NACIONALES - Red Eco Alternativo- Jueves 24 de noviembre de 2011
año 13 - número 44 Jueves 24 de noviembre de 2011
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NACIONALES

Contra la criminalización de la protesta, por el fin de los asesinatos y las patotas
Más de 10 mil personas se movilizaron ayer por las calles de la Ciudad de Buenos Aires para exigir el cese de la criminalización de la protesta y el cierre de las causas judiciales a trabajadores, dirigentes obreros y militantes populares.
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La represión como política de Estado
Mañana, viernes 25 de noviembre, la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) presentará en Plaza de Mayo, a las 18.30, el Archivo 2011 de casos de personas asesinadas por las fuerzas represivas del Estado.
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UAC en Buenos Aires
La Unión de Asambleas Ciudadanas se formó en 2006 en Colonia Caroya, Córdoba, aunando las resistencias en torno a temas como megaminería, monocultivo de soja y papeleras. Luego de 16 encuentros recorriendo todo el país, es la primera vez que la convocatoria se concreta en Buenos Aires. Una de las aspiraciones es promover una mayor interrelación entre las problemáticas urbanas y campesinas.
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Modelo de censura y manipulación
El asesinato de Cristian Ferreyra - miembro del MOCASE - frente al recorte editorial de Página 12 y el cerco desinformativo de la agencia ¿estatal? Télam.
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Comunidad Qom: Un año de muerte, injusticia y sólo palabras…

El día miércoles se cumplió un año del asesinato de Roberto López en manos de la policía, durante un violento desalojo a las familias de la comunidad “La Primavera” que cortaban desde julio la Ruta Nacional  86 en reclamo de tierras de propiedad ancestral. Representantes de la comunidad encabezados por el cacique Félix Díaz realizaron una conferencia de prensa para actualizar el pedido de justicia y los reclamos de tierras.

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BREVES

Triunfo del sindicalismo combativo en AGR-Clarín
En las elecciones realizadas en los talleres del diario, la lista encabezada por el dirigente Pablo Viñas, reincorporado recientemente luego de 7 años, se impuso a la lista del moyanismo, encabezada por Luis Siri y apoyada abiertamente por la empresa.
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En reclamo de justicia para Cristian Ferreyra
Mañana habrá una marcha en Monte Quemado, provincia de Santiago del Estero, a las 10, y una concentración frente al Congreso de la Nación, en la que además se presentará un proyecto de ley que busca frenar los desalojos en todo el país, desde las 15.
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Sentencia del Tribunal Popular del Cordón Industrial Gran Rosario
El sábado 19 se realizó en el Paseo del Pino de la ciudad de San Lorenzo el Primer Tribunal Popular del Cordón Industrial para juzgar el accionar de las Multinacionales y Nacionales Agro exportadoras.
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Cada vez hay más femicidios
La Asociación Civil “La Casa del Encuentro” dio a conocer los resultados del informe de investigación realizado por el Observatorio de Femicidios en Argentina de la Sociedad Civil Adriana Marisel Zambrano.
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La Ley Antiterrorista se agrava
Organizaciones sociales y de derechos humanos criticaron el envío de un proyecto de ley del Poder Ejecutivo Nacional cuya finalidad es la de reforzar la capacidad estatal de reprimir pretendidos actos de terrorismo o a quienes los financien, en los que se elevaría al doble la pena aplicable.
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Contra la criminalización de la protesta, por el fin de los asesinatos y las patotas
Más de 10 mil personas se movilizaron ayer por las calles de la Ciudad de Buenos Aires para exigir el cese de la criminalización de la protesta y el cierre de las causas judiciales a trabajadores, dirigentes obreros y militantes populares.

