Por la tierra y contra la criminalización Imprimir E-Mail
Sunday, 05 de August de 2007
  Miles de uruguayos marcharon por la anulación de la Ley 18.116 que penaliza con prisión de tres meses a tres años a los ocupantes de tierras latierrasetoma.jpg

(Altercom) Uruguay - La Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM) se movilizó el sábado por la tarde conjuntamente con la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas (UTA), el Movimiento 10 de Septiembre de 1815 de Tacuarembó y habitantes del Barrio Las Láminas de Bella Unión contra la Ley 18.116 que modificó el artículo 354 del Código Penal y prevé penas desde tres meses hasta tres años de prisión.
En el acto central, ocupantes de predios rurales y centros urbanos reivindicaron la medida de lucha y no descartaron la posibilidad de continuar con las tomas "hasta tanto el gobierno no establezca una política de tierras".
La marcha realizada en Montevideo partió del Edificio Libertad a las 17.00 horas y culminó en el Club Platense a las 18.30 horas, con la realización de un acto. Durante este el secretario general de FUCVAM, Daniel De Souza, anunció la ocupación organizada de tierras. De Souza -un militante de izquierda que se declara "independiente" dijo que el gobierno del Frente Amplio había generado una "expectativa" de que les iban a dar tierras y créditos para la construcción. "De las 14.000 viviendas anunciadas, sólo se van a construir 3.000. “No tenemos otra salida que tomar tierras", sostuvo.
Los disertantes resaltaron el derecho de los trabajadores a una vivienda digna y en el caso de los trabajadores rurales, el derecho a la tierra que además es su fuente de trabajo. Quienes hablaron criticaron al gobierno por no desarrollar una política de tierras y por votar la ley que establece el delito de usurpación, que castiga con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría a quien ocupe en forma arbitraria un inmueble ajeno. Nicolás Estévez, histórico líder de UTAA, se refirió a la ocupación de los cañeros de un predio de 32 hectáreas perteneciente al Instituto Nacional de Colonización (INC) en el departamento de Artigas.
Estévez anunció con "alegría esperanzadora" que a más de un año y medio del inicio de la ocupación "esas tierras han quedado en manos de los trabajadores". El jueves la Justicia determinó el lanzamiento judicial del colono Villalba, a quien Colonización había cedido el predio, quedando el mismo a disposición de la Institución. Colonización se lo cedió a ALUR (Alcoholes del Estado) y en breve ALUR y una cooperativa integrada por los ocupantes firmarán un contrato para crear en el lugar un centro de formación para asalariados y pequeños productores rurales.
Tras la movilización el ministro de Vivienda, Mariano Arana, se manifestó partidario de "rever" la ley que castiga con cárcel la ocupación de inmuebles, aunque tomó distancia de la estrategia anunciada por Fucvam de tomar tierras. Arana dijo que el articulado fue "insuficientemente discutido". El ministro consideró "curioso" que haya sido votada "por unanimidad o amplia mayoría" en el Parlamento. "Confiamos en que se pueda rever", sostuvo Arana luego de participar ayer en Pueblo Bolívar, Canelones, de la inauguración del Centro Cívico apadrinado por Venezuela. De cualquier manera, dijo que "mientras las leyes existan, no cumplirlas o transgredirlas no está en una tesitura que podamos acompañar.


 
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