NACIONALES - Red Eco Alternativo - 26 de noviembre de 2009
año 11 - número 47 Jueves 26 de noviembre de 2009
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NACIONALES

Los genocidas enfrentan un nuevo juicio
Se trata de los represores que actuaron durante la última dictadura militar en los Centros Clandestinos de Detención, “Club Atlético”, “El Banco” y “El Olimpo”.
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Sigue siendo No
Mientras la oposición hacia la explotación minera a cielo abierto crece y se manifiesta en ciudades de todo el país, las Universidades Nacionales continúan aceptando los fondos provenientes de La Alumbrera
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Contra la represión una única salida, organización y lucha
Por decimocuarto año consecutivo, Correpi presentó su archivo de casos en los que da cuenta de la cantidad de personas asesinadas en manos de las fuerzas represivas del Estado.
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Día Internacional de la NO violencia contra la mujer
Deseamos que este día no tenga que existir. Pero existe y es lamentablemente útil para hacer visible una violencia que se cruza con tantas otras: la ejercida hacia la mujer, por el hecho de serlo.
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BREVES

Juicio oral por gatillo fácil
Es por el homicidio de Luis Maidana cometido en 2004 por un grupo de calle de la comisaría de Pacheco.
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Jornada en Defensa de Nuestros Derechos
Es para reclamar que se cumpla con el libre acceso, dispuesto por la justicia, al Lago Escondido, ubicado en la provincia de Río Negro.
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Para que el Congreso abra los cajones
Organismos de Derechos Humanos le pidieron a senadores y diputados que traten el proyecto que pide la tipificación del delito de Desaparición Forzada de personas.
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Salud pro – vulnerable
Los trabajadores del Ministerio de Salud de la Ciudad manifestaron ante la Legislatura su preocupación por lo que consideran una grave situación instituciona.
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Agenda
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Los genocidas enfrentan un nuevo juicio
Se trata de los represores que actuaron durante la última dictadura militar en los Centros Clandestinos de Detención, “Club Atlético”, “El Banco” y “El Olimpo”.