criminalizacion.jpgLa movilización fue encabezada por una bandera que exigía el fin de la criminalización de la protesta, de asesinatos a militantes populares y de las patotas sindicales y paraestatales. Detrás de ella se encolumnaron miles de manifestantes obreros y estudiantiles, decenas de Comisiones internas y organizaciones sindicales de base, organizaciones sociales, estudiantiles y de derechos humanos y partidos políticos de izquierda que llevaron a la Plaza de Mayo el reclamo de justicia por los asesinatos y el cese de la persecución judicial a los luchadores.
La fecha tenía una significación particular, ya que ayer se cumplió un año del ataque por parte de la policía y sicarios de terratenientes a la comunidad QOM La Primavera de Formosa que derivó en el asesinato de Roberto López. Crimen cuya impunidad cobra un nuevo sentido cuando hace una semana Cristian Ferreyra, militante del MOCASE de 23 años fue ejecutado a sangre fría por una patota que obedecía órdenes del empresario sojero santafecino José Ciccioli. Este asesinato se enmarca en un contexto más amplio de ataque a las comunidades que pelean por sus tierras. Según denunció en el programa “Quemar las Naves” de Radio Sur el periodista Darío Aranda - quien sufriera censura por parte del diario Pagina 12 que recortó dos párrafos de sus notas en los que señalaba responsabilidades del gobierno provincial de Zamora- “en los últimos dos años hubo cuatro asesinatos de campesinos-indígenas y si no hubo más es porque falló la puntería”.
López y Ferreyra (sí, otro Ferreyra, también de 23 años, también asesinado por una patota al servicio del poder) son parte de una lista de militantes populares asesinados por las fuerzas policiales o patotas paraestatales durante los últimos dos años. En ese listado escrito con tinta roja están grabados también los nombres de Mariano Ferreyra, de los pibes de Bariloche Diego Bonefoi, Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas, de Mario López de Formosa, de Mártires López de Chaco, de los asesinados en el Indoamericano Bernardo Salgueiro, Rosemary Chura Puña y Emilio Canavari, de Ariel Farfán, Felix Reyes, Juan Velázquez y Alejandro Farfán, muertos en el Ingenio Ledesma. Los asesinos de estos compañeros y compañeros gozan de una notable impunidad.
En este contexto viene dándose un crecimiento notable de los procesos judiciales y la persecución a trabajadores, luchadores populares y dirigentes políticos. Si bien el caso más resonante mediáticamente fue la irrisoria detención de Rubén “Pollo” Sobrero, cuya liberación fue producto de una importante movilización y solidaridad popular, decenas de trabajadores han sido procesados en los últimos tiempos, engrosando la lista de los 5 mil luchadores populares con causas judiciales en los últimos ocho años.
Una de las consignas centrales de la marcha tuvo que ver con el pedido de liberación de Carlos Olivera, directivo del SITRAIC detenido por una causa armada; del petrolero santacruceño Victor Oñate, de Mario Tapia y Aldo Claros, detenidos luego de la masacre de Ledesma y de la militante política e hija de desaparecidos Karina Germano, “La Galle”, detenida en Brasil en el año 2002 y acusada injustamente por un secuestro extorsivo, cuando los propios responsables del hecho desligaron a Germano de responsabilidad y ninguno de los testigos de la causa la reconocieron.
Pero además, los procesamientos a trabajadores y dirigentes del sindicalismo combativo se han multiplicado. Según reza el documento leído ayer en la Plaza de Mayo, “prácticamente no hay comisión interna o cuerpo de delegados combativos e independientes de la burocracia sindical que no tenga o haya tenido procesados entre sus miembros”. Un ejemplo paradigmático de ello son los trabajadores de Kraft. Javier Hermosilla, Ramón Bogado, María Rosario, Lorena Gentile, todos integrantes de la actual y de la anterior Comisión Interna, tienen en su contra una decena de procesos judiciales por los cortes en la Panamericana de 2009, a través de los cuales lograron difundir a la opinión pública y resistir el despido de 160 trabajadores, incluida media Comisión Interna. También han sido procesados los dirigentes Vilma Ripoll (MST) y Nestor Pitrola (Partido Obrero) por haberse solidarizado con dichas manifestaciones.
Además de los ferroviarios del Sarmiento, del Roca y del Mitre que enfrentan a las patotas de Pedraza, también están procesados los delegados del Teatro Colón, los dirigentes de la histórica lucha del Hospital Garrahan, el dirigente portuario Pancho Montiel, trabajadores de Call Center, del Subte –como ejemplo, Néstor Segovia, dirigente del Nuevo Sindicato del subte fue absuelto en marzo de este año por una causa armada por Metrovías-, de ATE de Las Heras, de Editorial Colihue, de Fasinpat (Zanón), de FATE, y siguen las firmas.
marcha_criminalizacion.jpgA ellos se suman militantes de organizaciones piqueteras, dirigentes estudiantiles, representantes de comunidades originarias –decenas de mapuches enfrentan causas judiciales en Neuquén por defender sus territorios- y campesinas. Para este último caso, valga el ejemplo del Mocase, cuyas familias no sólo sufren el avasallamiento constante por parte de terratenientes y representantes del poder político y que tuvo su triste capítulo la semana pasada con el asesinato de Ferreyra, sino que además acumulan causas judiciales por oponerse a las topadoras, al saqueo y al desmonte, por defender las tierras en las que trabajan y viven.
El documento leído en el acto de cierre de la movilización responsabilizó fuertemente al Gobierno nacional por el avance en la criminalización y de la represión, así como también señaló los avances represivos por parte del gobierno de Mauricio Macri y de la acción conjunta entre Policía Federal y Metropolitana, que tiene “entre sus principales cuadros a funcionarios policiales de la época dictatorial”. La represión estatal, que sufrieron petroleros y docentes santacruceños, no sólo en la “lejana” Patagonia sino en la propia Capital Federal, tiene su contracara en las Patotas paraestatales y sindicales, como las de Pedraza, de la UOCRA de Gerardo Martínez, acusado de integrar el batalló 601 de inteligencia durante la dictadura, que atacó duramente a los docentes en Santa Cruz o como las de la UTA, que en complicidad con la empresa Monsa agredieron y atacaron a los delegados de la línea 60 Néstor Marcolín y Daniel Farella, prendiendo fuego el auto de uno y amordazando y golpeando a la nieta del segundo.
Toda esta larga serie de hechos, acontecimientos y circunstancias, criminalización y judicialización por un lado, represión y muerte por el otro, plantean al menos una cuña en el discurso de respeto a los derechos humanos y contrario a la represión que ha enarbolado el gobierno nacional en los últimos años. Nadie con buen tino podría afirmar que estos reclamos son irracionales o carentes de fundamentos. Entre el discurso oficial y la realidad parece haber un largo trecho.
Las palabras finales del documento plantean una lectura también hacia el futuro; “Reafirmamos en esta Plaza que ante cada ataque represivo al legítimo derecho a luchar y a reclamar de nuestro pueblo, responderemos con más lucha, más organización, más solidaridad y más unidad”.
Foto: ANRED

