NACIONALES - Red Eco Alternativo - Jueves 19 de julio de 2012
año 14 - número 29 Jueves 19 de julio de 2012
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El proceso judicial que se iniciará el próximo 11 de junio en Córdoba, es el resultado de un camino de más de 10 años de reclamos y luchas. Se trata del primer juicio por fumigaciones de la historia argentina.

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NACIONALES

Militarización
Denuncian la presencia de efectivos de distintas fuerzas de seguridad en villas y zonas carenciadas de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, en el marco de un plan lanzado por el gobierno nacional con el supuesto objetivo de favorecer el desarrollo integral de personas en situación de vulnerabilidad social.
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La energía es un derecho colectivo de los pueblos
La explotación hidrocarburífera está mayoritariamente concentrada en una industria no sólo extranjerizada sino que además avanza sobre promesas de generar trabajo, progreso y crecimiento económico. Esta industria genera impactos sociales,  ambientales y culturales que deben tenerse en cuenta. (Nota con AUDIOS) 
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La autopartista Lear y el gremio Smata atacan a sus trabajadores y delegados
La multinacional Lear amenaza con iniciar un juicio por desafuero contra el cuerpo de delegados por encabezar un pliego de demandas por mejores condiciones de trabajo y por oponerse a la firma de un convenio a la baja. El sindicato de mecánicos SMATA ha hecho lo propio iniciando a los delegados un sumario por realizar asambleas sin autorización.

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¡Y el pueblo Festejó!
La Justicia de La Rioja ordenó la suspensión del convenio firmando entre el gobierno de esa provincia y la empresa minera candiense Osisko. El juez de Chilecito Daniel Flores fue quien dictó esta medida “hasta que se realicen los estudios para ver si los glaciares pueden ser dañados, cosa que la ley prohíbe” (Nota con AUDIOS y VIDEO)
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Medios de La Plata en conflicto
Trabajadorxs despedidxs en los diarios Diagonales y Hoy, y persecución y censura en Radio Provincia son un reflejo de cómo se ejerce el periodismo en la capital bonaerense.
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Juicio a la fumigación: nueva pausa hasta el 23 de julio
Si bien el histórico juicio por fumigaciones ilegales a un aviador y dos productores sojeros se había reanudado el 16 de julio, la defensa solicitó que se postergue nuevamente. El 31 sería el turno de los alegatos. Por su parte la campaña Paren de Fumigar” elaboró un informe referido a las fumigaciones aéreas con agrotóxicos y sus consecuencias negativas.
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BEVES

Solidaridad con los trabajadores del Teatro Colón
Campaña para respaldar el reclamo sobre la política de persecución sindical del gobierno de Mauricio Macri.
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MacriDonald´s
La justicia detuvo la construcción de  una “Casa Ronald Mc Donald's” en el Hospital Ricardo Gutiérrez.
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No pasarán
Esta mañana, un grupo de legisladores que visitaba el Hospital de Quemados fue agredido por una patota que respondía al Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA)
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Movilización contra la megaminería en Cerro Negro
Movimientos y organizaciones sociales se movilizaron para ocupar de forma sorpresiva y pacifica seis casas provinciales ubicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como muestra de  apoyo al acampe contra la megaminería en Cerro Negro, provincia de Catamarca.
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75 años de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre
Al cumplirse un nuevo aniversario desde el inicio de su lucha, la organización elaboró un documento en el que enumeró los actos gubernamentales, legislativos o jurídicos, que consideran necesarios desarrollar para derrotar  plenamente la impunidad y avanzar hacia el pleno acceso de todxs a todos los derechos humanos.
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Agenda 19/07/12


