Más cárceles, más presos y más mano dura a golpe de titular Imprimir E-Mail
Wednesday, 07 de April de 2010
Pese a que el Estado español tiene uno de los índices de criminalidad más bajos de la UE, su legislación se endurece siguiendo los debates generados en los medios, una solución rápida que no tiene en cuenta la realidad de la cárcel.

(Rosa Marqués Carmona – Diagonal) España - En plena tramitación del endurecimiento del Código Penal impulsado por el Gobierno, con el apoyo parlamentario de PP y CIU, son pocos los espacios informativos en los que se da cabida a las voces ciudadanas y del mundo del derecho que piden un mínimo de reflexión y rigor.
El endurecimiento de las penas se está legislando “a golpe de noticias sensacionalistas, bajo el sometimiento a la opinión pública que está, a su vez, a merced de los medios de comunicación”, como ha señalado estos días la asociación de Abogados Europeos Demócratas en el Congreso Internacional La cárcel en Europa celebrado en Pisa (Italia). Un mal extendido no sólo en el Estado español, sino en toda Europa y un hecho que en nuestro país llevan años denunciando asociaciones de familiares de presos y profesionales.
Pese a que los delitos graves han disminuido en los últimos 40 años –se producen menos de la mitad de violaciones, homicidios y asesinatos–, ahora, a cada uno de estos crímenes, se les dedica medio telediario o un programa de televisión completo, provocando una alarma social que, cada poco tiempo, justifica la exigencia del endurecimiento de las normas penales. Una vez más, carcelesespaa.jpglas cifras: en el Estado existen 87 cárceles.
Desde 1990 se ha producido un incremento del 130% aunque el aumento de la población española, según el Instituto Nacional de Estadística, ha sido del 20%. ¿Qué delitos han cometido? En enero el cómputo de población penada era de 58.413 personas. Más de la mitad, es decir el 67,32%, está privada de libertad por robos, hurtos o tráfico de drogas –y no hablamos de grandes narcotraficantes–. Sin embargo, los delitos de homicidio (5,23%), contra la libertad sexual (6,22%) o contra el orden público un 2,96%, en el que se encuentra clasificado el terrorismo, sólo significan el 14,2% de la población presa. Es decir, la alta peligrosidad y la gravedad de los delitos de las personas que sufren la cárcel, y que subyacen las peticiones del endurecimiento del sistema penal, no responden a la realidad.
El Estado español, con una de las tasas más altas de población reclusa de Europa, tiene, sin embargo, uno de los índices de criminalidad más bajos.
El hacinamiento
La cárcel no evita la reincidencia, sino que la aumenta y se ceba sobre los grupos sociales más desfavorecidos, que son la clientela habitual de estas instituciones. El progresivo incremento de las personas presas –que roza ya las 5.000 por año– trae consigo uno de los principales problemas –aunque no el único–, el hacinamiento. Existe un nivel de ocupación que alcanza el 149% en algunas cárceles, con el agravante que supone el elevado número de personas encarceladas con enfermedades infecciosas, enfermedades mentales, prácticamente desatendidos por unos funcionarios desbordados y desmotivados, en su mayoría, y en continuo conflicto sindical con la Dirección General de Instituciones Penitenciarias.
No es extraño que los casos de suicidio, sobredosis o muertes por el avanzado estado de una enfermedad –sin una atención médica a tiempo– se den a diario. En la actualidad, por cada 250 presos hay sólo un psicólogo, un médico, una trabajadora social... “Para paliar este hacinamiento el Gobierno propone la creación de 11 nuevas macrocárceles, en lo que será el mayor programa de construcción penitenciaria de la historia de España, de aquí a 2012”, tal y como denuncia la Asociación de Atención Integral a presos y ex presos Arrat. Según esta organización, el presupuesto para ello asciende a 1.647 millones de euros, que se sumarán a otros 1.504 millones ya aprobados anteriormente. “El problema es que si se sigue con el ritmo de crecimiento de la población penitenciaria –continúa Arrat–, llegado 2012 existirían 80.000 presos y el déficit de las celdas (24.000 plazas) sería, paradójicamente, superior al actual, de 15.000 por lo que habría que seguir construyendo más macrocárceles. ¿Pero a quién beneficia todo esto?”.
 
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