NACIONALES - Red Eco Alternativo - Jueves 27 de octubre de 2011
año 13 - número 41 Jueves 27 de octubre de 2011
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NACIONALES

Codenas para 16 represores, absolución para dos
Frente al Edificio Libertad, sede de la Armada Argentina, se levantan los tribunales de Comodoro Py, donde ayer se condenó a ex integrantes de esa fuerza por algunos de los crímenes que cometieron durante la última dictadura militar. Doce perpetuas, cuatro penas menores y dos polémicas absoluciones por parte de un tribunal cuestionado. (Nota con AUDIOS)
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¿Dónde ponemos lo "nacional y popular" del modelo? Segunda Parte
El domingo 23 de octubre se celebraron las elecciones generales en Argentina, que consagraron a Cristina Fernández de Kirchner como presidente reelecta, con casi el 54% de apoyo del electorado a nivel nacional. Salvo en San Luis -histórico bastión de los hermanos Rodríguez Saá- en las provincias en las que además se renovaba la gobernación, los candidatos que apoyan la conducción del gobierno también consiguieron el triunfo. Estxs son algunxs de lxs gobernadorxs que acompañan al modelo “nacional y popular” construido desde el kirchnerismo.
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Injusticia confirmada
Un Tribunal Oral de Santiago del Estero ratificó la excarcelación del represor Jorge D´Amico, Jefe de inteligencia del Batallón de Ingenieros de combate 141 durante la última dictadura y Secretario de Seguridad en democracia.
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Juicio Ético en Buenos Aires
La última audiencia del Juicio Ético y Popular a las Transnacionales se realizará entre el 28 y el 30 de Octubre en la Ciudad de Buenos Aires. Esta iniciativa es impulsada por el proyecto de Resistencias Populares a la Recolonización del Continente en articulación con colectivos y organizaciones populares de Nuestra América, con la propuesta de que la justicia sea una herramienta del pueblo.
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Avances en el enjuiciamiento al poder económico
Pese a la demora de casi un año en proveer el escrito inicial, el titular del Juzgado Federal Penal Nro. 5, Norberto Oyarbide dispuso finalmente reconocer como “crímenes de lesa humanidad”, y por ende de carácter imprescriptible, los crímenes perpetrados en el marco del operativo represivo “Serpiente Roja del Paraná” del 20 de marzo de 1975 que fuera ordenado y monitoreado de ejecutivos y personal jerárquico de la empresa Acindar.
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BREVES

En defensa del último espacio verde
El reclamo de lxs vecinxs de la localidad de Haedo (situada en el partido de Morón, al oeste de la provincia de Buenos Aires) contra la contaminación en el barrio.
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La AGD-UBA denuncia intento de despido de un docente
La Gremial de Docentes de la Universidad de Buenos Aires viene denunciando las irregularidades en el concurso de Pablo Mauas, y los argumentos del Jurado que evaluaron negativamente la actividad gremial y la adhesión a paros nacionales convocados por AGD y CONADU Histórica.
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Torturas en el Hospital Fiorito
La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) denunció la aplicación de torturas sobre un joven de 19 años que reposaba indefenso, esposado y con suero, recuperándose de una operación de alta complejidad en la habitación del hospital.
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Movilización de los trabajadores de Pepsico en defensa de sus delegados
Tal como ocurrió con los trabajadores de Kraft, dos delegados de Pepsico Snacks fueron procesados por realizar cortes en la Panamericana en reclamo del pase a planta permanente de más de un centenar de trabajadores tercerizados y contratados.
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Agenda
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Codenas para 16 represores, absolución para dos
Frente al Edificio Libertad, sede de la Armada Argentina, se levantan los tribunales de Comodoro Py, donde ayer se condenó a ex integrantes de esa fuerza por algunos de los crímenes que cometieron durante la última dictadura militar. Doce perpetuas, cuatro penas menores y dos polémicas absoluciones por parte de un tribunal cuestionado. (Nota con AUDIOS)