NACIONALES

Militarización
Denuncian la presencia de efectivos de distintas fuerzas de seguridad en villas y zonas carenciadas de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, en el marco de un plan lanzado por el gobierno nacional con el supuesto objetivo de favorecer el desarrollo integral de personas en situación de vulnerabilidad social.
(Red Eco) Argentina – La presidenta Cristina Fernández lanzó en 2008, el Plan Nacional de Abordaje Integral (Plan AHÍ) que continúa implementándose en la actualidad a partir del trabajo conjunto del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, que integraban originalmente lxs ministrxs de Desarrollo Social, de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, de Educación, de Cien
correpi-basta.jpgcia, Tecnología e Innovación Productiva, de Salud, de Economía y Producción, de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Vale remarcar que en 2008 aún no existía el Ministerio de Seguridad que coordina Nilda Garré y que hoy forma parte también del Consejo.
Ninguna de las 60 líneas de acción que se enumeraban en el decreto 621/2008 (con fecha 11 de abril de 2008), hacía referencia al rol que jugarían las fuerzas de seguridad, ni el envío de efectivos a barrios y zonas carenciadas del país. Sí se señalaba que entre los objetivos específicos del Plan “se encuentra el de mejorar la calidad de vida de las comunidades a través de la realización de obras de urbanización, infraestructura y servicios públicos”, y que se buscaba favorecer “el Desarrollo Integral de las personas, familias y comunidades, priorizando las zonas en situación de alta vulnerabilidad social, localidades rurales, parajes, población dispersa, grandes aglomerados, comunidades étnicas, a través de un trabajo conjunto entre los Ministerios de Salud, Educación y Desarrollo Social de la Nación junto a los distintos actores de la comunidad”.
Ahora bien, desde varios sectores políticos y sociales advierten que en el marco de este Plan se está llevando adelante una militarización de villas y zonas vulnerables.  Es decir, se está dando una importante presencia de efectivos de distintas fuerzas bajo la supuesta realización de tareas como la instalación de puestos móviles de asistencia sanitaria a través del Ministerio de Seguridad, el envío por parte del Ejército de tropas a cuatro barrios pobres de la localidad de San Martín, de equipos de la Armada a la Villa 31 de Retiro, o el despliegue de la Fuerza Aérea de un hospital de campaña en la Villa 1-11-14 del Bajo Flores.
“Cuando se habla de militarización nos estamos refiriendo a una intervención y control militar sobre lo que es todo el desenvolvimiento social y político de una comunidad. Y empieza con una presentación de estas fuerzas como fuerzas pacifistas cuando en realidad son de ocupación. (…) Después se va naturalizando esta presencia, y luego los controles y la intervención directa de estas fuerzas pasa a ser una cuestión normal”, aseguró Ismael Jalil, integrante de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), en una entrevista realizada por el programa de FM La Tribu “Los Locos de Buenos Aires”.