La represión como política de Estado
Mañana, viernes 25 de noviembre, la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) presentará en Plaza de Mayo, a las 18.30, el Archivo 2011 de casos de personas asesinadas por las fuerzas represivas del Estado.
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(Red Eco) Argentina – Desde 1983 hasta octubre de este año, 3.393 personas fueron asesinadas por el aparato represivo del Estado, en sus diferentes modalidades: gatillo fácil, crímenes en lugares de detención, por aplicación de torturas, además de muertes ocasionadas por la represión a la protesta social. El 56% de los casos ocurrió durante los ocho años de gobiernos kirchneristas, y casi 200 muertes en los últimos 12 meses.
El Archivo da cuenta además de que la práctica del gatillo fácil, la tortura y las detenciones arbitrarias son patrimonio de todas las provincias, todos los gobiernos y todas las policías y fuerzas del país.
Para los integrantes de Correpi, la represión es el elemento disciplinador por excelencia que utiliza el Estado. Y tiene dos manifestaciones claras: la represión preventiva y la selectiva. “(la preventiva es) aquella que se desata sobre el grueso de la población que potencialmente se muestra como posible cuestionadora del sistema. Por eso el 95% de los casos, de las 3393 muertes que hoy nosotros registramos, es sobre una población que es inminentemente joven, casi adolescentes, estamos hablando de entre 13 y 25 años, y además ese mismo porcentaje, salvo honradas excepciones corresponden a la franja más pobre de la sociedad. No es casualidad, esto se va repitiendo, va creciendo año tras año, y van apareciendo nuevos casos que no fueron registrados antes”, señaló Ismael Jalil en una entrevista con el programa Al Oeste de FM En Tránsito.
En este mismo contexto, Jalil también definió a la represión selectiva: “Es la que se despliega sobre los sectores de la población que ya se encuentran organizados y cuestionando en alguna medida al poder establecido. Esto es lo que ocurrió por ejemplo, en sus distintas modalidades, con los 16 muertos que registra la era K. Desde el año 2003 a la fecha hubo 16 muertos en el marco de la protesta social, donde desde Carlos Fuentealba podemos pasar por los cuatro muertos del Indoamericano, los dos de Formosa Qom, los cuatro de Jujuy, y ahora obviamente en la modalidad tercerizada de la represión lo que es Mariano Ferreyra, y otra modalidad que también forma parte de la ´asistencia´ que el Estado le presta a la clase dominante, que es la muerte del militante del Mocase, Cristian Ferreyra”.
Los ocho años de gestión kirchnerista registran el índice más alto, desde 1983, de muertos en manos del aparato represivo del Estado, pero no se trata de una política exclusiva del gobierno nacional. “En orden a la proporción por habitante, la provincia que encabeza el más alto índice de represión es la provincia de Santa Fe. 446 casos, el 13 por ciento de los casos. La provincia de Buenos Aires tiene 45% de los casos con 1526; pero en la proporción por millón de habitantes mientras Buenos Aires registra 98 casos por millón, Santa Fe registra 139 casos por millón. (…) Es el índice de represión más alto por millón de habitante del país”, explicó Jalil.
Correpi elabora y presenta este Archivo de Casos desde hace 15 años, cuando el entonces ministro del Interior Carlos Corach intentaba deslegitimar las denuncias sobre su política represiva, pidiendo datos y números. Este fue el comienzo de la sistematización de toda la información que les llegaba y que daba cuenta de que los llamados “confusos episodios”, donde morían “delincuentes de frondosos prontuarios” tras un “tiroteo” con la policía, no eran realmente así. “El episodio dejaba de ser confuso porque no había habido un tiroteo, sino que había solo una bala, y esa bala había entrado por la espalda, o por la nuca. (…) Después el tema que también nos llamaba la atención era que un pibe de 17, 18 años fuera un delincuente de frondoso prontuario. Empezamos a investigar todo este tipo de cuestiones”, afirmó Jalil al programa Al Oeste. Así fue como de a poco el muro de invisibilización de estos casos se fue derribando.
Mañana, viernes, a las 18.30, se realizará una nueva presentación en Plaza de Mayo del Archivo de Casos de personas asesinadas por las fuerzas represivas del Estado. “Mientras el gobierno intenta despegarse de su responsabilidad de la represión,  nosotros seguiremos denunciando y llamando a la organización frente a la represión. Porque lejos de ser una práctica del pasado, no sólo los números de nuestro archivo, sino la realidad, nos muestra que la represión sigue siendo política de estado, gobierne quien gobierne”, señalaron desde Correpi a través de la convocatoria al acto de mañana.
Entrevista a Ismael Jalil, integrante de Correpi, en el programa Al Oeste de FM En Tránsito
Descargar:
Ismael Jalil - Correpi - Represion Preventiva

Ismael Jalil - Correpi - Represion Selectiva

Ismael Jalil - Correpi - Casos Gobiernos K

Ismael Jalil - Correpi - Situacion en Santa Fe
UAC en Buenos Aires
La Unión de Asambleas Ciudadanas se formó en 2006 en Colonia Caroya, Córdoba, aunando las resistencias en torno a temas como megaminería, monocultivo de soja y papeleras. Luego de 16 encuentros recorriendo todo el país, es la primera vez que la convocatoria se concreta en Buenos Aires. Una de las aspiraciones es promover una mayor interrelación entre las problemáticas urbanas y campesinas.

