitario, abrieron un camino interno para la zona, trabajaron junto la escuela primaria local realizando talleres de huerta y colaboraron voluntariamente en las tareas de cocina.
Además, en 2006 fueron recibidos por una comitiva de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Del encuentro surge un informe (Nº 3084/06 – Folio 111) en el que la Defensoría destaca: “La acción de desalojo por vía judicial en muchos casos se combina con el procedimiento de acorralamiento consistente en apropiarse de las tierras, alambrar de modo tal de cercar las viviendas de los poseedores con promesas verbales de dejar pasos (…) Además, se denuncian graves amenazas y agresiones verbales y físicas de parte de civiles armados o la quema de cercos y sembradíos y la matanza de animales como modo de hostigamiento para que, agobiados, los campesinos terminen por vender su posesión y radicarse en la ciudad”.   
La familia es legalmente dueña de sus tierras, pero el hostigamiento continúa, la persecución judicial es claramente visible, la desigualdad ante la ley explícita. Un nuevo ejemplo se verá el próximo 22 de octubre cuando comience en los Tribunales Federales de Cruz del Eje el juicio oral y público contra los hermanos Godoy.


Desalojos a isleños
El emprendimiento privado en el Delta de Tigre desaloja a familias isleñas, modifican cursos de ríos, humedales y altura de tierras.

(Débora Sayanes – Red Eco) Buenos Aires – Con el apoyo y logística de prefectura naval, la empresa Colony Park, un ambicioso emprendimiento inmobiliario que se presenta como “el primer desarrollo de vivienda permanente en una verdadera isla privada del delta”, continúa su accionar.
tigre.jpgPara llevar adelante su objetivo, desalojó a familias isleñas del arroyo Anguilas que se encontraban resistiendo e hizo desaparecer varios terrenos donde antes había viviendas, canchas para secar junco, forestación y flora nativa.
El isleño Roberto Galloro no pudo frenar la destrucción de su terreno a orillas del arroyo Anguilas, allí quedó un gran pozo de agua dragado por enormes retroexcavadoras anfibias. Ahora en los terrenos de familias enteras hay agua y para seguir su curso, la empresa pretende taponar totalmente el arroyo La Paloma que desemboca en el Anguilas.
A pesar de que los pobladores vienen denunciando los sistemáticos atropellos, y que meses atrás se decidió la clausura del proyecto, la Justicia desoyó  los reclamos y la empresa continúa con sus obras.
La lucha se inició en agosto de 2008, cuando en el Arroyo Anguila y Canal Vinculación, en la 1º Sección de Islas, fueron arrasadas las viviendas de todos los isleños, quienes inmediatamente se autoconvocaron en la Asamblea Río de la Plata Cuenca Internacional para la defensa del Delta del Paraná.
Luego de efectuar las denuncias y de haber rearmado sus respectivos hogares en el mismo lugar, sobre el Arroyo Anguila, el 25 de mayo de este año, cuando los isleños se encontraban en el continente y otros en sus actividades de pesca, lejos de sus hogares, fueron por segunda vez arrasadas sus viviendas, plantaciones, canchas de juncos y canoas isleñas por la empresa Colony Park.
Según los vecinos autoconvocados, detrás de este megaemprendimiento se encuentran funcionarios del gobierno nacional, provincial y municipal que permiten u “omiten” controlar el estrago ambiental en el Delta del Paraná.
El emprendimiento, además, trae aparejado gravísimas consecuencias ambientales, está destruyendo 300 hectáreas del ecosistema de humedal que acoge a una rica diversidad biológica. El mismo cumple múltiples funciones en materia de recarga y descarga de acuíferos, control de inundaciones, retención de sedimentos y nutrientes. Colony Park alteró profundamente el paisaje del Arroyo Anguilas construyendo enormes terraplenes de tierra en las dos márgenes del arroyo y destruyendo toda la vegetación preexistente. Obstruye la circulación por el arroyo con una draga con la cual realiza estas obras, dificultando la navegación y por sobre todo la posibilidad de que las familias reconstruyan nuevamente sus hogares.
Dentro de este marco, los vecinos continuarán resistiendo haciendo uso de su derecho de posesión de los terrenos, ya que parece ser “que el Estado no los considera ciudadanos, mientras queda claro que sí se resguarda la acción de usurpación, daño ambiental, y modificación de cursos de ríos que Colony Park viene realizando. Esta violencia contra las familias isleñas del arroyo Anguilas afecta también a la población de la provincia y ciudad de Buenos Aires puesto que el Anguilas o lo que queda de él, es parte del humedal que filtra el agua que toma la ciudad, amortigua las crecientes, y oxigena el Río de la Plata y a su población”, sostienen los vecinos autoconvocados.