Y es en este sentido que puede interpretarse el discurso que la presidenta Cristina Fernández brindó la semana pasada en el marco de la Cena de Camaradería de las Fuerzas Armadas: “También quiero especialmente agradecer tareas que han venido desarrollando, en estos últimos tiempos, de inclusión social, de ayudar a la inclusión social, conjuntamente con otras áreas del Gobierno, como el ministerio de Seguridad, como el ministerio de Desarrollo Social, que han trabajando y están interviniendo en nuestras villas precisamente para participar activamente no en tareas de seguridad interna, que por supuesto le están vedadas por la Ley de Defensa, pero sí en las tareas en que todo argentino – vista uniforme o no vista uniforme – está obligado a hacer si tiene buen corazón de argentino y que es ayudar en las tareas de inclusión social. Quiero también agradecer a la Fuerza esa colaboración que yo creo que debemos ir articulando cada vez más y mejor, como lo hemos hecho, lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo en la otra área que era la ciencia y la tecnología”.
La Ley de Defensa a la que hace referencia Cristina Fernández forma parte de una legislación nacional que prohíbe la intervención en materia de seguridad interior de las fuerzas armadas; pero la presencia de efectivos en zonas necesitadas bajo el fundamento de objetivos loables genera, según explicó Jalil, que empiece a ser común “el ejercicio de actividades vinculadas a la seguridad interior aún en violación de la propia ley de la cual se ufanaron muchos de que no se iba a violar”.
Para Jalil, estos planes y medidas deberían contextualizarse con “algunas cuestiones que vinieron pasando casi desapercibidas, como la instalación de bases estadounidenses en el continente”: “Me parece que esto es un claro ejemplo del seguimiento de una política en materia de represión interior que sigue los dictados de Estados Unidos. Esto que nosotros estamos viendo acá, tras la falsa imagen de policía o fuerzas armadas pacificadoras, comisiones subsidiarias de defensa civil, de apoyo a la comunidad, responden en realidad al criterio de fuerzas de ocupación, como un paradigma bélico mundial que se instaló desde hace un tiempo (…) y que implica la literal destrucción total de aquellos lugares que pasan a ser factores de posible conflicto social”, señaló.
Jalil afirmó también que desde los Estados Unidos se alienta permanentemente el uso de la seguridad interior en consonancia con una campaña de pánico social que se va instalando y que busca re-legitimar las fuerzas armadas, totalmente desprestigiadas: “Estas imágenes candorosas de que van a prestar asistencia médica, las fotos que muestran de soldados que van entregando vasitos de leche, en realidad lo que están haciendo es recomponer el poder de fuego de un Estado, y no es casual que sea en este preciso momento donde hay un aumento de la conflictividad social, lo que están planteando concretamente es la posibilidad de responder ante cualquier levantamiento”, manifestó Jalil en “Los Locos de Buenos Aires”.
Este tipo de medidas va en una línea similar al Operativo Centinela y los planes Cinturón Sur y Norte, a través de los que la cartera de Seguridad envió 9200 efectivos de Gendarmería y Prefectura a villas del conurbano y barrios de la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires. En este sentido, desde Correpi informaron que han estado recibiendo consultas porque en barriadas de Morón los chicos ya tienen naturalizado e internalizado que en determinados lugares sólo les puede pegar la Gendarmería. Una clara demostración de la función de esta fuerza y de lo que también puede estar ya pasando en las zonas donde la presencia policial y militar se ha incrementado.

