NACIONALES - Red Eco Alternativo- Jueves 28 de junio de 2012
año 14 - número 26 Jueves 28 de junio de 2012
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El proceso judicial que se iniciará el próximo 11 de junio en Córdoba, es el resultado de un camino de más de 10 años de reclamos y luchas. Se trata del primer juicio por fumigaciones de la historia argentina.

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NACIONALES

POR…crear
La información sobre el nuevo programa de acceso a créditos para la construcción de vivienda nueva (Pro.Cre.Ar)  – y no plan de viviendas – no es clara. No se sabe si serán 100 mil o 400 mil viviendas, ni cuál será el ingreso mínimo requerido. Tampoco se tienen las fuentes de financiamiento para el total del programa. Lo que sí queda claro es que no es un plan pensado para quienes tienen menos posibilidades de concretar el sueño de la casa propia.
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Juicio a la fumigación en Córdoba: se reanuda en julio por ampliación de la causa
El Tribunal tomó la decisión de postergar el proceso hasta el 18 de julio ya que dio lugar a una denuncia que había presentado la Fiscalía el viernes 22, en la novena jornada del juicio.
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Salud cerrada
Situaciones similares se viven en varios distritos del país, cierre de servicios y unidades, ya sea por falta de profesionales como por intentos de privatización; además de precarísimas condiciones laborales y salariales.
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Críticas indígenas al anteproyecto de Código Civil
Al igual que lo hiciera en el mes de mayo el Consejo Plurinacional Indígena, la Asociación de Abogados y Abogadas en Derecho Indígena (AADI) manifestaron su alerta ante los artículos que en el proyecto de modificaron del Código Civil pretenden regular cuestiones relativas a los pueblos indígenas y sus derechos constitucionalmente reconocidos.
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BREVES

Para que el Bauen sea de los trabajadores
Los trabajadores del hotel Bauen recuperado iniciaron una campaña para pedir solidaridad internacional dirigida a las distintas instancias de poder en Argentina que tienen en sus manos la solución política del conflicto, la sanción de la Ley Nacional de Expropiación a favor de la Cooperativa de Trabajo B.A.U.E.N.
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Agresiones y amenazas contra campesinos en Tunuyán
El agresor es Osvaldo Anzorena, roció con gas pimienta a varias personas y contrató matones para amedrentar a las familias, que desde principios de la semana son amenazadas y agredidas físicamente.
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Porque el derecho a la educación es un derecho de todxs
La Coordinadora de Bachilleratos Populares en Lucha se movilizará el próximo jueves 5 de julio hasta la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense (Avenida 13 entre 56 y 57, La Plata). Será para reclamar la inmediata firma y efectivización de los convenios de todos los bachilleratos populares, salario para lxs docentes, becas para lxs estudiantes, financiamiento integral y reconocimiento de los nuevos bachilleratos.
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Dirigentes del SITRAIC denunciaron un nuevo ataque de patotas de la UOCRA
Ocurrió durante una asamblea en la obra de Saavedra 350 en Lomas de Zamora. Una patota a bordo de autos y motos atacó con palos y varillas de hierro a delegados del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción.
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A diez años de la masacre de Avellaneda


Mas imágenes de las jornadas en la Estación Darío y Maxi y puente Pueyrredón.

Por Natalia Pastor

Por Facundo Miguel Nívolo





POR…crear
La información sobre el nuevo programa de acceso a créditos para la construcción de vivienda nueva (Pro.Cre.Ar)  – y no plan de viviendas – no es clara. No se sabe si serán 100 mil o 400 mil viviendas, ni cuál será el ingreso mínimo requerido. Tampoco se tienen las fuentes de financiamiento para el total del programa. Lo que sí queda claro es que no es un plan pensado para quienes tienen menos posibilidades de concretar el sueño de la casa propia.

