La situación general de los derechos humanos se fragilizó. En 2002, eran constatados 9 asesinatos diarios en el país, actualmente son 17. Entre los defensores de derechos humanos, ese número también aumentó: pasó de 30 defensores a 50 en los últimos cuatro años
De acuerdo con el Informe, los defensores mantuvieron la lucha para que el Estado les proteja, sin embargo, las agresiones sólo aumentan. Según el informe "todos los esfuerzos realizados por la comunidad de defensores de derechos humanos caen en el vacío si el Estado no cumple con sus responsabilidades mínimas de protección del derecho de defender los derechos humanos".
El Informe denuncia que el Estado está criminalizando a quien defiende los derechos. Sólo en los últimos años, 45 defensores tuvieron que responder a procesos por terrorismo, usurpación agravada, robo agravado, lesiones graves o actividades contra la seguridad de la nación. De ellos, dos fueron condenados.
De acuerdo con el Informe, existe y se practica una política de Estado contra el movimiento sindical, que viola la libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho de huelga. Sindicalistas son constantemente víctimas de detenciones, amenazas de muerte, agresiones, persecuciones, intimidaciones, desalojos forzados e, inclusive, asesinatos.
La criminalización de la lucha social está enfatizada contra los movimientos campesinos. En este caso, la persecución de la lucha y de sus dirigentes es llevada adelante tanto por hacendados y terratenientes como por el Estado. "Falta un estudio de patrones que sirva para identificar cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. El resultado es que al final de cada año la Procuraduría reporta pocos casos en sus estadísticas, y menos todavía, casos con resultados positivos", agrega el Informe.