Fuentes: Los Locos de Buenos Aires (FM La Tribu) / PTS / sitios web de Presidencia de la Nación y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.



La energía es un derecho colectivo de los pueblos
La explotación hidrocarburífera está mayoritariamente concentrada en una industria no sólo extranjerizada sino que además avanza sobre promesas de generar trabajo, progreso y crecimiento económico. Esta industria genera impactos sociales,  ambientales y culturales que deben tenerse en cuenta. (Nota con AUDIOS) 
(Red Eco) Argentina- EL Observatorio Petrolero Sur (OPSur) acaba de sacar un libro que corona los primeros cuatro años de su historia. “Zonas de sacrificio: impacto de la industria hidrocarburífera en Salta y
images.jpgNorpatagonia” también el trabajo de campo de esos años que dan cuenta del desplazamiento de la frontera petrolera y cómo viven los pobladores con un pozo petrolero a su lado. También aborda el poder que han tenido las empresas petroleras en estas regiones del país para ir generando las condiciones necesarias para la explotación.  La recorrida abarca las provincias patagónicas de Neuquén, Río Negro, Chubut, la de Salta al norte del país y algunas zonas del  Parque Nacional Calilegua en Jujuy.
Diego di Risio es integrante de  OPSur y fue entrevistado por el programa Los Locos de Buenos Aires que se emite por FM La Tribu.
Además de comentar sobre el libro se explayó acerca de la concepción que debería tenerse sobre la energía, como un tema que trascienda el concepto de una variable económica: “Es un derecho de todos los ciudadanos, un derecho colectivo, es soberanía energética,  por tanto, un derecho de los pueblos a decidir su destino energético”
La explotación hidrocarburífera está mayoritariamente concentrada en una industria no sólo extranjerizada sino que además avanza sobre promesas de generar trabajo, progreso y crecimiento económico. Mas allá del debate sobre si genera o no rentabilidad  y quienes se apropian de la misma, esta industria genera impactos sociales,  ambientales y culturales que deben tenerse en cuenta.
La idea desarrollada por Di Risio es que hay que pensar  cómo desde la misma comunidad surge una propuesta de control energético, control social de la energía y no una imposición de una forma de energía. “Los pobladores viven sobre la boca del pozo y ellos no tienen luz pero además el agua y el aires se les contaminan”, reflexionó.
Lo que es importante es pensar si los hidrocarburos van a servir para una transición energética y para nuevas matrices energéticas diversificadas en cuanto a sus fuentes, opina.
Consultado respecto a la expropiación que el gobierno nacional realizó sobre el 51 por ciento de las acciones que tenía Repsol-YPF, opinó que es una muy buena decisión. Pero si bien marca una diferencia, se mantiene a grandes rasgos la matriz neoliberal de gestión y explotación de recursos tanto hidricarburíferos como mineros.
“La discusión es para qué se está extrayendo petróleo, quiénes son los que los que lo consumen y cómo reducimos ese consumo” ya que la mayoría se utiliza para transporte y energía.
No es lo mismo concebir estos servicios en el marco de una economía globalizada, que si comenzamos a pensarnos desde un desarrollo local donde haya fuentes alimenticias y bienes de uso cotidiano que surjan de las necesidades de la propia comunidad. “El uso del transporte y de la energías se reducirá muchísimo”, afirmó.
Di Risio manifestó la preocupación del Observatorio en cuanto a la designación de Miguel Matías Galuccio como nuevo presidente  de YPF  quien fue hasta hace poco presidente de la multinacional petrolera británica,  Schlumberger SA. Esta empresa, que fue denunciada penalmente en Argentina el año pasado por colaborar en las tareas de exploración petrolera británica en Malvinas, se especializa a nivel mundial en el desarrollo petrolero en los llamados yacimientos no convencionales.
La preocupación parte de cuál será la nueva perspectiva que se le dé a YPF. “Nos preocupan tres cosas, dijo: la explotación de yacimientos no convencionales, volverse expertos en campos maduros y la venta de servicios petroleros.”
Respecto a las dos primeras afirmó que tienen un costo ambiental altísimo lo cual es importante tenerlo en cuenta a la hora de plantearse cuál será la política energética argentina para los próximos años. “Lo que nos hubiese gustado es que YPF y la renta petrolera en sí, sean una herramienta  para la transformación de la matriz energética, hoy basada en los hidrocarburos”. 
Tomando el tema de la explotación de yacimientos no convencionales como salida para la crisis y los déficits energéticos vuelve sobre el impacto ambiental que este tipo de desarrollo genera. Este sistema de explotación usa la técnica de fractura hidráulica, partiendo de la utilización de grandes cantidades de agua que se inyectan en el suelo y tóxicos contaminantes, en formaciones geológicas que no son esponjas sino duras. Recordamos que esta técnica que destruye las rocas está prohibida en Francia y en Bulgaria, además de las amplias moratorias establecidas para evitar su utilización en Sudáfrica, Australia y en EEUU (único país que tiene experiencia en este tema).
Consultado sobre las necesidades de financiamiento que tiene YPF para poder recuperarse del vaciamiento provocado por Repsol, Di Risio recuerda que dentro de la ley de expropiación se contemplaba la soberanía hidrocarburífera como objetivo. Y en ese sentido YPF está buscando alianzas con grandes empresas norteamericanas (Chevron-Texaco,  Exsson) y con las empresas Chinas. “Se han conocido hace poco los convenios propuestos por los chinos que eran escandalosamente coloniales y que por suerte no se firmaron”.
YPF tiene dificultades para financiarse y esta buscando socios. Todo indica que cerrarían acuerdos con las empresas norteamericanas para desarrollar los yacimientos no convencionales y con las chinas para la explotación off shore (en el mar).
Podemos afirmar que la solución acerca de la generación de energía no es a corto plazo. Sin embargo el primer paso debería ser la necesaria reforma del marco jurídico que permite hoy la libre disponibilidad de los recursos que extraen las petroleras. Son las multinacionales quienes deciden qué hacer con ellos. “Es necesario considerar al petróleo y al gas como recursos estratégicos y no como commodities” afirmó di Risio.
AUDIOS

