NACIONALES - Red Eco Alternativo- Jueves 17 de noviembre de 2011
año 13 - número 43 Jueves 17 de noviembre de 2011
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NACIONALES

Argentina: Matan a campesino por defender su tierra
El miércoles 16 de noviembre,  en  la provincia de Santiago del Estero,  los sicarios Javier y Arturo Juárez, dispararon contra dos campesinos provocando la muerte a Cristián Ferreyra de 25 años y heridas de gravedad a su compañero que se encuentra en observación en el hospital de la capital santiagueña. A un tercer joven lo agredieron con fuertes palazos.  (Nota con AUDIO)
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¿A quién beneficia este Indec?
En enero próximo se cumplirán 5 años desde que el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, intervino el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC). Carolina Ocar, recientemente reelecta delegada de los trabajadorxs por ATE, asegura que “en el INDEC tenemos un agujero negro que es irrecuperable”. (Nota con AUDIOS)
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Malos Tratos
Las cárceles argentinas siguen dando que hablar. Los presos de un penal de Corrientes realizan una huelga de hambre en contra de las condiciones en las que viven; una jueza chaqueña exige urgentes mejoras en comisarías, y un informe de la Coordinadora de Trabajo Carcelario denuncia las gravísimas deficiencias del sistema carcelario santafesino.
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Trabajadores de Ecotrans denuncian graves faltas de inversión y mantenimiento
El cuerpo de delegados de la empresa de colectivos ha venido denunciando varios accidentes ocurridos por falta de mantenimiento de las unidades y de inversión. Ecotrans, propiedad del Grupo Plaza, recibe millonarios subsidios estatales incluso por colectivos que no existen o que no funcionan. (Nota con AUDIOS)
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Ley de Glaciares para Río Negro
En mayo del corriente año se aprobó en primera vuelta el proyecto de ley de protección de los glaciares y ambientes periglaciales de la provincia de Río Negro. En estos días, organizaciones sociales, ecologistas y asambleas, esperan el tratamiento en segunda vuelta de esta iniciativa con la esperanza de contar con una ley a la altura de la importancia que revisten estos reservorios de agua.
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Breves

Dos pasos hacia la justicia

Comienza mañana un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo. Además, se dispuso el inicio de la instrucción penal para la investigación de los crímenes cometidos en el marco de la "Operación Serpiente Roja del Paraná" en 1975.

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Marcha de chicos y chicas por sus derechos en Neuquén

Mañana, viernes 18 de noviembre, a las 9.30, niños, niñas y adolescentes se reunirá para caminar junt@s en la 11ª Marcha por sus derechos proclamando el lema de este año: "Mi derecho se perdió/y alguien se lo quedó.../ ¡Aguantame la 2302...!”. El punto de encuentro es la esquina de San Martín y Salta de la capital provincia.

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Criminalización de una protesta ambiental
Vecinos y miembros de organizaciones sociales que vienen sosteniendo la no instalación de la Subestación eléctrica Rigolleau en el casco céntrico de la ciudad de Berazategui en la provincia de Buenos Aires, denunciaron la judicialización de la protesta de la que están siendo víctimas.
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FaSinPat: Mega Festival por los 10 años de gestión obrera
En 2001 un grupo de trabajadores de la cerámica Zanon decidió tomar la fábrica en resguardo de las fuentes de trabajo, luego del vaciamiento de la patronal. El domingo 20 de noviembre se realizará un mega festival solidario del que participarán Manu Chao, La Bersuit, Jauria, Arbolito Oye Primate y los locales Cromosoma X y 7 Puntas, para celebrar los 10 años en manos de los trabajadores.
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Movilización por el desprocesamiento y la libertad de los luchadores
Para reclamar por el cese de la criminalización de la protesta y la persecución judicial a militantes y trabajadores, organizaciones sindicales, estudiantiles, de DD.HH. y partidos políticos movilizarán el 23 de este mes hacia Plaza de Mayo.
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Agenda
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Argentina: Matan a campesino por defender su tierra
El miércoles 16 de noviembre,  en  la provincia de Santiago del Estero,  los sicarios Javier y Arturo Juárez, dispararon contra dos campesinos provocando la muerte a Cristián Ferreyra de 25 años y heridas de gravedad a su compañero que se encuentra en observación en el hospital de la capital santiagueña. A un tercer joven lo agredieron con fuertes palazos.  (Nota con AUDIO)
mocase.jpg(Noelia Carrazana-Red Eco) Santiago del Estero-  Hoy, integrantes de Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) , anunciaron una marcha que se realizará mañana viernes junto a diferentes organizaciones sociales, senadores y  diputados nacionales Partirá a las 11 hs. desde el Obelisco y llegará a la Casa de Santiago del Estero, para reclamar el esclarecimiento del asesinato de Cristian Ferreyra.
La convocatoria se realizó durante una conferencia de prensa en el Salón José Luis Cabezas de la Cámara baja, junto a los diputados Claudio Lozano, Victoria Donda, Eduardo Macaluse (FAP) y Liliana Parada (Proyecto Sur), entre otros. Donda,  quien es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, denunció "la complicidad de las autoridades públicas e indico que es inadmisible que los pobladores sean corridos del lugar que les pertenece. Lo hacen por el furor que genera la fiebre por las tierras para la soja y utilizando formas que no tienen nada que ver con un Estado de derecho”.
Cristian integraba el MOCASE Vía Campesina; vivía en la comunidad San Antonio, en Monte Quemado, departamento Copo, una comunidad que tiene una disputa por la posesión de sus tierras con un empresario de Jose Ciccioli, oriundo de Santa Fe.
Ricardo Cuellar, compañero de Ferreyra declaró a radio La Colectiva que “Estos asesinos, fueron mandados por el empresario Ciccioli. Estas personas mandan gente contratada que alambran casas, escuelas y cuando la gente se ve encerrada tienen que cortar los alambres”. Explicó también cómo estos empresarios se  hacen dueños de las tierras que son ocupadas legítimamente por personas que las han heredado de sus antepasados.
“Ayer había reunión en la comunidad para ver  el Informe de Bosque de Provincia, y momentos antes los Juárez sin discusión  directamente fueron a los tiros, le dispararon a dos chicos en las piernas;  uno se salvó y Cristian Falleció desangrado, un tercero fue golpeado con palos pero no corre riesgo su vida”, agregó Cuellar.
Diferente es la versión que dio Laura Ciccioli, hija del empresario sojero, al diario Perfil: "Lo que pasó es que esta gente (por el Mocase) amenazó a un hombre con un arma blanca. Este fue a su casa y se vengó, así que no tenemos nada que ver".
Integrantes MOCASE-Vía Campesina, indicaron que "En varias oportunidades el empresario Ciccioli, amenazó públicamente que mataría a un campesino del Mocase Vía Campesina para que dejen de molestar”.

