NACIONALES - Red Eco Alternativo - Jueves 6 de octubre de 2011
año 13 - número 38 Jueves 6 de octubre de 2011
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NACIONALES

Escrache de los trabajadores de LV2 al dueño de la radio
Ayer, los trabajadores de LV2 se movilizaron, junto a los dirigentes del sindicato de prensa de Córdoba, la Cispren, hacia la localidad de Monte Maíz, ciudad del sudeste cordobés donde vive, y tiene una empresa constructora, el dueño de la emisora, Walter Rubino.
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Juicios y Perversiones
Cuatro represores fueron condenados a cadena perpetua en Mendoza, y otros siguen siendo juzgados en La Plata, San Juan y Paraná. Pero mientras los juicios avanzan, lentamente, los organismos de derechos humanos continúan luchando para que el gobierno bonaerense no transforme en Museo de la Memoria el CCD “Destacamento de Arana”, antes de que finalice la investigación judicial y el trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense.
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Acampe jujeño en la Avenida 9 de julio por reclamos de tierras
Voceros de miles de familias jujeñas autoconvocadas, acampan desde el 25 de septiembre en la Avenida de Mayo y 9 de Julio. Reclaman ser atendidos por autoridades nacionales y exigen que se cumpla la entrega de tierras a todos los asentamientos en la provincia.
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Organizaciones ambientales exigen información sobre la Cuenca Reconquista
El pedido fue hecho por integrantes del Consejo Consultivo de la Cuenca Reconquista hacia las autoridades del Organismo provincial para el Desarrollo Sustentable (OPDS) y el Comité de Cuenca del Río Reconquista (COMIREC)
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Culpables de Genocidio y Ecocidio
El Tribunal Popular del “Juicio Ético y Popular a las Transnacionales de la Triple Frontera” realizado entre el jueves y sábado pasado en la localidad de Wanda, provincia de Misiones, declaró Culpables de Genocidio y Ecocidio a las empresas Alto Paraná, Cargill y Monsanto.
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Breves

Otra vez, TBA y el glifosato
La empresa Trenes de Buenos Aires continúa usando glifosato alrededor de las vías, a pesar de las innumerables denuncias en su contra.
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10 años de FaSinPat: Zanón es del pueblo

En 2001 un grupo de trabajadores de la cerámica Zanon decidió tomar la fábrica en resguardo de las fuentes de trabajo, luego del vaciamiento de la patronal. El sábado 8 de octubre se realizará un festival solidario del que participarán las bandas Bersuit Vergarabat y Arbolito para celebrar los 10 años en manos de los trabajadores.
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Emocionante homenaje a Elías Moure
El viernes 30 de setiembre fue distinguido, en la Legislatura porteña, por su vida dedicada a la lucha de los derechos humanos de los jubilados. Con sus vitales 75 años, Elías Moure continúa batallando por el 82 % móvil en las más de 1000 marchas junto a sus compañeros y compañeras.
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Protesta Artística Callejera por una Democracia Directa y Participativa
Diversas organizaciones sociales, políticas y culturales realizarán actividades en diversas plazas, para manifestarse respecto a los límites de la democracia representativa y la vocación de la ciudadanía por participar en los procesos decisivos del país.
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Escrache de los trabajadores de LV2 al dueño de la radio
Ayer, los trabajadores de LV2 se movilizaron, junto a los dirigentes del sindicato de prensa de Córdoba, la Cispren, hacia la localidad de Monte Maíz, ciudad del sudeste cordobés donde vive, y tiene una empresa constructora, el dueño de la emisora, Walter Rubino.