Entrevista programa Los Locos de Buenos Aires (FM La Tribu) a Diego di Risio del Observatorio Petrolero Sur –OPSur
Necesidad del control social de la energía

Quienes son los que consumen el petróleo

Sobre la política planteada por  YPF

Sobre las fuentes de financiamiento de YPF

La autopartista Lear y el gremio Smata atacan a sus trabajadores y delegados
La multinacional Lear amenaza con iniciar un juicio por desafuero contra el cuerpo de delegados por encabezar un pliego de demandas por mejores condiciones de trabajo y por oponerse a la firma de un convenio a la baja. El sindicato de mecánicos SMATA ha hecho lo propio iniciando a los delegados un sumario por realizar asambleas sin autorización.
(Red Eco) Buenos Aires-  Lear Corporation es una fábrica autopartista de capitales multinacionales, emplazada en la localidad bonaerense de Pacheco; emplea a 600 obreros y cuenta a la automotriz Ford entre sus principales clientes. Sus trabajadores y la Comisión Interna de delegados denuncian una fuerte campaña de persecución por parte de la patronal y del propio sindicato de mecánicos Smata en contra de los representantes de los trabajadores, electos legítimamente por sus compañeros para defender sus derechos.
trabajadores-lear.jpgLa actual comisión interna se impuso en elecciones a la lista Verde –que dirige el Smata- y tuvo, desde su asunción, una actitud independiente respecto del Sindicato, en defensa de los intereses de los trabajadores, realizando asambleas regularmente y elevando a la empresa una serie de reclamos relacionados con las condiciones de trabajo y salariales. Además, encabezaron la resistencia al intento por parte de la empresa –en connivencia con la dirigencia del Smata- de firmar un convenio a la baja, es decir, que recortaba derechos y empeoraba las condiciones de los obreros.
Las trabajadoras de Lear realizaron una presentación ante el INADI (Instituto Nacional contra la discriminación, la xenofobia y el racismo), con el apoyo de 400 firmas de los obreros, denunciando el hostigamiento patronal por su condición de mujeres y las enfermedades que sufrían producto de los ritmos de trabajo y las condiciones de higiene y salubridad. Además, el cuerpo de delegados realizó una denuncia ante el Ministerio de Trabajo porque el pasado 30 de abril, dos obreros estuvieron a punto de perder sus vidas aplastados por rollos de cables de 300 kilos en sus puestos de trabajo.
En los últimos meses, y apoyados por la inmensa mayoría de los 600 trabajadores y trabajadoras de la fábrica, el cuerpo de delegados logró que la empresa firmara un acta de 21 puntos en la que se comprometía a una serie de mejoras en las condiciones de trabajo y de seguridad. A esto se suma la conquista de un bono anual de 100 horas que la empresa se negaba a pagar.
La respuesta no se hizo esperar y la patronal intimó a los cinco miembros de la Comisión Interna, amenazándolos con iniciarles juicio por desafuero, con lo cual perderían la protección gremial de la que gozan por ley los delegados, y podrían ser despedidos sin más. La patronal ya había intentado sancionar a dos ex delegados, que habían sido suspendidos por los directivos de la Seccional. Esto fue rechazado por los trabajadores y una medida cautelar de la justicia ordenó a la empresa a dar marcha atrás.
En simultáneo con estos embates de la empresa, y a pedido de los directivos de la Seccional Zona Norte del SMATA, el Sindicato inició un sumario contra todo el cuerpo de delegados (Graciela Maidana, Gustavo Troccaioli, Gustavo Farías, Rubén Matu y Silvio Fanti) con el objetivo de sancionarlos y quitarles la representación gremial. Allí se los acusa de realizar asambleas sin autorización del gremio y negarse a firmar el convenio a la baja; o sea, se los ataca por representar democráticamente a los trabajadores, por tomar decisiones consultando constantemente a la base y por oponerse al cercenamiento de derechos. El pedido de sumario lleva la firma del propio secretario general del gremio, Ricardo Pignanelli, uno de los dirigentes sindicales con mejor llegada a la Casa Rosada y titular de la recientemente fundada Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA).
Ante esta alarmante situación, los trabajadores han iniciado una intensa campaña de apoyo a sus delegados, con la difusión de un petitorio que ya cuenta con la firma de importantes referentes de organismos de DD.HH. como Adolfo Pérez Esquivel del Serpaj, Elia Espen de Madres Línea Fundadora, la LADH, la Asociación de Ex detenidos desaparecidos, Correpi, entre otros; y de diversas organizaciones gremiales. El documento sostiene que “los cargos contra los compañeros delegados de Lear por parte de la dirigencia del SMATA, van contra elementales deberes de todo delegado de defender a sus representados, el principio de democracia sindical y las libertades personales, amparados por la Constitución Nacional , normativa laboral internacional y de Derechos Humanos. O sea que el único “fundamento” es el de pensar y actuar distinto al de la conducción oficial, constituyendo una verdadera persecución ideológica y discriminatoria”.
Contacto de los trabajadores: Rubén Matu (Delegado de la Comisión Interna) 155-141-1868

¡Y el pueblo Festejó!
La Justicia de La Rioja ordenó la suspensión del convenio firmando entre el gobierno de esa provincia y la empresa minera candiense Osisko. El juez de Chilecito Daniel Flores fue quien dictó esta medida “hasta que se realicen los estudios para ver si los glaciares pueden ser dañados, cosa que la ley prohíbe” (Nota con AUDIOS y VIDEO)