Mauricio Macri ataca derechos consagrados por la Revolución Francesa
Mario Hernandez periodista del programa de radio El Reloj, analiza el atropello llevado a cabo por el gobierno porteño al intentar pedir información privada sobre los trabajadores tanto del ámbito público, como del privado.


(Mario Hernandez*) Ciudad de Buenos Aires- Al asumir su mandato hace casi 2 años, el Jefe de Gobierno de la CABA, Ing. Mauricio Macri, manifestó que el Siglo XX había sido el de los Derechos Humanos y el XXI sería el de las responsabilidades ciudadanas.
No cabe duda que para la administración macrista los Derechos Humanos ya fueron. Baste observar las políticas de desmantelamiento de la educación pública, la salud y la política de vivienda en nuestra ciudad. Estos derechos que surgen como resultado de la desigualdad económica y requieren de la intervención del Estado para su plena vigencia son sistemáticamente atacados a través de políticas de desfinanciación por subejecución del presupuesto público y cuando esto no es suficiente con la represión más violenta, incluso apelando a instituciones parapoliciales como la Unidad de Control del Espacio Público, más tristemente conocida por su sigla UCEP.
No vamos a aburrir a nuestros lectores con información al respecto que inunda las páginas de internet, sí queremos detenernos en dos hechos para demostrar que nuestro Jefe de Gobierno ni siquiera respeta los llamados derechos de “primera generación” que son aquellos consagrados desde la Revolución Francesa en 1789.
El pasado 9 de setiembre el juez del fuero Contencioso Administrativo y Tributario porteño, Fernando Juan Lima, suspendió los alcances de la resolución 45 que había dictado el gobierno de Mauricio Macri con el objeto de exigirles a los empleados de la ciudad que completaran una declaración jurada para informar si tenían otro trabajo en relación de dependencia o autónomo. Según la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la idea de violar el derecho a la intimidad de los trabajadores perseguía “fines de control y eventualmente de reducción presupuestaria”, con el objetivo de dejar en la calle a entre 4 y 5 mil empleados contratados a partir de diciembre.
Los requerimientos de la resolución firmada por el subsecretario de Gestión de Recursos Humanos, Alejandro Speroni, obligaba a responder a los trabajadores de la ciudad “si poseen otro empleo en relación de dependencia o autónomo, de carácter remunerado o gratuito, en cualquier dependencia pública o privada, así como el horario de dicha prestación”, además advertía que “el falseamiento de la declaración jurada o su falta de presentación en tiempo y forma constituirá falta grave”. De acuerdo a la Ley 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública porteña, falta grave significa por lo menos una cesantía, sino una exoneración, conforme lo disponen los artículos 47 y 48.
Un claro avasallamiento a la intimidad de los ciudadanos consagrado en el artículo 19 de la Constitución Nacional.
Pero no es la primera vez que la administración macrista pretende violar derechos constitucionales consagrados por las constituciones liberales durante los siglos XVIII y XIX.
Recordemos que en julio pasado mediante el decreto 625/09 creaba un registro virtual donde las empresas privadas de la ciudad debían proporcionar información de sus empleados. La demanda abarcaba: modalidad de contratación, sexo, edad, nivel de instrucción, si hablaban idiomas o tenían hijos, si sufrían adicciones como drogas, tabaquismo, alcoholismo, ludopatía u otras semejantes. Semejante violación a la intimidad de las personas levantó críticas incluso de las propias Cámaras empresariales, lo que obligó a Macri a pedir disculpas públicas y hacer renunciar a su subsecretario de Trabajo, Jorge Ginzo.
Pero más allá de las palabras, la filosofía absolutista sigue intacta. ¿Será necesaria una nueva toma de La Bastilla?    

*Mario Hernandez forma parte del programa radial “El reloj”, lunes de 19:00 a 20:00 – (FM Flores 90.7)    



BREVES

Conciliación obligatoria en El Cronista
Otra vez despidos en el diario propiedad de Francisco De Narváez. Esta vez, bajo la excusa de “retiro voluntario”, sin embargo no todos aceptaron y los trabajadores habían iniciado un paro que hoy se levantó a la espera de una solución favorable.