(Red Eco) Córdoba- Allí escracharon al propietario del medio quien abandonó la empresa adeudando a los trabajadores de la emisora, cuatro meses de sueldo y el medio aguinaldo; además de no realizar los aportes de jubilación y de obra social.
walter_rubino_buscado.jpg Como parte de la jornada de protesta, realizaron una caravana con volanteada por las calles de una ciudad poco acostumbrada a los bullicios. El objetivo fue mostrar a sus vecinos quién es Rubino, un inescrupuloso  empresario, que no paga los sueldos y que tampoco le interesa la continuidad de la fuente laboral de más de sesenta familias. Luego se trasladaron hasta la entrada de su empresa IVECOR, desde cuyo predio los vigilaba una fuerte presencia policial.
Los trabajadores volvieron a plantear que además del empresario, hay responsabilidad en la crítica situación que están viviendo –por inacción u omisión- de las autoridades de la Secretaría de Trabajo de la Provincia de  Córdoba y también de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) por ser el organismo que debe regular la actividad de la radiodifusión en el país.
“Pese a que desde hace meses los directivos locales y nacionales del AFSCA conocen la situación de LV2, nada hicieron para lograr una solución. Ante las reiteradas violaciones a la ley por parte de las autoridades de LV2, jamás aplicaron las sanciones previstas en la misma”, afirman desde el sindicato.
El conflicto lleva ya varios meses. En junio de este año los trabajadores comenzaron con retención de tareas por atraso en los salarios. Entonces la medida se extendió, por los mismos motivos, al diario La Mañana (también de Rufino) cuya edición, por primera vez en 14 años, no salió a la calle.
Gustavo Manzanelli, secretario de organización de Cispren y trabajador de LV2, declaró que cuando ya llevaban tres semanas de la medida de fuerza: “Nosotros no vamos a abandonar esta lucha hasta que el señor Rubino aparezca a dar respuesta, que dé la cara y que pague lo que nos debe”.
Los trabajadores denunciaron que la emisora está impedida de operar comercialmente porque carece de la clave fiscal que casualmente sigue en manos de Ignacio Soba Rojo, representante de la firma DELOME S.A., vinculada al ex secretario de Transporte de la Nación durante la presidencia de Néstor Kirchner, Ricardo Jaime. El ex funcionario es investigado por la justicia debido a su incremento patrimonial, que fue de casi un 400 % durante su gestión frente a la cartera pública. Los trabajadores también denuncian a Rubino, como presunto testaferro de Jaime. El empresario es además propietario de “IVECOR” y “AP”.
En julio de este año, Rubino abandonó la emisora junto con quienes eran parte de la administración, dejándola acéfala. Recientemente, se hicieron presentes Raúl Savino y Luis Ortiz, quienes dicen ser los representantes de nuevos dueños, para lo cual exhibieron un poder otorgado por Pablo Faltraco, presidente del directorio de Radiodifusora Mediterránea (titular de las frecuencias de LV2 - A.M. 970 - y F.M. 99.7). La presunta venta no fue acreditada ante la Secretaría de Trabajo ni el AFSCA.
Los supuestos nuevos dueños se comprometieron en setiembre a pagar la mitad de lo adeudado pero no lo hicieron.
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“La Secretaría de Trabajo asiste de manera contemplativa a la sucesión de mentiras e incumplimientos de los empresarios sin involucrarse de manera activa en la búsqueda de una solución”, afirman los trabajadores. Esta inacción de la cartera laboral no se verifica en otros conflictos provinciales como los paros del transporte urbano, del transporte de corta y media distancia, o de los empleados municipales, casos en que actúa con premura para que las partes lleguen a un acuerdo.
La situación de  LV2 fue informada al ministro de Economía y candidato a la vicepresidencia de la Nación por el kirchnerismo, Amado Boudou. Los trabajadores le hicieron entrega en mano de un resumen de lo que sucede, pese a lo cual tampoco hubo gestiones del gobierno nacional tendientes a terminar con esta injusticia.
Los trabajadores de LV2 exigen que los poderes del Estado tanto nacional como provincial intervengan y obliguen a la patronal a hacerse presente y regularizar la situación. Mientras, continúan viviendo una situación de incertidumbre sobre su futuro laboral cuando la radio más antigua del interior del país, con 84 años de existencia, hace una semana que no sale al aire.

Fuente y fotografía: Prensared  www.prensared.com.ar


Juicios y Perversiones
Cuatro represores fueron condenados a cadena perpetua en Mendoza, y otros siguen siendo juzgados en La Plata, San Juan y Paraná. Pero mientras los juicios avanzan, lentamente, los organismos de derechos humanos continúan luchando para que el gobierno bonaerense no transforme en Museo de la Memoria el CCD “Destacamento de Arana”, antes de que finalice la investigación judicial y el trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense.

