NACIONALES - Red Eco Alternativo- Jueves 3 de mayo de 2012
año 14 - número 18 Jueves 3 de mayo de 2012
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NACIONALES

De complicidades políticas, jurídicas y policiales
Al cumplirse cuatro meses del triple crimen de Rosario, conocido como la Masacre del Barrio Moreno, la Comisión Investigadora Independiente dio a conocer su segundo informe, con el objetivo de garantizar que todos los responsables sean condenados, desentrañando todas las complicidades que puedan existir.
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Piden que se siga investigando irregularidades en torno a un emprendimiento urbanístico
Lxs isleñxs de la zona del Delta del Paraná solicitaron a la justicia que se desarchive la causa que investigaba las irregularidades llevadas a cabo por miembros del Ministerio Público Fiscal (MPF), a cargo de la Fiscal Federal Rita Molina.
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El derecho y la represión al derecho
En un nuevo intento de criminalizar la protesta social, alrededor de 50 integrantes de la Asamblea de Tinogasta fueron citados por la Justicia provincial para declarar en carácter de imputados en causas iniciadas por el bloqueo informativo que mantienen en la ruta nacional 60.
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Uader en lucha por la autonomía universitaria
Desde el jueves pasado los estudiantes de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) mantienen la toma del rectorado. Reclaman que se avance en el proceso de normalización de la Universidad que prevé la elección de representantes por los diferentes claustros y del rector universitario, prevista para el 26 de abril. Hoy está trabada por un amparo presentado por siete profesores en la justicia provincial.
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BREVES

Demolición y Amenazas
Un integrante de H.I.J.O.S zona oeste recibió una amenaza en su teléfono celular, en el marco de las protestas generadas tras la decisión del Municipio de la localidad bonarense de Merlo de demoler parte de un edificio donde funcionó un Centro Clandestino de Detención durante la última dictadura, borrando así posibles pruebas de los delitos allí cometidos.
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Pantalla plana
El cine Gaumont y el Arteplex Belgrano en peligro. Dos casos testigos de la concentración de la industria cultural en manos de cadenas internacionales. Mientras que se pide que la Legislatura porteña declare la protección estructural del primero, el cine del barrio de Belgrano cerró sus puertas.
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Foto masiva por la Ley de Identidad de Género
Vestidxs con remeras, camisas o abrigos de los colores del arco iris, la manifestación se realizará el domingo 6 de mayo a las 16 hs. frente al Congreso de la Nación, para reclamar la aprobación de la Ley de Identidad de Género.
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Desalojan y detienen a campesinos jujeños
Se trata de familias, integrantes de la Asociación de Trabajadores Campesinos, que desde hace más de un año ocupan y producen en un predio en Puesto Viejo. Fueron desalojados en un fuerte operativo, y cuatro de ellos aún se encuentran detenidos.
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Paro por tiempo indeterminado en los centros culturales barriales porteños
Lo resolvieron lxs trabajadorxs, nucleados en la junta Interna de Delegados de ATE del Programa Cultural en Barrios, luego de que el Ministerio de Cultura de la Ciudad continuara sin dar respuesta a sus reclamos.
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Agenda
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De complicidades políticas, jurídicas y policiales
Al cumplirse cuatro meses del triple crimen de Rosario, conocido como la Masacre del Barrio Moreno, la Comisión Investigadora Independiente dio a conocer su segundo informe, con el objetivo de garantizar que todos los responsables sean condenados, desentrañando todas las complicidades que puedan existir.