procrearvivienda.jpg(Fabiana Arencibia-Red Eco) Argentina - El Programa de Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (PRO.CRE.AR), hecho público hace pocos días por la presidenta Cristina Fernández, fue explicado durante su lanzamiento por el viceministro de Economía y el director ejecutivo de ANSeS.
Ambos utilizaron plaquetas visuales con datos que fueron derramando ante la enfervorizada audiencia que se congregó en el Museo del Bicentenario de la Casa de Gobierno. Además, gran parte de esos datos están disponibles en la página de la ANSeS en la que también se detallan requisitos para poder acceder a estos créditos.
Queremos hacer algunas consideraciones respecto a lo que se dice (desde lo discursivo) y lo que en la práctica concreta significa el contenido de este programa.
Recalcar además que muchos hablan ya del “plan de viviendas” cuando es un programa de “créditos” para la vivienda. Y que, por los requisitos que se exigen y por los destinatarios a quien apunta, no se trata de un programa para palear el problema habitacional de los sectores mas postergados de la población sino de la franja de clase media y media baja. Con el solo requisito de tener trabajo registrado, deja fuera a alrededor del 33% de quienes, según datos oficiales, son trabajadores informales.
Los fondos (no queda claro si los 20 millones anunciados es para el total de las viviendas o para el primer tramo de las 100 mil) serán aportados por el Estado a través del dinero del Fondo de Garantía Sustentable de ANSeS y del Tesoro Nacional.
Se habla de la emisión de títulos (nueva deuda pública) que no solo compraría el organismo previsional, sino con los que se pretendería tentar a otros inversores privados pagando una tasa superior a la que dan los plazos fijos tradicionales. Además, se les ofrecería la posibilidad de acceder a una suerte de "cupón PBI" que ampliaría la rentabilidad de esta inversión.
Pero el instrumento para la ejecución del programa (gestión del proyecto y manejo de los fondos para dar los créditos) queda en manos de un fideicomiso administrado por el Banco Hipotecario SA, cuyo presidente y vice están ligados al negocio inmobiliario, de la soja y el energético. Nos referimos a Eduardo Elsztain y a Mario Blejer.
 Elsztain es presidente y socio mayoritario de IRSA - la mas importante empresa argentina de inversiones inmobiliarias (con los principales shoppings de Buenos Aires: Alto Palermo, Patio Bullrich, Paseo Alcorta, Design Center y Abasto; de  hoteles de lujo como Llao-Llao, Intercontinental y Sheraton Libertador y de varios edificios emblemáticos, como el Rulero de Retiro, el Laminar Plaza, de Catalinas y la torre de Microsoft). Además es accionista mayoritario de Cresud- empresa líder agropecuaria  dedicada a la compra, transformación y venta de campos y a la producción de campos propios y alquilados de granos, la ganadería y la producción de leche.
Blejer fue presidente del Banco Central durante la presidencia de Eduardo Duhalde y, hasta hace poco, director de Repsol-Ypf representando al grupo Eskenazi.
Si bien el Comité Ejecutivo del “Fideicomiso ProCreAr” está compuesto por funcionarios del Estado, la presencia del presidente del Banco Hipotecario SA en él,  entrecruza el manejo del proyecto de créditos para la vivienda justamente con el presidente de la mas importante empresa argentina del negocio inmobiliario.

Navegando la página: http://www.anses.gov.ar/viviendas
Si se navega este sitio, podrá verse  que en ninguna de sus partes (ni en los videos ni en los textos) se promocionan las 400 mil viviendas anunciadas en el acto de lanzamiento. Todo hace referencia a las 100 mil viviendas que se harán durante lo que resta este año y todo el 2013. Sin embargo, en los zócalos que acompañaron su televisación por el canal público y en las opiniones que se vertieron en los noticieros de dicho medio,  se habló de las 400 mil nuevas viviendas.
 Por otra parte, al pie de la página inicial del sitio en internet, la letra chica aclara: “Los términos financieros y condiciones legales finales para el otorgamiento de créditos en el marco del "PROGRAMA CRÉDITO ARGENTINO PARA LA VIVIENDA ÚNICA FAMILIAR (PRO.CRE.AR)" serán oportunamente informados por el Banco Hipotecario S.A.”. Esto abre interrogantes acerca de si las condiciones y los cálculos de cuotas que figuran como ejemplos en el portal podrían ser modificados.
En el cuadro que detalla las “Características del programa” (y también en el video explicativo) se sintetizan varios elementos que luego son relativizados en los instructivos que figuran en la misma página.
Por ejemplo: se habla de la posibilidad de acceso “sin tope mínimo de ingreso “, “no hay monto mínimo para precalificar”, afirmación que también remarcaron los funcionarios Axel Kicillof (vice de Economía) y Diego Bossio (director del ANSeS) durante el lanzamiento al decir: “No hay monto mínimo de ingresos para acceder”.
Lo concreto es que no se sabe cuál es ese mínimo de ingreso porque no está definida la cuota más barata. Los ejemplos en la página solo muestran como cuota mínima la que corresponde al tramo de lo ingresos de “hasta” 5.000 pesos, para un crédito de 200.000 con una cuota de 749 pesos.
Bossio dijo – y también aparece en la página- que para determinar la línea de crédito a la que se puede aspirar se van a considerar los ingresos “familiares”. Pero lo que se define en los requisitos es que se sumarán los “ingresos en mano de los cónyuges y convivientes”. Queda afuera la posibilidad de que una familia, cuyos hijos convivan aun con los padres y tengan ingresos justificables, pueda llegar al requisito de los ingresos mininos requeridos.
También forma parte de los requisitos la obligación de tener una antigüedad en un trabajo registrado de cómo mínimo un año, o de demostrar ingresos de trabajo independiente (monotributista o autónomos) de al menos dos años.
Los plazos promocionados son –según se puede leer en la página- de entre 20 y 30 años. Pero navegándola se encuentra que otro de los topes que se establece es que deberán ser cancelados no más allá de los 75 años de vida de su tomador. Por lo tanto, si la franja etaria para contraerlos puede llegar hasta los 65 años, en este caso solo tendrán 10 años para pagarlos. 
“Si no tenes terreno propio podes acceder a la vivienda a través de proyectos urbanísticos de construcción o a través de proyectos de constructoras privadas. En estos casos los tiempos dependerán de cada proyecto. Si tu familia tiene ingresos inferiores a 5000 pesos, con empresas constructoras se realizarán proyectos urbanísticos Y si los ingresos son superiores a 5001 pesos se puede acceder a proyectos con terrenos de mayor valuación donde se realizaran proyectos urbanísticos” Nos preguntamos: ¿cómo se determinará cuales son esas “empresas constructoras” a las cuales se les pagará con fondos públicos? ¿Quiénes son los empresarios que concentran hoy el mercado de la construcción de proyectos urbanísticos?
Otro elemento que se ha mostrado como favorable para el acceso al crédito es el de tener el terreno donde construir. Pero lo que se exige en este caso es que el mismo esté ubicado en zona urbana o semiurbana “consolidada” (o sea con infraestructura de servicio y acceso a medios de transporte), sobre calle o camino trazado y con baja probabilidad de inundaciones. Además, se deberá presentar el título de propiedad, depósito de los aportes del profesional interviniente con la identificación de la obra, el plano municipal aprobado o en trámite, o sea, documentación del terreno y de la obra a realizar firmada por arquitecto, ingeniero o como mínimo maestro mayor de obras.
Todos estos requisitos hablan nuevamente de que los destinatarios no son los sectores de menores recursos que, de tener un terreno suyo o de sus padres, seguramente no podrían reunir todas estas condiciones.