(Red Eco) Buenos Aires - Del 25 al 28 de noviembre se desarrollará en Buenos Aires el XVII Encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas, organización que nuclea a centenares de grupos de vecinos/as autoconvocados/as en defensa del ambiente, asambleas, movimientos sociales y campesinos, ongs, pueblos originarios, colectivos culturales, comunidades autónomas, cátedras abiertas y centros de estudiantes, entre otros.
union_de_asambleas_ciudadanas.jpgEstarán presentes referentes de todo el país y de los países vecinos. Las múltiples actividades serán en la Plaza de los Dos Congresos y en La Universidad de Luján. Además de los debates y articulación de acciones en defensa de las poblaciones afectadas por la contaminación y el saqueo habrá un festival musical con actuación de artistas y bandas capitalinas y de las provincias, muestras, proyección continua de documentales, feria de productos autogestivos, conferencias, y una marcha multitudinaria (programa completo).
Entre las actividades programadas para el viernes 25, tiene especial importancia la entrega al Congreso Nacional de la Agenda Popular Socioambiental, que se realizará alrededor de las 12. Este trabajo que recopila las problemáticas socioambientales que sufre nuestro país, fue confeccionado con documentos y opiniones llegados desde todas las provincias argentinas. Luego de los paneles sobre modelo extractivo previstos para la tarde, el día cerrará con Festival que contará con las actuaciones de Joselo Schuap, Anarkumbia Tirapiedras, Rodiyón Motahouse, Primitos Namuncurá, Arco Iris, Abelardo Martín, Juan Cruz, entre otros.
A su vez, a las 19, se abrirá un espacio para el Movimiento Feminista y Mujeres Originarias en el marco del Día internacional por la no violencia hacia las mujeres, y para compañero/as que realizan la Campaña por la liberación de Karina Germano (La Galle) “La galle a la calle”.
Durante los días 25 y 26, en paralelo a las actividades citadas, en la plaza habrá variados talleres culturales y recreativos, y se montará una feria donde las organizaciones mostrarán sus problemáticas y actividades, paneles con fotos, volantes y videos, dinámica pensada para conocer lo que sucede en nuestro país, facilitando el diálogo directo con los afectados y afectadas por la contaminación, por lo que se invita a toda la población.
Los días 27 y 28 las y los asistentes se trasladarán a la Universidad de Luján, donde tendrá lugar el trabajo en comisiones, debates, propuestas de acción y conclusiones finales.
04_logocolor.jpgDurante los dos días de actividades en la Plaza de los Dos Congresos, la Red Nacional de Medios Alternativos realizará una transmisión de Radio y TV que podrá ser seguida a través de los siguientes links

www.rnma.org.ar
www.antenanegratv.com.ar
http://www.laretaguardia.com.ar/
http://www.lacolectiva.org.ar/

Para más información, avisos y consultas: http://asambleasciudadanas.org.ar/ http://17uac.wordpress.com/
Spot para Radios: Spot 1 - spot 2 - spot 3
Prensa y Comunicación
prensa@asambleasciudadanas.org.ar

Contactos organización: Leo (Luján) 11-15-6303-2205, Roberto (Vte. Lopez) 11-15-4407-9087 / Pato (CABA) 11-15-4428-9174, Martín (Berazategui) 11-15-5138-4919.


Modelo de censura y manipulación
El asesinato de Cristian Ferreyra - miembro del MOCASE - frente al recorte editorial de Página 12 y el cerco desinformativo de la agencia ¿estatal? Télam.