(Fabiana Arencibia-Red Eco) Ciudad de Buenos Aires- El Tribunal Oral Federal (TOF) 5 dio a conocer el veredicto. Hubo que esperar más de 30 años para que se los juzgue, dos de ellos para que se desarrolle el juicio, y poco mas de dos horas de retraso para escuchar las sentencias.
Pautadas para las 18, en medio de rumores de que los asesinos pedían escuchar la sentencia desde otra sala y que los jueces aun seguían deliberando algunos fallos, la lectura recién comenzó pasadas las 20.
“Hacer saber a las partes y al público, que la demora del Tribunal en bajar a la sala, obedeció a dificultades que se presentaron en la deliberación que excedió al tiempo inicialmente previsto”, fue lo primero que dijeron.
¿Deliberación? ¿Poco antes de leer las sentencias?  Algunas conjeturas sobre el desempeño de estos jueces contribuían a aumentar la tensión de la espera. Justamente ayer las Abuelas de Plaza de Mayo habían presentado una denuncia y un pedido al Consejo de la Magistratura de la Nación para que investigue a los jueces Daniel Obligado, Germán Castelli y Ricardo Luis Farías, integrantes del TOF 5, por mal desempeño o para determinar si cometieron algún delito en el ejercicio de sus funciones.
Se los denuncia porque los magistrados resolvieron autorizar un pedido del represor y apropiador Juan Antonio Azic, condenado ayer con la menor de las penas (18 años),  para asistir a las ceremonias de matrimonio en el Registro Civil y en la Iglesia, en calidad de padrino de boda, de Carla Ruiz Dameri, de quien se apropió durante 28 años.  El argumento de los tres magistrados fue la necesidad de preservar la relación “paterno-filial”. Es decir, se refirieron al represor Azic como si fuera el padre legítimo de la joven apropiada.
Finalmente comenzó la lectura, nombrando a los 18 acusados. Luego detallaron desestimaciones sobre diversas objeciones y planteos realizadas por sus abogados defensores durante todo el proceso para seguir con la lectura de las sentencias:
*PERPETUA para  Alfredo Astiz, Jorge “Tigre” Acosta, Ricardo Cavallo, Antonio Pernías, José Montes, Raúl Scheller, Jorge Rádice, Adolfo Donda, Alberto González, Néstor Savio, Julio César Coronel, Ernesto Weber. 
*25 AÑOS de prisión para Manuel García Tallada y Juan Carlos Fotea, 20 AÑOS para Carlos Capdevilla, y 18 AÑOS a Juan Antonio Azic.
* ABSOLUCIÓN para Juan Carlos Rolón y Pablo García Velazco, aunque no recuperarán la libertad por estar imputados en otras causas por delitos de lesa humanidad.
tof5_jueces_sentencia_esma_cabrera.jpgEn varias de las sentencias a prisión perpetua, los jueces Castelli y Farías plantearon disidencias parciales. Sin embargo no se conocerán sus motivos hasta que el 26 de diciembre próximo se dé lectura a los fundamentos de la sentencia.
Enrique “Cacho” Fukman, integrante de la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos (AEDD), estuvo secuestrado en la ESMA. En una entrevista, que le hicieron hoy en el programa Al Oeste de FM En Tránsito, comentó respecto a estas absoluciones: “García Velazco fue absuelto por el operativo que secuestró y asesinó a Rodolfo Walsh - cuando se sabe que fue él quien dirigió el operativo - simplemente porque tiene un hermano mellizo, entonces el tribunal tiene dudas de cual de los dos hermanos fue el que participó y en realidad los dos participaban del grupo de tareas. Rolón reconoció que formó parte de ese grupo de tareas pero dice que justo en ese período no estaba en la ESMA porque estaba en la Base Espora, en Bahía Blanca, como si en una hora en avión no se puede salir de esa base y estar acá en Buenos Aires”.
Dos de los nombres más emblemáticos vinculados a la represión y tortura son el de Jorge Eduardo Acosta y Alfredo Ignacio Astiz. Acosta, apodado "Tigre”, fue el jefe de Inteligencia, y como tal, jefe del Grupo de Tareas 3.3.2 de la ESMA. Es recordado por los sobrevivientes por su sadismo con los detenidos-desaparecidos, a quienes esclavizaba y maltrataba y luego invitaba a cenar o a bailar a restoranes o discos de moda de la época. Astiz, apodado “el Rubio ”, es mundialmente conocido por ser quien se infiltró en la incipiente organización Madres de Plaza de Mayo, entre otros lugares, haciéndose pasar por hermano de un desaparecido. De esa forma instrumentó el operativo en la Iglesia Santa Cruz que fue parte de este juicio.
 “Declarando que los hechos objeto de este proceso resultan constitutivos de crímenes de lesa humanidad y así deben ser calificados (...) condenando a (...)”, fueron las palabras que precedieron la lectura de las condenas.
Quedó así nuevamente ratificado que los crímenes cometidos durante la última dictadura son delitos de Lesa Humanidad y por lo tanto imprescriptibles.
Sin embargo, el fallo de este tribunal no consideró - como lo hiciera el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, presidido por Carlos Rozanski  - a estos crímenes como parte de un plan sistemático de exterminio implementado por el Terrorismo de Estado.
El TOF 1, en setiembre de 2006, había reconocido jurídicamente el genocidio implementado por la última dictadura en Argentina, al condenar por unanimidad al represor Miguel Osvaldo Etchecolatz a reclusión perpetua por su responsabilidad en "delitos de lesa humanidad cometidos en el marco de un genocidio".
En la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) funcionó el centro clandestino de detención, tortura y exterminio más grande durante la dictadura. Por allí se calcula que han pasado más de 5000 detenidxs-desaparecidxs. En él funcionó una sala clandestina de maternidad y dentro del lugar se implementó un sistema de trabajo esclavo. Allí había también una imprenta en la que obligaban a los detenidos a trabajar en, por ejemplo, la falsificación de pasaportes.
Casi 200 represores fueron denunciados por actuar dentro de este centro clandestino,  de los cuales más de 60 están siendo procesados. La sentencia de ayer, que los condenó por los delitos de secuestro, desaparición, torturas y asesinatos solo de 85 compañeros y compañeras, alcanzó a 18 de ellos, dos de los cuales fueron absueltos.
Por la actuación del Grupo de Tareas 3.3.2 de la ESMA fueron secuestrados, desaparecidos y asesinados, entre otros, el periodista y militante montonero Rodolfo Walsh y el Grupo de la Iglesia Santa Cruz, integrado por las monjas francesas Léonie Duquet y Alice Domon y las primeras Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor de Vicenti, Esther Ballestrino de Careaga y María Ponce de Bianco.
Más allá de la bronca por las absoluciones y por las penas que no fueron perpetuas, todos los que ayer estuvimos allí, esperando la sentencia, nos sentimos felices. Una batalla más ganada por el pueblo a la impunidad y el horror.

