Juicios, amenazas y algo más Imprimir E-Mail
Thursday, 10 de September de 2009
Mientras continúa el lento camino de juzgar y condenar a represores, las intimidaciones y la impunidad están a la orden del día.
(Cecilia Litvin – Red Eco) Argentina – La bronca y la indignación por la impunidad crecen por juicios sin fecha firme, otros que se dilatan, asesinos que quedan libres y amenazas a los testigos contra los represores. Estos hechos se suman a que en sólo unos días se cumplirá un nuevo aniversario desde la desaparición de Jorge Julio López, testigo en el juicio contra el represor Miguel Etchecolatz. El próximo 18 de Septiembre serán tres años sin que nada se sepa de él.
En Tucumán, el segundo juicio a Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez, y a otros seis represores (Alberto Luis Cattáneo, Albino Mario Alberto Zimmerman, Roberto “El Tuerto” Albornoz, Luis De Cándido, Carlos Esteban De Cándido y María Elena Guerra) deberá esperar hasta el 16 de febrero de 2010. Así lo decidió el  presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal, Gabriel Casas.
Originalmente, este proceso debía iniciarse a fines de este mes. Como explicación, ante esta demora, el magistrado mencionó la tardanza en la resolución de recursos pendientes por parte de la Cámara Nacional de Casación Penal y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y la proximidad del juicio oral de Córdoba que juzgará por segunda vez a Menéndez.
Ambas situaciones se resolverían a fines de noviembre, por lo que Casas consideró que el juicio debe postergarse para el año próximo. Tanto el fiscal federal Alfredo Terraf  como los abogados querellantes adelantaron que pedirán al conjunto del Tribunal que revise esta decisión.
La relevancia de este juicio radica en que por primera vez los represores serán juzgados por delitos de lesa humanidad cometidos en un ex Centro Clandestino de Detención, en el marco de la megacausa de la ex Jefatura de Policía.
En el caso de los quince militares imputados por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca, aún no se sabe la fecha exacta pero sí estaría firme la intención de que se realice, o al menos comience, durante este 2009.
Días atrás, el fiscal local Abel Córdoba declaró en conferencia de prensa: “Se trata de una instancia a la que nunca se ha llegado en la justicia de Bahía Blanca y de un juicio que vemos con mucha relevancia en cuanto a la cantidad de víctimas y de imputados que va a tener. Es un juicio muy importante que va a versar sobre 90 hechos aproximadamente, de los cuales más de una decena son desaparecidos, más de veinte homicidios (falsos enfrentamientos), y el resto privaciones de la libertad y tormentos”.
Es que la intención de la Fiscalía es juntar el mayor número de casos posibles para que, de esta manera, sea menor la exposición de los testigos, evitando que deban declarar varias veces sobre el mismo padecimiento.
En tanto, en Santa Fe continúan desarrollándose los dos juicios que comenzaron a principios de mes. Pero el que fue noticia, no por sus audiencias sino por amenazas a una testigo y a la esposa del fiscal, fue el que se lleva adelante en la capital provincial contra el ex juez federal Víctor Brusa, entre otros.
Ya la semana pasada, María Almeyda, esposa del fiscal José Candioti, había encontrado en el escritorio de su oficina del juzgado federal de Reconquista, donde trabaja como empleada, una foto familiar en la que habían dibujado el lazo de una horca y marcado los ojos de sus hijos.
Ahora debe sumarse la amenaza recibida por una de las testigos claves del juicio, Patricia Isasa. Según reveló, en los últimos días recibió dos mensajes de texto, ambos desde un teléfono celular de Reconquista. En el primero, se afirmaba que las amenazas al fiscal (Candioti) “eran una broma”, y en el segundo señalaban: “Yo te avisé, todas las amenazas son falsas”. Al respecto, Isasa, quien ya realizó la denuncia en la Fiscalía Federal, declaró: “Estamos en la tercera jornada del juicio y ya llevamos dos amenazas ¿qué podemos esperar cuando salga la sentencia?”.
Las amenazas son una demostración clara y contundente de lo imprescindible que es que los represores sean juzgados, condenados y que cumplan sus sentencias en cárceles comunes. Son muchos los militares que están sueltos. Por ejemplo, en la Parroquia de San Telmo realiza tareas pastorales el cura Alberto Zanchetta, ex capellán de Marina y confesor de quienes efectuaban los vuelos de la muerte, en los que se arrojaban al Río de la Plata a detenidos – desaparecidos. Los testimonios de sobrevivientes y del capitán arrepentido Adolfo Scilingo han confirmado su rol de confesor de aquellos asesinos. Hoy en la Parroquia, Zanchetta oficia misa y desarrolla sus tareas con jóvenes y boy scouts.
En tanto, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos denunció que la Cámara de Casación ordenó la libertad de Francisco Lucio Rioja y Pedro Santamaría, que cumplieron funciones junto a Jorge "Tigre"  Acosta y Alfredo Astiz en la ESMA. “(La Cámara de Casación) considera que aquellos que participaron en el secuestro, torturas, asesinatos, desapariciones de miles de argentinos no son un peligro para los sobrevivientes, los testigos y el Pueblo Argentino todo. No extraña esta actitud de los jueces de esta cámara  ya que este criterio lo usaron otras veces para dejar en libertad a los genocidas, como es el caso de los jefes del Campo Clandestino de Detención que funcionó en Arana, ordenando su libertad a una semana de haberse encontrado mil huesos de compañeros que habían sido secuestrados, torturados, desaparecidos y asesinados por ellos”, afirmaron desde la AEDD a través de un comunicado, en donde además le exigieron al Fiscal de la causa, a la Procuración de la Nación y a la Corte Suprema que arbitren las medidas para que las libertades de los genocidas no se concreten.

Fuentes: Primera Fuente / EcoDías
 
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