(Olivier Reboursin - Red Eco) Ciudad de Buenos Aires. En la tarde del martes 24 comenzó a tramitarse ante el Tribunal Oral Federal Nro. 2 de la Capital Federal, un nuevo juicio por crímenes de lesa humanidad y terrorismo de Estado perpetrados durante la última dictadura militar.
Bajo la carátula de causas “Miara” y “Tepedino”, los jueces Jorge Tassara, María Laura Garrigós de Rébori y Ana María D’Alessio juzgan a diecisiete represores. Diez de ellos son ex integrantes de la Policía Federal, dos ex miembros de la Gendarmería, un oficial del Servicio Penitenciario, un ex agente civil del área de Inteligencia del Ejército, y tres militares que respondían durante la dictadura a esta arma, siendo dos de ellos responsables del tristemente célebre “Batallón 601” de Inteligencia. El juicio, que se estima durará ocho meses, se centra en el circuito represivo integrado por el Centro Clandestino de Detención que como unidad represiva tuvo tres sedes en la Ciudad de Buenos Aires: el “Club Atlético”, el “Banco” y el “Olimpo”. Es el primer proceso que se da luego de las escandalosas absoluciones a los “jefes de área” en el reciente juicio llevado a cabo por el Tribunal Oral Nro. 5. Lo que motivó que diversos organismos de Derechos Humanos convocaran previo al comienzo de la audiencia a un acto en las puertas de los Tribunales de Comodoro Py, donde exigieron una vez más el justo castigo y la condena a todos los represores.
El problema de la publicidad de las audiencias volvió a ser central ya que si bien el TOF Nro. 2 no mostró la intransigencia que caracteriza al cuestionado TOF Nro. 5, una vez más se prohibió la televisación en directo de la apertura de la audiencia como así también los registros en audio. Incluso, hubo una novedosa y discutible decisión de impedir que se fotografíe a los imputados, alegando que los mismos debían ser más tarde reconocidos por las víctimas sobrevivientes. Sobre este punto, el abogado de una de las querellas, Rodolfo Yanzón, adelantó su negativa a un posible pedido de reconocimiento físico de los imputados por parte de las defensas asegurando que treinta años después de los crímenes no es el momento procesal oportuno, debiendo tomarse como pruebas otros medios.
Quizás uno de los momentos más impactantes de la jornada de inicio del juicio fue el ver entrar a los genocidas a la sala de audiencias en fila, esposados y bajo una fuerte custodia por parte del personal del Servicio Penitenciario, en oposición a casos anteriores como el del prefecto Héctor Febrés, represor de la ESMA quien entró libremente detrás de una única persona que le indicó donde sentarse u otros genocidas que llegaron en taxi por gozar del privilegio del arresto domiciliario. “Eso es muy bueno” dijo Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo (LF) y precisamente vinculando el caso Febrés y su asesinato en diciembre de 2007, el abogado Yanzón pidió se informe de ahora en más sobre todas las visitas que los represores reciban en su lugar de detención para evitar consecuencias similares.
La audiencia comenzó con la información, brindada por Tassara en ejercicio de la presidencia del Tribunal –que rotará a través de sus tres miembros mientras dure la etapa de juicio oral  - en relación al proceso contra los militares Carlos Alberto Roque Tepedino, Mario Alberto Gómez Arenas, Enrique José Del Pino, los dos primeros Jefe y Sub Jefe del “601” y el ex oficial penitenciario Juan Carlos Avena por los crímenes vinculados a esa área del Ejército, que se iniciará una vez que haya sentencia en la causa en trámite en San Martín por los crímenes de los Centros Clandestinos de Detención que funcionaran en Campo de Mayo, atento a la identidad de imputados en ambas causas.
Acto seguido, se dio lectura al requerimiento de elevación a juicio elaborado por el Fiscal de Primera Instancia, en el que se señala el funcionamiento de los tres campos de concentración, características similares y el paso por ellos de los mismos secuestrados detenidos desaparecidos, además de idénticos represores. Esta situación fue denominada en el documento como parte de la “maquinaria del terror” y el “plan criminal global” engendrado por la dictadura.
Más adelante la requisitoria imputó a cada uno de los acusados, el ex Comisario Samuel Miara “Cobani” apropiador ilegal de los mellizos Reggiardo Tolosa; el ex integrante de la banda de Aníbal Gordon, Raúl Guglielminetti; el ex policía Julio Simón “Turco Julián”, y los demás represores Raúl González, Eufemio Uballes “Fuhrer”, Eduardo Kalinek “Dr. K”, Roberto Rosa “Clavel”, Juan Carlos Falcón “Kung Fu”, Luis Juan Donocik “Polaco Chico”, Oscar Augusto Rolón “Soler”, Eugenio Pereyra Apestegui “Quintana”, Juan Carlos Avena “Centeno” , Guillermo Cardozo, Ricardo Taddei y Enrique José Del Pino por los más de 180 casos de Privación Ilegal de la Libertad y Tormentos inferidos a militantes populares en las tres sedes del circuito represivo, señalando que todos ellos cumplían en los campos funciones de secuestradores e interrogadores bajo tortura de los detenidos.
En tanto, integrantes de distintos organismos de DDHH como Madres de Plaza de Mayo (LF), Familiares, la Liga, HIJOS y AEDD, junto con militantes de fuerzas políticas de izquierda y centro izquierda acompañaron con cánticos y vistiendo una remera alusiva con la inscripción “Yo me pongo la camiseta por el juicio y castigo” el devenir de la audiencia. Más temprano desde un escenario en el que participaron representantes de diversos organismos, centrales sindicales como la CTA y personalidades de la cultura y el espectáculo, habían dado su testimonio en apoyo a este nuevo juicio Taty Almeida de Madres (LF), Lita Boitano de Familiares y Agustín Cetrángolo y Carlos Pisoni de HIJOS.
Las próximas audiencias se realizarán en Comodoro Py 2002, Salón Auditorium los días lunes, martes y miércoles, desde las 9, y se calcula que prestarán declaración testimonial alrededor de cuatrocientas personas.