comunicado_abuelas.jpg(Red Eco) – Argentina - El Tribunal Oral Número 1 de la ciudad de Mendoza condenó a prisión perpetua a los ex policías Celustiano Lucero y Luis Alberto Rodríguez Vázquez, al ex comisario Eduardo Smaha, y al ex comisario general Juan Agustín Oyarzábal. En tanto, el ex teniente Dardo Migno recibió 12 años de prisión, mientras que el ex jefe de inteligencia Paulino Enrique Furio fue absuelto. Los jueces los consideraron culpables de secuestros, torturas y asesinatos, “delitos de lesa humanidad”, “cometidos en el contexto del delito internacional de genocidio”. Las víctimas: Francisco “Paco” Urondo, Alicia Raboy, Ángel Bustelo, Salvador Moyano, Jorge del Carmen Fonseca, Ricardo Sánchez, Nora Jurado, Rafael Olivera y Aníbal Torres.
Además, los magistrados ordenaron que las penas se cumplan en cárceles del Servicio Penitenciario Federal, revocando los beneficios de excarcelación y arrestos domiciliarios que gozaban algunos de los represores.
Para los próximos meses está previsto que comiencen juicios orales en distintos puntos del país, como Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Neuquén, Córdoba, Tucumán y nuevamente Mendoza. Actualmente, continúan los procesos en Paraná, San Juan y La Plata. En este último caso, esta semana declaró, en instancia de indagatoria, el genocida Miguel Etchecolatz. Dijo tener datos y elementos de prueba sobre el destino de Clara Anahí Mariani, nieta de María Isabel “Chicha” Chorobik de Mariani, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo. Sin embargo,  no aceptó preguntas de las partes por lo que todo quedó en una clara provocación. Chicha consideró que la actitud del represor fue perversa.
Etchecolatz formó parte del operativo realizado el 24 de noviembre de 1976 en la casa de la calle 30 n° 1134 de La Plata, donde fueron asesinadas Diana Teruggi, nuera de Mariani, y cuatro compañeros de militancia. En ese operativo, fue llevada con vida la beba de 3 meses, hija de Diana y de Daniel Mariani, hijo de Chicha.
En diálogo con Radio Estación Sur, Chicha dijo que no tiene dudas de que Etchecolatz sabe el destino de su nieta: “Él estaba ahí arriba del techo de los vecinos con otros policías. Sabía todo lo que pasaba, estuvo ahí junto con Camps arriba del techo, en pleno ataque a la casa, yo sé que sabe, tiene la obligación de saber porque era uno de los jefes (…) Es como el puñal final que hunden en el corazón de una persona”.
Las audiencias por los delitos cometidos en el denominado “Circuito Camps” se retomarán el próximo martes, día en el que se proyectarán las declaraciones filmadas de Julio López y Adriana Calvo.
En el caso de López, se trata de sus palabras de junio de 2006 cuando relató cómo fue torturado por el mismo Etchecolatz y cómo fue el asesinato de Patricia Dell’Orto y Ambrosio de Marco. Recordó cómo Patricia pedía que no la mataran porque quería criar a su pequeña hija Mariana. Julio está desaparecido, por segunda vez, hace poco más de cinco años, quienes lo secuestraron quisieron castigarlo, acallarlo, pero la fuerza de sus palabras volverá a colmar la sala de audiencias la semana que viene. Al igual que lo harán la palabras de Adriana Calvo, co-fundadora de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos fallecida en diciembre pasado. Se escuchará el testimonio que Adriana, sobreviviente junto a su hija Teresa del Circuito Camps, dio en el juicio contra el ex capellán genocida Christian Von Wernich. Según indica un comunicado de  Justicia Ya!, allí Adriana “explicó la lógica represiva en la provincia de Buenos Aires y reclamó que se unificaran las causas para terminar con la estrategia judicial de desdibujar la magnitud del genocidio que se perpetró en nuestro país. Denunció, además, el fraccionamiento de las causas y el insignificante número de procesados implicando la no voluntad política de condenar a cada uno de los represores que actuaron en los campos y hacerlo sólo a las cúpulas y cadenas de mandos. Exigió (…) que se condene a cada uno de los represores que actuaron en los CCDs por los delitos cometidos a todos los compañeros”.
Desde la AEDD, junto a otros organismos de derechos humanos, convocan a presenciar este martes la audiencia en la sede de la ex Amia, ubicada en calle 4 entre 51 y 53, La Plata, a las 12.
Así como Chicha Mariani consideró perversa la actitud de Etchecolatz, el mismo calificativo le cabe a la intención del gobierno de la Provincia de Buenos Aires de crear un “Museo de la Memoria” en donde funcionara el Centro Clandestino de Detención “Destacamento de Arana”, terreno en el que aún continúa trabajado el Equipo Argentino de Antropología Forense, cuyos integrantes hallaron en 2008 restos humanos de detenidos-desaparecidos. Desde hace ocho años, la causa judicial por delitos cometidos en el CCD Arana se encuentra todavía en etapa investigativa.
Desde Justicia Ya! La Plata exigen que el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, ordene el inmediato desalojo del Destacamento de Policía en Arana, para garantizar la desafectación completa del predio de presencia policial y la consecuente preservación de pruebas judiciales realizadas y pendientes; como así también se implementen las  medidas necesarias para la concreción de todas las acciones de investigación dentro de la totalidad del predio para verificar la existencia de restos humanos. Reclaman además que se impida el ingreso de cualquier tipo de público (funcionarios, público general, medios de comunicación, etc.) a los sectores del predio en los que se hallaron restos humanos: “La mera posibilidad de ´visitas´ y ´recorridos´ para la exhibición de los restos humanos de los compañeros detenidos-desaparecidos que allí fueron asesinados constituye en sí una gravísima afrenta. (…) Expresamos nuestro más enérgico repudio a cualquier proyecto de memorialización que implique la convivencia con las fuerzas represivas y la exhibición de restos humanos”, manifestaron.
Mariana De Marco, cuyos padres Patricia Dell’Orto y Ambrosio de Marco fueron asesinados en el Pozo de Arana, escribió una reflexión sobre la intención del Ejecutivo Provincial de acelerar la realización del Museo de la Memoria. Vayan estas palabras a la espera de que también le lleguen a las autoridades que deberían privilegiar los derechos humanos y no las apetencias electoralistas: “(…) Siento que con estas obras se obstaculiza el correcto trabajo del EAAF. Siento que en lugar de preservar y favorecer la recuperación y reconocimiento de restos, las posibilidades disminuyeran. Siento que entornaran la puerta que estaba abierta. Como familiar quisiera que el Estado me asegurara que se utilizan todos sus recursos para, en este caso, encontrar los restos de mis padres, entre otros detenidos desaparecidos fusilados en Arana. Que me aseguraran que existe conciencia y cuidado para que eso ocurra. Sólo pedimos tiempo. Ni siquiera tanto como el que nos lleva como familiares seguir recorriendo este camino. Pedimos el tiempo necesario para que los juicios terminen. Pedimos el tiempo necesario para que los responsables tengan su condena. Pedimos el tiempo necesario para que los restos aparezcan, para que sean reconocidos. Para que los fusilados en el Destacamento recuperen su identidad, y nosotros, los que quedamos, podamos llenar alguno de nuestros vacíos”.
Fuentes: Justicia Ya! La Plata / Radio Estación Sur / Farco
Acampe jujeño en la Avenida 9 de julio por reclamos de tierras
Voceros de miles de familias jujeñas autoconvocadas, acampan desde el 25 de septiembre en la Avenida de Mayo y 9 de Julio. Reclaman ser atendidos por autoridades nacionales y exigen que se cumpla la entrega de tierras a todos los asentamientos en la provincia.

