Chile: policía de Investigaciones detuvo en provincia de Arauco a siete mapuches Imprimir E-Mail
Friday, 17 de April de 2009
La Policía de Investigaciones (PDI), también conocida como policía civil, detuvo en la localidad de “Tirúa”, provincia de Arauco, a un grupo de siete mapuches bajo el cargo de participar del ataque armado al fiscal especial Mario Elgueta, ocurrido en octubre del año pasado.

Los detenidos son integrantes de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) y es el reflejo de la nueva escalada represiva que ha desatado el Estado chileno en contra de los pueblos originarios del país.
Al menos cuatro violentos allanamientos realizaron los efectivos policiales en la provincia de Arauco y que culminaron con siete miembros de los pueblos originarios chilenos capturados.
Los mapuches habrían sido parte de los que enfrentaron al fiscal exclusivo para causas judiciales mapuches, Mario Elgueta, junto a otros funcionarios policiales tras realizar un procedimiento represivo cerca de un fundo de propiedad de Forestal Mininco, en la comuna de Tirúa, en octubre pasado.
Elgueta es uno de los tres fiscales que está dedicado a perseguir a los pueblos originarios ante sus demandas ancestrales. Los hechos han ocurrido en la zona del denominado conflicto ancestral mapuche.
Los voceros de las comunidades indígenas han expresado que las detenciones llevadas a cabo por la PDI, carecen de meritos son acusaciones discriminatorias, infundadas y manipuladas por la fiscal que llevas las investigaciones.
En Chile existen 2800 comunidades indígenas que permanentemente están siendo sometidas a la vigilancia policial y acosadas de diversas formas por las autoridades del Estado chileno.
Chile ha sido uno de los pocos países del mundo que no ha ratificado los Pactos Internacionales de los pueblos originarios por sus derechos ancestrales, respeto a su historia y cultura, acordados en la ONU como en otras instancias internacionales. Además constantemente los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos, están llamando la atención al estado chileno y el gobierno de la Concertación, por la violación sistemática de los derechos de los pueblos originarios chilenos.
 
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