AUDIO entrevista a Enrique "Cacho" Fukman, realizada en el programa Al Oeste-FM EN Tránsito

Enrique Cacho Fuckman-habla sobre la ESMA

Enrique Cacho Fuckman-alegria por las condenas

Enrique Cacho Fuckman-absoluciones

AUDIOS Sentencia

Lectura sentencia contra Jorge Acosta-Causa Esma

Lectura sentencia contra Alfredo Astiz-Causa Esma


Fotos : Gustavo Cabrera  - RNMA

¿Dónde ponemos lo "nacional y popular" del modelo? Segunda Parte
El domingo 23 de octubre se celebraron las elecciones generales en Argentina, que consagraron a Cristina Fernández de Kirchner como presidente reelecta, con casi el 54% de apoyo del electorado a nivel nacional. Salvo en San Luis -histórico bastión de los hermanos Rodríguez Saá- en las provincias en las que además se renovaba la gobernación, los candidatos que apoyan la conducción del gobierno también consiguieron el triunfo. Estxs son algunxs de lxs gobernadorxs que acompañan al modelo “nacional y popular” construido desde el kirchnerismo.

gobernadores_k.jpg(Red Eco) Argentina - Mendoza: Francisco Pérez
En agosto de 2007 Pérez fue uno de los mentores del acuerdo gracias al cual el estudio de abogados que integraba -BRGPG- consiguió la representación jurídica de Minera San Jorge, propietaria del cuestionado proyecto minero de cobre y oro en Uspallata que buscaba desarrollar una mega-explotación a cielo abierto en el Valle de Uspallata, utilizando sustancias tóxicas como el xantato y otras. A su vez, la presidencia del Proyecto San Jorge estaba a cargo del abogado Fabián Gregorio (socio de Pérez en BRGPG)
Cabe destacar que el estudio de abogados BRGPG se especializa en derecho minero y es uno de los elegidos por las corporaciones para demandar al Estado por la ley que restringió el uso de sustancias tóxicas en la minería metalífera. Si bien Pérez aseguraba que se había alejado del estudio en diciembre de 2007, cuando el gobernador Celso Jaque lo designó como Ministro de Infraestructura, la inicial de su apellido seguía componiendo la sigla del estudio y en la página web del mismo seguía figurando como integrante. A poco de la asunción de Pérez al frente de Infraestructura, Jaque decretó -a principios de 2008- que la Subsecretaría de Minería, Hidrocarburos y Energía pasara a depender de esa cartera, por lo cual Pérez debía controlar a sus (¿ex?) socios en el cuestionado proyecto San Jorge.
Meses atrás, el Poder Ejecutivo mendocino pretendía atrasar el tratamiento de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto San Jorge hasta pasadas las elecciones que consagraron a Francisco Pérez como gobernador. Sin embargo, los diputados opositores solicitaron que se tratara antes del 23 de octubre: ante esa presión, Pérez pidió sorpresivamente a los legisladores oficialistas que rechazaran el proyecto San Jorge, en una jugada denominada por la oposición como un oportunismo, para no quedar tildado de "pro minero" en su campaña electoral.
Antes de su campaña comenzó a acercarse a Diego Bossio, director de ANSES, que fue quien impulsó su candidatura a gobernador y lo acompañó en varios actos de apoyo en Mendoza junto a Amado Boudou, actual Ministro de Economía y flamante Vicepresidente de la Nación electo.

La Rioja: Luis Beder Herrera
Entre 1991 y 1995 fue Ministro Coordinador de Gobierno en La Rioja, y entre 1995 y 2007 fue vicegobernador de la provincia, volviendo a desempeñarse en el año 2000 como Ministro Coordinador de Gobierno (en simultáneo).
Respaldó al entonces gobernador Ángel Maza en la entrega de las minas de la provincia a empresas privadas y firmó, en 1993 (como Ministro Coordinador de Gobierno), la ley 5898 que enuncia que "en el caso de realizarse la explotación de yacimientos mineros, se aplicará la legislación nacional, en la cual se establece que le corresponde a las provincias la percepción de un 3 % de lo producido en la mina, como regalía" para luego apoyar los planes mineros de explotación del cerro Famatina.
En relación lxs ambientalistas que llevan adelante acciones para la protección del cerro Famatina, Beder Herrera declaró: "Tienen que dejarse de joder con la minería".
Tras su triunfo en las elecciones para la gobernación (el 29 de mayo de este año) y tras ser felicitado por el ministro del Interior, Florencio Randazzo, y el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, Beder Herrera elogió a Cristina Fernández y a Carlos Menem: el gobernador ratificó su alineación al gobierno nacional y también declaró (en relación a la participación de Menem con su propia lista) que "Menem no necesita del apoyo de nadie porque es muy querido y respetado aquí en la provincia". Más allá de las declaraciones, el tiempo trajo hechos que vislumbran el acuerdo.
Devenido en kirchnerista, Beder Herrera se reunió en julio de 2011 con Carlos Menem, quien asistió al encuentro con lxs integrantes de su lista que luego participarían en las elecciones primarias -en agosto- y en las generales, recientemente realizadas.
Pero esa no fue la única ocasión: en junio Florencio Randazzo se había reunido en la Casa Rosada con Griselda Herrera, ministra de Desarrollo Social de La Rioja y primera diputada de la lista de Menem en las últimas elecciones: el motivo del encuentro fue armar la estrategia electoral en esa provincia. Además, en una reunión con integrantes de su bloque, el gobernador riojano instó a "honrar a Menem con el voto."