Ser campesino en Argentina es estar dispuesto a dar la vida por la “tierrita”
De los datos relevados por el Observatorio de Tierras, Recursos Naturales y Medio Ambiente Red Agroforestal Chaco Argentina (REDAF), se desprende que, sólo en catorce de los conflictos que se relevó, alrededor de tres mil seiscientas personas corren el riesgo o han sido desplazadas de sus territorios por sujetos y/o empresas que argumentan tener títulos de propiedad sobre esas tierras, involucrando alrededor de 41.587 hectáreas del monte santiagueño.
La presencia de estos grupos armados también fue advertida en la zona de El Negrito y Los Parvas, donde Soria presume que comenzaron a rondar porque se han vendido campos habitados por familias que han vivido allí por más de tres generaciones, pero no tienen título de propiedad.
A su vez la Unidad de Manejo del Sistema de Evaluación Forestal (UMSEF) de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, señala que entre 2002-2004, en el Departamento de Alberdi se perdieron 41.592 hectáreas de bosques nativos. Según los resultados aún preliminares de la actualización de este estudio, en el año 2006, en las provincias de Salta, Santiago del Estero y Formosa, se duplicó la tasa anual de pérdida de bosque nativo con respecto al período 1998-2002.
Los empresarios que intentan acaparar las tierras, Los Julianes, Ciccioli, Ricardo Villa, Saud vienen de Santa Fe y Tucumán; éstos son los mismos que han diseñado el plan de ataque que vienen sufriendo los campesinos indígenas en los departamentos Copo, Pellegrini y Alberdi desde hace 4 meses de forma sistemática. Ejemplo de su accionar son la detención arbitraria de Ricardo Cuellar, el atentado a la FM Pajsachama, la quema de ranchos y pertenencias de campesinos de la CCCOPAL.
Deolinda Carrizo, integrante del área de Comunicación del Mocase,  explicó en  el programa Al Oeste  de FM En Tránsito, que “los empresarios ofrecieron casas, plata y como los campesinos no aceptaron, entonces contrataron gente armada que generan actos de inseguridad para las familias, cierran caminos para que los niños no vayan a la escuela, es por ello que los compañeros decidieron hacer la resistencia pacífica”.
Deolinda agregó que han denunciado tanto esta muerte como y los recurrentes ataques que vienen sufriendo, aunque en algunos casos en la comisaría o en el juzgado no se las quieren tomar.  Incluso las han hecho ante las Naciones Unidas, ya que explicó que si bien la organización lleva 21 años de vida, en  los últimos tres años el problema de los desalojos se exacerbó y por ello hay varios intentos de asesinato.