el_famatina_no_se_toca.jpg(Red Eco) La Rioja- Este fallo se suma a la decisión, el 3 de julio pasado, de  la Corte Suprema de Justicia de la Nación quien revocó las medidas cautelares que impedían la aplicación de la ley de protección de glaciares en San Juan y que habían sido presentados por la minera canadiense Barrick Gold, por el sindicato minero y por el gobierno sanjuanino.
El proyecto megaminero en el cerro Famatina no podrá comenzar hasta que no se cumpla la Ley de protección de glaciares.
Varios fueron los testimonios que diversos medios alternativos recogieron durante el día al conocerse la noticia.
En dialogo con Radio Voces de La Rioja (integrante de la RNMA), Eduardo Olivera, asambleísta de Famatina afirmó: “La justicia nos está dando la razón, por toda la lucha y esto nos da mucha más fuerza para seguir luchando, no sólo por el Famatina sino también por todos los otros emprendimientos que se vienen en La Rioja”.
A pesar de la alegría, afirmó que la batalla continuaba: “Nosotros tenemos que seguir luchando para que a los glaciares del Famatina los declaren como glaciares, no nos podemos quedar con un fallo y eso es un trabajo de todos.”
La desconfianza hacia los funcionarios fue manifestada por Olivera durante la entrevista cuando afirmó: “Todo lo que viene del gobierno no lo podemos creer, seguramente es otra jugada del gobierno contra las asambleas. Si el gobierno de hecho hubiera suspendido el convenio, lo hubieran publicado, pero nunca lo publicaron. Pero como la justicia falló, calculo que ellos salieron a decir ‘nosotros ya lo hicimos anteriormente’ pero ya no nos toman más por sorpresa”.
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Entrevistada durante la mañana de hoy por el programa Con el Pie Izquierdo de Radio Sur (FM 88.3), Carolina Suffich, asambleísta de Famatina, festejó el fallo y explicó que la medida se ampara en el último fallo de la Corte sobre el cumplimiento de la Ley en San Juan.
“Esto es una medida cautelar de no innovar, quiere decir que hasta que no estén inventariados los glaciares, el proyecto Osisko tiene que suspenderse. No caerse, ni darse de baja, suspenderse”.
Luego de que se realice el inventario de los glaciares, el mismo deber ser homologado por un organismo. “Recién estaríamos en condiciones de decir que el inventario se está haciendo para la provincia de La Rioja. Acá no tiene nada que disponer ni que decir el gobernador de La Rioja”, afirmó.  
Respecto a la actitud del pueblo ante este fallo, la asambleísta afirmó: “El pueblo de Famatina tiene tan arraigada esta resistencia que nosotros vamos a seguir estando en el corte. Es lo que se presume porque la asamblea recién va a ser esta noche. Vamos a analizar todos los pros y contras pero nosotros no nos vamos a relajar, porque estamos acostumbrados a una de cal y una de arena. Tenemos que ver con qué sale esta gente, porque siempre hemos estado a la inversa, los que nunca hemos tenido nada legal fuimos nosotros y ahora tenemos dos fallos importante. Y bueno, a custodiar esto, a presionar para que el dictamen se cumpla y seguir trabajando con las bases porque lo que le ha dado fuerza al movimiento de Famatina es el trabajo que hemos hecho durante siete años”.
Durante la entrevista Carolina aseguró que el gobernador riojano Luis Beder Herrera no gira los fondos de coparticipación, los fondos sojeros y los fondos para el pago de sueldos a la ciudad de Famatina desde que su intendente Ismael Bodagaray se pronunció en contra de la Megaminería contaminante.
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Cómo sigue la lucha en Famatina descargar

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Por su parte César Ríos, ex viceintendente de Famatina, dio su testimonio en la entrevista que le realizó el programa La Retaguardia (integrante de la RNMA).
“Son siete años que estamos en la lucha, porque nuestros pueblos viven del agua. Este maravilloso Famatina que tiene 500 millones de años, es una pantalla gigante que nos recibe la nieve, el agua de las lluvias y los transforma en agua pura que los 24 pueblos que están al pié del Famatina disfrutan. Y además carga las napas subterráneas de las cuales se alimentan todas las perforaciones que hay en el valle”.
“Ya basta de que le sigamos entregando nuestros recursos a potencias extranjeras y a personas que tienen muchísimo dinero. Este es el festejo grande y estamos contentos porque la lucha lleva siete años, y por lo menos la justicia está viendo y escuchando nuestro reclamo”, agregó.
El pueblo de Famatina lucha contra la megaminería pero propone además otros caminos para su desarrollo. “prefiere otras actividades, como el turismo, la agricultura orgánica, como el turismo ecológico, cultural. Hay un sinfín de posibilidades potenciales para desarrollar y no esto de la minería a cielo abierto que lo principal que haría es contaminarnos el agua, porque justo está donde nace el agua para Famatina y Chilecito”, dijo Ríos.
Respecto a la postura del gobernador el ex funcionario aseguró que el pueblo de Famatina está muy dolido con él y se siente agraviado. “No tiene nombre lo que está haciendo al pueblo, entonces va a tener que seguir escuchando a este pueblo, porque este pueblo ama al Famatina y está muy feliz de vivir en el lugar que vive, pero no le va a dejar salirse con la suya. El pueblo de la provincia le está mostrando que no está de acuerdo con su política de minería”.
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El "Minerito" riojano que da las buenas noches
Primero fueron mensajes de texto, después siguieron con “charlas informativas”, después con las camisetas a los equipos de futbol, también con el libro que publicó la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) apoyada por el gobierno provincial y las mineras, en el que se  hace referencia a "Un casamiento sin anillos”, y alerta ante la posibilidad de quedarse sin oro para las joyas en caso de estar frente a una propuesta marital.
¡Pero esta sí que es la frutilla del postre!  ¿Saben quién es? Es el “minerito” que les da las buenas noches a los chicos riojanos.