Catamarca: Lucía Corpacci
Fue vicegobernadora de esa provincia representando al Frente Cívico y Social (coalición política liderada por la UCR). Luego, Corpacci se alejó de ese partido y se alineó con el Frente para la Victoria. Tras ser electa gobernadora agradeció el apoyo que le brindó Cristina Fernández de Kirchner y lo calificó de "fundamental" para obtener la victoria.
Tras su consagración como gobernadora, Corpacci (de nombre completo Lucía Benigna Corpacci Saadi, aunque no lo utilizó en su campaña ni en las boletas) defendió las gestiones de Vicente Saadi (su tío) y de Ramón (su primo, y gobernador de la provincia cuando María Soledad Morales fue brutalmente asesinada, en 1990) Además, Corpacci es hija del fallecido Sebastián Corpacci, (ex ministro de Gobierno de Vicente Saadi) y sobrina de Armando Mercado (ex esposo de Alicia Kirchner).
Corpacci aseguró sentirse "muy orgullosa" de pertenecer a la familia Saadi y afirmó que el caso María Soledad “no fue cómo lo llevaron los medios”. Cabe recordar que la adolescente María Soledad Morales fue asesinada el 9 de septiembre de 1990: por su crimen se condenó a Luis Tula y a Guillermo Luque, hijo del entonces diputado nacional saadista Ángel Luque.
Debido a la participación de "los hijos del poder" en el asesinato, las autoridades de Catamarca obraron para que la investigación fuera demorada, tergiversada y el asesinato quedara impune. Más allá de los 2 condenados, la justicia nunca investigó la trama del encubrimiento por parte de personas influyentes a nivel político.
El clamor y la presión popular ante la injusticia en el caso obligaron a que el entonces presidente Carlos Menem tuviera que destituir a su aliado y gobernador de esa provincia: Ramón Saadi. Una de las personas que integró el reclamo por parte de la población, la monja Marta Pelloni, manifestó que con el respaldo a Corpacci, Cristina Fernández de Kirchner dio su "apoyo" a la "corrupción" del gobierno de Saadi.
NOTA COMPLETA

Injusticia confirmada
Un Tribunal Oral de Santiago del Estero ratificó la excarcelación del represor Jorge D´Amico, Jefe de inteligencia del Batallón de Ingenieros de combate 141 durante la última dictadura y Secretario de Seguridad en democracia.

(Red Eco) Santiago del Estero - El mayor retirado D´Amico fue un activo participante del Operativo Independencia. Se lo acusa de haber integrado una asociación ilícita entre policías y militares que secuestraba y desaparecía personas, además de trasladarlos desde Santiago a Tucumán y viceversa. Casualmente los magistrados que integran el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago del Estero, que resolvió que el represor continúe en libertad mientras dure la investigación de la causa, son oriundos de esas mismas provincias: el santiagueño juez Ad Hoc Pedro Ibáñez y los tucumanos Gabriel Casas y Carlos Jiménez Montilla.
Hasta 2003, D´amico fue Secretario de Seguridad en el gobierno de los Juárez. Mientras ocupaba este cargo fue acusado de narcotráfico y de privación ilegítima de la libertad, allanamiento de domicilio, tormentos y asociación ilícita. En el marco de la intervención federal a la provincia de ese año, D’Amico fue llevado a prisión para ser excarcelado en 2006 tras cumplirse dos años de detención sin condena. Una clara muestra de la lentitud con la que la Justicia maneja este caso.
Posteriormente, en 2007, fue nuevamente detenido, por la desaparición de al menos cuatro personas antes del inicio de la dictadura militar y en 2009, una vez más, liberado. En esa oportunidad, distintos organismos de derechos humanos de Santiago del Estero denunciaron irregularidades en el proceder de los jueces a cargo. Explicaron que en menos de un año el Tribunal Oral de la provincia, que hace las veces de Cámara de Apelaciones, tomó dos decisiones contradictorias. Por un lado, se había denegado la excarcelación de D’Amico, reafirmando la posición del Juez Federal Dr. Molinari, acerca de la inconveniencia de otorgar la libertad a quien se encontraba procesado por delitos de lesa humanidad. Pero luego el mismo Tribunal resolvió su liberación en una audiencia en la que no pudieron estar presentes los querellantes porque directamente no fueron notificados.
carcel_a_damico.jpgAnte esta irregularidad, organizaciones como la Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Familiares de Desaparecidos y Ex Presos Políticos de Santiago del Estero, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y Práctica Alternativa del Derecho, habían denunciado que el juez Pedro Ibáñez - presidente del Tribunal Oral, cargo que continúa ocupando - fue acusado en 2004 por las Madres del Dolor, por los delitos de violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, ya que había ordenado seguimientos e interferencias telefónicas a miembros de la agrupación, argumentando que conformaban “una banda que circulaba en vehículos fuertemente armados”. Recordaron además que mientras Ibáñez ejercía como juez de crimen, el propio D’Amico era Subsecretario de Seguridad de la provincia.
Cabe preguntarse cómo es posible que una persona acusada de secuestros y desapariciones antes y durante la última dictadura militar, responsable de detenciones ilegales y torturas siendo funcionario público en democracia, continúe en libertad y sus causas no avancen.
“(Actualmente) Este represor es dueño de una de las agencias de seguridad más grandes de Santiago llamada Fortaleza, que entre sus más importantes ´clientes´ tiene a la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) y al Banco de Santiago del Estero (BSE). En los últimos años ha incrementado sus negocios al punto tal de contar con una (agencia de seguridad) que atemoriza por la cantidad de personal y vehículos con que cuenta. Prueba de esta bonanza es la nueva sede inaugurada recientemente (en una céntrica esquina de la capital provincial)”, responden desde la Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia y los Familiares de Desaparecidos y Ex Presos Políticos de Santiago. Sumado al guiño cómplice de gran parte del Poder Judicial.