Algunos cálculos para bajar a tierra
Según afirmó el viceministro de Economía, Alex Kicillof, en la conferencia de prensa que lanzó este plan, se construirán 400 mil viviendas en 4 años. Las primeras 100 mil se harían en lo que resta del 2012 y durante el 2013, o sea en 18 meses.
Hagamos un cálculo básico en base a esa afirmación. Dividiendo las 100 mil viviendas en los 18 meses, da a razón de 185 viviendas por día que se deberían terminar. Si supusiéramos que las mismas son en las 24 provincias (ya que se dice que el proyecto es a nivel nacional) nos daría a razón de terminar 7 viviendas por día por cada provincia.
Si calculamos el resto, las 300 mil, que se deberían realizar en los años 2014 y 2015 (24 meses) esto daría un promedio diario de 416 viviendas, o sea 17 viviendas por día terminadas en cada provincia.
Kicillof afirmó que el Estado aportará 1820 hectáreas de tierras fiscales (aunque el dato que figura en el sitio oficial habla de 1700 hectáreas). Dijo también, para tener una dimensión de superficie, que Puerto Madero se construyó en 170 hectáreas. Y que por lo tanto las tierras donadas por el Estado serían 10 veces superiores a la superficie de Puerto Madero. Esto equivaldría, según sus palabras, a poder construir alrededor de 70 mil viviendas en tierras donadas por el Estado.
Hagamos nuevamente el cálculo. Si 70 mil viviendas ocupan 1820 hectáreas, o sea poco más de 10 Puertos Maderos, las 400 mil ocuparán 57 Puertos Maderos en todo el país, a razón de poco más de 2 estructuras de esa envergadura por provincia.

Soluciones habitacionales no son viviendas
Dentro del discurso, el joven viceministro de economía, afirmó: “Este plan se suma a las diversas iniciativas que el Ministerio de Planificación, la Secretaría de Obras Públicas y la Subsecretaría de Vivienda, vienen desarrollando hasta el momento”. Se refirió con esta afirmación al dato que poco antes había dado la presidenta. Según la última Encuesta Permanente de Hogares (2011), desde el 2003 el gobierno dio respuesta a 900 mil “soluciones habitacionales”. Este término se confunde con la construcción de nuevas viviendas. Pero no lo son. Colocar un termotanque, cambiar carpinterías, rehacer techos, pintar, etc , son parte de esas soluciones habitacionales que no se toman el trabajo de aclarar (con tantos gráficos que se muestran) que no son viviendas nuevas. 
Según fuentes de la Facultad de Arquitectura, habría 14 planes de vivienda en funcionamiento en todo el país. Y repasando de 1983 a 2011 los datos de las viviendas nuevas que se construyeron con cada presidente en ese período,  la cifra arroja que se hicieron por año más viviendas durante el menemismo que durante la actual gestión. 
La crisis habitacional es de cerca de 3 millones de viviendas. Por eso ni bien se abrió el acceso a las consultas sobre el ProCreAr se produjo una avalancha. Entonces les cayó la “ficha” y tuvieron que mandar todo a “sorteo”.
Se tenga o no terreno, se tengan o no mas o menos ingresos comprobables, será finalmente la suerte de que caiga tu bolilla en el sorteo de Lotería Nacional – y esto no es broma- la que defina si tendrás chance o no de acceder a un crédito para tu vivienda. 
Mientras, los marginados del sistema, los que viven hacinados, sin agua potable, sin gas y sin luz, con letrina por baño, en villas y asentamientos, tendrán que seguir esperando a que alguna ruleta los convoque.