Sigue siendo No
Mientras la oposición hacia la explotación minera a cielo abierto crece y se manifiesta en ciudades de todo el país, las Universidades Nacionales continúan aceptando los fondos provenientes de La Alumbrera

(Analia Rodriguez – Red Eco) Santa Fe, Buenos Aires, Neuquén, Catamarca - El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Rosario decidió aceptar el dinero proveniente de la empresa minera La Alumbrera. Si bien un grupo de consejeros planteó el rechazo, el Consejo lo desestimó en base al dictamen de la comisión de Interpretación y Reglamentos que dijo que el dinero no puede ser rechazado ya que no se trata de un aporte a modo de donación, sino de un cargo dispuesto por ley. Es decir que sin hacer lugar a planteos éticos, basaron su decisión en la obediencia a una norma establecida en 1958. Se trata de la Ley 14.771 que dispuso la creación de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) constituida por el Gobierno de Catamarca, la Universidad Nacional de Tucumán y el Gobierno Nacional. Mediante esta ley también se definió que parte de las utilidades de  la empresa debían ser distribuidas entre el resto de las Universidades Nacionales. YMAD es parte de la sociedad que conforma La Alumbrera, minera que comenzó su explotación cerca de 40 años después de promulgada la ley.
Por otro lado en Bahía Blanca, los profesionales de la Universidad Nacional del Sur levantaron una carpa en la que, a través de proyecciones, conferencias y talleres, realizan un análisis crítico de las formas que adopta el discurso hegemónico y los nuevos  mecanismos de expropiación y dominio en torno a la megaminería a cielo abierto.  El objetivo es reflexionar sobre si es éticamente correcto recibir fondos de La Alumbrera ya que en breve la universidad deberá volver a discutir si acepta o no recibir alrededor de $900.000 de la empresa. El pasado 8 de abril el Consejo Superior Universitario de la UNS aprobó por mayoría, luego de un extenso debate, la aceptación de $ 1.215.511.- provenientes de las regalías mineras.
Mientras tanto en Neuquén se realizó, este ultimo martes, la cuarta marcha para decirle no a la minería tóxica a cielo abierto.
Según información que el gobierno hizo pública, en la provincia son 12 las áreas en etapa de cateo y exploración para realizar explotación minera a cielo abierto. Estas 12 áreas se ubican en los departamentos Añelo, Confluencia, Chos Malal, Minas, Pehuenches, Picunches, Picún Leufú y Zapala; es decir, gran parte del centro y norte de la provincia.
Lo que reclaman desde el Foro Permanente por el Medio Ambiente y otras organizaciones, es que se promulgue en esta provincia una ley que prohíba la minería contaminante ya que se trata de la única provincia de la región que todavía no cuenta con una regulación de este tipo.
Por otro lado en Tinogasta, Catamarca, los vecinos vivieron una jornada muy tensa el {ultimo martes cuando por la tarde una camioneta del proyecto Río Colorado en la que viajaban Carlos Buslaiman, representante de Jackson Minerals Ltd y cuatro jóvenes pagados por la empresa, ingresó al paraje La Higuerita manifestando una evidente provocación a las personas que estaban montando guardia en el campamento. Rápidamente se dio aviso a los vecinos autoconvocados, que una vez en el lugar, decidieron, que la camioneta con sus ocupantes debían permanecer junto al campamento hasta que la Fiscal Silvia Alvarez y/o el Intendente Municipal Simón Quintar y los Concejales Guillermo Sesto, Edgardo Reartes, Horacio Sierralta y Gustavo Díaz se hicieran presentes y escuchen el reclamo que se viene llevando en relación a la No explotación minera contaminante a cielo abierto.
Cerca de la una de la madrugada, y ante la negativa de la Fiscal, del Intendente y de los Concejales de escuchar el reclamo del pueblo, la asamblea decidió seguir en la misma modalidad, hasta que el representante de la minera  se comprometió públicamente a no regresar al predio. Más de ciento cincuenta automóviles acompañados por móviles policiales, regresaron, a las cuatro de la mañana a la ciudad en un bullicioso y estridente reclamo, para hacerle sentir a las autoridades el justo enojo por su total ausencia.
Fuentes: RENACE, ATEN, noalamina.org