(Noelia Carrazana – Red Eco) Jujuy – Ciudad de Buenos Aires - No es una novedad la falta de interés por parte del Estado argentino a la hora de otorgar títulos de propiedad tanto a aborígenes como a campesinos, para que ellos puedan así resguardar su forma de vida. Esto se puede observar al analizar las metas del Plan Estratégico Alimentario y Agroindustrial 2020, presentado por Cristina Fernández, que prevé aumentar la producción de granos a más de 150 millones de toneladas anuales para el 2020, y montos exportables de carnes superiores al millón de toneladas para la próxima década. Todos cultivos y formas de producción que indican que el proyecto económico nacional es profundizar el modelo agroexportador de monocultivo de los últimos años, que beneficia al país por el costo de los comodities, pero que es altamente perjudicial para las pequeños agricultores campesinos e indígenas porque para ampliar la producción de granos se necesita tierra, y es por esto que se va por la tierra que no cuenta con títulos de propiedad.
Este reclamo de los jujeños sigue en la línea de mostrar la pobreza que se va profundizando en provincias que antes vivían del minifundio o que trabajaban para terratenientes de mediana escala. Hoy por la introducción del monocultivo y la tecnología, esa mano de obra está cada vez más sin posibilidades de volver al mercado laboral. A fines de julio, Jujuy estuvo en los titulares porque cuatro personas encontraron la muerte en un reclamo por viviendas a la empresa Ledesma, se dijo que desde el Estado se iba a solucionar el problema habitacional, pero desde allí comenzaron a alzar su voz otros sectores.
En el diario El Libertario de Jujuy, manifestantes indicaron que “en un principio, los delegados (que viajaron a la Ciudad de Buenos Aires) eran 23, pero que diez tuvieron que regresar a Jujuy debido a que en Monterrico, Perico y otros puntos de la provincia, las familias que ocupan terrenos están sufriendo hostigamientos. (…)Los intendentes mandan a patotear a la gente”.
Este reclamo, dicen, es para que se haga visible el conflicto y se cumpla con la entrega de tierras a todas las familias, ya que existe el programa “Un lote para cada familia jujeña que lo necesite”. Programa que se implementó a mediados de agosto, luego de la toma de tierras del 28 de julio en la localidad de Libertador Gral. San Martín, donde fueron asesinadas cuatro personas.
Los acampantes también piden que cesen las amenazas, persecuciones, cooptación e intento de manejarlos a través de intermediarios. Los delegados, además, han denunciado que en Jujuy se manifiesta una fuerte censura y desinformación para ocultar lo que está sucediendo.
Estas personas se mantienen gracias al apoyo de vecinos de la Ciudad de Buenos Aires y de organizaciones de derechos humanos, ya que hubo un intento de desalojo de los jujeños el lunes pasado, operativo del que formaron parte tanto la Policía Federal como la Metropolitana. En la madrugada del martes, efectivos de la Federal evitaron que se armaran más carpas e intentaron que la prensa no tome imágenes de los hechos. Los uniformados cedieron ante la presencia de cámaras de televisión y se quedaron expectantes con gran cantidad de efectivos en toda la zona.