Vea el video  http://www.youtube.com/watch?v=2btXfmxZraE&feature=plcp


Medios de La Plata en conflicto
Trabajadorxs despedidxs en los diarios Diagonales y Hoy, y persecución y censura en Radio Provincia son un reflejo de cómo se ejerce el periodismo en la capital bonaerense.

periodista.jpg(Red Eco) Buenos Aires - En La Plata, el trabajo precario en los medios abarca al menos el 60%. Parte de esta situación se ve reflejada en lo que sucede en los diarios Diagonales y Hoy y en Radio Provincia.
El Diario Diagonales, de propiedad del empresario Sergio Szpolski, estaba en crisis ya desde el año pasado. En diciembre de 2011 dejó de editarse su versión en papel y se reformuló su página web. En ese contexto, el empresario se había comprometido ante una asamblea a mantener los puestos de trabajo, pero seis meses después cambió de opinión.
A fines de junio, la empresa le pidió el retiro voluntario a varios trabajadorxs con el objetivo de mantener el medio con la mitad del personal. Previamente, había pasado a 4 trabajadorxs al sitio Infonews y otros dos al diario Tiempo Argentino, sin nombrar reemplazantes para los puestos vacantes en Diagonales.
17 trabajadorxs aceptaron el retiro voluntario y obtuvieron en principio un buen acuerdo. “No podemos dejar de destacar que los retiros voluntarios no son otra cosa que un despido encubierto. A ninguno de los trabajadores le conviene perder su puesto laboral a cambio de una indemnización, por más ventajoso que se suponga el acuerdo al que hayan llegado”, manifestaron desde el Colectivo de Trabajadoras y Trabajadores de Prensa de La Plata en el comunicado elaborado para difundir la situación en Diagonales.
En tanto, en el diario Hoy despidieron a los dos periodistas de la sección Información General, que se suma a otro trabajador que pasó por la misma situación el pasado 7 de junio. A su vez, a fines del año pasado otros siete profesionales habían decidido renunciar ante las precarias condiciones en las que se trabaja en la empresa.
Según denunciaron desde el Colectivo de Trabajadorxs de Prensa, los últimos despidos fueron en respuesta al anuncio del gobierno bonaerense de que iba a hacer recortes en publicidad oficial y exigieron una intervención urgente del Ministerio de Trabajo: “Acá hay responsables con nombre y apellido. El Ministerio de Trabajo tiene herramientas como el Pacto Federal del Trabajo (Ley nacional Nº 25.212) y la Resolución Nº 140/11, mediante las cuales no sólo puede establecer multas por irregularidades laborales a las empresas, si no que puede pedir una orden de allanamiento para realizar inspecciones en caso de que, como pasó a principio de año, el diario no deje entrar a los inspectores laborales”, manifestaron.
Además, en un comunicado anterior habían descripto los malos tratos de la dueña del medio, Myriam Renée Chávez de Balcedo, cuyo guardaespaldas camina armado por la redacción del diario.
Finalmente, lxs trabajadorxs de Radio Provincia se encuentran en estado de Asamblea permanente. Desde principios de julio emiten su propia programación en dúplex por la FM y AM, y cada media hora sale al aire un comunicado donde denuncian censura y precarización laboral. En este marco, repudian las presiones ejercidas por el director de la emisora, Roberto Zarlenga, y la directora de contenidos, Nair Villanueva.
En este marco, la semana pasada resolvieron sumar contenidos con la presencia de otras voces, las que –según explicaron lxs trabajadorxs– son calladas por la dirección de la radio. “Queremos que el medio estatal sea público y no gubernamental”, agregaron y advirtieron que, pese al diálogo convocado por el Ministerio de Trabajo entre la Dirección de la Radio y los gremios, continuaron las actitudes para condicionar el trabajo periodístico por parte de la conducción de la emisora.
Ayer y hoy se sumaron al paro por 48 horas efectuado por trabajadorxs estatales en rechazo al pago en cuotas del aguinaldo por parte del gobierno de Daniel Scioli.