Contra la represión una única salida, organización y lucha
Por decimocuarto año consecutivo, Correpi presentó su archivo de casos en los que da cuenta de la cantidad de personas asesinadas en manos de las fuerzas represivas del Estado.

archivo_de_casos_83_09_correpi_028.jpg(Cecilia Litvin – Red Eco) Ciudad de Buenos Aires. En 26 años de democracia suman 2826 los muertos por gatillo fácil o tortura en comisarías, cárceles e institutos de menores. Más de la mitad eran pibes pobres de menos de 25 años de edad. Sólo desde 2003, 1323 personas fueron asesinadas. Estas cifras dan cuenta de un promedio de 20 por mes. Es decir, un muerto en manos de las fuerzas represivas cada 28 horas.
Estos datos se conocieron el pasado 20 de noviembre, cuando la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) dio a conocer su informe anual que señala no solo la cantidad de casos de gatillo fácil y tortura en todo el país durante 2009, sino también un cuadro de situación de cómo hoy funciona la policía y la gendarmería, y de qué manera su conducta responde a políticas estatales.
Por el escenario montado sobre un camión estacionado en el corazón de Plaza de Mayo, fueron muchas las organizaciones que estuvieron presentes. Ya sea a través de adhesiones enviadas desde distintos lugares del país, como así también acercando unas palabras ante el micrófono. Entre las agrupaciones que hicieron oír su apoyo, estaban Movimiento Teresa Rodríguez La Dignidad, MTL Rebelde, Trabajadores Organizados para la Revolución, Ceprodh, Corriente de Estudiantes del Pueblo, APEMIA, Asambleas del Pueblo, Centro de Estudiantes del Colegio Carlos Pellegrini, Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Corriente Julio Antonio Mella, Junta Interna de Delegados de ATE-INDEC, HIJOS zona oeste. 

Discursos Coincidentes

Todos acordaron  en que no es un policía que se excede o una manzana podrida, sino toda una institución la que se encarga de reprimir. También hubo acuerdo en que no hay posibilidad de terminar con esta represión si no es cambiando el sistema capitalista que oprime y mata al pueblo.
En este sentido, Antonio Bitto del MTR 12 de Abril, se refirió a lo sucedido ese mismo día en Esteban Echeverría, cuando un grupo de personas que habían ido a reclamar frente a la municipalidad de Monte Grande por puestos de trabajo fueron fuertemente reprimidos. Además, 15 de ellos fueron detenidos y liberados al día siguiente con claros signos de haber sido golpeados dentro de la comisaría 1era de Monte Grande donde pasaron la noche.
Por el escenario pasó Tamara, representante de la Corriente Estudiantes del Pueblo (que trabaja en el profesorado Joaquín V. González, la Universidad de Buenos Aires y en la Escuela de Música Popular de Avellaneda). Tamara señaló que el gatillo fácil, las detenciones arbitrarias y la tortura son herramientas que utilizan los distintos gobiernos para mantener el control social.
También estuvo presente Juan Pablo Gelemur, abogado del Frente Antirrepresivo Marplatense, quien realizó una contundente descripción de la situación en su ciudad: “Venimos desde Mar del Plata conocida como la Ciudad Feliz, pero tenemos demasiados elementos para demostrar que eso es una gran mentira, porque somos 700 mil habitantes, donde 100 mil familias viven en emergencia habitacional. Mar del Plata es conocida como la capital del trabajo en negro y la desocupación, en esta situación están hoy más de 80 mil familias”.
“Este año el Frente se presentó por primera vez como querellante representando a la familia de Carlos Alejandro Suárez en un juicio por gatillo fácil, en el que quedó en evidencia que si es necesario aparece el Poder Judicial para garantizar la impunidad, sobreseyendo o absolviendo de culpa y cargo”, agregó Gelemur. Por último, denunció que el estado municipal para conceder puestos precarios de trabajo quiso hacer firmar a las organizaciones sociales y cooperativas de Mar del Plata un contrato que prohibía la movilización. Tal como leyó Gelemur, dicha cláusula decía: “Se encuentra terminantemente prohibido a las cooperativas celebrar reuniones asamblearias en ámbitos municipales, como así también pretender ejercer el derecho a manifestarse en el interior de cualquier delegación municipal”. 
Gustavo Lerer, delegado del Hospital Garrahan, se refirió a la cantidad de trabajadores que han sido procesados y enjuiciados por organizarse: “Con un grupo de compañeros estamos procesados y vamos a juicio oral; el Pollo Sobrero, dirigente ferroviario, el 9 de diciembre también va a juicio. Y hay más de 6 mil compañeros procesados por luchar contra el gobierno y la patronal”.
También subieron al escenario los amigos y el padre de Rubén Carballo, el joven que lucha por su vida tras ser brutalmente golpeado por la policía en la previa al recital del grupo Viejas Locas en el Estadio de Vélez.