¿Qué pasa en Jujuy?
Mientras esto ocurría en la Ciudad de Buenos Aires, en Jujuy Milagro Sala encabezó ayer una toma pacífica del Instituto de la Vivienda provincial, y cargó duro contra el gobierno local en reclamo de la entrega de lotes.
Los representantes de San Salvador de Jujuy, Perico, San Pedro de Jujuy y otras localidades ubicadas al este y norte de la provincia fueron los que se manifestaron junto a la dirigente Milagro Sala, de la organización barrial Túpac Amaru, quien dio una rueda de prensa en el edificio ocupado, en la que sostuvo: “El Gobierno provincial no cumplió con la promesa de hace 45 días de limpiar los terrenos e iniciar la construcción de los lotes. Muchos jujeños pusimos paños fríos y ayudamos a que haya paz social en esos momentos, pero parece que el gobierno y los funcionarios no han medido las consecuencias”.
En desacuerdo al liderazgo que mantiene Sala en Jujuy, una manifestante dijo que  “Milagro es la que tiene todas las viviendas y se la da únicamente a su gente. O sea, tenemos que pasar a ser matones de ella para poder tener algo”.
Aparentemente para entregar viviendas se está pidiendo la presentación de recibo de sueldo, lo cual es ilógico teniendo en cuenta que en el país sobre 11,3 millones de asalariados, casi 4,1 millones de empleados trabajan en negro, es decir que uno de cada 3 trabajadores está en negro. Y en el caso de Salta y Jujuy, el Ministerio de Trabajo informó que cerca de la mitad de los 1296 trabajadores que encontró ocupados en establecimientos rurales se encontraban en negro. Por lo tanto, un gran porcentaje de jujeños no puede cumplir con los requisitos que el gobierno provincial está pidiendo y demás está decir que seguramente son los mas necesitados de acceder a una vivienda.
Otro manifestante de la Avenida 9 de julio, quién por miedo no quiso dar su nombre, dijo: “Lo que queremos es que se haga pública la situación en Jujuy. Cuando vamos a reclamar, nos dicen que es mentira, que no pasa nada. Estamos en Buenos Aires de casualidad. No sabemos cómo hicimos para escaparnos desde allá para poder manifestar lo que está pasando”, aseveró.
“Estamos en Buenos Aires desde hace una semana, y gente del gobierno nacional se ha burlado de nosotros porque nos dijeron que nos iban a recibir y no es así. Ahora nos mandan a la policía a apretarnos y amenazarnos de que nos va a hacer causas”, señaló y denunció que medios oficialistas  no los quieren recibir y los están censurando porque no quieren que se sepa lo que pasa en Jujuy.
Comunidades indígenas de la Puna jujeña también se movilizarán el próximo lunes, realizarán un corte de ruta en la Quebrada de Humahuaca porque nos les entregan sus títulos de propiedad. El corte se llevará adelante a dos días del 12 de octubre, primer día del comienzo de la resistencia de los pueblos de América.
En diálogo con la radio La Voz de Cerro, las comunidades manifestaron: “Hemos cumplido todos los requerimientos del Programa de Regularización y Adjudicación de Tierras a Poblaciones Aborígenes de Jujuy (PRATPAJ) pero los títulos que nos corresponden no aparecen”.
El dirigente Jorge Mamaní aseguró que “las comunidades tienen ya la mensura, todos requerimientos que desde el año ’96 les exige la provincia. Hasta el día de hoy no se entregan esos títulos comunitarios”. Mamaní destacó que “el programa PRATPAJ de regularización de tierras fiscales para comunidades indígenas nació en 1996. Se firmó el convenio y se trabajó por más de 10 años hasta el 2008: “En el 2006 nosotros ya habíamos cortado la ruta, en agosto, en el segundo Malón de la Paz en Purmamarca, con la promesa del (entonces) gobierno de (Eduardo) Fellner de entregar los títulos comunitarios. Esa promesa de Fellner se esfumó y hasta el día de hoy seguimos esperando la voluntad política de tener los títulos comunitarios”.

Fuentes: FARCO / Plan B noticias / El Libertario.com.


Organizaciones ambientales exigen información sobre la Cuenca Reconquista
El pedido fue hecho por integrantes del Consejo Consultivo de la Cuenca Reconquista hacia las autoridades del Organismo provincial para el Desarrollo Sustentable (OPDS) y el Comité de Cuenca del Río Reconquista (COMIREC)

(Red Eco) Buenos Aires - Se dio en el marco de la audiencia realizada el 3 de octubre con José Molina, -que dirige el OPDS y el COMIREC- donde lxs asistentes reclamaron por los procedimientos de estos organismos, como anuncios de nuevas obras mientras que los consejos consultivos no pueden acceder a la información sobre su realización,  falta de mapeos de vuelcos industriales sobre la cuenca y falta de datos sobre nuevos emprendimientos en la misma.
De este modo, los organismos que componen el Consejo Consultivo, además de la realización de estos reclamos, comenzaron a enviar pedidos formales de acceso a la información relativa a la Cuenca Reconquista y a obras que puedan hacerse e impacten en ella. Un documento realizado por algunas organizaciones pide al OPDS y al COMIREC que informen sobre un Parque Industrial que comenzó a construirse en el partido de Moreno -en el oeste del Gran Buen Aires- sobre la ribera del río Reconquista.
En el documento sostienen que es fundamental que cada ciudadanx de la sociedad pueda tener conocimiento de la información ambiental, y destacan la importancia de garantizar el acceso a ella debido a que "constituye un requisito esencial para que la sociedad conozca, comprenda y participe en las decisiones que puedan afectar su propia calidad de vida y la de las futuras generaciones".
Al exponer el caso del Parque Industrial de Moreno, las organizaciones expresan su preocupación por el impacto negativo que podría ocasionar dado que un sector del predio industrial tendría lugar sobre el humedal del río. Cabe destacar que los humedales (superficies cubiertas de agua) son de vital importancia por los procesos que realizan en un ecosistema y la diversidad biológica que contienen. Por ejemplo, favorecen la mitigación de las inundaciones, la erosión costera, y conforman hábitats críticos para especies en peligro de extinción.
En este sentido, afirman que se desconoce dónde serán volcados los residuos industriales y bajo qué condiciones, por lo que consideran que hay una situación de peligro ambiental. Además, revelan que el estado de contaminación de gran parte de la Cuenca Reconquista se debe a las prácticas realizadas por las empresas, (basurales clandestinos a cielo abierto, efluentes domiciliarios e industriales volcados sin depuración ni saneamiento alguno, entre otras) lo cual podría repetirse en el nuevo Parque Industrial de Moreno.
Dados los antecedentes de contaminación de la cuenca, las organizaciones plantean que existe una “absoluta falta de datos y documentación” sobre el complejo industrial que se construiría en una zona que actualmente cuenta con gran volumen de biodiversidad. Resaltan que la cantidad de especies no es la misma que habitaba hace años y que las que sobreviven deben ser protegidas.
Además, el documento traza una serie de cuestiones relativas a los controles previos de la zona y a la instalación del parque. Por ejemplo, solicitan conocer las características del complejo y si el mismo fue evaluado y autorizado por el COMIREC. También solicitan conocer qué tipo de industrias se instalarán en ese parque y qué categoría de contaminación poseen, así como también piden información sobre los residuos que generarán, la disposición final de los mismos, el modo de evaluación de los efluentes industriales y la evaluación previa del impacto ambiental que ocasionará dicho proyecto.
De igual forma las organizaciones del Consejo Consultivo piden que se realicen, además de estudios previos, monitoreos periódicos cuando el parque esté en funcionamiento para conocer el impacto a nivel sonoro, en el aire y en el agua de la Cuenca Reconquista. Mientras tanto, esperan las respuestas.