Fuentes: Indymedia La Plata / Colectivo de Trabajadoras y Trabajadores de Prensa de La Plata (CTP)


Juicio a la fumigación: nueva pausa hasta el 23 de julio
Si bien el histórico juicio por fumigaciones ilegales a un aviador y dos productores sojeros se había reanudado el 16 de julio, la defensa solicitó que se postergue nuevamente. El 31 sería el turno de los alegatos. Por su parte la campaña Paren de Fumigar” elaboró un informe referido a las fumigaciones aéreas con agrotóxicos y sus consecuencias negativas.
(Andrea Salvati-Red Eco) Córdoba- El pedido, que fue autorizado por el Tribunal, se efectuó debido a que la defensa alegó estar ocupada con otras causas. Por este motivo, el 23 y 24 de julio se reanudarán las audiencias en las que declararán el Ingeniero Bolatti (de la Defensa Aérea), el toxicólogo del Hospital Infantil  (Ricardo Fernández) el ingeniero químico Marcos Tomaso y un vecino del Barrio Ituzaingó.
juicio-fumigacion-cordoba.jpgAdemás, los abogados defensores pidieron que se sumen los testimonios del policía que presenció la extracción de muestras del suelo de los campos fumigados (Darío Ibarra); el presidente del Centro Vecinal del Barrio Ituzaingó Anexo (Marcelino Ponce) y Dra. Graciela Nicolas, del Registro de Tumores de la Provincia de Cordoba. Por parte de la querella, se estima que declararán un perito que participo del análisis de biomarcadores de la zona, un vecino del Barrio Ituzaingó y un ingeniero químico.
Tras la jornada del 16 de julio, todas las partes junto al Tribunal y la fiscalía realizaron nuevamente una inspección ocular en los campos linderos al barrio, ya que la que se había estipulado para el 20 de junio había presentado dificultades a causa de la neblina.

Fuera Monsanto de América Latina
El jueves 19 de julio se llevó a cabo una manifestación bajo el lema “justicia para las Madres de Barrio Ituzaingó, para que paren de fumigar y se vaya Monsanto de América Latina”. Tras la marcha se realizó un festival en plaza de la Intendencia, en donde participaron Raly Barrionuevo, Inti Huayra y otrxs. El comunicado emitido por lxs organizadorxs para la convocatoria, sentenciaba “son más de 11 años de impunidad envenenando la salud de hombres, mujeres y niños con agrotóxicos.”

“La fumigación aérea es una guerra química contra la población”
Desde la campaña Paren de Fumigar” se elaboró un informe referido a las fumigaciones aéreas con agrotóxicos y sus consecuencias negativas.
El documento narra “Podemos mencionar que el método de fumigación aérea se consolidó como método de aplicación de pesticidas, durante la Segunda Guerra Mundial (…) en aquel entonces, no se utilizaba con fines estrictamente agrícolas, sino como arma química. Los objetivos a los que apuntaban estas aeroaplicaciones a veces eran humanos y otras vegetales.”
En este sentido, se explica que “las fumigaciones aéreas causaron la muerte inmediata de todo tipo de especies vivas, vegetales, animales y humanas en batalla y posteriormente, en la producción agropecuaria”
De esta forma, afirman que numerosos científicxs, profesionales de diversas disciplinas y gran cantidad de organizaciones destacaron que, en el marco de lo nocivo de las fumigaciones, el método más peligroso es el de aplicación aérea. Esto, explican, se debe a la “deriva” (la dispersión del veneno) que es muy superior a la que se da en fumigaciones terrestres.
También sentencian que otro factor nocivo es la concentración de los agrotóxicos usados para aeroaplicaciones: dado que las avionetas fumigadoras poseen tanques más chicos que los camiones, el veneno allí usado es más concentrado.
Asimismo, mencionan que las fumigaciones aéreas son ampliamente realizadas en Argentina y en todo el mundo, en muchos casos en lugares linderos a pueblos. “Utilizar aviones les garantiza a los “productores” y a quienes realizan las aplicaciones mayor impunidad a la hora de envenenar a personas y ecosistemas.” Sin embargo, explican “cada vez que se asienta una denuncia contra una fumigación cercana a una comunidad es poco probable que la misma progrese.”
Finalmente, observan con preocupación que la Fábrica Argentina de Aviones (ex Fábrica Militar de Aviones) de Córdoba comunicó que fabricará aviones fumigadores para uso agropecuario. La empresa fabricará 20 aviones durante este año con el objetivo de incrementar su producción a 1200 “que llevarán a aumentar la cantidad de plaguicidas arrojados a nuestro suelo y a nuestra gente de 300 a 500 millones de litros anuales. Para las lxs Médicos de los Pueblos Fumigados de Argentina, dicha medida tan aplaudida por el gobierno, es una medida nefasta que costará las vidas de muchísimas personas.”


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