Juicio Ético en Buenos Aires

La última audiencia del Juicio Ético y Popular a las Transnacionales se realizará entre el 28 y el 30 de Octubre en la Ciudad de Buenos Aires. Esta iniciativa es impulsada por el proyecto de Resistencias Populares a la Recolonización del Continente en articulación con colectivos y organizaciones populares de Nuestra América, con la propuesta de que la justicia sea una herramienta del pueblo.

juicioeticotrans.jpg(Red Eco) Ciudad de Buenos Aires - El Juicio Ético y Popular a las Transnacionales comenzará el viernes 28 de octubre en la Facultad de Ciencias Sociales, Santiago del Estero 1029, a partir de las 14.
El juicio tuvo una primera instancia regional, con audiencias realizadas en la Patagonia, en el NOA, y en la Triple Frontera, cuyas conclusiones e información se sistematizarán en el encuentro de Buenos Aires.
Se formará un Tribunal Ético Popular que valorará la legitimidad y consistencia de las denuncias de los casos que se presenten, y emitirá una sentencia que será remitida tanto a las instancias informativas y de comunicación, como a instancias políticas y jurídicas que puedan asumir un nivel de intervención política frente a la devastación realizada por las corporaciones transnacionales. El proyecto se propone aportar argumentos, materiales y herramientas que fortalezcan los procesos de resistencia de los movimientos populares que sufren de manera especial las consecuencias de estas políticas.
Participarán de la apertura Adolfo Pérez Esquivel (Premio Nobel de la Paz), Mirta Baravalle (de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora), Berta Cáceres (coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras - COPINH), Bernardino Camilo Da Silva (Movimiento Sin Tierra de Brasil), Cristina Castro (Red Hermandad – Colombia), Tomás Palau (BASE-IS Paraguay), Alcira Daroqui (Directora de la Carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires).
Esta sesión del Juicio Ético a las Transnacionales será la síntesis de un conjunto de audiencias en las que fueron enjuiciadas por jurados compuestos por Movimientos Sociales diversos, las siguientes transnacionales: Barrick Gold, Minera La Alumbrera, Agua Rica, Ledesma, REPSOL, Pan American Energy, Monsanto, Proyecto Navidad (Pan American Silver), Proyecto Potasio Río Colorado, (Río Tinto / Vale), Cargill, Alto Paraná, Microsoft, Telefónica y Google.
Tanto en las audiencias realizadas en el Noroeste Argentino como en la Triple Frontera, los tribunales constituidos las hallaron culpables de los delitos de genocidio, ecocidio, crímenes de lesa humanidad y de lesa naturaleza y de epistemicidio (aniquilación sistemática de una cultura y forma de conocimiento).
Los tribunales constataron, a través de lo expuesto por las fiscalías conformadas a tal fin, impactos económicos, medioambientales, sociales, culturales, políticos y las violaciones a los Derechos Humanos. Y concluyeron en que la explotación de los bienes comunes naturales y de los territorios por parte de las empresas transnacionales, provoca en las comunidades afectadas, violaciones flagrantes de los derechos humanos y de los derechos de la naturaleza.
Como continuidad de este proceso se fundamentará y aprobará la sentencia popular, y se analizarán las responsabilidades políticas, de los diferentes poderes del Estado, de los medios de comunicación, de las Universidades, en el establecimiento de este sistema y este modelo.
A su vez, la Red Nacional de Medios Alternativos realizará una cobertura y transmisión de radio y TV de las jornadas, a través de: www.rnma.org.ar - www.antenanegratv.com.ar - www.zumbalaturba.com.ar - argentina.indymedia.org/features/cordoba - www.prensacontrapunto.com.ar

Programa completo


Más información: www.juiciosalastransnacionales.org / www.cifmsl.org /
www.panuelosenrebeldia.org
Contactos: Patricia Agosto: 1544289174 - Roxana Longo: 1565978586 - Claudia Korol: 1530824223


Avances en el enjuiciamiento al poder económico
Pese a la demora de casi un año en proveer el escrito inicial, el titular del Juzgado Federal Penal Nro. 5, Norberto Oyarbide dispuso finalmente reconocer como “crímenes de lesa humanidad”, y por ende de carácter imprescriptible, los crímenes perpetrados en el marco del operativo represivo “Serpiente Roja del Paraná” del 20 de marzo de 1975 que fuera ordenado y monitoreado de ejecutivos y personal jerárquico de la empresa Acindar.