La complicidad del poder político y la justicia  
Autoridades municipales o provinciales no se hicieron eco de este asesinato. Era de esperar ya que hoy  los partidos políticos en la provincia son los transformados de la época de los Juárez; tienen otros nombres, pero son los mismos que estaban en el poder años anteriores.
Deolinda denunció que “incluso existen declaraciones de un intendente de la zona norte, quien el año pasado dijo que en tres años iba a desaparecer el MOCASE porque se opone al progreso.
Quien gobierna desde el 2005 a Santiago del Estero es Gerardo Zamora. Proveniente del radicalismo desde su inicio en la política, Zamora se convirtió en Radical K. Su gestión acarrea acusaciones de magnificación de obras públicas, "ocultamiento del descalabro financiero", denuncias por corrupción y el caso de la Cárcel Pública de Santiago del Estero, donde en 2007 36 internos fueron fusilados y quemados en un pabellón. Sin embargo, Zamora no separó ni al ministro de Seguridad (Ricardo Daives), ni al jefe de policía (Marcelo Pato) o al juez Ramón Tarchini Saavedra. Además, en una de las provincias más empobrecidas del país,  se compró un avión Lear Jet de 8.000.000 de dólares para uso personal.  
Esta muerte es una mas que se lleva el modelo agroexportador, impulsado con mayor fuerza desde el anuncio de la Presidenta Cristina Fernández del Plan Estratégico Agroalimentario (PEA) 2016-2020, que pretende incrementar las toneladas de soja. Esto implica poner más tierras para cultivos de las grandes empresas, lo cual genera la muerte de los campesinos y Aborígenes en defensa de su forma de vida o la expulsión de éstos a las grandes ciudades.
En Argentina para estos sectores es todo diálogo, así como indicó Félix Díaz de la comunidad Qom, que a más de un año de la muerte de uno de sus hermanos, el gobierno no cumplió ninguna de sus promesas  y ellos siguen reclamando.
En la misma línea de “diálogo” del gobierno nacional, en Santiago también el Gobernador cuando asumió se reunió con los campesinos y prometió siete  puntos. Hasta ahora no cumplió  nada, indicó Deolinda Carrizo, quien además se lamentó de que “también se impulsó el  Comité de Crisis, que se tomó el trabajo de verificar que efectivamente hay violencia hacia las comunidades; constató que hay gente armada encargada de amedrentar a los comunitarios, hizo un informe completo, pero quedó todo en papeles, todo esta pendiente”.
En este contexto, las detenciones por parte de la policía y la persecución judicial se suman a las estrategias de amedrentamiento de las que son víctimas los campesinos santiagueños.
La judicialización de la protesta campesina se puede ver en una  causa en la que detienen a Juan Santillán, a Antonio y a Alcides Santillán, los citan permanentemente y les toman declaraciones o bien con una causa que se instruye en el Juzgado Criminal 4to de la ciudad de Santiago capital, a cargo de Ramón Tarchini Saavedra, contra 12 integrantes del movimiento.
Se trata de una acción judicial iniciada por la empresa Julianes SRL, en conflicto con la comunidad rural del campo La Flor en el departamento Alberdi donde ésta empresa denuncia por frenar el alambrado, pero muchos de los denunciados no pertenecen a esta comunidad, sino que son  varios dirigentes y militantes  de MOCASE, o sea que en realidad es una denuncia en contra de la organización.
Así las estrategias judiciales, ponen  a los campesinos en el lugar de usurpadores de las tierras que han habitado por generaciones, los empresarios cuentan con el beneplácito de jueces prestos a reconocer la propiedad a los detentores de títulos de dominio. Aquí se juega el “uso de la tierra”, unos quieren preservar la biodiversidad, que  por ejemplo en el monte santiagueño implica preservar la algarroba que tantos usos tiene, este modelo se contrapone al uso que el mercado le quiere dar a los campos argentinos.
Fuentes: cloc-viacampesina.net, MOCASE, Fm En Transito, La Colectiva radio, diario Perfil
AUDIO: entrevista a Deolinda Carrizo, integrante del Mocase. Programa Al Oeste-FM EN Tránsito (F
abiana Arencibia y Sergio Lucarini) descargar

¿A quién beneficia este Indec?
En enero próximo se cumplirán 5 años desde que el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, intervino el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC). Carolina Ocar, recientemente reelecta delegada de los trabajadorxs por ATE, asegura que “en el INDEC tenemos un agujero negro que es irrecuperable”. (Nota con AUDIOS)