Juicio a la fumigación en Córdoba: se reanuda en julio por ampliación de la causa
El Tribunal tomó la decisión de postergar el proceso hasta el 18 de julio ya que dio lugar a una denuncia que había presentado la Fiscalía el viernes 22, en la novena jornada del juicio.

juicio_fumigaciones.jpg(Red ECo)Córdoba - La acusación es contra el productor sojero Francisco Parra, ahora imputado como coautor de contaminación culposa, tras adjuntarse una denuncia hecha por un vecino en el año 2003 (anterior a la denuncia de Sofía Gatica). La Cámara Primera aceptó el pedido de la Fiscalía debido a que el delito se extendió entre octubre de 2003 y febrero de 2004.
Por su parte, el abogado de Francisco Parra, Dr. Juan Manuel Araoz, pidió la interrupción del debate “por el mayor plazo posible en esa etapa procesal”. De este modo, la suspensión se extenderá hasta el mes de julio.

Día 9 del juicio: “El glifosato es un veneno”
En esta jornada declararon el médico e investigador del Conicet, Andrés Eduardo Carrasco, y el biólogo Raúl Montenegro, Presidente de FUNAM (Fundación para la defensa del Ambiente). Ambos expusieron resultados de sus investigaciones sobre los efectos de los agrotóxicos en la salud.
Carrasco habló de las investigaciones de toxicidad que son hechas por las empresas y se exhiben ante el Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria), por otra parte, mencionó la falta de investigaciones independientes.
Respecto al glifosato, Carrasco explicó “hay estudios que comprueban que se mantienen incluso en las napas de la tierra, el glifosato pasa a la sangre y a las vías respiratorias. Pasa donde quiere y parte de lo que entra nunca sale”.
En este sentido, sentenció “El glifosato es un veneno porque mata organismos vivos. No sólo mata plantas sino también células vivas de humanos y animales”; y agregó “Desde el principio precautorio de la medicina, no se aceptan los daños colaterales, si uno tiene la sospecha de que uno de cada cien se va a morir, ese producto no debe estar”.
En su declaración, Raúl Montenegro  contó que el primer contacto con lxs vecinxs del barrio fue tras una denuncia que hicieron por las fumigaciones, por lo que FUNAM lanzó un comunicado al respecto y presentó un informe a la fiscalía sobre el uso de agrotóxicos en el lugar.
Montenegro explicó que las fumigaciones tanto terrestres como aéreas han sido habituales en la zona, y concluyó “puedo dar testimonio personal, yo sentí la típica sensación de sequedad en las mucosas, siendo que yo me encontraba en el barrio, no en el campo y no en el preciso momento en el que estaban fumigando, por lo que habían quedado micropartículas en el aire”.
Respecto a la nocividad de los agroquímicos, agregó “los plaguicidas, técnicamente, son sustancias hechas para matar vidas, todos los plaguicidas pueden matar personas en tanto se alcance la dosis letal, los plaguicidas son armas químicas y que pueden matar a las personas si se alcanza la dosis letal 50”
El biólogo también explicó al tribunal qué es lo que sucede cuando una sustancia tóxica entra en contacto con el ambiente y potencia dicha sustancia: “Cuando yo aplico endosulfán estoy produciendo sulfato de endosulfán que tiene una vida química más larga que el endosulfán, es mucho más complejo”. Al respecto, sostuvo que en la tierra aún pueden hallarse residuos de plaguicidas que ahora no se utilizan.

Día 10 del juicio: “si cuando voy a realizar la aplicación advierto que el campo está pegado al pueblo, no acepto el trabajo”
El décimo día de audiencia se inició con la lectura del documento en el que el Tribunal aprobó la ampliación de la causa pedida por el fiscal de Cámara. Parra, el productor acusado, enfrenta una acusación por fumigar sembradíos de soja ubicados sobre el a Capilla de los Remedios km 8 ½. Para esta fumigación, se usó endosulfán, DDT,  heptacloro, clorpirifós, glifosato, y otras sustancias peligrosas contempladas en la Ley Nacional 24051 de Residuos Peligrosos.
El testigo citado a declarar en esa jornada fue Orlando Martínez, médico veterinario y piloto aeroaplicador, quien fuese convocado por la defensa.
El interrogatorio giró en torno a preguntas sobre métodos de aplicación de sustancias, el manejo de las mismas, y los trabajos en campos que pueden ser cercanos a los pueblos. Al ser consultado sobre su actitud en caso de que le ofrezcan fumigar un campo continuo a un pueblo, Martínez dijo: “si cuando voy a realizar la aplicación advierto que el campo está pegado al pueblo, no acepto el trabajo”
Dado que Martínez conoce al piloto fumigador Pancello (también acusado en la causa) se le solicitó que describa la labor del imputado: Martínez refirió un buen concepto sobre él, ya que son colegas. Luego, le consultaron al testigo sobre las aplicaciones aéreas nocturnas: Martínez sostuvo que no están legisladas, ya que no hay una norma que avale su realización.
Fuente www.juicioalafumigacion.com.ar

Salud cerrada
Situaciones similares se viven en varios distritos del país, cierre de servicios y unidades, ya sea por falta de profesionales como por intentos de privatización; además de precarísimas condiciones laborales y salariales.