Culpables de Genocidio y Ecocidio
El Tribunal Popular del “Juicio Ético y Popular a las Transnacionales de la Triple Frontera” realizado entre el jueves y sábado pasado en la localidad de Wanda, provincia de Misiones, declaró Culpables de Genocidio y Ecocidio a las empresas Alto Paraná, Cargill y Monsanto.

(Red Eco) Misiones - Durante los días 30 de septiembre y 1 de octubre, se desarrolló la audiencia en la que el tribunal escuchó las denuncias de fiscalías populares y a los testigos presentados por las organizaciones sociales de las poblaciones afectadas por la presencia y las formas en que operan las corporaciones transnacionales en sus territorios.
Tras las audiencias, el Tribunal dio por constatado que la explotación de los bienes comunes naturales y de los territorios por parte de las empresas transnacionales, provoca en las comunidades afectadas, violaciones flagrantes de los derechos humanos y de los derechos de la naturaleza.
juicio_etico.jpgEn su sentencia, el Tribunal detalló los impactos económicos, medioambientales, sociales, culturales, políticos y las violaciones a los Derechos Humanos que se desprenden de lo expuesto por las fiscalías.
En cuanto a los económicos mencionaron el saqueo de los bienes comunes y la destrucción y mercantilización de los territorios, de los alimentos y de todas las dimensiones de la vida. Y su correlato con la concentración de la estructura de la tierra, con el aumento del número de grandes propiedades rurales y la disminución de las pequeñas, en las que se desarrolla la agricultura campesina.   
Respecto a los impactos medioambientales, el tribunal destacó la deforestación con pérdida de bosques nativos, de ecosistemas y de biodiversidad. El agravamiento del cambio climático y la destrucción de las cuencas hídricas y de los ecosistemas acuáticos provocado por la apertura de hidrovías, que se logran dinamitando los meandros de los ríos para que las empresas puedan transportar grandes cargamentos de granos.
Sobre los impactos sociales, el tribunal señaló la alteración de las formas de vida de los pueblos, desconocimiento de sus usos y costumbres y negación de sus identidades. El éxodo, la expulsión rural y la migración forzada, que afecta con más fuerza a las mujeres rurales, que buscan mejores condiciones de vida y quedan expuestas a las redes de trata con fines de explotación laboral y/o sexual.
Lo anterior profundiza la pobreza, la reducción de empleo, la precarización y flexibilización laboral en los trabajos realizados en estas empresas, el aumento del trabajo temporario, la tercerización y utilización de trabajo esclavo.
Asimismo, destacó la destrucción de la salud de las poblaciones debido al uso de agrotóxicos. Entre los males documentados se encuentran: disminución de las defensas / aumento de la mortalidad infantil / enfermedades sociales: desnutrición / modificaciones hormonales, esterilidad / intoxicaciones / enfermedades mentales / cánceres / malformaciones congénitas / alteraciones hormonales / lupus, artritis, asma, alergias / disminución de fertilidad / trastornos de conducta.
En cuanto a las violaciones a los Derechos Humanos, el Tribunal pudo constatar la vulneración de los derechos humanos en general y de los derechos ancestrales de los pueblos originarios en particular. Desalojos compulsivos, abusos policiales, apremios ilegales, asesinatos y violaciones a los derechos laborales forman parte de las estrategias de criminalización y represión que sufren las comunidades que se oponen a la desaparición de las formas tradicionales de producción campesina ante el avance de una agricultura sin agricultores.
Se ha denunciado a las empresas transnacionales, como cómplices de los gobiernos nacionales en la respuesta militarizada a la protesta social, y en el control estratégico de las poblaciones. La militarización es parte de la política desarrollada por los gobiernos en la Triple Frontera. Los controles de población en las fronteras, las leyes antiterroristas, las bases y operativos militares, forman parte de este dispositivo.
Respecto a esto último, el tribunal denunció también la responsabilidad que les cabe a  los gobiernos, los parlamentos, el sistema de justicia, a los grandes medios de comunicación, y a algunas universidades públicas en permitir y garantizar las formas de operar de las empresas transnacionales.
E indicó que “las políticas implementadas desde los estados, como establecer marcos legales e institucionales favorables a las empresas y omitir la aplicación de las leyes que protegen los derechos de las poblaciones, incrementan el poder de las empresas transnacionales y refuerzan su impunidad, de tal manera que los gobiernos se convierten en cómplices de las violaciones a los derechos humanos que esas empresas cometen. Además, en muchas ocasiones, esos marcos legales e institucionales hacen jurídicamente imposible para las víctimas prevenir e impedir esas violaciones y obtener una reparación por sus consecuencias”.
Por eso el tribunal popular, respecto a este punto resolvió demandar a los gobiernos nacionales y provinciales que garanticen la soberanía y dignidad de los pueblos antes que los intereses económicos de los sectores privados. Y a los poderes legislativos que impulsen leyes que obliguen al sistema judicial a llevar a cabo procesos de investigación y sanción de los delitos que violan los derechos de los pueblos y comunidades.
A su vez, el tribunal destacó y valoró el coraje de quienes “habiendo sufrido en sus propios cuerpos semejantes crímenes, continúan luchando para que se haga justicia y que esa justicia beneficie a todos y a todas”, por lo que resolvió la creación de una instancia judicial popular, ante la cual las víctimas de las formas de operar de las corporaciones transnacionales puedan presentar sus denuncias y demandas de justicia, que actúe como lazo entre los movimientos populares y el poder judicial.
Y apuntó a “incentivar a las comunidades, a los pueblos indígenas, a las poblaciones afectadas, a los trabajadores y trabajadoras, a profundizar la organización, a resistir, a movilizar, en defensa de los derechos humanos y ancestrales, por la autodeterminación y la soberanía popular, y en resguardo de sus territorios, su cultura, su identidad y sus formas de vida, contra la mercantilización de la vida que implica el modelo neoextractivista que se profundiza en nuestro país”, con el fin de crear las condiciones “para que las corporaciones sean expulsadas de los territorios y sean obligadas a la restitución-remediación del ecosistema tal como lo encontraron al momento de iniciar su explotación”.
La extensa sentencia del Juicio Ético y Popular a las Transnacionales en la Triple Frontera concluye: “Afirmamos que las transnacionales no pueden comprar nuestras voluntades, ni nuestra decisión de vivir con dignidad, y no podrán robar nuestra esperanza, ni nuestra capacidad de lucha. Seguiremos creando alternativas propias de producción y de consumo, impulsando la realización de modelos sustentables, y luchando para terminar con el capitalismo, el patriarcado y el racismo, y todas sus opresiones. Seguiremos en solidaridad con quienes luchan por estas mismas causas en toda América Latina y el mundo, unificando fuerzas en la acción común. Manteniendo nuestros sueños y nuestras convicciones, nuestra capacidad de crear en la resistencia, y de creer en los pueblos”.
Sentencia completa