masacre_rosario.jpg(Red Eco) Santa Fe – El fin de esta segunda entrega de los integrantes de la Comisión es visibilizar que el asesinato de Adrián “Patón” Rodríguez, Claudio “Mono” Suárez y Jeremías “Jere” Trasante, ocurrido el 1ero de enero de este año en el Barrio Moreno de Rosario, no fue un hecho aislado, sino que debe enmarcarse en un entramado estructural de intereses que involucra a diversas esferas de los poderes policial, judicial y político.
Jeri de 17 años, Mono de 19, y Patón de 21, militaban en el Movimiento 26 de Junio del Frente Popular Darío Santillán regional Rosario. El primer día de este 2012 fueron asesinados a balazos, sin que mediara ningún enfrentamiento, por una banda de sicarios en el barrio Moreno, ubicado al sur de Rosario. Aparecieron en el barrio y dispararon a los tres jóvenes sin mediar palabra. Cada uno tenía entre cinco y ocho balas alojadas en sus cuerpos, y además tres mujeres resultaron heridas, una de ellas embarazada. Los homicidas creían estar vengándose del ataque contra uno de los jefes de la barra brava de Newells, Maximiliano "El Hijo del Quemado" Rodríguez.
Actualmente la causa continúa en etapa de instrucción. Durante el primer mes de investigación, el entonces juez a cargo Luis María Caterina procesó a Sergio "El Quemado" Rodríguez (papá de Maximiliano); ahora su reemplazante (luego de una recusación presentada por la defensa de Rodríguez), el magistrado Juan Andrés Donnola, debe resolver la situación de los otros imputados: Alejandro "Teletubi" Delgado, Brian "Pescadito" Sprio, Brian "Damiancito" Romero, y el recientemente indagado Mauricio "Maurico" Palavecino.
Entre los datos que llamaron la atención a la Comisión puede mencionarse “el potencial de armamento que disponían estas personas, los llamativos e injustificables recursos económicos, y el nivel organizativo de los imputados y procesados por la justicia”.
Desde la Comisión valoraron la decisión de Donnola de imputar a dos de los policías implicados, pero reclamaron su inmediata desvinculación de la fuerza policial. Ellos son el comisario inspector Eduardo Carrillo, ex jefe de zona Nº 3, y el suboficial Centurión, que trabajaba en esa área. Ambos se encontraron 12 horas después del triple crimen con un familiar de Rodríguez en una estación de servicios.
En este sentido, y teniendo en cuenta los avances en la investigación en relación a la complicidad de incluso funcionarios de jerarquía policial, los integrantes de la Comisión consideraron que es necesario que continúe la etapa de instrucción. Sin embargo, también exigieron que el Poder Judicial avance sobre la complicidad de otros efectivos policiales, como el responsable de la guardia policial del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) de apellido Martín, que no ingresó al hijo del Quemado en el registro de guardias (al que había llegado herido tras el ataque sufrido, previo al crimen de Jere, Mono y Patón); y el Comisario Santana, ex responsable de la Comisaría 15, que tiene bajo jurisdicción la zona donde ocurrieron los hechos. Santana no solo entorpeció los primeros pasos de la investigación policial y judicial, dio información errónea a la prensa (la primera versión de lo sucedido aquel 1ero de enero fue que se trató de un ajuste de cuentas y que las víctimas tenían antecedentes penales), sino que además su relación con Ezequiel Villalba (acusado de ser el autor material del ataque que sufrió Maximiliano Rodríguez) demoró su detención durante semanas, mientras Villalba se dedicaba a amenazar a familiares, vecinos y testigos de las víctimas.
Por ejemplo, la noche del 24 de marzo allegados a Villalba amenazaron con armas a la madre de Claudio "Mono" Suárez.
Esta situación se dio a pesar de que familiares de las víctimas y militantes del Movimiento 26 de junio-Frente Popular Darío Santillán habían realizado ya a fines de enero presentaciones de advertencia denunciando que circulaban por el barrio personas armadas en moto, por lo que exigían un mayor patrullaje policial en la zona.
Desde la Justicia le solicitaron al Ministerio de Seguridad de la Provincia, "que disponga según su leal saber y entender, las medidas que estime necesarias para garantizar en la mayor medida posible la convivencia pacífica en la zona donde ocurrieron los hechos, entre las calles Biedma, Dorrego, Moreno y Presidente Quintana pues aparece como imprescindible (más allá de las consideraciones de política general que se puedan hacer y que son de su competencia funcional) para que la ciudadanía se sienta en condiciones tales como para prestar su concurso  para la continuación y profundización de la presente causa". Pero, como ya no sorprende, el accionar del Ejecutivo bonaerense fue tardío.
“Nos preocupa en este sentido, la ausencia de una respuesta estatal efectiva e integral, que lleva a que sean los mismos vecinos quienes, legítimamente preocupados por la seguridad de sus barrios, actúen contra los kioscos donde se comercializan drogas, quemándolos. Ante la falta de políticas para abordar esta realidad, el Gobierno Provincial, responde con rimbombantes cambios en la jerarquía policial, que además de ser tardíos, promueven a funcionarios policiales con antecedentes en causas de gatillo fácil o vinculados con el asesinato de Sandra Cabrera”, manifestaron en su segundo informe, los miembros de la comisión.
Además, consideraron pertinente que se avale el pedido elevado, en su momento, por el entonces juez de la causa, Caterina, quien le solicitó al Señor Procurador de
la excelentísima Corte Suprema de Justicia que “se disponga una investigación integral que permita analizar y relacionar los homicidios de similares características ocurridos en los últimos tiempos de la ciudad de Rosario, el tráfico ilegal de estupefacientes que pueda estar relacionado con ello y el adecuado deslinde de las eventuales responsabilidades funcionales que puedan caber”. Pedido que hasta el momento no obtuvo respuesta favorable.
Al respecto, el Movimiento 26 de junio en su convocatoria a una marcha realizada ayer, miércoles, a los tribunales provinciales, manifestó: “Los más de 140 asesinatos que pasaron inadvertidos para la gran mayoría de la población durante el 2011, encubiertos bajo el triste rótulo de ´ajuste de cuentas´, expresan el más descarnado rostro de una problemática estructural que se agudiza cada día más: hay un escandaloso manto de complicidades y connivencia que entremezcla a la institución policial, sectores del poder judicial y bandas del delito organizado. Por su lado, el poder político demuestra la más absoluta carencia de voluntad para desbaratar este entramado. Como decimos continuamente: parálisis e inacción equivalen a complicidad”.
Han pasado cuatro meses desde el asesinato de los tres jóvenes rosarinos, la investigación será larga, tanto por la lentitud judicial como por las implicancias y alcances de los involucrados. En este marco, la Comisión Investigadora Independiente cierra su segundo informe afirmando: “Cada vez que reafirmamos que el asesinato del Patón, Jere y Mono no fue un hecho aislado, sino que forma parte de una realidad que atraviesa, cada vez más, la realidad de todos los barrios de nuestra ciudad; lo hacemos fundados en el hecho del recrudecimiento de esta situación, que se presenta como crítica a partir del aumento del numero de muertes violentas y de la impunidad con la que se mueven las bandas que manejan el narcotráfico”.