(Red Eco) Argentina – Mañana, viernes, se realizará una clase abierta a la comunidad del Grupo de Reflexión y de Actividad Física de la Unidad de Medicina del Deporte del Hospital César Milstein (ex Hospital Francés). Será a las 13.30, en la puerta del nosocomio de La Rioja 951, Cdad. de Bs. As.

¿El motivo? Denunciar que el PAMI resolvió cerrar desde la semana que viene no sólo la Unidad de Medicina del Deporte sino también los Servicios de Psicopatología y Oftalmología, todos pertenecientes al ex Francés, que desde julio de 2007 maneja el Estado Nacional a través justamente del PAMI (Ley 26.272). En aquella oportunidad se había especificado que el objetivo era “construir un Hospital Modelo y de Excelencia en la atención del Adulto Mayor, referente a nivel nacional”.
Esta Unidad de Medicina del Deporte y sus grupos de Actividad Física y Reflexión funcionan en forma gratuita desde hace cinco años, y son un lugar de contención física y emocional para un centenar de adultos mayores, un espacio interdisciplinario de prevención y promoción de la salud.
Todos los martes, miércoles y viernes los pacientes realizan su actividad física asistidos por profesionales médicos, psicólogos y profesores de actividad física preparados para las diferentes patologías.
medico_en_conflicto.jpgLos delegados de la Comisión Interna del Hospital denunciaron además que la intervención decidió privatizar el área Oftalmología, ya que los prestadores privados “se quejaban” de que la gente prefería concurrir al Milstein, que es el único centro de esa especialidad propio. De esta manera, 27 trabajadorxs quedaron en la calle. No es la primera vez que ocurre. Hace más de 4 años, cerraron también, entre otros servicios, los de resonancia magnética, tomografía, medicina nuclear, diálisis, hemodinámica, radioterapia, la Clínica de Cid Campeador; y el hogar de Parque Chacabuco.
A su vez, las condiciones laborales y salariales de muchos de lxs trabajadorxs que continúan en el hospital son irregulares. A los que vienen del ex Francés aún no se les ha reconocido la antigüedad. Además, hay al menos 300 médicxs, camillerxs, personal de limpieza que son monotributistas y hacen las mismas tareas que lxs otrxs 800 trabajadorxs que están en relación de dependencia, sumado a que trabajan en promedio una hora diaria más que en el resto de los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires.
Pero el Milstein no es el único hospital en el que se han cerrado servicios y salas.
Por falta de médicxs y personal no está funcionando la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica del Hospital Durand. Lxs profesionales que allí trabajaban decidieron renunciar por sobrecarga laboral, ya que era solo tres en una unidad que requiere siete médicxs.
Este sector se inauguró en agosto de 2010 con la presencia del ministro de Salud porteño, Jorge Lemus, pero a menos de dos años nunca se nombró a lxs profesionales necesarios para su normal funcionamiento y desde hace días permanece cerrado. Lxs pacientes que estaban internados fueron derivadxs a otros hospitales, como el Posadas de la provincia de Buenos  Aires. Para denunciar esta situación se realizará una radio abierta el próximo sábado, a partir de las 14.30, en el Parque Centenario.
hospital_posadas.jpgPero el Hospital Posadas, a donde se derivaron algunos de lxs pacientes del Durand, tampoco está pasando un buen momento. Desde la CICOP afirmaron que la Guardia de Pediatría no da abasto por la cantidad de personas que se acercan ante la aparición de las enfermedades estacionales. Además, faltan camas para internación, bocas de oxígeno, espacio físico y se trabaja en un clima de violencia e inseguridad creciente. “Ni los profesionales, ni los pacientes ni sus familiares son responsables de la grave falta de coordinación de efectores municipales, provinciales y nacionales”, manifestaron desde CICOP.
Por este motivo, le enviaron una carta a la ministro de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, con copia a su par de Salud, Juan Manzur, la presidente Cristina Fernández y el jefe de gabinete, Juan Manuel Abal Medina, entre otros funcionarios. Allí señalaban: “Es en este marco que la gremial de los profesionales del Hospital, la Seccional Posadas de la CICOP, solicita la urgente adopción de medidas integrales para que nuestros asociados puedan desarrollar sus saberes en un clima de tranquilidad. Nos oponemos a cualquier ´naturalización´ de condiciones de trabajo indignas. Nos oponemos a que recaiga sobre los pacientes, sus familias y nuestros compañeros la falta de políticas sanitarias que den respuesta a estas cuestiones. Tampoco queremos ninguna ´militarización´ del Hospital”.
En Jujuy también lxs trabajadorxs de la salud suman reclamos y resolvieron iniciar una medida de fuerza ante la falta de respuestas por parte de las autoridades. Esta mañana realizaron una volanteada por las calles de la capital provincial, donde explicaron la grave situación en el sector y las razones del paro en el sector profesional. En tanto, mañana continuarán con la protesta sin asistir a los lugares de trabajo y manteniendo las guardias mínimas.
Entre las deficiencias del sistema, lxs trabajadorxs, nucleados en la Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública - FESPROSA, mencionan la falta de profesionales especialistas en algunos centros de salud como el Hospital de Niños, donde se necesitan cardiólogos, oftalmólogos, neurólogos; o en el Hospital Pablo Soria en el que los traumatólogos informaron públicamente que no realizarán mas guardia tres días de la semana y los feriados; o en el Hospital Paterson de San Pedro donde no hay médico pediatra de guardia los domingos; o el cierre del servicio de neonatología de Ledesma por falta de neonatólogos; o la escasa cantidad de profesionales en Humahuaca y Abra Pampa. Este panorama se da por las bajísimas remuneraciones que se les ofrece a lxs profesionales, quienes en muchos casos pasan más de un año sin cobrar los cargos ganados por concurso.
A última hora de ayer, lxs trabajadorxs recibieron una oferta de parte del gobierno provincial, ante el poco tiempo para debatirla en principio continuarán con las medidas de fuerza previstas, y volverán a reunirse en asamblea en las próximas horas para definir los pasos a seguir.
Contacto: Lic. Alejandro Mantero (Coordinador de la Unidad de Medicina del Deporte - Hospital Cesar Milstein - ex Francés – PAMI) 15-6490-9475.
Fuente: ACTA / CICOP / APUAP
Críticas indígenas al anteproyecto de Código Civil
Al igual que lo hiciera en el mes de mayo el Consejo Plurinacional Indígena, la Asociación de Abogados y Abogadas en Derecho Indígena (AADI) manifestaron su alerta ante los artículos que en el proyecto de modificaron del Código Civil pretenden regular cuestiones relativas a los pueblos indígenas y sus derechos constitucionalmente reconocidos.