Notas relacionadas: Juicio Ético en la Triple Frontera
Más información: www.juiciosalastransnacionales.org / www.cifmsl.org / www.panuelosenrebeldia.org

Breves

Otra vez, TBA y el glifosato
La empresa Trenes de Buenos Aires continúa usando glifosato alrededor de las vías, a pesar de las innumerables denuncias en su contra.

glifo_castelar.jpgLa última denuncia fue realizada por un vecino de Castelar que vive frente a los galpones de la estación de trenes: afirmó que el 28 de septiembre, entre las 7 y las 7:30 hs. un grupo de personas con trajes especiales desmalezaba en las cercanías de las vías con máquinas que despedían humo blanco. También manifestó que tras acercarse al lugar y constatar que estaban usando glifosato, llamó al 911 y a la oficina de reclamos de la Municipalidad de Morón. Sin embargo no obtuvo devolución alguna hasta el momento.
El denunciante explicó que la fumigación con glifosato comenzó hace 3 años: luego de investigar por qué se secaban todas las plantas y el pasto de los corredores linderos a las vías, quienes viven frente al predio pudieron confirmar que se trataba del agrotóxico. La serie de fumigaciones se llevó a cabo hasta el mes de mayo y, a pesar de las prohibiciones de utilizar dicho agrotóxico en esa zona, éstas se reanudaron la semana pasada.
La denuncia fue atendida por una organización ambientalista de la zona, desde donde declararon que la presentarían ante la Defensoría del Pueblo Bonaerense para que actúe en el caso. A su vez, lxs directivos de TBA se escudan en el argumento de estar en terrenos federales por lo que creen que pueden seguir violando toda prohibición y avasallando la salud humana y el medioambiente.

10 años de FaSinPat: Zanón es del pueblo
En 2001 un grupo de trabajadores de la cerámica Zanon decidió tomar la fábrica en resguardo de las fuentes de trabajo, luego del vaciamiento de la patronal. El sábado 8 de octubre se realizará un festival solidario del que participarán las bandas Bersuit Vergarabat y Arbolito para celebrar los 10 años en manos de los trabajadores.

