Condenaron a perpetua a cuatro trabajadores petroleros de Las Heras Imprimir E-Mail
Thursday, 12 de December de 2013
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Sin pruebas y con testimonios obtenidos bajo tortura, el Tribunal Penal de Caleta Olivia resolvió que Ramón Inocencio Cortez, José Rosales, Franco Padilla y Hugo González son culpables del asesinato del policía Jorge Sagayo, ocurrido en 2006, en el marco de una movilización por mejoras salariales.
Red Eco Alternativo.

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(Red Eco) Santa Cruz - El resto de los trabajadores recibieron penas de cinco años por coacción agravada y participación necesaria, a pesar de que algunos de ellos incluso fueron mencionados una sola vez en todo el juicio; y solo dos resultaron absueltos. A partir de hoy, los abogados tienen diez días para presentar las apelaciones y los petroleros permanecerán en libertad hasta que la condena quede firme.
En la previa a conocerse la sentencia, hubo movilizaciones y cortes en la Ciudad de Buenos Aires y en Caleta Olivia, ciudad a la que viajó desde distintas partes del país una numerosa delegación de dirigentes sindicales, organismos de derechos humanos, trabajadores y estudiantes, y partidos de izquierda.
Una vez conocido el fallo, el repudio fue unánime y automático. La abogada defensora Claudia Ferrero, de la Asociación de Profesionales en Lucha afirmó, en declaraciones a Plazademayo.com: “sólo hubo un testigo de apellido Rosales que dijo que su declaración que incriminaba a uno de los condenados había sido realizada bajo apremios ilegales. No hubo ninguna prueba. Este juicio es totalmente irregular. Es una clara entrega de la corporación judicial para calmar los ánimos de la policía en Santa Cruz, es una ofrenda a la policía. Apelaremos la sentencia por todos los vicios que anulan el proceso”.
Palabras similares se escucharon en la plaza de Caleta Olivia, donde se realizó un acto con la presencia de los trabajadores condenados y sus familias. Muchos señalaron que este fallo sienta un precedente negativo, que pretende hacerle creer a los trabajadores que si van a huelga o se manifiestan pueden ser detenidos, juzgados y condenados; y que responde a los intereses de las empresas petroleras que son, en la actualidad, las más poderosas en el país.
Durante una transmisión especial realizada por La Retaguardia y Anred, se pudo escuchar a la abogada defensora Andrea Forgueras afirmar: “Estoy muy mal. Lo fundamental es que esta sentencia es sumamente vergonzosa, hay tres personas acusadas y condenadas por coacción agravada, todos de prisión efectiva de cinco años, cuando ningún funcionario dijo haber recibido coacción. A uno de ellos lo condenan por partícipe necesario, y nadie dijo ‘lo vi caminando por el lugar’. Les dan perpetua cuando no están demostrados los hechos por el asesinato de Sayago, no se pudo determinar quién lo mató. El tiro vino de la Alcaldía, pero no está demostrado de qué murió. Cuando se lo llevan en la ambulancia estaba vivo. Obviamente iremos a apelar. El 18 comienza la feria y la presentación la haremos en febrero, vamos a Casación”.
En el mismo marco, habló también Ramón Cortez, uno de los trabajadores condenados, y aseguró: “Esto no termina acá, vamos a luchar y gritar nuestra inocencia hasta el fin del mundo. Ya estuvimos presos. ¿Qué más quieren estos jueces corruptos de Santa Cruz? ¿Qué dice ahora la presidenta Cristina que se llena la boca hablando de Derechos Humanos? ¿Derechos Humanos para quién? ¿Para sus amigos? Vamos a luchar por una huelga general en repudio a esto. No volveremos a estar presos. Ni la propia familia de Sayago está conforme con el fallo, saben que nosotros somos inocentes”. En este sentido, antes de conocerse la sentencia, un tío del policía había asegurado que quienes estaban sentados en el banquillo eran “unos perejiles”.
Muchos de los que tomaron la palabra durante el acto realizado en Caleta Olivia, reclamaron la realización de un paro nacional para exigir la absolución de los trabajadores petroleros, y convocaron a las distintas centrales obreras del país a sumarse a este pedido. Entre ellos, se encontraba, Claudia, esposa de Mansilla condenado a perpetua, quien aseguró: “Solo podremos arrancar a nuestros compañeros de la cárcel a través del paro nacional”.
Cabe recordar que en febrero de 2006, los trabajadores petroleros de Santa Cruz llevaron adelante una protesta contra el cobro del impuesto a las ganancias sobre los salarios. Debe tenerse en cuenta que en el sur del país los salarios son más altos que en otras zonas simplemente porque el costo de vida es mucho más elevado. En el marco de este reclamo fue detenido Mario Navarro, que era uno de los referentes de los trabajadores y por el que se movilizaron frente a la comisaría de Las Heras para exigir su liberación. La policía respondió violentamente a esta protesta y se produjo una cacería. Es en este contexto que muere el cabo Jorge Sayago. Los trabajadores fueron señalados como culpables del crimen en forma inmediata. Tras permanecer un tiempo detenidos fueron torturados para arrancarles un testimonio autoincriminatorio. Por más que los trabajadores dieron cuenta luego de las circunstancias en que fueron obligados a testimoniar y que la causa fue declarada nula en dos oportunidades, el caso llegó a juicio y el tribunal, integrado por Cristina Lembeye, Humberto Monelos y Juan Pablo Olivera, tomó por válido estos testimonios y los condenó. De hecho, el propio fiscal Ariel Candia dijo: "Hay que apartarse de la legalidad para llegar a la verdad”. En este sentido, la abogada Claudia Ferrero señaló al sitio Infojus que “no hay ninguna prueba concreta, fueron armadas por la Brigada de Investigaciones de Santa Cruz en base a apremios y torturas, aterrorizando a toda la población en esa época y consiguiendo testimonios falsos a través de amenazas y persecuciones”. A su vez, la muerte de Sayago no pudo ser aclarada durante este proceso judicial.
Según afirmó Ferrero: “Una condena en este juicio nada tendrá que ver con la justicia sino con la defensa y preservación de un régimen de excepción contra los trabajadores y será un pésimo antecedente para los cientos de procesados por protestas sociales, entre ellos 52 maestros de Las Heras imputados en los últimos meses”.
De todos modos, los petroleros condenados, sus familias y las organizaciones sociales, de derechos humanos y políticas que los acompañan, se mostraron convencidos en pelear por la absolución y evitar que este fallo, que apuesta por la criminalización de la protesta social, atente contra la movilización y el reclamo de los trabajadores.
Fuentes: La Retaguardia / Anred / Plazademayo.com / Infojus.
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