Piden que se siga investigando irregularidades en torno a un emprendimiento urbanístico
Lxs isleñxs de la zona del Delta del Paraná solicitaron a la justicia que se desarchive la causa que investigaba las irregularidades llevadas a cabo por miembros del Ministerio Público Fiscal (MPF), a cargo de la Fiscal Federal Rita Molina.

colony-park-01.jpg(Andrea Salvati - Red Eco) Buenos Aires - Con respecto a los orígenes de la causa contra la fiscal Molina, lxs isleñxs acudieron la Fiscalía Federal N° 1 en repetidas ocasiones, para pedir una audiencia urgente debido a que les habían robado un grupo electrógeno de su taller de trabajo, y las agresiones que vienen padeciendo desde 2008 no cesaron. En lugar de ser recibidxs, contaron que, al presentarse en dicha fiscalía, los Secretarios Dr. Garzo y Dr. Spada les advirtieron que tuvieran “cuidado con las denuncias que estaban haciendo en contra del MPF” (Ministerio Público Fiscal).
En un comunicado, lxs vecinxs revelaron que la fiscal declaró: “…se ha establecido que se han dañado bienes de uso público, haciendo clara alusión a los ríos, canales y arroyos de la región, y que por otra parte fueron destruidos los refugios de los pobladores y le han sustraído sus enseres personales; todo ello como consecuencia del proyecto urbanístico por el cual se desmalezó la zona y se arrasó con todo obstáculo que impedía su construcción (…)”. Sin embargo, no actuó en consecuencia y continuó omitiendo las denuncias recibidas.
La lucha de la población ancestral del Delta se dio a conocer durante 2008, cuando en agosto de ese año lxs isleñxs fueron desalojadxs, sus casas arrasadas junto a todas las plantaciones del lugar y un arroyo zonal fue apropiado por integrantes de la empresa que pretendía construir el barrio privado de la compañía Colony Park en un predio de 300 hectáreas que se emplaza en el bajo delta, sobre el río Luján, el Canal Vinculación y el Arroyo Pacúen.
Además, lxs habitantes del lugar denunciaron que este complejo estaba destruyendo el ecosistema de humedal, que contiene una gran diversidad biológica, cumpliendo un importante rol en la recarga y descarga de acuíferos, control de inundaciones, retención de sedimentos y nutrientes. En esa ocasión, Roberto, uno de lxs vecinxs autoconvocadxs del Delta, comentó a Red Eco: “La empresa  nos invadió nuestras propiedades, somos aproximadamente 20 familias isleñas del arroyo Anguilas, destruyeron nuestras casas y plantaciones”.
Además, el sistema de relleno usado para llevar a cabo la construcción del barrio pone en riesgo a los humedales, afecta directamente los procesos de purificación del agua y la regulación de sus crecientes. En este sentido, los árboles que habían sido plantados por las familias que allí vivían, fueron talados y su madera se destinó a construir terraplenes del futuro barrio privado, con lo cual se arrasó con toda la vegetación existente. Ante ese hecho, Roberto sentenció: “Las consecuencias ambientales son gravísimas, el agua prácticamente desapareció, es todo barro que no nos sirve ni para lavarnos los pies”.