enjuiciamiento_acindar.jpg(Olivier Reboursin para Red Eco) Argentina - La denuncia, iniciada por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y víctimas directas del operativo, alcanza al entonces presidente del directorio de la siderúrgica y posterior ministro de Economía de la dictadura José Alfredo Martínez de Hoz, la ex presidenta María Estela Martínez de Perón, y la totalidad del directorio de Acindar a la fecha de realización del operativo.
La acción que involucró a fuerzas represivas militares y policiales de la Prefectura Naval, integrantes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), de la Gendarmería, personal del Ministerio de Bienestar Social y parapoliciales de la temible Triple A significó con la invasión producida por éstas a la ciudad santafecina de Villa Constitución, más de veinte muertos y desaparecidos; y también la instalación del primer centro clandestino de detención y torturas del país, que precisamente funcionara en el albergue para trabajadores solteros de la empresa.
En aquel día de marzo de 1975, más de cien personas fueron ilegalmente arrancadas de sus hogares o lugares de trabajo por personal de las fuerzas armadas y de seguridad para luego ser trasladadas a dependencias policiales y carcelarias en cumplimiento de las directivas empresarias lanzadas para frenar los crecientes grados de unidad y conciencia clasista de los trabajadores de la región.
El operativo no fue otra cosa que un antecedente ideológico, discursivo y metodológico del accionar criminal desde el Estado que se consolidaría tras el golpe del 24 de marzo de 1976.
En su resolución, además de dejar en claro que “los hechos que se investigan…se enmarcan dentro de la participación o tolerancia del poder político gobernante y que ellos fueron considerados de Lesa Humanidad”, Oyarbide otorga en la causa caratulada “Martínez de Hoz, José Alfredo y otros s/ Allanamiento Ilegal” el carácter de parte querellante a la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, especificando que se trata de un organismo que “entre sus objetivos y tras una labor reconocida se encuentra realizando actividades relacionadas con la defensa y dignidad de la persona humana, así como la asistencia a las víctimas de violaciones de derechos humanos fundamentales”.
En dicho marco, esta semana prestaron declaración testimonial ante los funcionarios del Juzgado Federal dos de los denunciantes que, junto con la Liga, promovieron la acción penal contra Martínez de Hoz y Acindar por su participación en la dirección y promoción del terrorismo de Estado antes y durante la última dictadura: Alberto Piccinini y Juan Actis, históricos dirigentes de la UOM de Villa Constitución y la Lista Marrón que en noviembre de 1974 derrotara con enorme apoyo obrero y popular a la burocracia encarnada en Lorenzo Miguel y sus acólitos. Además de los mencionados, aportó en diciembre pasado su testimonio y firma para la iniciación del proceso, quien en tiempos del operativo represivo fuera Secretario General de la Unión Ferroviaria de Villa Constitución, Carlos Sosa. Recientemente electo como responsable de la CTA local, Sosa falleció el pasado mes de julio sin poder acceder a este avance en su sueño de ver enjuiciados a los responsables ideológicos y materiales de su secuestro acaecido el 20 de marzo de 1975. Su testimonio, sin embargo, resultará invaluable para acreditar la responsabilidad del empresariado en la represión ilegal de los años 70.
En su declaración, Piccinini ratificó el contenido completo de la denuncia al señalar: “Fue una represión donde hubo compañeros muertos, perseguidos, mataron veintipico de compañeros. Yo entiendo que esto no era un mundo civilizado; nosotros peleábamos por nuestros trabajos, nuestro salario y queríamos un mundo civilizado…la represión no fue solamente dirigida a los dirigentes sindicales sino a todos los trabajadores. Esto se hizo con el apoyo de la Policía Federal y las autoridades de Acindar”.
Piccinini repasó, además, su posterior periplo por las cárceles de la dictadura repletas de presos políticos una vez “blanqueado” y puesto a disposición del PEN en un cautiverio que duró –al igual que el sufrido por su compañero de la UOM-Villa Constitución, Actis- más de cuatro años siendo luego sometido a un régimen de “libertad vigilada”. En ese sentido, contó que durante la dictadura, estando él privado de libertad, los represores secuestraron a su compañera Nadia Doria, también trabajadora de Acindar, quien al día de hoy permanece desaparecida.
La decisión de Oyarbide, aunque tardía, expresa el resultado de una incansable lucha popular en lo político y  en lo técnico –que muestra importantes avances desde la decisión histórica de anular las leyes de impunidad en 2003- para que sean incorporados a los juicios por el terrorismo de Estado no solo quienes aplicaron materialmente el plan sistemático genocida, sino también quienes desde el poder económico, mediático y cultural gestaron y desarrollaron la instalación del discurso “anticomunista” y “antisubversivo” para beneficiarse principalmente en términos económicos de la dictadura.
Como bien señala la denuncia instaurada por la Liga y los dirigentes sindicales víctimas directas del operativo represivo “Serpiente Roja del Paraná”, esta acción criminal represiva fue esencial a los fines y objetivos de la empresa Acindar que prestó todo tipo de servicios a la realización del mismo, efectuado con el objetivo de “disciplinar” y aterrorizar tanto a los trabajadores de la empresa como a la población del lugar, para llevar a cabo sus planes tendientes a maximizar las ganancias empresarias. Similares acciones guiaron a través de directivos y personal jerárquico las grandes empresas locales y trasnacionales durante los años de la dictadura.
Los procesos judiciales y juicios orales en marcha significan entonces la reapertura y profundización de un debate que ya está instalado en la sociedad. Se muestran como un espacio para disputar conceptos, usos de la historia, valores en juego que  permiten no solo “sentar en el banquillo” a los responsables del genocidio que instauraron el régimen del terror en el marco de la “Doctrina de Seguridad Nacional”, sino también discutir los grados y formas de reparación necesarias para revertir los efectos de un genocidio impuesto para reproducir el capital e instaurar un modelo neoliberal que afectaría de los modos más diversos y violentos a las grandes mayorías no solo en el país sino en todo el continente.
Este “nuevo campo de batalla” abre la posibilidad de avanzar sobre el poder económico, descartando la vieja idea de que empresarios y representantes del gran capital fueron “cómplices civiles” de la dictadura cuando en rigor de verdad fueron su espacio propiciador e impulsor; y recuperar junto con la condena de todos los responsables materiales e ideológicos las condiciones para luchar por aquello por lo que luchaba la generación victimizada por el terrorismo de Estado.



