¿Manifestantes o Terroristas? Imprimir E-Mail
Wednesday, 01 de August de 2007

La organización de defensa de los derechos humanos Humans Right Watch (HRW) pidió al gobierno de El Salvador que retire los cargos de terrorismo contra las nueve personas acusadas por su participación en una manifestación antigubernamental.

(Colatinmo) EE. UU.- Humans Right Watch pide al gobierno salvadoreño que precise la Ley Especial contra Actos de Terrorismo, aprobada en noviembre de 2006, porque en su forma actual “cubre una amplia variedad de actos que no se corresponden con ninguna definición razonable de terrorismo”, y que retire los cargos por terrorismo en “caso Suchitoto”.
“Bloquear carreteras y lanzar piedras pueden ser perfectamente crímenes, pero no son actos de terrorismo”, afirmó José Miguel Vivanco, director para América de HRW.
Los acusados incluso aseguraron haber sido torturados durante su detención.
“El gobierno salvadoreño puede legítimamente perseguir a los manifestantes que quebraron la ley, pero no debería mal utilizar la legislación antiterrorista contra crímenes menos serios”.
HRW se suma así a las peticiones ya formuladas por Amnistía Internacional (AI), Reporteros sin Fronteras y el Centro de Derecho y Justicia (CEJIL), entre otros.
Los hechos ocurrieron el 2 de julio, cuando una manifestación en contra del presidente salvadoreño Antonio Saca se tornó violenta. Saca quería anunciar ese día su plan Nacional de Descentralización, proyecto que los manifestantes consideraban atentatorio al desarrollo local.
Unos 300 manifestantes bloquearon las calles de acceso a Suchitoto, una ciudad turística ubicada en un área rural a unos 40 kilómetros al norte de San Salvador. Cuando la policía intentó despejar la vía pública, se produjo el enfrentamiento.
Las autoridades detuvieron a 14 líderes sociales, entre ellos Lorena Martínez, presidenta de la organización comunal CRIPDES. Además hubo 25 heridos por balas de goma y otro número parecido de afectados por gases de lacrimógenos y gas pimienta lanzado por la policía. Debido a las protestas, Saca se vio obligado a realizar el acto en la Casa Presidencial.
La fiscalía argumentó que obstruir las vías públicas, dañar la propiedad privada y evitar el paso de funcionarios, entre ellos el presidente de la República, es motivo suficiente para procesar a los detenidos por “actos terroristas” y otras figuras.
La cifra de detenidos quedó reducida a nueve, que fueron puestos en libertad condicional la semana pasada.
Los acusados tienen restricciones y obligaciones, como ir al tribunal cada 15 días, no salir del país ni cambiar de domicilio sin autorización del juez.
El llamado “caso Suchitoto” provocó polarización política en El Salvador, dado que la oposición aseguró que lo que el gobierno de Antonio Saca desea hacer es “criminalizar la protesta social”.

 
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