Durante años, la peregrinación por organismos estatales
En febrero de 2011, lxs miembrxs de la Asamblea Delta y Río de la Plata realizaron una nota para el intendente de Tigre, Sergio Massa, para que intervenga en el proyecto urbanístico con el fin de velar por los derechos de toda la comuna.
En la nota también pedían que el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) evaluara el perjuicio ambiental a causa de las obras (que habían comenzado a desarrollarse sin que la empresa presentara una declaración de impacto ambiental). Asimismo, solicitaron que tras determinarse la magnitud del daño ambiental ocasionado por la empresa, el mismo sea reparado y el proyecto se clausurara.
En este aspecto, en agosto del pasado año, el OPDS denegó la declaración de impacto ambiental que había sido pedida por la empresa Colony Park S.A. El organismo también intimó a la empresa a encargarse de la recomposición del daño ambiental que han causado.
Más allá de estas disposiciones, lxs isleñxs han sido sistemáticamente ignoradxs por la Justicia, pero continúan luchando en defensa del medio ambiente y la vida, ante los embates de un conjunto de empresarios.

El derecho y la represión al derecho
En un nuevo intento de criminalizar la protesta social, alrededor de 50 integrantes de la Asamblea de Tinogasta fueron citados por la Justicia provincial para declarar en carácter de imputados en causas iniciadas por el bloqueo informativo que mantienen en la ruta nacional 60.

cat_andal_corte_no_min_contam.jpg(Red Eco) Catamarca - Las citaciones que comenzaron a llegar el jueves 26 de abril, indican que los delitos de los que se los imputan son: Desobediencia Judicial, Entorpecimiento del Tránsito Terrestre y Atentado. Los dos primeros son el común denominador en las más de cincuenta imputaciones, mientras que el tercero, “Atentado”, es solamente para algunos.
Desde la Asamblea de Tinogasta, señalaron esta actuación judicial como una clara acción intimidatoria y pidieron a las asambleas del país, a los medios y los militantes de las organizaciones sociales que difundan esta gran injusticia y el atropello del que son objeto.
Valeria, asambleísta tinogasteña indicó a La Olla TV, en referencia a los delitos que se les imputan, que desobediencia no puede haber porque en ningún momento “nadie se acercó al bloqueo a plantear nada”, y respecto al entorpecimiento del tránsito señaló que jamás tuvieron un camión parado, ni siquiera cuando sufrieron la represión en el mes de febrero ya que la intervención que ellos realizan es un bloqueo selectivo informativo.
Las citaciones llegaron sólo una semana después de la visita al departamento del Presidente de la Corte de Justicia de Catamarca, José Ricardo Cáceres, y del Procurador General, Enrique Ernesto Liljedhal, quienes se reunieron con los intendentes de Tinogasta y Fiambalá para tratar el tema de los bloqueos.
Ambos intendentes mantienen políticas pro mineras y buscaban con el Tribunal Supremo provincial avanzar en ordenar el desbloqueo de la ruta nacional 60.
Luego de la reunión, el presidente de la Corte de Justicia manifestó en conferencia de prensa que presentarían un protocolo de actuación para toda la provincia para tratar este tipo de casos, para garantizar tanto el derecho a transitar como al de protestar. A su vez, dejó en manos de la autoridad de los Fiscales de cada distrito, las formas en que se ejecutarán las órdenes de despeje de rutas sin negar la posibilidad de la utilización de la fuerza, “perros, camiones hidrantes, gases, gomas, todo para lograr el objetivo”.
Tan sólo un día después de la llegada de las citaciones, llegó la primera provocación cuando tres camiones de la empresa Tamarugal que transitaban desde Belén hacia Chile sin carga, escoltados por tres autos sin identificación lograron burlar el bloqueo selectivo situado en el acceso sur de la cuidad, y atravesaron uno de los barrios más populares de Tinogasta a una velocidad de más de 100 km por hora.
Los asambleístas decidieron seguir la marcha de los camiones y fueron interceptados por un auto del que descendieron cuatro policías de Catamarca que realizaban un operativo para el cual contaban con un Oficio remitido desde la Fiscalía de Tinogasta que indicaba: “Arbítrense los medios que sean necesarios para que los camiones de la empresa Tamarugal puedan llegar hasta el límite de la jurisdicción sanos y salvos protegiendo siempre la integridad tanto de los transportistas como la de los vehículos. Si fuera menester el uso de la fuerza o cualquier maniobra disuasiva o represiva deberá ser usada”.
Vale recordar que los asambleístas mantienen este bloqueo selectivo e informativo en el Paso Internacional San Francisco desde hace más de 90 días. Su reclamo parte de un derecho garantizado por la Constitución provincial que en su artículo 1° asegura al pueblo de la Provincia “el poder decisorio pleno sobre el aprovechamiento de sus recursos y riquezas naturales”. Sin embargo, su oposición a lo que consideran “políticas extractivas que están vaciando nuestra cordillera y contaminando nuestras comunidades” ha recibido como respuesta la represión, como el 10 de febrero pasado cuando la infantería de la provincia intentó “despejar” la ruta 60 con gases y balas de goma, y ahora, con la venia de la justicia provincial, judicializando el reclamo.
De todos modos, los vecinos de Tinogasta han dejado claro que no se dejarán intimidar. Saben también que su lucha por el agua y por la vida es compartida y crece dentro de su comunidad, de la provincia y del país.
Un claro ejemplo se produjo el viernes pasado en otra comunidad fuertemente afectada por la minería, Andalgalá, cuando el secretario de Minería de la provincia de Catamarca,  Rodolfo Miccone; el ministro de Gobierno, Francisco Gordillo; y el ministro de Producción Ángel Mercado, llegaron a la ciudad para inaugurar una nueva oficina de “atención minera”. Al enterarse, un numeroso grupo de asambleístas se dirigieron al lugar “en repudio de sus presencias”. Hubo incidentes y forcejeos, y como la manifestación no cedía, los funcionarios provinciales tuvieron que retirarse del lugar, viéndose impedidos de continuar con la apertura del local minero.