Luego de cuatro días de paro general, el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria en el conflicto del diario El Cronista y ordenó la reincorporación de Ricardo Cecco, el trabajador que mantiene firme su reclamo de reincorporación en el marco de la ola de despidos que lanzó la empresa. Los empleados decidieron en asamblea suspender la medida de fuerza, al tiempo que ratificaron su reclamo de reincorporación.
En una clara muestra de su escasa voluntad de aprovechar la conciliación para abrir una instancia de diálogo, la empresa del diputado Francisco De Narváez negó hoy el ingreso de Cecco a la Redacción y le otorgó una licencia con goce de sueldo para aislarlo del resto de sus compañeros.
En la audiencia llevada adelante hoy en la cartera laboral, el cuerpo de delegados de El Cronista ratificó su denuncia de que el despido de Cecco y el de al menos otros dos trabajadores que fueron forzados a “renunciar” obedece a motivos sindicales, dado el rol destacado que tenían en la vida sindical del diario.
También se denunció la prohibición del ingreso del gremio a las instalaciones del diario y las constantes amenazas e intimidaciones que sufren los empleados por adherir o participar en medidas de fuerza.
Además del paro, los trabajadores de El Cronista realizaron distintas acciones de difusión y denuncia de la situación que están atravesando.  
El martes 13 de octubre habrá una nueva audiencia en la cartera laboral, donde los representantes sindicales de El Cronista concurrirán para insistir con su reclamo de reincorporación.


Por una cultura para todas y todos
Durante la inauguración de la nueva edición de la FIBA se realizará una manifestación en repudio a la política privatizadora y la precarización laboral llevadas adelante por el gobierno macrista.

“La VII edición del FIBA que comenzará el próximo lunes 5 y se extenderá hasta el domingo 18 de octubre, ofrecerá espectáculos de artistas y compañías de 21 ciudades del mundo, una forma de buscar (y encontrar) diversidades artísticas y culturales en diferentes tramas urbanas”. Así publicita el gobierno de Macri la nueva edición del Festival Internacional de Buenos Aires, mientras que en la ciudad que gobierna profundiza la política de privatización de la cultura, concibe a la cultura como mercancía, niega el derecho al acceso a la cultura a la mayoría de la población, atenta contra las condiciones dignas de trabajo, agudiza la precarización laboral de los trabajadores de la ciudad, sostiene una política sistemática de clausura, cierres y desalojos de los espacios culturales, sociales y comunitarios y persigue a los artistas callejeros y artesanos e impide el uso del espacio público.
Por esa razón, trabajadores de la cultura, vecinos autoconvocados, asambleas y centros culturales barriales, organizaciones sociales, culturales y sindicales que conforman la Asamblea por la Cultura, convocan el 5 de octubre a una movilización frente al lugar donde se inaugurará el FIBA. Invitan, a su vez, a participar al conjunto de los trabajadores de la cultura y a la población en general que hoy sufre las nefastas políticas de Macri en salud, educación, vivienda y represión.
La cita será entonces el 5 de octubre a las a las 16:00 en Harrod’s, Florida 877, por el derecho al acceso a la cultura de toda la población; por mayor presupuesto para cultura en la ciudad, por el derecho de los artistas a ser reconocidos como trabajadores, por la participación de los vecinos en el diseño y evaluación de las políticas culturales, en base al principio de democracia participativa”, como señala la constitución porteña.
http://asambleaporlacultura.blogspot.com
Adhesiones: arte@centrocultural.coop


Solidaridad de la RNMA
La Red Nacional de Medios Alternativos se solidarizó con el compañero Oscar Castelnuovo, integrante del Colectivo Agencia Walsh, para enfrentar la represalia, la censura y el silenciamiento que pretende imponérsele desde el Servicio Penitenciario Nacional