Organización y lucha, a pesar del dolor

archivo_de_casos_83_09_correpi_010.jpgAl promediar el acto, varios familiares de víctimas de la represión policial institucional unieron sus voces para leer una declaración. Allí se refirieron a la importancia de organizarse, como así también a la impunidad con la que actúan las fuerzas represivas del estado y los distintos poderes de la nación. “Empezamos a luchar por justicia para nuestros familiares, pronto entendimos que ninguno murió por causalidad o por mala suerte, los que asesinaron a nuestros hijos o hermanos, a nuestros esposos y padres no son loquitos sueltos, son los ejecutores de una política del estado, los encargados de mantener las cosas como son, tienen la tarea de mantener la paz social a costa de la vida de los trabajadores. (…) Nosotros aprendimos de la peor manera que la justicia no es igual para todos, que no es lo mismo estar ante un juez si sos rico que si sos pobre, que si usan uniforme casi nunca van presos, hagan lo que hagan, para eso está el poder judicial para protegerlo y garantizar la impunidad”
Y agregaron “Porque cuando nos matan un pibe, para el asesino uniformado nunca hay mano dura, los jueces y los fiscales le buscan la vuelta y hablan de enfrentamiento, de accidente de armas que se disparan solas o de suicidios. Con la pelea constante a veces les torcemos el brazo y no les queda otro remedio que dictar una condena. Entonces van presos por un rato, en jaula de oro y apenas pueden los largan de nuevo a la calle. Pero también aprendimos lo importante que es organizarnos y seguir peleando, organizados podemos superar el miedo y entender mejorar la realidad. Aprendimos que nuestra lucha no es por una sentencia, aunque quisiéramos ver presos a todos los asesinos y torturadores, nuestra lucha es por la conciencia”.