Fuentes: noalamina – Catamarca Contaminada – ipodagua.com – La Olla TV – Córdoba Indymedia – Agencia Walsh – La Colectiva Radio

Uader en lucha por la autonomía universitaria
Desde el jueves pasado los estudiantes de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) mantienen la toma del rectorado. Reclaman que se avance en el proceso de normalización de la Universidad que prevé la elección de representantes por los diferentes claustros y del rector universitario, prevista para el 26 de abril. Hoy está trabada por un amparo presentado por siete profesores en la justicia provincial.
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(Cecilia Rovito – Red Eco*) Entre Ríos – La Ley de Educación Superior (LES) N° 24.251 establece en sus artículos 11 y 13, los derechos de docentes y estudiantes a elegir sus representantes. Eso es lo que demandan hoy los estudiantes entrerrianos: la no obstrucción de la última fase del proceso de normalización de la universidad que estipula la elección de los representantes de cada uno de los claustros (graduados, docentes y estudiantes), para que estos delegados conformen la asamblea que elija democráticamente al rector. Las elecciones con los representantes de cada claustro estaba prevista para el 26 de abril.
“La toma (del rectorado) es una medida de lucha pacífica, que los estudiantes tenemos como herramienta, no es el fin último”, explicitó Federico Di Sante, integrante de la Asamblea Interclaustros. “Esto no es un capricho”, subrayó.
El miércoles 2 el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia falló a favor del recurso de amparo presentado por siete profesores que argumentaban que no estaban dadas las condiciones para que los docentes eligieran sus representantes para la asamblea del 26. Expresaron que los fundamentos que impulsaron esta presentación son que solo el 30 por ciento de los profesores fueron elegidos por concursos docentes. Los estudiantes consideran, en cambio, que llevar a la justicia la problemática universitaria pretende obstaculizar y retardar la continuidad del proceso de normalización de la universidad. En este sentido, manifiestan que el porcentaje de docentes que concursaron es suficiente para que se puedan elegir los delegados a la asamblea. Asimismo, recuerdan que la anterior toma del rectorado que realizaron los estudiantes fue en el 2007 y contenía como reclamo central, que se avanzara en la realización de los concursos docentes.
La continuidad de la toma se definió este miércoles en asamblea interclaustros una vez que se conoció la decisión del TSJ. La toma de rectorado continuará, anunciaron los representantes estudiantiles, mientras el gobernador Sergio Urribarri no reconozca a la asamblea interclaustro como interlocutora en el conflicto.
Definieron, además, pedir la renuncia del actual rector y vicerrector normalizador Marino Schneeberger y Sebastián Aguilar, respectivamente y la invitación a los docentes de la UADER a realizar sus clases en las instalaciones del rectorado como muestra de solidaridad y visibilización de la toma y del conflicto. Anunciaron que realizaran una marcha el próximo martes que partirá desde la Escuela Normal hasta la Casa de Gobierno.
Además, anunciaron que marcharan nuevamente este martes desde la Escuela Normal hasta la Casa de Gobierno, en una marcha multisectorial donde estarán acompañados con otras organizaciones sociales y sindicales que apoyan el conflicto.
En tanto, estudiantes y docentes de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) manifestaron en una carta publicada en una de las redes sociales su solidaridad y apoyo a los estudiantes de Uader.
“Estudiantes y profesores de la Universidad de Entre Ríos nos pronunciamos públicamente en solidaridad con la lucha de la comunidad universitaria de la Uader en defensa de su autonomía, por la consecución, en tiempo y forma, de la normalización democrática de esa Universidad (…) No se puede dejar librada la suerte de la Universidad a la tiranía del juego de intereses particulares. Llamamos a la ciudadanía toda a rodear de solidaridad a la comunidad de la Uader en lucha por su autonomía. Repudiamos por inconstitucional la intervención de la fuerza pública en la Universidad y exigimos al Estado provincial el respeto irrestricto al proceso de normalización democrática que supone elegir – como lo señala su estatuto y en tiempo y forma – a los Decanos en los colegios electorales de cada una de las facultades y al Rector a través de la Asamblea Universitaria”
*Fuente: Andrés Borgetto y Daniel Villagra – La Miseria de la Radiofonía