bandera_pueblos_originarios.jpg(Red Eco) Argentina - En el mes de marzo, la Presidenta de la Nación presentó ante el Congreso una iniciativa de modificación del Código Civil argentino. Este último data del año 1865 por lo que no se cuestiona la necesidad de su modificación, sin embargo estas organizaciones criticaron que este anteproyecto es violatorio de los estándares mínimos establecidos en la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos en materias como el derecho al territorio, a la ocupación tradicional o el procedimiento adecuado para el reconocimiento estatal de la propiedad indígena. A su vez, destacaron que los pueblos indígenas no fueron consultados sobre la reglamentación de aspectos que afectan de manera directa los intereses del conjunto de los Pueblos Indígenas en el país. Ni siquiera se consultó al Consejo de Participación Indígena (CPI), organismo de participación establecido en la legislación interna como representación en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) para intervenir en la política indígena y representar al conjunto de las comunidades del país.
Respecto al carácter de las relaciones entre el Estado y los Pueblos Indígenas, el artículo 148 del anteproyecto establece la calidad de persona jurídica de derecho privado a las Comunidades Indígenas. Situándolas al mismo nivel que las asociaciones civiles, las fundaciones o las sociedades comerciales, pero la Constitución Nacional y los Tratados de derechos humanos consideran a los pueblos indígenas como sujetos colectivos cuya cultura, institucionalidad y jurisdicción territorial debe ser respetada.
Lograr estos avances en materia legislativa fue una labor ardua para los pueblos originarios y que se respete su cumplimiento es una lucha diaria que, sin embargo, no fue contemplada al momento de redactar este anteproyecto. 
Su reconocimiento como persona jurídica de derecho público implica que el Estado y sus organismos de control no pueden intervenir en su vida interna y procesos organizativos, que es la práctica común hasta hoy. “Las direcciones de personerías jurídicas son hoy verdaderos órganos de intervención y de control sobre nuestras vidas autónomas”, manifestó el Consejo Plurinacional Indígena en mayo de este año.
Pero uno de los cuestionamientos centrales al anteproyecto es el que atañe a las tierras y territorios indígenas. María Micaela Gomiz, secretaria ejecutiva del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas, señala que el proyecto de reforma no habla de “derecho a las tierras y territorios, ni la importancia especial que para los pueblos indígenas tiene la relación con ellas, ni de posesión u ocupación tradicional ni de mecanismos para obligar al reconocimiento estatal (art. 75 inciso 17 CN, artículos 13 y 14 del Convenio 169 de la OIT, artículos 25 y 26 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, artículo 21 del Pacto de San José de Costa Rica). Tampoco se tienen en cuenta los casos de reivindicación por pérdida de territorios ni se regula la entrega de otras tierras aptas y suficientes para el desarrollo de las comunidades. Por último, no se basa este derecho en la libre determinación ni se establece que se regirá por la cosmovisión de cada pueblo”.
Otro de los puntos críticos es el relacionado con el artículo 2038 de dicho anteproyecto donde indica que la explotación de los recursos naturales “está sujeto a previa información y consulta a las comunidades”. De acuerdo a las organizaciones indígenas esto resulta violatorio de los derechos ya reconocidos por este Estado (art. 6 y 15 del Convenio 169 de la OIT y art. 18 y 19 de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas). Estas normativas vigentes y de rango Constitucional establecen la necesidad de obtener el Libre Consentimiento Fundamentado Previo de los Pueblos afectados ante medidas o actos que puedan afectar sus intereses, por lo que no se trata de una simple consulta informativa como indicaría el proyecto.
Finalmente, las organizaciones destacaron que lo grave de la situación es que van a encorsetar al derecho indígena que es un derecho constitucional, dentro del Título de un Código Civil. Para el Consejo Plurinacional Indígena esto no se trata de un descuido, porque “el derecho indígena va tomando tal dimensión, al punto de ser el único que tiene legitimidad, autoridad moral y peso jurídico para condicionar o detener un modelo de explotación extractivista, que como decimos siempre, es un proyecto de muerte para nuestros territorios”.
Fuentes: OPSur - 8300