BREVES

En defensa del último espacio verde
El reclamo de lxs vecinxs de la localidad de Haedo (situada en el partido de Morón, al oeste de la provincia de Buenos Aires) contra la contaminación en el barrio.

Tras años de reclamar a la salud y al ambiente que acarrea el funcionamiento de las fábricas Taranto y Timpol (una metalúrgica y una tintorería industrial, respectivamente) hace pocos meses se encontraron con que el único pulmón verde (una hectárea situada a la vuelta de estas fábricas) fue cerrada por las autoridades de la Universidad Tecnológica Nacional, alegando que el predio es de esa institución.
El predio fue donado por un vecino para hacer una plaza, y en 1972 el General Lanusse lo expropió, entregándoselo a la UTN con la condición de utilizarlo dentro de los 5 años posteriores. Esto no ocurrió, por lo que se mantuvo como un espacio público, que funciona como lugar de encuentro y esparcimiento para vecinxs y alumnxs de los 3 jardines de infantes que están frente a este lugar.
Las autoridades de la UTN cercaron este predio para hacer un estacionamiento y lxs vecinxs comenzaron a movilizarse para que no les quiten el único espacio verde que queda a escasos metros de las mencionadas fábricas y a pocas cuadras del Parque Industrial La Cantábrica. Por estos motivos, presentaron ante la justicia un recurso de amparo por el impacto ambiental negativo que el estacionamiento de la universidad, sumado a la concentración industrial, ocasionará en el ambiente.
Quienes viven en el barrio han padecido un incremento de casos de cáncer así como también de complicaciones respiratorias y en la piel. Lxs vecinxs de Haedo continúan reclamando por su derecho a vivir en un ambiente sano y ante un pedido de tal magnitud e importancia las respuestas son nulas.


La AGD-UBA denuncia intento de despido de un docente
La Gremial de Docentes de la Universidad de Buenos Aires viene denunciando las irregularidades en el concurso de Pablo Mauas, y los argumentos del Jurado que evaluaron negativamente la actividad gremial y la adhesión a paros nacionales convocados por AGD y CONADU Histórica.

La Asociación Gremial Docente de la UBA, organización enrolada en la CONADU Histórica, viene denunciando el intento de despido del docente Pablo Mauas, a partir de un concurso docente plagado de irregularidades.
El concurso para el cargo de JTP Dedicación Simple, del departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, que se discute actualmente en el Consejo Directivo de la FCEN, fue cuestionado por la AGD, y ante el pedido de ampliación del dictamen, el jurado admitió públicamente que uno de los argumentos que utilizó como elementos de juicio fue la participación de Mauas en paros nacionales votados en asamblea de las organizaciones sindicales de las que forma parte: la AGD-UBA y la CONADU Histórica.
Este hecho, sostiene AGD-UBA, basta para declarar la nulidad del concurso ya que implica el ejercicio por parte del jurado de una política de persecución gremial.
“No hace falta argumentar mucho para comprender que es completamente ilegal castigar en un concurso a un docente por su participación en paros nacionales, dado que el derecho a la huelga está garantizado por la Constitución Nacional. Peor aún, Pablo Mauas realizó estos paros nacionales cuando era Secretario General de la AGD FCEyN, cuando estaba protegido legalmente por los fueros gremiales que otorga su filiación a la CONADU Histórica. O sea que el dictamen viola, además, la protección gremial garantizada por la Ley de Asociaciones Profesionales”, sostiene el comunicado difundido por la seccional AGD de la FCEN, AGD-UBA y la Conadu Histórica.
De la observación de la grilla del concurso, saltan a la vista varias irregularidades, pero claramente el elemento político vicia totalmente de nulidad dicho concurso, cuya resolución implicaría en los hechos el despido de un docente que se ha manifestado en todo momento en defensa de la educación pública, hecho que además, tal como denuncia la Gremial, “constituiría también un ataque frontal contra la organización gremial de los trabajadores docentes de todo el país”.
ADG invita a todos los docentes universitarios a sumar su adhesión, enviando un mail a la dirección noaldespidodemauas@yahoo.com.ar

Más información en http://www.iafe.uba.ar/u/mauas/impugnacion


Torturas en el Hospital Fiorito
La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) denunció la aplicación de torturas sobre un joven de 19 años que reposaba indefenso, esposado y con suero, recuperándose de una operación de alta complejidad en la habitación del hospital.