BREVES

Demolición y Amenazas
Un integrante de H.I.J.O.S zona oeste recibió una amenaza en su teléfono celular, en el marco de las protestas generadas tras la decisión del Municipio de la localidad bonarense de Merlo de demoler parte de un edificio donde funcionó un Centro Clandestino de Detención durante la última dictadura, borrando así posibles pruebas de los delitos allí cometidos.


“Dejen de joder con Merlo”, fue lo que escuchó del otro lado del teléfono un integrante de H.I.J.O.S. de la zona oeste la semana pasada. Esta agrupación junto a otras de derechos humanos vienen denunciando que el 18 de abril una cuadrilla del Municipio de Merlo había comenzado a demoler el edificio ubicado en Eva Perón 1221 Libertad, sitio que fue tipificado como Centro Clandestino de Detención por el Informe de la Conadep en el 1984.
“El acto vandálico puesto en marcha por las autoridades del Municipio de Merlo, a cargo del intendente Raúl Othacehé, viola las normativas nacionales y provinciales que ordenan preservar como lugares de memoria allí donde imperó el horror”, señalaron desde la Comisión Provincial por la Memoria, desde donde adelantaron harán una presentación judicial por violación de los deberes de funcionario público, “ya que todos los estamentos del estado deben, no sólo cumplir con las normativas vigentes, sino cumplir con un mandato ético ineludible aportando a la construcción de la memoria frente a las violaciones sistemáticas a los derechos humanos”.
La amenaza recibida por el miembro de H.I.J.O.S. fue fuertemente repudiada por distintos organismos y organizaciones como la Asociación de Ex Detenidos Mansión Seré, Asociación Seré por la Memoria y la Vida, Colectivo Memoria Militante, Herman@S de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, APDH Matanza, entre otros, quienes consideraron que la demolición y la amenazan son evidencia “del premeditado cometido de borrar huellas en un Centro Clandestino de Detención y Exterminio”.


Pantalla plana
El cine Gaumont y el Arteplex Belgrano en peligro. Dos casos testigos de la concentración de la industria cultural en manos de cadenas internacionales. Mientras que se pide que la Legislatura porteña declare la protección estructural del primero, el cine del barrio de Belgrano cerró sus puertas.