(Fabiana Arencibia-Red Eco) Ciudad de Buenos Aires - El pasado 1º de noviembre Ocar fue reelecta delegada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Lo positivo de la elección fue la alta participación teniendo en cuenta que organizarse con una intervención que se apoya en la actuación de una patota de 70 personas constituye un riesgo para lxs trabajadorxs. Claro que no para todos, sino para los que, nucleados en ATE, viene denunciando desde hace cinco años las manipulaciones que sufren desde entonces, los aprietes, condiciones de trabajo en constante tensión y desplazamientos arbitrarios de trabajadores.
En una entrevista realizada en el programa Los Locos de Buenos Aires de FM La Tribu, Carolina Ocar recordó por qué el gobierno kirchnerista intervino en enero de 2007 el instituto, cuáles son sus consecuencias y quién se beneficia hoy con las estadísticas manipuladas.
La directora del Indec, puesta por el inamovible funcionario K Guillermo Moreno (secretario de Comercio Interior desde la presidencia de Néstor Kirchner), no es lo que podríamos llamar una militante “nacional y popular” de la primera hora. “Ana Maria Edwin fue directora de Recursos Humanos del organismo durante el menemismo y el gobierno de De la Rúa. Y fue quien introdujo el neoliberalismo dentro del Indec con los contratos basura para los trabajadores, los convenios truchos con las universidades para tercerizar trabajadores, todo esto vino de su mano”, recuerda Ocar.
La intervención del Indec tuvo su origen en las presiones que recibió el equipo técnico que elabora el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que mide la inflación. “Moreno, como secretario de Comercio, tiene entre sus funciones el control de precios. Cuando se empiezan a disparar algunos precios, Moreno comienza a hacer acuerdos con empresas y comercios que en un proceso  empiezan a fracasar”, contó la delegada. 
A partir de allí se inician las presiones a la directora del IPC dentro del organismo, pidiéndole el listado de locales donde se hacían los relevamientos de precios con los cuales se elabora el índice de inflación. La directora responde que ese listado está protegido por la ley de secreto estadístico. Y entonces el gobierno decide intervenir el Indec para poder manejar el índice de inflación.
“Lo que se hizo en el inicio fue tapar el fracaso de la política de control de precios y el ocultamiento de la inflación real”, pero como el gobierno no podía admitir este fracaso, justificó la manipulación con la excusa de lo que los trabajadores llaman “el dibujo patriótico”. Como parte de la deuda pública está en bonos (títulos públicos) que se ajustan por el CER -  coeficiente en el que uno de sus componentes es el IPC-  entonces, regular este último índice al valor lo más bajo posible, significa que no crezca tanto la deuda y que se le pague menos a los acreedores.
“Nosotros, los trabajadores, no tomamos la decisión de que los bonos estén atados al CER. Eso es una decisión política. Además, por el contrario, hay bonos que están atados al PBI y esos se vieron inflados (por el supuesto crecimiento de ese valor que mide la producción nacional). Por eso el argumento de los bonos es puro verso”, aseguró Ocar.
Existe la idea de que lo que se cambian son los datos de las muestras tomadas, pero lo que se hace es manipular el relevamiento de la muestra. Inventar un IPC irreal produjo lo que los trabajadores del organismo llaman “el efecto metástasis” sobre otros indicadores sensibles como son los que miden la pobreza y  la indigencia. Esto es así porque el IPC se calcula en base a la variación de los precios que forman la Canasta Básica Total (que pondera los precios de los bienes y servicios que la población consume). Y esa canasta es la que luego se utiliza para medir el índice de pobreza y dentro de ella, la indigencia. Si se manipula la canasta también se manipulan los datos de pobreza.
En la entrevista, la delegada de ATE recordó las denuncias que realizaron el año pasado antes de que se realizara el Censo Nacional 2010. Una de las razones fundamentales es que las tareas preparatorias, que hasta ese momento llevaba adelante el equipo de diseño conceptual de la Dirección de Estadísticas Poblacionales, fueron interrumpidas. La mayoría de sus integrantes fueron desplazados y reemplazados “por personal poco calificado u obediente, con la consecuente pérdida de confiabilidad de todo lo que se puso en marcha a partir de ese momento”, decían entonces.
También habló de las disputas internas del gobierno respecto al tema Indec, organismo que está bajo la órbita del Ministerio de Economía. Allí recordó que cada ministro de Economía que pasó durante la gestión kirchnerista se propuso dar una solución al tema. Incluso el actual ministro, y vicepresidente electo, Amado Boudou, promocionó la formación de un Consejo Académico integrado por las universidades públicas de Buenos Aires, Rosario, Tres de Febrero, Tucumán y Mar del Plata. El objetivo era analizar e informar los resultados de un relevamiento en cuanto a las mediciones del Indec. El documento final fue altamente crítico. Pero nada se hizo con él y quedó sepultado en el baúl de los recuerdos.
“Desde el año 2007 hasta hoy tenemos un agujero negro que es irrecuperable. Cuando entró la intervención lo que hizo fue borrar las bases de datos y romper las series históricas de años de elaboración que hubiesen permitido mejorar el sistema estadístico”.
Para dar un primer paso en la recomposición del organismo, los trabajadores de ATE plantean algunos puntos fundamentales. En primer lugar que se vaya la intervención de Guillermo Moreno y su patota. Luego que se reintegren a los catorce técnicos que fueron despedidos y que vuelvan a sus lugares de trabajo quienes fueron desplazados. A partir de allí se puede comenzar a reconstruir algo de lo perdido.
Por otra parte, Carolina Ocar se preguntó quiénes son los que se están beneficiando con un Indec desprestigiado. “Un Indec que no produce información estadística confiable, no le sirve a nadie. No le sirve al gobierno ni siquiera para producir políticas públicas (...) Y no hay ninguna consultora privada, ningún organismos internacional, ninguna universidad que pueda suplantar lo que está perdiendo el Estado con el Indec desmantelado”, dijo.
“Los trabajadores del Indec jamás nos vimos implicados en venta de información estadística. Los que le han hecho el juego a las consultoras y se lo siguen haciendo ahora, son los que están en la cúpula del organismo. Nunca se le hizo tanto el juego a las consultoras como ahora que el organismo está totalmente desprestigiado. Entonces, los trabajadores nos preguntamos: ¿Quién le hace el juego a las consultoras? ¿Los trabajadores que defendemos las estadísticas públicas o quienes lo intervienen y lo desprestigian?”
AUDIOS entrevista realizada en el programa Los Locos de Buenos Aires – FM La Tribu 88.7
Origen del conflicto

Daño irrecuperable en el sistema estadistico

Irregularridades del Censo Nacional 2010

Primeras medidas para recuperar el organismo
Malos Tratos
Las cárceles argentinas siguen dando que hablar. Los presos de un penal de Corrientes realizan una huelga de hambre en contra de las condiciones en las que viven; una jueza chaqueña exige urgentes mejoras en comisarías, y un informe de la Coordinadora de Trabajo Carcelario denuncia las gravísimas deficiencias del sistema carcelario santafesino.
carceles_dib.jpg(Red Eco) Argentina – 10 muertes en 2011, 40 en cuatro años en cárceles santafesinas. Más de la mitad de los detenidos no tiene condena, un tercio está alojado en dependencias policiales (básicamente comisarías). Estas son algunas de las conclusiones de un informe elaborado por la Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC), que será enviado al Subcomité contra la Tortura en Ginebra, Suiza, en el marco del pedido de una visita in situ de expertos a Santa Fe.
La situación en las dependencias policiales es de una precariedad absoluta, no están preparadas para alojar personas. No garantizan un lugar digno para vivir, existe sobrepoblación que duplica o triplica sus capacidades. Tampoco la salud, la educación, ni la posibilidad de realizar actividades están aseguradas. No se cumple ni con las condiciones mínimas de higiene, teniendo por ejemplo uno o dos sanitarios en lugares donde se alejan entre 20 y 50 detenidos. Aunque legalmente no corresponden que estén allí, hay que personas que pueden pasar más de un año o hasta toda su condena. Además, en estos ámbitos es común por un lado un alto grado de violencia policial para con los internos; y por el otro, que se pida dinero a familiares para no trasladar a los detenidos, o para otorgar visitas “extraordinarias” y dejar ingresar elementos no permitidos.
En relación a las unidades penitenciarias, el informe de la CTC afirma que faltan elementos indispensables, como colchones, ventanas en invierno, desagües cloacales, cañerías, agua potable, alimentación de calidad.
Se ha vuelto una modalidad constante el traslado fuera de la provincia a detenidos que se encuentran a disposición de jueces de la provincia, alejándolos así de sus familias y de las personas que siguen y entienden en sus causas. También se han trasladado delegados que participaron en huelgas y reclamos.
A su vez, no se ha investigado la cantidad de fallecidos en forma violenta, suicidios o por enfermedad que se produjeron en los últimos años en las cárceles santafesinas.
En relación a los menores de edad, de los 83 jóvenes detenidos más de la mitad está alojada en el Instituto de Rehabilitación del Adolescente de Rosario (IRAR, administrado por la Dirección Provincial de Justicia Penal Juvenil y el Servicio Penitenciario). Allí se carece de la higiene mínima requerida, y no está garantizado el acceso de todos a la escuela. Además, son constantes los hechos de violencia por parte del Servicio Penitenciario, o entre los propios jóvenes, sin que intervengan las autoridades. También son numerosas las denuncias de torturas y apremios por parte de la policía al momento de ser detenidos.