(Andrea Salvati - Red Eco) Argentina - Tras la denuncia de censura contra Página 12 por omitir deliberadamente 2 párrafos que hacían referencia al gobernador de Santiago de Estero -Gerardo Zamora- y al gobierno nacional en las notas escritas el viernes 18 y el sábado 19 de noviembre por el periodista Darío Aranda, el diario publicó una desmentida. A lo largo del artículo, Página 12 se apoyó en algunos pasajes publicados sobre el asesinato pero no aclara por qué quitó otros párrafos sin autorización del autor. ¿Qué intenciones hay tras la omisión y la desmentida por parte del diario?
Una de las consignas que aparece en las notas y en la defensa que el diario publicó, es que el asesinato de Ferreyra se enmarca en la defensa de su territorio (esto alude a la lucha del campesinado por su tierra, ante el avance de empresarios y capitales extranjeros que lxs desalojan violentamente, lxs matan y desmontan los bosques para entregar las tierras al servicio de los agronegocios).
Esto es real, pero el diario omite mencionar la estrecha relación que las corporaciones agrícolas tienen con el poder político, a través de un modelo que avala y fomenta el monocultivo, aún a costa del exterminio de campesinxs, la devastación de la tierra, el aumento de la sequía, y la aplicación cada vez mayor de agrotóxicos, con todo lo que esto implica en la salud y el medioambiente.
El diario intenta fundamentar su defensa citando declaraciones críticas extraídas de un comunicado del Mocase donde responsabilizan a "autoridades provinciales", "funcionarios del Poder Judicial" y dependencias "como la Dirección Provincial de Bosques".
También toma las palabras de Adolfo Farías, vocero del Movimiento Nacional Campesino Indígena, que responsabiliza a Zamora y advierte que esas políticas son sostenidas por el gobierno nacional, del mismo modo que cita al diputado Claudio Lozano, quien comparó este hecho con la represión sufrida por lxs Qom el 23 de noviembre de 2010 y señaló las alianzas entre gobiernos provinciales con el nacional.
Hay 2 menciones más amplias sobre Zamora, direccionadas a despegarlo de la conducción nacional: El artículo cita pasajes de declaraciones de un grupo católico llamado "Curas en la opción por los pobres" que escribieron una carta a Cristina Fernández de Kirchner, destacando que esos gobiernos provinciales “dicen ser afines al gobierno nacional” gobierno que, según ellos expresan en su carta, “no reprime la protesta social”.
Del mismo modo, hay otro pasaje dedicado a Zamora cuando el diario reproduce un fragmento de la presentación del MOCASE en la asamblea de Carta Abierta. Allí afirmaron que el gobernador “habla muy bien de las políticas del gobierno nacional. Pero hacia adentro tiene acuerdos con la Sociedad Rural”

La censura y su intención
Si bien el diario se escuda en las mencionadas citas para negar su acto de censura, el periodista Darío Aranda se encontró con que su nota del viernes 18 apareció con un párrafo menos –sin su consentimiento-.
El mismo decía: “El gobernador Gerardo Zamora, que no respondió los llamados de este diario, va por su segundo mandato y denominó a la provincia como la ´capital nacional del kirchnerismo´ luego de obtener en las últimas elecciones el 82 por ciento de los votos. Se autodefine ´radical k´. El Mocase lo señala -en cuanto a la represión al campesinado- como la continuidad del juarismo”.
Del mismo modo, el sábado 19, en una nota que reflejaba la protesta del MOCASE por el asesinato de Cristian Ferreyra, el diario recortó el primer párrafo, que indicaba a Zamora y al Gobierno Nacional como responsables del hecho: “El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), donde militaba Ferreyra, enumeró cuatro niveles de responsabilidad: el modelo agropecuario, el gobernador Gerardo Zamora, el Poder Judicial provincial y el Gobierno Nacional. Desde la puerta de la Casa de Santiago del Estero en Buenos Aires el vocero del MNCI, Adolfo Farías, fue explícito: `Hacemos público que vamos por el Gobernador, es el responsable de las represiones. No habrá más asesinatos en el monte santiagueño´. También hubo marchas en Santiago y Córdoba”.
A raíz de esto, el sábado 19 de noviembre el periodista Darío Aranda declaró: “La nota que hoy aparece en Página/12 con mi firma no se corresponde con la que escribí”. Además, Aranda reveló que la empresa no respetó su derecho a retirar su firma de la nota.
El diario, en su desmentida, destaca los párrafos que mencionan a Zamora, pero sólo reproduciendo declaraciones ajenas y ampliando los 2 casos que lo desligan del gobierno nacional. Ese recurso es vago, dado que Página 12 no explica los motivos de la censura de 2 párrafos que describen por completo el sentir del campesinado respecto a la cercana relación entre la justicia provincial, los agronegocios, Zamora y el gobierno nacional, poniendo a todos estos actores como responsables de la represión.
Otro punto que llama la atención es el corte del párrafo referido a las declaraciones del gobernador, quien posiciona a esa provincia como “la capital del kirchnerismo”. ¿Por qué motivo Página 12 quitó los párrafos que aludían a la relación entre Zamora y la Casa Rosada? ¿Por qué se ocupa en direccionar un artículo para “despegarlo” de su afinidad con el modelo y separarlo de la imagen de Cristina?