Contra la represión

archivo_de_casos_83_09_correpi_031.jpgEl discurso de cierre estuvo a cargo de María del Carmen Verdú e Ismael Jalil, integrantes de Correpi. El eje estuvo en mostrar que la represión, adopte la forma que adopte, es siempre de clase y tiene la finalidad de garantizar y profundizar la explotación. Aseguraron que durante este año los trabajadores sufrieron un fuerte embate represivo como consecuencia de la crisis económica: “El gobierno y las empresas, autóctonas o multinacionales, respondieron de la única manera que pueden hacerlo para sostener su tasa de ganancia: suspensiones, aumento de tarifas, congelamiento de salarios, despidos, en una sola palabra, hambreando al pueblo. Y frente a la lógica, justa y necesaria organización de los trabajadores para defenderse, vino indefectiblemente un fuerte aumento en la represión”.
Verdú y Jalil afirmaron a lo largo de 2009 hubo un impresionante aumento en la aplicación sistemática del gatillo fácil, las torturas dentro de las cárceles, comisarías e institutos de menores, de las detenciones arbitrarias y de todas las herramientas que “complementan de la manera más sangrienta la política del aniquilamiento de la organización popular”. También remarcaron que continúan desapareciendo personas a las que se vio por última vez en comisarías o patrulleros. “Este año preguntamos a los gritos “Dónde están desaparecidos Omar Peralta, Jonathan y Ezequiel”, hasta que se encontraron sus cuerpos. Y seguimos preguntando “dónde están Luciano González y Luciano Arruga, dónde está Julio López y medio centenar más de desaparecidos en democracia.”
Para cerrar Verdú señaló que la plena vigencia de los derechos humanos no es una asignatura pendiente que la democracia no ha sabido o no ha podido resolver, sino que no puede haber otro sistema de libertades dentro del capitalismo: “No se trata una vez más de errores o de insuficiencia de voluntad política, no hay reforma que pueda modificar lo que es la naturaleza de las cosas. Frente a este panorama, que no puede ser diferente en las actuales condiciones materiales, cobra imperatividad nuestra consigna histórica: contra la represión, organización y lucha”, finalizó.

Día Internacional de la NO violencia contra la mujer
Deseamos que este día no tenga que existir. Pero existe y es lamentablemente útil para hacer visible una violencia que se cruza con tantas otras: la ejercida hacia la mujer, por el hecho de serlo.

(Red Eco) Argentina- Con marchas, presentación de informes y otras acciones se conmemoró ayer, el día en que la policía secreta del dictador dominicano Rafael Trujillo asesinó a las hermanas Mirabal.
Las tres militantes políticas - Patria, Minerva y Maria Teresa Mirabal- fueron asesinadas un 25 de noviembre de 1960. Para recordarlas, el Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, que se realizó en Bogota en 1981, propuso esta fecha como el Día Internacional de Lucha contra todas las formas de Violencia sobre la Mujer.
En este contexto, el Instituto de Estudios Jurídicos Sociales de la Mujer (Indeso) de Argentina presentó un relevamiento en el que se remarca que durante los primeros 10 meses del año se cometió 1 feminicidio cada 36 horas.
Noemí Chiarotti, coordinadora de Indeso, explicó a FM La Tribu que se considera feminicidio a "todo homicidio cometido contra una persona por el sólo hecho de ser mujer y que en general son cometidos por conocidos de la víctima: parejas, ex parejas, novios, esposos, padres, hermanos, etc.”
El estudio se realizó a partir del relevamiento de los casos de asesinatos contra mujeres publicados en diarios y portales de noticias de todas las provincias. En total se registraron 204 feminicidios, de los cuales el 93% fueron imputados a algún conocido de la víctima. A la vez, casi en la mitad de los casos los acusados fueron las parejas y ex parejas de las mujeres asesinadas.
Al no existir datos oficiales, distintas organizaciones de mujeres investigan sobre el tema a partir de información extraída de diarios.
La Asociación Civil La Casa del Encuentro presentó el Informe de “Investigación sobre Femicidios en Argentina” en el que registraron los casos de asesinatos de mujeres por violencia sexista.
Por la forma en que se recolecta la información, no se contemplan casos en los que la partida de defunción declara muerte por paro cardiorrespiratorio u otro causal, sin mencionar el móvil sexista y por lo tanto invisibilizando la violencia que generó el cuadro traumático, mujeres que permanecen internadas con pronóstico reservado, mujeres que mueren por abortos clandestinos.
De esta forma, los estudios muestran sólo una proporción del problema o, como aclara Chiarotti “un montón de casos pasan como homicidios culposos”. “Es decir éste [informe] es el piso, yo considero que hay muchísimos más casos”, agrega.
También conmemorando este día, se realizó una marcha en Buenos Aires en la que cientos de mujeres y hombres se dirigieron desde Congreso hasta Plaza de Mayo. Participaron de la movilización organizaciones feministas, partidos de izquierda, movimientos sociales, estudiantiles y sindicales, entre otros.
Bajo la consigna “cuando una mujer dice no, es no!” se llevó a cabo una movilización en la ciudad de La Plata y una jornada cultural por Sandra Ayala Gamboa, asesinada en febrero de 2007 y cuyo cuerpo fue encontrado en el ex Archivo de Rentas del Ministerio de Economía (hoy ARBA) de la capital bonaerense.
Además, la Red Nacional de Medios Alternativos, realizó una emisión especial de radio y TV desde Mendoza, en la que el Noticiero Popular y el Colectivo La Minga transmitieron desde la marcha que se realizó en esa provincia. Estuvieron en contacto también con compañeros que estaban participando de las actividades que se realizaron en Córdoba, Neuquén, Tucumán, Entre Ríos y Buenos Aires.
Porque No es crimen pasional, es violencia contra la mujer.
Fuentes: AnRed, Pulsar, FM La Tribu.