Huelga de Hambre
La llevan adelante desde el martes pasado, dos tercios de los internos del Penal San Cayetano de Corrientes. Maltrato policial, dilación de las causas judiciales (muchos juicios que tenían fecha antes de fin de año fueron pospuestos para 2012), mal funcionamiento de los servicios sanitarios, de agua y energía, son los motivos de esta medida de fuerza.
Además, el sábado pasado en el pabellón donde se alojan los menores, hubo una violenta represión policial, que incluyó balas de goma, y que dejó varios presos heridos. A su vez, algunos fueron trasladados a los calabozos sin colchones y con el piso con agua, ya que había llovido todo el día.

Sin Lugar
La jueza de Faltas de la localidad chaqueña de Barranqueras, Sandra Saidman, le pidió al ministro de Gobierno provincial, Juan Manuel Pedrini, que se ejecuten mejoras en las deterioradas tres comisarías de la jurisdicción. Por ejemplo, en algunos casos se trata simplemente casas de familia “adaptadas” para ser centros de detención. No hay espacio previsto para el alojamiento de mujeres, la comida es provista por la guardia de las unidades o directamente por los familiares de los detenidos, y la higiene del lugar es responsabilidad de los presos.
En el documento presentado al Superior Tribunal de Justicia, la Fiscalía de Derechos Humanos, el Ministerio de Gobierno y la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura, Saidman denuncia además las razzias que realiza periódicamente el servicio de seguridad policial 911.
Solo una muestra de parte de la situación carcelaria de tres provincias, una realidad que se repite en cada uno de los distritos del país, sin que las autoridades locales y nacionales se hagan cargo y respondan en consecuencia.
Fuentes: Momarandu / Coordinadora de Trabajo Carcelario / Redacción Rosario / Chaco Día Por Día.

Trabajadores de Ecotrans denuncian graves faltas de inversión y mantenimiento
El cuerpo de delegados de la empresa de colectivos ha venido denunciando varios accidentes ocurridos por falta de mantenimiento de las unidades y de inversión. Ecotrans, propiedad del Grupo Plaza, recibe millonarios subsidios estatales incluso por colectivos que no existen o que no funcionan.

(Red Eco) El cuerpo de delegados de la empresa de colectivos Ecotrans –que brinda servicios en el oeste del conurbano bonaerense- han comenzado una campaña para dar a conocer una serie de denuncias sobre la falta de mantenimiento e inversión por parte de la patronal del grupo Plaza, circunstancia que deriva en las pésimas condiciones en que se encuentran las unidades y que implica la posibilidad de que ocurran graves accidentes.
“No queremos otra masacre de Flores”, cita un afiche firmado por el cuerpo de delegados y que fuera votado en asamblea. Allí se señala que debido a la falta de inversión, dos colectivos de la línea 322, que funciona en la localidad de Marcos Paz se quedaron sin frenos en plena ruta 200. Después "fue un colectivo de la Línea 317 de Morón al que se le rompió la dirección y chocó contra una casa". Los trabajadores sostienen que en todos estos casos, la habilidad y experiencia de los trabajadores hizo que no hubiera víctimas fatales.
“Han habido varios accidentes por falta de mantenimiento en las unidades, y con esto corren peligro los trabajadores y los usuarios, que también son trabajadores” sostuvo el delegado Ronald Armasa en una entrevista realizada por Fabiana Arencibia y Sergio Luccarini en el programa “Al oeste” de FM En Tránsito.
Los trabajadores han realizado varias denuncias a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), a la Secretaría de Transporte, a la Superintendencia de Riesgos y Seguros, al Ministerio de Trabajo y al propio gremio de la UTA, pero no han recibido respuesta alguna. Por ello, el pasado viernes 11 de noviembre realizaron una conferencia de prensa en las puertas de la sede Morón de la empresa.
Además de la falta de inversiones, denuncian que Ecotrans, intenta hace tiempo precarizar el trabajo de los choferes, aumentando la jornada laboral, o pretendiendo pagar parte del salario en negro.
“Este grupo que vive, con perdón de la expresión, de la teta del estado, y recibe grandes subsidios, no ha hecho las inversiones que corresponden, ni con las unidades ni con la parte edilicia, y quieren precarizar incluso a los trabajadores” señala Armasa.
La empresa era anteriormente una Cooperativa de Transporte (TDO-Transporte del Oeste), que quebró y fue comprada por el Grupo Plaza, del empresario Benito Roggio. El grupo Roggio posee, además de más de 40 líneas de colectivos, la concesión de subterráneo de Buenos Aires a través de la empresa Metrovías, y participa a través de UGOFE en el gerenciamiento del FF.CC Roca. Todo ese conglomerado de empresas recibe millonarios subsidios que no se trasladan a las condiciones de trabajo, al mantenimiento de las unidades y fundamentalmente a las condiciones en que viajan los trabajadores a diario.
Pero hay algo más. Los trabajadores denuncian que cuando se inician las actividades de Ecotrans, se firma un convenio por un subsidio especial para una planta de 360 colectivos, pero hoy funcionan 275. La empresa recibe $54.375 mensuales por unidad. La diferencia de dinero que recibe la empresa por unidades que no existen o no funcionan asciende al monto de $4.619.325, es decir, más de 4 millones y medio de pesos mensuales con los que se queda el grupo Roggio sólo por esta empresa.
Si trasladamos esta situación al puñado de grupos empresariales, como los de Sergio Taselli o la familia Cirigiliano, que manejan casi todo el sistema de transporte urbano e interurbano de Buenos Aires –sin contar obviamente lo que ocurre en otros puntos del país-, podemos entender la magnitud de una gigantesca estafa al estado, que no es otra cosa que una estafa al pueblo argentino, una situación que se ha venido profundizando en estos últimos años y que a la luz de los anuncios de los últimos días, no pareciera que vaya a modificarse.
Descargar: Entrevista a Ronald Armasa delegado de los trabajadores de Ecotrans
Ecotrans - Condiciones de trabajo