Jonathan Damián Alí fue trasladado el miércoles 12 de octubre desde San Pedro (lugar en el que viven él y toda su familia) hacia el hospital Fiorito de Avellaneda, para que se le extrajera una bala en la espalda disparada, en un intento de robo, por el comisario de Mercedes Jorge Espíndola, de 55 años.
La operación, realizada el viernes 14 de octubre, fue exitosa, y Jonathan se recuperaba satisfactoriamente, esposado a la cama con la presencia constante de dos, y por momentos tres, oficiales de la Policía Bonaerense (uno de San Pedro y el resto de la jurisdicción del hospital).
Al mejorar su situación, el hospital se comunicó con la familia para informarle que estaban por ordenar el traslado a San Pedro, que habían arreglado que no se realice en un móvil policial sino en una ambulancia.
Pero al día siguiente, la familia recibió un nuevo llamado en el que se los convocó urgentemente ya que Jonathan se encontraba en una situación crítica.
Al llegar al hospital, los padres de Jonathan, Liliana Medina y Oscar Alí, encontraron a su hijo con una brutal herida en un ojo y un dolor abdominal agudo que requirió una operación de urgencia, en la que se descubrió que tenía gravísimas lesiones traumáticas, incluyendo el estallido del duodeno.
El hospital nunca admitió a la familia que las heridas fueron causadas por golpes propinados por los efectivos que cumplían la custodia. El director del hospital sólo se limitó a hacer un "parte" a la comisaría.
Integrantes de la CORREPI acudieron al hospital para hablar con la familia y revisar el curso de la denuncia que nunca fue mandada a la Fiscalía por los oficiales de la 1ª de Avellaneda. Inmediatamente, los integrantes de CORREPI acompañaron a la madre de Jonathan al Polo Judicial de Avellaneda para hacer la denuncia por torturas, causa que ahora sí es tramitada por la UFI n° 3, con intervención del Juzgado de Garantías nº 9.

Contactos de Prensa: Sebastián 15-4088-4920 / Nahuel 15-5143-2183


Movilización de los trabajadores de Pepsico en defensa de sus delegados
Tal como ocurrió con los trabajadores de Kraft, dos delegados de Pepsico Snacks fueron procesados por realizar cortes en la Panamericana en reclamo del pase a planta permanente de más de un centenar de trabajadores tercerizados y contratados.

En el día de hoy, jueves 27 de octubre, los trabajadores de la fábrica de alimentos y bebidas Pepsico Snacks se movilizaron en ocasión de la audiencia en la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de San Martín, que forma parte de una causa abierta por el Juzgado Federal de San Isidro contra los delegados Catalina Balaguer y Leonardo Norniella, imputados por realizar cortes en la Panamericana.
Dichas medidas de fuerza, decididas en asamblea, fueron realizadas por los trabajadores en 2010 como parte del reclamo del pase a planta permanente de los trabajadores tercerizados por la empresa New Choice y los contratados, y contra despidos. A partir de esta lucha, lograron dar visibilidad al fraude laboral en que incurría esta empresa multinacional y lograron el pase a plante de los tercerizados y 80 efectivizaciones de trabajadores contratados.
Norniella fue procesado, además, por participar en otros 6 cortes acompañando a los trabajadores de Kraft-Terrabusi, en ocasión del despido de 160 compañeros en 2009, incluyendo parte de la Comisión Gremial Interna y del corte efectuado en octubre de 2010 luego del asesinato de Mariano Ferreyra. Además del procesamiento, la Justicia Federal le trabó al delegado un embargo por 155 mil pesos.
La Comisión Interna de Pepsico Snacks denuncia que estas imputaciones intentan avanzar sobre las conquistas de los trabajadores y su organización gremial, y que forma parte de una política más amplia de persecución contra delegados  y trabajadores, tal como ocurrió con los dirigentes de Kraft, que sufrieron más de 20 imputaciones judiciales por los cortes del 2009 y la toma de la planta.
“Convocamos a todos/as a movilizarnos y hacerle sentir a la justicia y al gobierno que no vamos a permitir que enjuicien a nuestros delegados/as por luchar contra las leyes de los noventa, contra la precarización y contra el Fraude Laboral. Esta lucha todavía sigue en curso ya que tenemos actualmente en la fábrica trabajadores/as por agencia que exceden el año de antigüedad, por lo que estamos planteando su efectivización” sostiene el comunicado de la CI difundido esta semana.

Contactos: Leonardo Norniella 15-4986-3566 / Catalina Balaguer 15-6098-9996 / Dr. Agustín Comas 15-4035-8445



Agenda

Sábado 29 de octubre

** Proyección de “Jenin, Jenin” de Mohamed Bakri. Debate posterior con Rafael Araya (Secretario de la Embajada de Palestina) y Rubén Saboulard (Asambleas del Pueblo, Revista La Maza y Librería gebara). Organizan: Asambleas del Pueblo y Librería Gebara en solidaridad con la lucha del Pueblo Palestino. En Paseo Colón 1068, Cdad. de Bs. As. A las 17.

** Fiesta. Música para revolear las vinchas. Organiza: Un.O.C.C. (Unió de Operadores de Calls Center – CTA Capital). Entrada Solidaria: 10 pesos. En Independencia 766, Cdad. de Bs. As. Desde las 00.


Martes 1 de noviembre

** Presentación del Libro “El Crimen Educativo. Una mirada periodística sobre las políticas educativas” de Andrés Sarlengo (Docente, periodista, realizador del programa radial Contrapuntos, Venado Tuerto). En AMSAFE ROSARIO, Catamarca 2330, Rosario, Santa Fe. A las 18.

** Mesa redonda: "Pueblos Originarios y Argentina Hoy". Participan: Dra. María Elena Barbagelata (Diputada MC-  Miembro Consejo Presidencia APDH), Adolfo Pérez Esquivel (Premio Nobel de la Paz-Servicio Paz y Justicia), Aldo M. Etchegoyen (Co-Presidente APDH), Paula Alvarado (Secretaria de Relaciones Internacionales APDH). Coordina: Horacio Rabean. Organizan: Secretarías de Pueblos Originarios y Relaciones Internacionales de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. En el Aula 1 de Extensión Universitaria de la Facultad de Derecho de la UBA, Avenida Figueroa Alcorta 2263, Cdad. de Bs. As. A las 19.

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