BREVES

Juicio oral por gatillo fácil
Es por el homicidio de Luis Maidana cometido en 2004 por un grupo de calle de la comisaría de Pacheco.

Las audiencias comenzaron ayer en el Tribunal Oral número 4 de San Isidro. Allí se juzga a Sergio Daniel Romero, Hugo Carranza y Carlos Rivero, quienes el 27 de octubre de 2004 asesinaron a Maidana de tan solo 20 años. Los efectivos también son acusados de apremios ilegales y hechos de corrupción
Según los testigos, los policías circulaban sin uniforme y en un auto particular. Frenaron en la puerta de la casa de Luis, quien estaba junto a primos, hermanos y amigos en la vereda. Desde la ventana del vehículo, los policías comenzaron a disparar. Luego se bajaron y corrieron a Luis hasta los fondos de la viviendo en donde lo mataron delante de sus hermanos más pequeños.
Los policías, encubiertos por personal de la comisaría, no dejaron ingresar a la ambulancia, ni permitieron que Luis fuera atendido mientras aún estaba con vida. Además, intentaron borrar todas las huellas, omitiendo información en los peritajes. Como si esto fuera poco iniciaron una persecución hacia la familia, deteniendo por averiguación de antecedentes y maltratando a los hermanos menores de la víctima en decenas de oportunidades y amedrentando a otros testigos.
Los policías, encubiertos por personal de la comisaría, no dejaron ingresar a la ambulancia no permitiendo que Luis fuera atendido mientras aún estaba con vida. Además, intentaron borrar todas las huellas, omitiendo información en los peritajes. Como si esto fuera poco iniciaron una persecución hacia la familia, deteniendo por averiguación de antecedentes y maltratando a los hermanos menores de la víctima en decenas de oportunidades y amedrentando a otros testigos.
Las persecuciones se incrementaron al acercarse el inicio del juicio, ya que pese a las pruebas contundentes existentes en la causa, los efectivos siguen activos en la zona, no han sido detenidos, ni siquiera dados de baja.
Se espera que en este proceso declaren catorce testigos directos. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos patrocina a Silvia Mabel Fernández, madre de la víctima.

Jornada en Defensa de Nuestros Derechos
Es para reclamar que se cumpla con el libre acceso, dispuesto por la justicia, al Lago Escondido, ubicado en la provincia de Río Negro.