Ecotrans - Denuncias


Ley de Glaciares para Río Negro

En mayo del corriente año se aprobó en primera vuelta el proyecto de ley de protección de los glaciares y ambientes periglaciales de la provincia de Río Negro. En estos días, organizaciones sociales, ecologistas y asambleas, esperan el tratamiento en segunda vuelta de esta iniciativa con la esperanza de contar con una ley a la altura de la importancia que revisten estos reservorios de agua.
glaciares_dib.jpg(Red Eco) Río Negro - El proyecto, que fue aprobado en general en mayo pasado, debía ser tratado en particular en la sesión de la semana pasada. Sin embargo, fue retirado de la orden del día. Según la legisladora Magdalena Odarda, autora de la iniciativa, esto se debió a un pacto entre el bloque oficialista (UCR) y el Frente para la Victoria (FPV) que será oficialismo a partir del 10 de diciembre.
En diálogo con la prensa, Odarda relacionó la decisión de ambos bloques mayoritarios con la pretensión del gobernador electo, Carlos Soria (FPV), de insistir en la explotación minera en zonas sensibles.
El proyecto de ley provincial, que tiene como nueva fecha de debate el 30 de noviembre, fue presentado en 2010 con el fin de “preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico”.
La iniciativa, que lleva el número 283/2010, sigue los lineamientos de la ley nacional de presupuestos mínimos 26.639. Sin contradecirse con el espíritu de la norma nacional, es algo más restrictiva en algunos puntos.
En su primer artículo el proyecto agrega que “los glaciares constituyen bienes de carácter público, son propiedad del Estado provincial (art. 124 in fine de la Constitución Nacional) y se consideran cosas fuera del comercio (art. 953 del Código Civil) y por lo tanto inajenables”. Este párrafo marca una diferencia notable respecto a la ley nacional donde se indica que se los debe preservar “como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y las actividades industriales, como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la generación de energía hidroeléctrica; para la protección de la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico”. Es decir que en la Ley Nacional se establece implícitamente que "sirven y son necesarios" para la actividad industrial.
Entre las actividades prohibidas, el proyecto menciona:
“a) La liberación, dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier naturaleza o volumen; Se incluyen en dicha restricción aquellas que se desarrollen en el ambiente periglacial.
b) La construcción de obras de arquitectura o infraestructura con excepción las necesarias para la investigación científica y la prevención de riesgos;
c) La prospección, exploración y explotación minera o petrolífera. Se incluyen en dicha restricción aquellas que se desarrollen en el ambiente periglacial.
d) La instalación de industrias o desarrollo de obras o actividades industriales. Se incluyen en dicha restricción aquellas que se desarrollen en el ambiente periglacial.
e) La venta de terrenos ocupados por glaciares definidos en el Art. 2.”
De aprobarse el proyecto, Río Negro sería una de las pocas provincias que prohíbe en forma concreta toda actividad minera en glaciares y ambientes periglaciales. También pueden formar parte de la restricción las actividades deportivas, el andinismo, escalada y deportes no motorizados dado que establece que: “todas las actividades proyectadas en los glaciares y ambientes periglaciales que no se encuentran prohibidas, estarán sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, evaluación ambiental estratégica y Audiencia Pública según corresponda conforme escala de intervención, en el que deberá garantizarse una instancia de participación ciudadana de acuerdo a lo establecido en los artículos 19, 20 y 21 de la ley 25.675 –Ley General del Ambiente– y conforme a la legislación provincial vigente, en forma previa a su autorización y ejecución”.
La Red Nacional de Acción Ecologista de la Argentina (RENACE) invita a cada organización miembro u organizaciones sociales, que en forma individual hagan llegar sus adhesiones al proyecto, enviando una nota por fax a:
Presidencia de la Legislatura de Rio Negro, Ing. Bautista Mendioroz
Tel/fax 02920 – 421867 – Viedma
Consignando brevemente que: adhieren al proyecto de ley de protección de glaciares 283/2010, solicitan su urgente tratamiento en la sesión del 30 de noviembre del corriente. Solicitan que se incorpore el pedido al expediente y se remita copia a la Comisión de Recursos Hídricos y a la de Labor Parlamentaria.
Contacto: Claudia Rivero 02941-15-617-219
Fuentes: RENACE – Diario Río Negro


BREVES

Dos pasos hacia la justicia

Comienza mañana un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo. Además, se dispuso el inicio de la instrucción penal para la investigación de los crímenes cometidos en el marco de la "Operación Serpiente Roja del Paraná" en 1975.