zanon-2.jpgLa gestión obrera de la cooperativa FaSinPat- Fábrica Sin Patrones-, que puso en marcha la Fábrica de Cerámicos bajo el control de sus trabajadores, destacó en un comunicado el acompañamiento de las organizaciones y de la comunidad de Neuquén; “a diez años reafirmamos nuestras convicciones: la democracia directa para decidir, la acción directa para hacer vales nuestros derechos, y la unidad de los que luchamos en defensa no solo de un puesto de trabajo, sino de la salud, la educación, de un pedazo de tierra para vivir, de viviendas, de un plan de obras publicas”.
Si bien la ley de expropiación de la fábrica fue sancionada en 2009, el trámite aun no concluyó por la existencia de un planteo de inconstitucionalidad formulado contra la ley por la familia Zanón y un sector de los obreros. Pero, casi como un regalo por estos 10 años, hace dos semanas atrás la jueza federal Pérez Casado rechazó dicho planteo por lo que en unos tres meses podría completarse el trámite.
El sábado 8 las y los obreros realizarán un festival solidario en la fábrica desde las 18. Tocarán las bandas: Bersuit Vergarabat, Arbolito, Oye Primate y Cromosoma X. Las entradas tienen un costo de 50 pesos y se pueden conseguir desde el lunes 26 en Mix Laser y Almedra (Neuquén), Música Total (Cipolletti), Tribu Tatu (Cinco Saltos), La Isla (Centenario).
Ver comunicado completo de FaSinPat
Fuente: 8300


Emocionante homenaje a Elías Moure
El viernes 30 de setiembre fue distinguido, en la Legislatura porteña, por su vida dedicada a la lucha de los derechos humanos de los jubilados. Con sus vitales 75 años, Elías Moure continúa batallando por el 82 % móvil en las más de 1000 marchas junto a sus compañeros y compañeras.

Ante la presencia de los diputados Claudio Lozano, María América González, Carolina Stanley, Diana Maffia, Fabio Basteiro y el secretario general de la CTA, Pablo Micheli, Elías Moure afirmó al recibir el reconocimiento de manos de María América: “Siento que es un reconocimiento para todos los compañeros que han construido para que este premio se haga realidad. Hace 21 años que peleamos por el 82% móvil”
elias_moure.jpgEl brillo del histórico salón se potenció con la ética y consecuencia de las palabras de Elías: “Cuando venía para acá sentía mucho nerviosismo y eso me hizo soñar lo que iba a decir: empiezo diciendo a ustedes gracias y gracias a mis padres que me criaron en la solidaridad y en la lucha por una patria justa. Dice el poeta que no hay que contar los años sino que hay que contar los amigos que uno tiene. (…) Es la fuerza de los que no se resignan, no se resignan a que haya chicos en la calle ni compañeros viejos, como les dicen algunos, sacando comida de los tachos de basura: esa sociedad la estamos construyendo con mis amigos, con mi familia que son parte de esta medalla. Y como decía un latinoamericano y argentino de corazón: Hasta la victoria siempre compañeros",
Elias Moure formó parte de la creación de la CTA. Lo distingue su labor en el Plenario Permanente de Organizaciones de Jubilados y la creación de la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados de la CTA (FETRAJUB), de la que es su actual presidente. Además, participó en el Foro en Defensa de la Seguridad Social, el Movimiento en Defensa del Banco Provincia de Buenos Aires, y en el orden internacional impulsó la consolidación de la Confederación Latinoamericana de Jubilados y Pensionados. En 1995, junto a otros miembros del Plenario Permanente denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, la violación de los Derechos Humanos de los Jubilados, denuncia que aún sigue vigente.
Fuente: Comunicación CTA Capital


Protesta Artística Callejera por una Democracia Directa y Participativa
Diversas organizaciones sociales, políticas y culturales realizarán actividades en diversas plazas, para manifestarse respecto a los límites de la democracia representativa y la vocación de la ciudadanía por participar en los procesos decisivos del país.

“Dos grandes motivos nos han impulsado a realizar estas actividades político-culturales. En primer lugar, las inminentes elecciones presidenciales que son un evento importante para la sociedad argentina. En segundo lugar, las manifestaciones de los ´indignados´ de todo el mundo”, dicen los organizadores quienes manifiestan tener en común prácticas asamblearias de decisión en la construcción territorial y cultural que realizan en los diferentes lugares donde están insertos.
participar_logo_web.jpgEl viernes 7 de octubre, la convocatoria es en la Plaza San Martín de Quilmes, a las 16, para realizar la "Kermesse de la participación". El sábado 15 de octubre, la cita es en el Obelisco, a las 14, haciendo nuevamente la kermesse, y a las 16 la obra de teatro callejera "Participar es más que votar", dirigida por Vicente Zito Lema y Alan Robinson. En tanto, el miércoles 19 de octubre, en Plaza de Mayo, a las 14 será la kermesse, y a las 16.30 la obra de teatro.
La campaña incluye un rechazo al Artículo 22 de la Constitución Nacional, que dice: “El pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes” y debería decir: “Los gobernantes o representantes no deliberan ni gobiernan sino siguiendo los mandatos del pueblo”, afirman.
Organizan la movida: Corriente de Organizaciones de Base (COB) La Brecha, Pañuelos en Rebeldía, Autodeterminación y Libertad, Colectivo Desde el Pie (Cs. Exactas UBA,  Azulado, Basta, nada es casual, Agrupación Roberto Santero (EMBA), DTL, Agrupación Universitaria Inconsciente Colectivo, Sala Alberdi, Frente de Artistas Populares (FAP)

Más información en: http://participaresmasquevotar.blogspot.com


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