BREVES

Para que el Bauen sea de los trabajadores
Los trabajadores del hotel Bauen recuperado iniciaron una campaña para pedir solidaridad internacional dirigida a las distintas instancias de poder en Argentina que tienen en sus manos la solución política del conflicto, la sanción de la Ley Nacional de Expropiación a favor de la Cooperativa de Trabajo B.A.U.E.N.


bauen_cooperativa.jpgEl hotel B.A.U.E.N. es una empresa recuperada por sus trabajadores/as que lleva 9 años funcionando como cooperativa de trabajo en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, Argentina.
El 28 de diciembre de 2001, en plena crisis económica y política del país, el hotel cerró sus puertas despidiendo a todos sus trabajadores.  
El vínculo estrecho de Marcelo Iurcovich, que había construido el hotel,  con el almirante Lacoste  (Ente Autártico Mundial 78) rindió máxima tasa de ganancia por más de veinte años, puesto que el crédito original con que se construyó el hotel nunca se saldó hasta el día de la fecha. Esto permitió que Iurcovich capitalice grandes ganancias en otras empresas (Bauen Suite en Buenos Aires, Bauen Buzios en Brasil, etc.).
El 20 de marzo de 2003 un grupo de ex trabajadores del hotel que estaban desocupados, decide en asamblea tomar el edificio como denuncia de su condición y en reclamo de alguna solución. Al pasar algunos meses y no recibir respuesta de ningún tipo, se decide empezar a trabajar. Este es el inicio de una de las experiencias emblemáticas en el mundo de gestión de una empresa por parte de sus trabajadores.
Mientras tanto entra en escena Mercoteles S. A., empresa creada en el año 2001 sin capital y al solo efecto de simular la compra del edificio y reclamar la tenencia del mismo.  A la fecha de hoy esta sociedad es presidida por Hugo Iurcovich, hijo y heredero del citado Marcelo Iurcovich.  En el año 2007 la jueza en lo comercial Paula Hualde convalida el reclamo de Mercoteles y dicta una orden de desalojo de la cooperativa de trabajo. En segunda instancia y en la Corte Suprema de Justicia el fallo es convalidado.
Afirmamos que cualquier cálculo elemental para actualizar la deuda contraída por Marcelo Iurcovich con el estado argentino en el año 1978 supera con creces el precio del inmueble por lo que  el estado no tendría que pagar nada por la expropiación. Solo demostrar la voluntad política de ejecutar el cobro de la deuda.
Los trabajadores piden que quienes se solidaricen envíen correos a las direcciones siguientes expresando la preocupación por esta situación, como así también el acuerdo con la sanción de la Ley Nacional de Expropiación por parte del Congreso de la Nación Argentina.  (con copia  a prensabauen@gmail.com) :
Dra. Cristina Fernández/Presidenta de la Nación Argentina/privada@presidencia.gob.ar
presidencia@presidencia.gob.ar
Lic. Amado Boudou/ Vicepresidente de la Nación/ amado.boudou@senado.gov.ar/contacto@amadoboudou.com.ar
Dr. Juan Manuel Abal Medina/Jefatura de Gabinete de Ministros/privada@jgm.gob.ar
Dr. Aníbal Florencio Randazzo / Ministerio del Interior /info@mininterior.gov.ar
secretariaprivada@mininterior.gov.ar
Dra.Nilda Garré/ Ministerio de Seguridad/nilda.garre@minseg.gob.ar


Agresiones y amenazas contra campesinos en Tunuyán
El agresor es Osvaldo Anzorena, roció con gas pimienta a varias personas y contrató matones para amedrentar a las familias, que desde principios de la semana son amenazadas y agredidas fisicamente.