Mañana, viernes 18 de noviembre, a las 9.30, los imputados Santiago Omar Riveros (a cargo del Comando de Institutos Militares, Jefe de la guarnición militar en Campo de Mayo), Reinaldo Bignone (Jefe del Estado Mayor del Comando de Institutos Militares), y Juan Demerio Luna (titular de la Comisaría de Tigre 1ª de la Policía de la Provincia de Buenos Aires) se sentarán en el banquillo para ser juzgados por las desapariciones de         Carlos José Fateche y Victorio Darganz. Solo tres represores y dos víctimas, lo que no hace más que distorsionar la magnitud del exterminio que se perpetró en Argentina, afirman desde Justicia Ya, organismo que será querellante en este proceso que se realizará en Villa 2121 de Vicente López (Prov. de Bs. As.). Las audiencias continuarán los días 30 de noviembre (A las 12), y 2 y 22 de diciembre (A las 9.30).

En tanto, el viernes pasado, el titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nro. 5, Norberto Oyarbide, dispuso el comienzo de la instrucción penal para la investigación de los crímenes cometidos en el marco de la "Operación Serpiente Roja del Paraná" perpetrada por fuerzas armadas, de seguridad y civiles del Ministerio de Bienestar Social y la dirección de la empresa metalúrgica Acindar en la ciudad santafesina de Villa Constitución en el mes de marzo de 1975.
Tras escuchar los testimonios de los dirigentes gremiales y víctimas directas del operativo represivo, Alberto Piccinini y Juan Jesús Actis, el magistrado confirmó su decisión de considerar los hechos delictivos denunciados como realizados con la tolerancia y aquiescencia del poder del Estado, calificándolos como "crímenes de lesa humanidad" de carácter imprescriptible. Luego de las audiencias realizadas hace quince días, la resolución del magistrado fue incorporar a la causa que lleva el número 16.251/10 y que está caratulada "Martínez de Hoz, José Alfredo y ot. S/ Allanamiento Ilegal y ot." a los representantes de la UOM de Villa Constitución en carácter de querellantes, sumándose a la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que ya había sido reconocido en tal rol.

 

Marcha de chicos y chicas por sus derechos en Neuquén

Mañana, viernes 18 de noviembre, a las 9.30, niños, niñas y adolescentes se reunirá para caminar junt@s en la 11ª Marcha por sus derechos proclamando el lema de este año: "Mi derecho se perdió/y alguien se lo quedó.../ ¡Aguantame la 2302...!”. El punto de encuentro es la esquina de San Martín y Salta de la capital provincia.


La ley 2302, mencionada en el lema, es la de Protección Integral de Niños y Adolescentes de Neuquén (1999-2000) y es el resultado de la movilización que impulsó una adecuación del estado neuquino a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas un 20 de noviembre de 1989. Los países firmantes, desde entonces, se comprometieron a hacerla realidad. Por ello, nuestra Constitución en el artículo 75 inciso 23 la incluye.
Esta Ley se sancionó para ser cumplida, para prevenir y detectar necesidades de la niñez y la adolescencia, pero lamentablemente falta mucho para que su aplicación sea para todos y todas.
“Nos enteramos de que en el Jardín 17 de Parque Industrial, en lo que va del año se denunciaron 30 casos de niños golpeados, desnudando una partecita de una realidad que en cada escuela, en cada organización barrial se conoce muy bien; nos enteramos que muchas familias viven en precarias casillas que se queman en menos de cinco minutos, construidas en desagües pluviales o laderas, en terreno no firme, en cañadones naturales, que al llover corren peligro de ser arrasados, rodeados de aguas servidas, moho, charcos de barro, con agua acumulada pero sin agua para tomar; nos enteramos que allanan casas pertenecientes a pedófilos pero no sabemos si hay detenidos por ello; nos enteramos que los derechos de hijos e hijas de
privad@s de libertad son vulnerados en la requisa o en la imposibilidad de visitarlos para esquivar a la misma o porque tienen enfermedades graves, duplicando así su indefensión; nos enteramos que de las 2400 víctimas de trata rescatadas en el país, 360 son menores de 18 años y que vari@s son explotad@s sexualmente; nos enteramos que la Defensoría de los Derechos de niños, niñas y adolescentes pretende ser querellante en causas relacionadas con el abuso sexual, ya que son el organismo más competente para hacerlo, debido a que la mayoría de estos delitos son cometidos en el seno intrafamiliar”, afirman las organizaciones convocantes.
Criminalización de una protesta ambiental
Vecinos y miembros de organizaciones sociales que vienen sosteniendo la no instalación de la Subestación eléctrica Rigolleau en el casco céntrico de la ciudad de Berazategui en la provincia de Buenos Aires, denunciaron la judicialización de la protesta de la que están siendo víctimas.

