Víctimas del terrorismo de Estado son criminalizadas mediante montajes judiciales Imprimir E-Mail
Thursday, 22 de April de 2010
El gobierno colombiano en el afán de mostrar resultados en contra del “terrorismo” ha recurrido a usar las cifras como una herramienta más de guerra. Cada “terrorista” dado de baja, detenido y/o desmovilizado es recompensado con ascensos y/o incentivos económicos y las cifras se utilizan para mostrar el supuesto éxito de la política de Seguridad Democrática.
(Movice) Colombia - A pesar de que las ejecuciones han sido una práctica denunciada a nivel nacional e internacional, los montajes judiciales como práctica de “falsos positivos” han quedado prácticamente invisibilizados e impunes, con la excepción de escasas denuncias como el informe de Human Rigths First “Los defensores de derechos humanos acusados sin fundamento”. Tal como ha pasado con las ejecuciones extrajudiciales, las víctimas de estas prácticas no han sido integrantes de las organizaciones guerrilleras, sino civiles, muchos de estos participando activamente en la denuncia y/o la defensa de los derechos humanos y los derechos de las víctimas. Los montajes judiciales han obstaculizado el trabajo de dichos defensores y a la vez, han sido utilizados para criminalizar y deslegitimar el trabajo en defensa de los derechos de las víctimas y los procesos organizativos tanto en zonas rurales como urbanas.
Los “falsos positivos judiciales” se destacan por sus irregularidades, el papel clave de supuestos desmovilizados de las organizaciones guerrilleras, la recolección ilegal de información por parte del DAS y otros organismos de inteligencia y la fabricación de informes de inteligencia dentro de instalaciones militares que luego son usados por las fiscalías para la apertura de los procesos.
Capítulo Antioquia
El proceso que ha adelantado la Fiscal 74, hace referencia a la existencia de un informe de inteligencia elaborado por el CTI Fiscalía en coordinación con la IV Brigada del Ejército Nacional, en el cual se relaciona a organizaciones políticas, sindicatos, defensoras de derechos humanos, estudiantiles y culturales como supuestos integrantes del Partido Comunista Clandestino Colombiano (PCCC de las FARCEP)
En el marco del proceso fue detenido el 10 de junio de 2009 el defensor de derechos humanos e integrante de la Fundación Sumapaz y el MOVICE Capitulo Antioquía Winston Gallego Pamplona, bajo los cargos de rebelión.
Hasta la fecha Winston Gallego Pamplona está detenido en la cárcel de La Dorada (Caldas). En el mismo proceso se ha abierto proceso en contra de otros integrantes del MOVICE Capitulo Antioquía.
Capítulo Caquetá
En el informe de la inteligencia militar regional no. 6 MDEJCCIMERIME653.1, fechado el 12 de febrero de 2008, se informa sobre un proceso de judicialización de 97 supuestos integrantes de la red de apoyo del Frente Amazónico de las FARCEP.
Hasta la fecha, alrededor de 10 de estas personas han sido detenidas en operaciones militares mediáticas, como fue la detención masiva de 21 personas en Cartagena del Chaira en mayo de 2008.
A las personas mencionadas en el informe de inteligencia, se las ubica con nombre y/o alias y varios, con dirección de domicilio, número de teléfono y fotografía. Entre estas personas se encuentran varios integrantes del Capítulo del MOVICE en Caquetá, el presidente de la Corporación Caguán Vive, abogados de presos políticos, profesores de la Universidad La Amazonia, el presidente regional de ASPU, ASODEMCA, la JUCO, miembros del Polo Democrático Alternativo y del partido liberal, así como varios candidatos a las alcaldías en la región, exconcejales y candidatos a las asambleas municipales.
Capítulo Norte de Santander
Entre el 6 y 9 de febrero de 2010 fueron capturados 18 líderes sociales y/o campesinos en la región del Catatumbo, la mayor parte de ellos pertenecientes a la organización campesina ASCAMCAT, que forma parte del Capítulo del MOVICE Norte de Santander. Las detenciones fueron precedidos de unas retenciones masivas en El Tarra los días 6 y 7 de febrero, donde fueron retenidas entre 100 y 150 personas. A la vez se conoce de un listado con alrededor de 78 nombres de campesinos y campesinas a quienes se les ha expedido orden de captura por parte de la Fiscalía 29, cuyas instalaciones se encuentran al interior de la Brigada 30 en la ciudad de Cúcuta. Esta situación desconoce los principios de autonomía e independencia judicial, y convierte a la fiscalía en un apéndice de las fuerzas militares
Exigimos:
A la Justicia Colombiana la liberación inmediata de Carmelo Agámez, Winston Gallego, Dioscamel Galvis Vergel, Neider Carrascal, Héctor Saúl Carrascal, Yorgen Acosta, José Alberto Quintero Salazar, Jesús Antonio Quintero Salazar, Olinto Salazar Pabón, Gabriel Quintero, Aleida Angarita, José de Dios Benítez, Roimer Carrascal, Edison Márquez y las otras personas detenidas en La Tarra el 7 de febrero como también cerrar los procesos en contra de los integrantes del MOVICE y otros defensores de derechos humanos y lideres sociales y campesinos en Antioquía, Caquetá y Catatumbo.
Nota completa:
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=104389&titular=víctimas-del-terrorismo-de-estado-son-criminalizadas-mediante-montajes-judiciales
 
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