La Red Nacional de Medios Alternativos se solidariza con el compañero Oscar Castelnovo, integrante de la Agencia de Comunicación Rodolfo Walsh a quien le prohibieron la entrada a las cárceles, a las que concurría desde hace 25 años. La orden la disparó el titular del Servicio Penitenciario Federal, Alejandro Marambio.
Frente a esta represalia para silenciar las denuncias de la Agencia Walsh sobre las condiciones infrahumanas del sistema carcelario, a donde van a parar los/las delincuentes fracasados (a decir de Elías Neuman), la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y la Agencia Walsh impulsan una campaña de firmas que serán entregadas ante el Servicio Penitenciario Federal.
Las razones, devenidas miserables en este mar de injusticia, fueron:
-El compañero Oscar Castelnovo sabe que la prisión murada nació con el capitalismo para control y disciplinamiento de los sectores sociales oprimidos.
-Que la cárcel es un depósito de seres condenados al aniquilamiento de su condición humana.
-Que los hombres y mujeres que la padecen, invariablemente, habitan el territorio de la pobreza y la rebeldía.
-Que no podemos derribar los muros o las rejas, pero sí atravesarlos con las voces de tantas compañeras, de tantos compañeros, quienes se hallan sentenciados al silencio y al olvido.
La Red Nacional de Medios Alternativos adhiere a la campaña de firmas.
Quienes deseen sumarse pueden enviar la palabra “Adhiero”, junto al nombre, apellido, profesión u oficio, organización (no obligatorio) y país a la siguiente dirección de correo:
nirepresalianicensura@gmail.com


Reprimen a desocupados en el Chaco
Mas de 500 efectivos policiales utilizó el gobierno chaqueño para desalojar a los integrantes de organizaciones sociales que llevaban 60 días acampando en la plaza principal.

Desocupados que desde hace dos meses permanecían acampando en la plaza 25 de Mayo en Resistencia, Chaco, y reclamaban el cumplimiento de los acuerdos firmados por el gobierno provincial días antes de las ultimas elecciones (trabajo genuino – auto construcción de viviendas – becas – alimentos para comedores y merenderos – entre otros) fueron violentamente desalojados ayer.
Pasadas las dos de la tarde, en plena siesta chaqueña, alrededor de quinientos policías rodearon la plaza y sin previo diálogo, ingresaron de todas las direcciones, a su paso destruyeron las carpas y banderas mientras los efectivos de civil comenzaron a quemar las pertenencias de los acampantes.
En reclamo de la liberación de los dirigentes que aun permanecían detenidos, hoy unas 20 personas se encadenaron a las barandas del puente General San Martín.
En la provincia donde existe la mayor cantidad de argentinas/os pobres (26,3%) e indigentes (7,8%), es decir familias con ingresos menores a los $800, la respuesta del gobernador Jorge Capitanich a las demandas es la represión. No se trata de un hecho aislado ya que desde que se inició el reclamo por el cumplimiento de las promesas de campaña, los integrantes de las organizaciones sociales denunciaron las continuas amenazas, secuestros e intentos de desalojo que padecieron.
Por su parte, el ministro de Gobierno provincial, Juan Manuel Pedrini, dijo que asumía “plena responsabilidad” por lo sucedido, e intentó justificar la represión diciendo: “Para Resistencia sería nefasto que la plaza central se convierta en una gran villa y se consoliden las construcciones de las actuales carpas”. Lo que puede traducirse en “los desalojamos porque no cumpliremos nuestras promesas”.
Notas relacionadas
"Acampe y espera"

"A grandes manifestaciones populares, más represión"

Dios los cría
David Mulford, ex secretario del Tesoro estadounidense y representante del Credit Suisse First Boston, fue citado para declarar por la causa del “megacanje” de la deuda externa argentina, en la que están procesados Domingo Cavallo y Daniel Marx.

La indagatoria, firmada por el juez federal subrogante Marcelo Martínez de Giorgi,  está prevista para el próximo 18 de noviembre. En la misma causa, el ex ministro de Economía Domingo Cavallo, y el ex funcionario de esa cartera Daniel Marx, están procesados y a la espera del juicio oral y público.
El juez de primera instancia hizo lugar a un pedido del fiscal Federico Delgado, quien acusó a Mulford como "partícipe necesario" en las negociaciones irregulares por el megacanje de la deuda argentina durante el gobierno de la Alianza.
Según la justicia , en la operación "existió una ilegítima decisión tomada a favor de determinado sector financiero, modificando aspectos de un proceso de renegociación de la deuda pública a la medida de requerimientos de participantes privados predeterminados".
Para la justicia Cavallo violó los deberes de funcionario público como parte de un "presunto concilio de voluntades previo a la operación" con el objetivo de "favorecer al grupo de bancos adjudicado".
La causa por el Megacanje es para determinar si existieron irregularidades en las gestiones y negociaciones en la operación que tuvo lugar en junio de 2001 y en otras previas de 1997, 1998 y 2000.
Fuente: Noticias Argentinas

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