TÉLAMentable
La cobertura de la agencia de noticias ¿estatal? no se basó en el atropello que padece el campesinado a la hora de ser arrancados de sus tierras, ni en el avasallante modelo agropecuario, ni en los desmontes, sino que, usando como única fuente un comunicado de la policía, se limitó a ¿informar? que: “La muerte de un campesino en Santiago del Estero fue por una disputa entre vecinos”
De esta forma, la nota (que es la reproducción de un cable policial) quita todo componente político-económico y pasa por alto los actos de represión y desalojo que día a día avanza sobre la vida de lxs campesinxs.
De este modo, los sesgos, censuras y cercos desinformativos se convierten, mediante estos actos, en cómplices de la represión y la matanza del campesinado.
Entrevista a Darío Aranda, realizada en el programa Quemar las Naves de Radio Sur
Censura en Pagina 12

Causas del asesinato de Cristian Ferreyra
Fuentes: marcha.org.ar / Radio Sur


Comunidad Qom: Un año de muerte, injusticia y sólo palabras…

El día miércoles se cumplió un año del asesinato de Roberto López en manos de la policía, durante un violento desalojo a las familias de la comunidad “La Primavera” que cortaban desde julio la Ruta Nacional  86 en reclamo de tierras de propiedad ancestral. Representantes de la comunidad encabezados por el cacique Félix Díaz realizaron una conferencia de prensa para actualizar el pedido de justicia y los reclamos de tierras.


quom.jpgHoy el reclamo continúa, siguen exigiendo justicia y, como hace un año,  pidiendo la restitución de las tierras expropiadas. Durante el acampe que realizaron en la 9 de julio, momento de mayor visibilidad del pedido, recibieron asistencia de los organismos de derechos humanos y promesas del gobierno que aun no tuvieron resolución.

Félix Díaz,  qarashe -cacique- de  la comunidad comentó que “cuando comenzamos el acampe pensamos que el gobierno iba a dar solución a nuestro problema y a un año estamos preocupados por esta falta de respuesta del gobierno nacional, aunque seguimos esperando que se de solución a este despojo por parte del gobierno provincial”. Esto lo decía mientras estaban rodeados de policías que custodiaban a los aborígenes por si se les ocurría acampar en la Av. 9 de julio.
Díaz explicó que, por ahora, con respecto al tema territorial “no se toca, ni se habla, ya que se nos dice que es un tema judicial; además seguimos con las mismas dificultades como el acceso a la salud, acceso al agua, y el tema de los prometidos DNI que aun no  aparecieron". Su situación allá en Formosa es de extrema vulnerabilidad. El último episodio conocido ocurrió hace menos de un mes, cuando se hizo pública la denuncia de que el hijo y el nieto de Díaz fueron perseguidos a tiros por personal del empresario Alberto Celía. A esto se suma que en el mes de septiembre dos viviendas de la comunidad fueron incendiadas intencionalmente.
La comunidad exige la devolución de 1.300 hectáreas, que dejaron se ser “su” monte para pasar a ser sede de la Universidad Formoseña. Indican que la Policía sigue controlando ese espacio. “No podemos cruzar ni siquiera para sacar leña". Estas tierras son en realidad  cinco mil hectáreas cedidas por el gobierno nacional en 1940, que ahora están ocupadas por la familia  Celía, el Estado nacional, a través del Parque Nacional Río Pilcomayo, y la Universidad de Formosa.
En vez de recibir apoyo, la comunidad tuvo este año, y por presión del gobierno nacional, que votar por sufragio universal quién seria su representante y, más allá del hostigamiento, Felix Díaz resultó ser nuevamente el qarashe, ya que ganó la elección, lo cual lo legitima a seguir luchando.
En su Blog, la comunidad recordó al fallecido Roberto López. Sostienen que su viuda Ema Peteñi estuvo junto a sus hijos Hortensia y Yael López, allí también estaban Eufemia Gómez y Samuel Garcete, quienes han quedado con secuelas graves por la represión. Garcete está en sillas de ruedas y se quejó por la poca atención en este tiempo de recuperación. Eufemia dijo que “toda la sangre derramada no será en vano”.
Félix, que aun no pierde la esperanza de que la Presidenta Cristina Fernández lo escuche en una audiencia, recibió también el respaldo de organismos de derechos humanos para que este pedido se efectivice. Los presidentes del CELS, el Serpaj, la APDH y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora expresaron que “resulta imprescindible un firme compromiso de la Nación para dar respuestas a los graves problemas” que sufren los Qom en cuanto al ejercicio de su “derecho sobre las tierras”.
Díaz cerró la conferencia de prensa recordando a Cristian Ferreyra, miembro del MOCASE, asesinado hace una semana a balazos por dos sicarios de un empresario sojero. Díaz  afirmó que “les duele mucho que seguimos derramando sangre para poder recuperar un pedazo de tierra, el estado nacional creo que es el garante del derecho constitucional para garantizar la vida de los argentinos y no podemos estar poniendo nuestra vida por defender lo nuestro”.
En protesta por esta muerte, mañana viernes organizaciones campesinas de Santiago del Estero encabezarán  movilizaciones en Monte Quemado y frente al Congreso Nacional. Se reclamará justicia para todos los responsables del asesinato mientras que en el Congreso el reclamo se centrará en pedir que se dé tratamiento al proyecto de ley presentado en abril de este año para frenar por 5 años los desalojos de campesinos e indígenas en todo el país.

Foto: Facundo Miguel Nívolo-Imágen Insurrecta


BREVES

Triunfo del sindicalismo combativo en AGR-Clarín
En las elecciones realizadas en los talleres del diario, la lista encabezada por el dirigente Pablo Viñas, reincorporado recientemente luego de 7 años, se impuso a la lista del moyanismo, encabezada por Luis Siri y apoyada abiertamente por la empresa.