Diversas organizaciones y personas vinculadas al cine llevarán adelante una campaña para proteger al cine Gaumont. El modernista espacio inaugurado en 1912, ubicado a menos de 100 metros del Congreso, corre el riesgo de ser convertido en un estacionamiento. Más allá de la síntesis simbólica que este reemplazo implica, algunos datos son reveladores sobre cómo la concentración de la industria construye al espectador, dejándole una oferta apelmazada.
La asociación de documentalistas DOCA declara que “desde la sanción de la Ley de Cine, en 1994, que creó los fondos para el fomento de la actividad, la producción cinematográfica creció exponencialmente. Pasó de 11 estrenos en el ' 94, a 45 en 2000 y llegó a 95 estrenos en 2010. Ese crecimiento, sin embargo, fue acompañado por una concentración mayor de las salas en manos de exhibidores ligados a las ‘majors' de Hollywood. Dicha concentración supone una nueva disposición territorial de la ubicación de la sala cinematográfica, que cierra en los barrios y abre en los shoppings, a su vez que representa una mayor elitización del público asistente que tiende a bajar en cantidad total mientras los precios de las entradas suben en dólares provocando un aumento significativo de las recaudaciones de las compañías extranjeras”.
Por eso proponen defender el cine Gaumont que es “el último refugio que encuentra la producción nacional frente al dominio total de las pantallas por parte de las multinacionales que proyectan primordialmente cine norteamericano producido por Hollywood. Es a su vez el complejo que ofrece un valor de entrada más accesible. Estas dos condiciones excepcionales que deberíamos trasladar a toda la exhibición cinematográfica como política cultural nacional y de la ciudad se encuentran identificadas socialmente con este espacio”.
Por otro lado, el Arteplex del barrio porteño de Belgrano cerró sus puertas esta semana debido a los altos costos del alquiler del lugar, según dijeron sus propios dueños, los empresarios Alberto Kipnis y Marcelo Morales. Éste era un cine con programación de autor, bastante distante de la cartelera de los shopings y ya se lamenta su ausencia. Pero recordemos también que en los últimos años dejaron de existir el Atlas Santa Fe y el Arteplex Caballito. Sin los cines de barrio, con el subte a $ 2,5 y la entrada de cine a 30 pesos… cine para pocos.

Foto masiva por la Ley de Identidad de Género
Vestidxs con remeras, camisas o abrigos de los colores del arco iris, la manifestación se realizará el domingo 6 de mayo a las 16 hs. frente al Congreso de la Nación, para reclamar la aprobación de la Ley de Identidad de Género.

Este proyecto, que aboga por el derecho a la identidad de las personas trans y el ejercicio del derecho a la salud, obtuvo  el 24 de abril, dictamen de mayoría en el plenario de comisiones de Legislación General y de Población y Desarrollo Humano del Senado.  El proyecto elaborado por el Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género y consensuado con colectivos LGTB de todo el país, consiguió media sanción en la Cámara de Diputadxs en noviembre de 2011 e ingresó al Senado en diciembre. Finalmente será tratada en la Cámara Alta el próximo 9 de mayo por lo que, de ser aprobada, se convertirá en Ley
La convocatoria está organizada por distintas agrupaciones LGBT y la consigna para lxs asistentes es concurrir vistiendo una camisa, remera o buzo con uno de los colores del arco iris (rojo, verde, naranja, amarillo, violeta o azul) y un pantalón o pollera que sea del mismo color o negra. De esta forma, se llevará a cabo la foto masiva, que radicará en el armado de la bandera de la diversidad.

Desalojan y detienen a campesinos jujeños
Se trata de familias, integrantes de la Asociación de Trabajadores Campesinos, que desde hace más de un año ocupan y producen en un predio en Puesto Viejo. Fueron desalojados en un fuerte operativo, y cuatro de ellos aún se encuentran detenidos.

 
La Asociación de Trabajadores Campesinos de Jujuy, junto con vecinos y otras organizaciones, solicitó en reiteradas oportunidades que quieren (y necesitan) tierras para producir. Lo hacen sabiendo que la empresa Holcim (antes Minetti, y previamente Hércules) tiene en el pueblo Puesto Viejo tierras abandonadas.
En 1988, la empresa Holcim (antes Minetti, y previamente Hércules) había donado al municipio de Puesto Viejo 53 hectáreas para la realización de un polo industrial, que nunca se llevó a cabo. Estas tierras permanecieron abandonadas, por lo que ante la falta de respuestas a sus necesidades, los campesinos de la zona resolvieron tomar 6 hectáreas, en las que desde 2011 se encuentran produciendo veinticinco familias.
Tras el violento desalojo, cuatro integrantes de la Asociación fueron detenidos. “Hoy mientras grandes extensiones de tierras abandonadas están en manos de unos pocos y miles de trabajadores campesinos no tenemos tierra para producir, no sólo no se da respuesta a nuestros problemas sino que se encarcela a nuestros compañeros”, manifestaron desde la Asociación de Trabajadores Campesinos de Jujuy. Al cierre de este boletín aún se encontraban privados de su libertad.