sintierra.jpg La Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra, denunció públicamente las agresiones que están padeciendo dos familias de la zona de Tunuyán en la provincia de Mendoza por parte del empresario Osvaldo Anzorena.
Anzorena se atribuye la propiedad de estas fincas, sin presentar, ni ante las familias, ni ante la justicia, prueba alguna de dicha afirmación. Desde hace varios meses está molestando a la familia Sena, diciendo que las propiedades son de él, que se tienen que ir. Ante la negativa de las familias, que bien conocen sus derechos, contrató a matones para amedrentarlas de manera violenta.
La organización informó que el 20 de junio este empresario se apersonó en la casa de Doña Susana Tejada increpándola de manera muy violenta a ella y a su marido Lito. Uno de los vecinos comenzó a filmar la situación y en ese momento Anzorena lo atacó con gas pimienta y escapó. El vecino agredido debió ser llevado de urgencia al hospital donde quedó internado por varias horas debido a la ceguera. Ante el pedido de tranquilizar la situación por la presencia de niños, otro vecino, y su pequeño hijo de 4 años, también fueron víctimas de la agresión con gas pimienta.
Esto ocurrió en el Arroyo Guiñazú, departamento Tunuyán. En una finca vecina a la de Susana y Lito viven, hace más de 25 años. Algunos de sus hijos, han formado sus hogares cercanos a su casa paterna. En la finca residen alrededor de 20 personas, la mitad de ellos niños.
Desde principios de esta semana las familias Tejada y Sena sufren amenazas de agresión física. En horas de la noche los matones contratados apedrean las casas. Los mismos pernoctan en una casilla puesta por Anzorena para tal fin.
Las familias no tienen luz eléctrica debido a que Anzorena prohibió, con amenazas, a operarios de Edemsa, que les bajen la luz. Los propios operarios confirmaron esta situación.
Los días 20, 21, 26 y 27 del corriente las familias realizaron las denuncias por las agresiones, la invasión a las casas, y las amenazas de golpes y daño a las viviendas. La autoridad policial se negó a dar copias de las mismas.
“Exigimos respeto a nuestros derechos” manifestó la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra y agregaron: “Seguiremos defendiendo nuestros territorios campesinos”.
Contactos: 261 156 829 358

Porque el derecho a la educación es un derecho de todxs
La Coordinadora de Bachilleratos Populares en Lucha se movilizará el próximo jueves 5 de julio hasta la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense (Avenida 13 entre 56 y 57, La Plata). Será para reclamar la inmediata firma y efectivización de los convenios de todos los bachilleratos populares, salario para lxs docentes, becas para lxs estudiantes, financiamiento integral y reconocimiento de los nuevos bachilleratos.

La Coordinadora agrupa a 40 bachilleratos populares, de los cuales la mitad se encuentra en la Provincia de bachipopu.jpgBuenos Aires. A fines de 2007 habían logrado la oficialización de los primeros bachis, pero dentro de la Dirección de Gestión Privada. Tras reiteradas reuniones con funcionarios, protestas y movilizaciones, en 2011 se firmó un “Convenio de cooperación técnica”, que los reconoce como CENS (Centros de Enseñanza de Nivel Secundario) de Adultos, previendo un salario para lxs docentes. En este marco, la gestión de Mario Oporto reconoció a sólo 5 de estas escuelas e inició el trámite de oficialización de las restantes. En tanto, la actual gestión, a cargo de Silvina Gvirtz, asumió el compromiso de finalizar dicho proceso. Pero luego puso un freno a la oficialización y se niega a firmar los convenios, vedando el reconocimiento de estas experiencias, el derecho a la educación de miles de estudiantes que asisten a los bachilleratos, y el derecho de lxs docentes a recibir un salario por su trabajo.
Por este motivo, marcharán el próximo jueves hasta la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, porque “a diferencia de los nuevos planes de finalización de estudios secundarios, que precarizan el trabajo de lxs docentes y brindan una educación de segunda a lxs estudiantes, los bachilleratos populares apuntan a una democratización real de las prácticas de enseñanza y aprendizaje”.

Contactos de prensa: Federico 011-15-4089-7678 / Rodrigo 011-15-3770-7450 / Marcelo 011-15-5959-8466 / Nadia 0221-15-502-5895.
Adhesiones: bachilleratospopularesenlucha@yahoo.com.ar


Dirigentes del SITRAIC denunciaron un nuevo ataque de patotas de la UOCRA
Ocurrió durante una asamblea en la obra de Saavedra 350 en Lomas de Zamora. Una patota a bordo de autos y motos atacó con palos y varillas de hierro a delegados del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción.

sitraic.jpgEl martes pasado, los trabajadores firmaban el acta por el incremento salarial conseguido por el Sitraic. En ese marco, sucedió la agresión de los integrantes de la UOCRA, cuyo secretario general es Gerardo Martínez, gremio integrante del ala de la CGT alineada al gobierno nacional.  
“Responsabilizamos al gobierno nacional y provincial por las consecuencias que pueden acarrear las agresiones de las patotas. La vuelta de las mismas para acechar las obras coincide con la llegada de un nuevo Jefe Departamental a Lomas de Zamora, se trata del comisario Carlos Perillo, quien ya en su cargo anterior en Alte Brown ´liberó´ zonas y garantizó impunidad a los delincuentes que contrata Gerardo Martínez para amedrentar a los trabajadores”, manifestaron desde SITRAIC a través de un comunicado.
Cabe recordar que Carlos Olivera, dirigente de SITRAIC, fue llevado a juicio acusado sin pruebas de dispararle a una persona durante una asamblea, en una causa armada en complicidad entre la Policía Bonaerense y la UOCRA. Por este caso, estuvo detenido desde 2009. A fines de febrero fue absuelto por homicidio pero sí condenado a tres años y nueve meses por el supuesto delito de “abuso de armas calificado”, por el que cumple un régimen de carácter domiciliario.
 
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