La semana pasada se realizaron elecciones del cuerpo de delegados en Artes Gráficas Rioplatenses, la planta de impresión de Clarín ubicada en el barrio porteño de Pompeya.
La lista llamada de “los compañeros”, formada a partir de la reincorporación de Pablo Viñas, dirigente de la Agrupación Naranja Gráfica que litigó durante 7 años por su reincorporación, dispuesta en junio último por la justicia obtuvo un triunfo con el 55% de los votos, con una masiva participación que llegó casi al 90% de los trabajadores.
La lista ganadora compitió con la del dirigente moyanista Luis Siri, quien encabezó el bloqueo a los talleres gráficos en marzo pasado que culminó con la no salida de la edición dominical del diario.
La Naranja Gráfica sostuvo en un comunicado difundido el fin de semana que el triunfo en las elecciones tuvo lugar en el marco de fuertes maniobras por parte de Clarín que incluyeron el despido de un candidato,“ que finalmente fue electo junto al conjunto de la lista, fortaleciendo la lucha por su reincorporación”, y de numerosas trabas impuestas por la patronal como el impedimento de hacer campaña, “mientras la lista de Siri recorría la fábrica con todas las libertades a la par que la gerencia llamaba a votar por el mismo”.
Es sin dudas un importante avance que en una gran empresa como Clarín, caracterizada por su fuerte política antisindical y por no permitir la existencia de comisiones internas en sus medios, haya ganado una lista que expresa a un nuevo sindicalismo de base, en las antípodas del sindicalismo tradicional cegetista y que levanta como bandera la defensa de los intereses de los trabajadores.
El comunicado de La Naranja sostiene que este es “un triunfo que oxigena todo nuestro accionar en defensa de la estabilidad laboral, las paritarias libres y con mandato de asamblea del gremio ante los tarifazos y la carestía en marcha, para luchar por la equiparación con los talleres mejor pagos, por liquidación del trabajo precario y el fin de la ilegal “semana desplazada” (trabajo obligatorio los fines de semana con pago de horas simples) implementado por Clarín en AGR durante años, y que, al día de hoy, no ha sido completamente desmantelado”.

En reclamo de justicia para Cristian Ferreyra
Mañana habrá una marcha en Monte Quemado, provincia de Santiago del Estero, a las 10, y una concentración frente al Congreso de la Nación, en la que además se presentará un proyecto de ley que busca frenar los desalojos en todo el país, desde las 15.
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Organizado por el Movimiento Nacional Campesino Indígena, se exigirá castigo a los responsables materiales e intelectuales del asesinato de Cristian, militante del MoCaSE. También se reclamará que se dé tratamiento parlamentario a la nueva ley contra los desalojos y por la función social de la tierra que se ha construido desde las organizaciones campesinas indígenas del país.
Se pedirá que asuma las responsabilidades políticas por el crimen de Cristian el gobierno provincial de Gerardo Zamora, principalmente su ministro de la Producción, Luis Parano Gelid, cuya cartera aprueba los planes de desmonte y promueve la instalación de empresarios en territorios campesinos e indígenas; su ministro de Justicia, Ricardo Daives, y el ministro de Gobernación, Emilio E. Neder, por la complicidad demostrada por el poder judicial y la policía con empresarios y asesinos, además del director de la Dirección de Bosques, Publio Araujo, quien ha autorizado desmontes en zonas habitadas y reconocidas como corredores biológicos.
A su vez, se solicitará que se investigue a la policía de Monte Quemado y al juez Fringes Sarria de Monte Quemado, quien desde hace meses recibió las denuncias sobre bandas armadas y nunca actuó al respecto.
El proyecto de ley de freno a los desalojos que se presentará mañana en el Congreso ha sido elaborado durante más de un año por un espacio amplio de organizaciones campesinas. Esta iniciativa propone que se determine una moratoria de cinco años para los desalojos campesinos y se establezca un relevamiento de la situación dominial y de posesión de familias campesinas en el territorio nacional.

Sentencia del Tribunal Popular del Cordón Industrial Gran Rosario
El sábado 19 se realizó en el Paseo del Pino de la ciudad de San Lorenzo el Primer Tribunal Popular del Cordón Industrial para juzgar el accionar de las Multinacionales y Nacionales Agro exportadoras.