En julio pasado, el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro dictó una resolución para que se garantice el libre acceso al Lago Escondido, por el camino que comienza en el paraje Tacuifí, para dar cumplimiento con el artículo 73 de la Constitución Provincial, que “asegura el libre acceso con fines recreativos a las riberas, costas de los ríos, mares y espejos de agua de dominio público…”.
Los magistrados fijaron un plazo de 120 días para habilitar el camino ya existente con obras viales y de señalización.
Pero a pesar de este fallo, declaraciones de distintos funcionarios provinciales hacen pensar que defienden los intereses privados por sobre el interés general público, la constitución provincial, y el código civil.
Cabe recordar que quien está interesado en estas tierras es el magnate inglés Joe Lewis, uno de los multimillonarios más poderosos.
Es por esto que los ciudadanos se movilizan para exigir y garantizar que el Ejecutivo provincial cumpla con las leyes y el fallo judicial.
El abogado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la organización Comunidad del Limay, Rubén Marigo, pidió en representación de las organizaciones que la justicia garantice la seguridad durante la movilización. Los vecinos temían que la jornada se viera empañada por ataques de patotas u otros grupos organizados, como ya ha ocurrido en marzo pasado.
La convocatoria es en el paraje Tacuifí, sobre la Ruta 40. Allí, desde el sábado 28 y hasta el domingo 29 se realizará un campamento con fogón, guitarreada y asado para compartir. El domingo a partir de las 11, comenzará la “Jornada en Defensa de Nuestros Derechos”
Más información: 02944-441-942 / 02944-525-574 / 02944-15-359-302 / patasg@hotmail.com

Para que el Congreso abra los cajones
Organismos de Derechos Humanos le pidieron a senadores y diputados que traten el proyecto que pide la tipificación del delito de Desaparición Forzada de personas.

En la carta enviada a los legisladores nacionales, las organizaciones explican que la iniciativa fue tratada y aprobada en la Cámara Baja en 2007, pero que hoy ha perdido estado parlamentario, a pesar de que aún existen más proyectos para evaluar.
Además, recuerdan que la Argentina ha ratificado en 2007 su membresía a la Convención Interamericana contra Desaparición Forzada de Personas, que cuenta con jerarquía constitucional, por lo que debe otorgársele el cumplimiento correspondiente a su relevancia.
El artículo III de dicha Convención compromete a los Estados a generar y adaptar las herramientas legislativas “para tipificar como delito la Desaparición Forzada de Personas, y a imponerle una pena apropiada que tenga en cuenta su extrema gravedad”.
Los organismos son la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Herman@s de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Servicio Paz y Justicia. Ellos aseguran que la definitiva aprobación de la tipificación sería una herramienta imprescindible para la lucha contra la impunidad.

Salud pro – vulnerable
Los trabajadores del Ministerio de Salud de la Ciudad manifestaron ante la Legislatura su preocupación por lo que consideran una grave situación instituciona.

En una carta enviada a la Comisión de Salud del parlamento porteño, los empleados del Ministerio (profesionales, técnicos y administrativos) denunciaron la implementación intempestiva e inconsulta de un sistema centralizado de compras, tercerizado en una empresa privada (que casualmente está vinculada a la familia del jefe de Gobierno, Mauricio Macri). Además de recortes presupuestarios, que desencadenaron el desabastecimiento progresivo de insumos básicos en hospitales y centros de salud.
En este sentido, la Defensora del Pueblo de la Ciudad, Alicia Pierini, reclamó al gobierno porteño que solucione en forma urgente los numerosos casos de interrupción de tratamientos a pacientes internados hospitales de la ciudad, a raíz de la falta de provisión de medicamentos.
Los trabajadores del Ministerio afirman que desde el inicio de la gestión PRO se fue desarticulando la red de atención primaria de la salud. Además señalan que durante este año el ministro Jorge Lemus y su gabinete se mudaron a un nuevo edificio en Monasterio y Amancio Alcorta. Pero el traslado de los distintos programas que lleva adelante esta cartera se está realizando en forma arbitraria y desordenada.
Por ejemplo, varios directores de programa fueron intimados verbalmente a “buscarse un lugar”, como sea y donde sea.
Algunos programas ya han sido “mudados”, pero otros están en espera. Tal es el caso del Programa de la Coordinación Sida que, por el momento, es “inubicable”, debido a que está formado por un equipo de más de 20 personas que trabajan articulando acciones con organizaciones de la sociedad civil y que tiene la responsabilidad de organizar la logística de distribución de medicamentos para 9.000 personas con VIH que se atienden en los hospitales de la ciudad.
Es por todas estas irregularidades que los trabajadores le piden a los legisladores que intervengan para revertir esta grave situación institucional.

Agenda
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