Contactos: Rene Parada 0388-15-502-3849


Paro por tiempo indeterminado en los centros culturales barriales porteños
Lo resolvieron lxs trabajadorxs, nucleados en la junta Interna de Delegados de ATE del Programa Cultural en Barrios, luego de que el Ministerio de Cultura de la Ciudad continuara sin dar respuesta a sus reclamos.

 
La medida comenzó ayer, miércoles 2 de mayo, y durará al menos hasta mañana, viernes, cuando realicen una nueva asamblea para evaluar los pasos a seguir. Actualmente no se dictan clases, pero se asiste a los centros culturales para informar y debatir sobre la situación.
Lxs trabajadorxs reclaman mejoras salariales y también el pago de sueldos adeudados. Una de las condiciones para levantar el paro es justamente la puesta al día de los haberes atrasados. Exigen además mejores condiciones laborales.
A través de un comunicado, lxs docentes explicaron que tomaron esta medida por tiempo indeterminado “luego de enormes esfuerzos, paciencia y medidas alternativas durante todo este tiempo por lograr que se escuchen los reclamos". En relación al atraso en el cobro y las precarias condiciones en que trabajan, cuestionan además que se "naturalice una situación que año a año se repite, y que ahora empeoró”.
El Programa Cultural en Barrios de la Ciudad de Buenos Aires promueve y fomenta el acceso a bienes y servicios culturales de lxs vecinxs, a través de 37 centros culturales, ubicados en diferentes barrios, con actividades artísticas, de formación, de actualización de técnicas, de experimentación y de producción, con más de 1200 talleres, cursos, seminarios, y producciones en forma gratuita. En este sentido, lxs trabajadorxs explican: “La cultura desarrollada concientemente es un factor imprescindible en el proceso de transformación social que necesita nuestra ciudadanía. Por eso, la lucha conjunta hace a la necesidad de una política cultural para los talleres y todo el ámbito de la cultura, que surja del debate y organización de los trabajadores de los centros, vecinos y otras organizaciones culturales”.

Agenda

Sábado 5 de mayo

** Primera Asamblea de los Pueblos Fumigados de la provincia de Santa Fe. En el marco de las actividades que se vienen desarrollando con el objetivo de lograr que el senado santafesino trate las modificaciones a la vieja ley llamada de fitosanitarios que rige desde el año 1995 y que regula todas las cuestiones vinculadas al uso masivo de agroquímicos en la provincia; los pueblos fumigados de la provincia propician el tratamiento y las modificaciones de la ley actual estableciendo franjas mínimas libres de fumigaciones no menores a 800 metros en torno a zonas pobladas y la prohibición de aplicaciones por métodos aéreos. Organiza: Campaña Paren de Fumigarnos. En la Escuela de Enseñanza Media Juan Bautista Alberdi, calle Islas Malvinas s/n, Arroyo Seco, Santa Fe. A las 10.

** Primer Congreso Villero de la Argentina. Vecinxs de villas de Buenos Aires debatirán en comisiones y talleres sobre los ejes fundamentales del Congreso que serán Situación de la vivienda, urbanizacion e infraestructura; Salud; Educación; Seguridad y Derechos Humanos; Géneros; Contaminación ambiental. Convoca: Corriente Villera Independiente. En Plaza de Mayo, Cdad. de Bs. As. A las 10. Contactos de Prensa:
Christian Romo 15-3544-7465 / Rafael Klejzer 15-5183-0629.

** 10 años del Frente Popular Darío Santillán en Berisso. Habrá bandas en vivo, baile, cantina a precios populares, proyecciones. En calle Cadiz, entre Nueva York y Pasaje Wikde, Berisso, Prov. de Bs. As. De 12 a 20.

** Llamada de Candombe por la despenalización del consumo y la tenencia simple de marihuana. Convoca: Tambores en la Marcha Mundial de la Marihuana. Se templará en Diagonal Norte y San Martín. Se marchará desde Plaza de Mayo a Plaza de los Dos Congresos, Cdad. de Bs. As. A las 13. Más información: http://www.marchamarihuana.org/argentina/

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