De acuerdo a las denuncias y testimonios de los casos presentados y en concordancia por lo dictaminado en otros juicios populares nacionales, como el Juicio Ético a las Transnacionales de Buenos Aires, del NOA, del NEA, de la Patagonia ; y Juicios Populares Internacionales, el tribunal declaró culpable a las empresas Cargill, Vicentín y Molinos Río de la Plata por violar los derechos de los pueblos, la soberanía nacional; los marcos normativos y jurídicos; los derechos de los trabajadores, los derechos a la salud, y a vivir en un ambiente sano; los derechos de información, comunicación, educación, circulación.
A su vez, se responsabilizó a todos aquellos funcionarios del gobierno nacional,  provincial, y local, conjuntamente con legisladores, profesores y decanos universitarios, autoridades y funcionarios de la salud, medios de comunicación, que con su acción y/u omisión colaboraron, promovieron, facilitaron y/o pretendieron justificar y legitimar las acciones de las empresas enjuiciadas.
Por esa razón, este tribunal los declaró culpables del delito de complicidad, corrupción y participación necesaria, directa o indirecta en actos que permiten el sostenimiento de este modelo que no hacen más que sostener este modelo que consideraron agro-exportador – extractivista.
Finalmente condenaron a los organismos internacionales de crédito, como el FMI, Banco Mundial, BID, OMC, etc., por violar el derecho de los pueblos a elegir su propio proyecto de “desarrollo”, y a imponer por medio del financiamiento programas y proyectos y un modelo “a seguir”, que poco tiene que ver con las necesidades de nuestros pueblos.
Entre las consideraciones tomadas en cuenta por el tribunal para su sentencia se destacó que el “Plan Estratégico Agroalimentario” (PEA) 2010-2020, presentado por el Gobierno Nacional, insta a aumentar la producción granaria actual de 100 millones de toneladas a 160. Lo que da cuenta de la necesidad de avanzar sobre nuevos territorios, hoy en manos de campesinos e indígenas. Y que Cristina Fernández de Kirchner y el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, son actores fundamentas de la elaboración, planificación y puesta en marcha del PEA, que profundiza el actual modelo agro-exportador - extractivista.
El tribunal concluyó en que “no hay pena ni resarcimiento moral, social ni penal que sea proporcional a la gravedad de estos crímenes cometidos durantes años por estas empresas. No obstante, creemos necesario la organización ´popular´ para exigir ante el Estado, que intervenga, para poner coto a este modelo neocolonial de destrucción y saqueo”.


Cada vez hay más femicidios
La Asociación Civil “La Casa del Encuentro” dio a conocer los resultados del informe de investigación realizado por el Observatorio de Femicidios en Argentina de la Sociedad Civil Adriana Marisel Zambrano.

La investigación revela que entre el 1º de enero y el 31 de octubre de este año, 237 mujeres y niñas fueron asesinadas sólo por su condición de mujer. Además, se cometieron 19 femicidios “vinculados” de hombres y niños: estos casos se dan cuando el femicida ejerce violencia sobre una mujer y consuma el crimen a través de otro cuerpo, con el fin de “castigarla”.
Desde el Observatorio remarcaron la existencia de los femicidios invisibilizados, ya sea las muertes por abortos clandestinos, los casos que en los medios de comunicación se enumeran como suicidios, pero que son consecuencia de un largo período de violencia ejercida sobre ellas, y mujeres que ingresan a hospitales con claros indicios de violencia sexista pero en la partida de defunción sólo figura como causa de su muerte un paro cardiorrespiratorio u otro cuadro.
En 2009 se cometieron 231 femicidios y 16 femicidios vinculados; en 2010 los femicidios ascendieron a 260, mientras que los vinculados fueron 15. Lamentablemente, estas cifras producto de la violencia sexista van en aumento.


La Ley Antiterrorista se agrava
Organizaciones sociales y de derechos humanos criticaron el envío de un proyecto de ley del Poder Ejecutivo Nacional cuya finalidad es la de reforzar la capacidad estatal de reprimir pretendidos actos de terrorismo o a quienes los financien, en los que se elevaría al doble la pena aplicable.

Estas reformas son exigidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI, uno de los organismos financieros que integran el sistema encabezado por el FMI) como condición para considerar a la Argentina como un destino seguro de Inversiones Externas Directas.
Desde la Liga Argentina por los Derechos del Hombre señalan.que: “El proyecto (presentado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, y el jefe de gabinete, Aníbal Fernández) agrava la ley vigente (la 26.268, sancionada, contra la opinión de todos los organismos de derechos humanos y numerosas fuerzas populares, en 2007) puesto que propone nada menos que ´duplicar´ todas las penas que pudieran corresponder en una continuación de la lógica de Blumberg que ha llevado nuestro Código Penal a ser una máquina de encarcelar pobres y luchadores sociales, generando una crisis carcelaria que no tiene solución con esta política (…). Al contrario de este rumbo, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre insiste en el tratamiento legislativo del llamado proyecto Baigún, que propone una reforma integral del Código Penal en una dirección opuesta a la marcada por Blumberg, Alak y Fernández”.
En tanto, en un comunicado conjunto, la Asociación Civil Por la Igualdad y la Justicia, el Centro de Estudios Legales y Sociales y el Centro de Estudios de Políticas Públicas para el Socialismo afirman que “el hecho de utilizar conceptos tan abiertos e imprecisos hacen posible la aplicación de estos agravantes a la gama de figuras penales típicamente utilizadas para la criminalización de la protesta social: en la persecución de resistencias a desalojos, cortes de vías de circulación o simples actos de protesta en el espacio público”.
Manifiestan que esta reforma implicaría, además, “graves riesgos para las organizaciones que presten apoyo a los movimientos sociales, ya que podrían ser consideradas como autoras del delito de financiamiento al terrorismo, en caso de que reciban, recolecten o entreguen dinero para solventar actividades de organizaciones sociales cuyas protestas sean consideradas acciones terroristas”.

Notas relacionadas: Investigación de Red Eco "El mismo terror"

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