Hoy fueron citados por la Justicia Federal de Quilmes un grupo de vecinos de la subestación Rigolleau, aduciendo que cortaron la circulación del transporte terrestre. Luego, en una conferencia de prensa realizada esta tarde, informaron que se negaron a declarar ya que de la lectura del expediente, afirman, no surge ningún elemento de cargo que justifique por qué se encuentran imputados.
Los elementos reunidos por el UGOFE. S.A. – Línea Roca, para acusar a quienes defienden su vida y la de sus hijos de la contaminación electromagnética, son absolutamente infundados y no muestran la participación de los imputados en ningún corte de vías. De acuerdo a lo informado por los vecinos, el único testimonio que presentan es el de un policía, que reconoce haberse infiltrado entre los vecinos, para hacer tareas de inteligencia enviado por sus superiores, pero que por haber sido individualizado relata no haber podido identificar a ninguna persona.
Los vecinos buscaron y buscan permanentemente ser escuchados por las autoridades municipales, provinciales y nacionales, que se niegan a recibirlos. A lo largo de estos más de 7 años de reclamo vecinal, el poder político utilizó diversas estrategias y apañó las irregularidades de todo tipo que cometió la empresa  Edesur. La difamación, represión y persecución fueron algunas de ellas. Ahora le suman la judicialización, demostrando en definitiva que no están dispuestos a proteger a los vecinos y que son cómplices del criterio mercantilista con que actúan las multinacionales monopólicas de la electricidad.
Los vecinos esperan que la Justicia actúe para defenderlos de la instalación de lo que denominan “una máquina de muerte” a la luz de las experiencias que subestaciones como esta que pretenden instalar en Rigolleau, han causado en Ezpeleta y Wilde, y por el contrario la justicia actúa juzgándolos a ellos y los representantes de las organizaciones sociales y ambientalistas que los acompañan.
Fuente: http://fueralasubestacion.blogspot.com/


FaSinPat: Mega Festival por los 10 años de gestión obrera
En 2001 un grupo de trabajadores de la cerámica Zanon decidió tomar la fábrica en resguardo de las fuentes de trabajo, luego del vaciamiento de la patronal. El domingo 20 de noviembre se realizará un mega festival solidario del que participarán Manu Chao, La Bersuit, Jauria, Arbolito Oye Primate y los locales Cromosoma X y 7 Puntas, para celebrar los 10 años en manos de los trabajadores.

El festival, que forma parte de muchas actividades realizadas en distintos puntos del país para celebrar los 10 años de gestión obrera, se iba a realizar en octubre pero debido a las inclemencias del clima los/as trabajadores/as lo pospusieron hasta este próximo domingo.
Si bien la ley de expropiación de la fábrica fue sancionada en 2009, el trámite aun no concluyó. El jueves pasado los y las obreras de Fasinpat (ex Zanon) se movilizaron a la Casa de Gobierno provincial para exigir que se culmine la expropiación y garantías para mantener la fábrica produciendo al servicio de la comunidad. Recordaron que la expropiación fue votada hace mas de dos años y que sigue inconclusa.”La responsabilidad de esta situación la generó el gobierno por no realizar los trámites que correspondían al momento de votarse en la Legislatura”, aseguraron en un comunicado de prensa.
El mega Festival se realizará el domingo próximo a partir de las 17 en el playón de la Fábrica. “Sin dudas es una jornada de lucha para nosotros, donde abrimos las puertas de la fábrica a la comunidad y donde queremos expresar, también, la situación en la que nos encontramos”, explicaron.

Movilización por el desprocesamiento y la libertad de los luchadores
 Para reclamar por el cese de la criminalización de la protesta y la persecución judicial a militantes y trabajadores, organizaciones sindicales, estudiantiles, de DD.HH. y partidos políticos movilizarán el 23 de este mes hacia Plaza de Mayo.

La marcha está convocada, entre numerosas organizaciones, por el cuerpo de delegados de la línea 60, los ferroviarios del Sarmiento, los delegados del Teatro Colón,  los familiares del delegado petrolero Víctor Oñate, los trabajadores de la construcción del Sitraic y los trabajadores de Kraft, la Federación Universitaria de Buenos Aires junto al Encuentro Memoria, Verdad y Justicia.
En los últimos tiempos se han intensificado los procesos judiciales contra militantes y trabajadores por cortar rutas, manifestaciones callejeras o simplemente por realizar huelgas. Uno de los casos más resonantes de los últimos tiempos fue la absurda detención de Rubén “Pollo” Sobrero, pero sin dudas con quienes más se ha ensañado la justicia es con los trabajadores de Kraft y con aquellos que acompañaron su lucha contra los despidos realizados por la multinacional estadounidense, como el caso de Nestor Pitrola y Vilma Ripoll. Los representantes gremiales de la actual comisión interna –como Javier Hermosilla- y de la anterior CI –como Ramón Bogado- han sufrido varios procesamientos en su contra.
A esto se suman las detenciones del delegado petrolero Víctor Oñate -preso desde hace cinco meses, luego de la extensa huelga de los trabajadores del norte de Santa Cruz -, del militante del Sitraic Carlos Olivera, de los jujeños Mario Tapia y Aldo Claros -chivos expiatorios de la masacre de Ledesma, a quienes la policía arrancó "confesiones" mediante torturas y amenazas- y de la activista Karina Germano, acusada injustamente por un acto “terrorista”.
Mientras estos luchadores sufren la persecución, los asesinatos en manos de fuerzas policiales de militantes y compañeros como los del Parque Indoamericano, los Qom en Formosa o los del Ingenio Ledesma siguen impunes, y no se han impulsado investigaciones al respecto.
Para reclamar por el cese de la criminalización de la protesta social, el fin de los procesamientos judiciales a los luchadores populares, la libertad de Oñate, Olivera, Tapia, Claros, Germano, el cierre de las causas y anulación de las condenas para más de 5.000 luchadores obreros y populares y por el fin de las patotas sindicales y paraestatales, tendrá lugar esta movilización el próximo miércoles 23 de noviembre, a las 17.30 hs, de Congreso a Plaza de Mayo.
 
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