Dimisión del juez Castresana evidencia el vínculo de la Justicia con el narcotráfico Imprimir E-Mail
Thursday, 24 de June de 2010

El nombramiento de un fiscal general sospechoso de relaciones con el narcotráfico es sólo una muestra de la impunidad que gozan las fuerzas del orden y el crimen organizado en Guatemala, en connivencia con la Justicia y los poderes del Estado.
(Diagonal) Guatemala - El 7 de junio el magistrado español Carlos Castresana dimitía como director de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) por el “incumplimiento” del Estado guatemalteco en su compromiso de combatir la impunidad. Por su parte, los organismos de derechos humanos, tanto guatemaltecos como internacionales, han vuelto a señalar al Gobierno y al poder judicial de Guatemala por su complicidad con el crimen organizado, el narcotráfico y las violaciones de los derechos humanos por parte de la policía y el ejército. Castresana, en la dirección de la Cicig desde 2007, denunció en rueda de prensa que grupos organizados del país se han dedicado a destruir su imagen pública, así como a “entorpecer” el trabajo de la comisión en su lucha contra la impunidad.
El magistrado también demandó al presidente Álvaro Colom que destituya al recién nombrado fiscal general Conrado Reyes, a quien ha acusado de presuntos vínculos con el crimen organizado. Tras días de fuertes presiones internas e internacionales, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala decidió el 11 de junio revocar el nombramiento del polémico magistrado. La medida se ha debido, según el presidente de la Corte, Roberto Molina Barreto, al “descrédito del actual jefe del Ministerio Público” y tiene como objetivo “mantener el Estado de Derecho” y “recobrar la institucionalidad del país”.
La historia de cómo llegó a ocupar el cargo de fiscal general de Guatemala un magistrado que “tiene un récord de corrupción en su historia personal, y en el escasísimo tiempo que ha estado al frente de la institución ha demostrado compromisos con organizaciones ilícitas”, en palabras de Castresana, no es nueva en el país. Según el anterior fiscal general, Amílcar Velásquez Zárate, el 75% de los casos terminan sin resolverse. Para Castresana, el porcentaje de crímenes impunes se sitúa entre el 95% y el 98%. Una impunidad especialmente flagrante en los crímenes contra activistas sociales –como los ocho opositores a Unión Fenosa asesinados desde octubre de 2009–, de activistas de derechos humanos y de mujeres. Desde que entró en vigor la Ley contra el Feminicidio, en mayo de 2008, sólo dos personas han sido condenadas, a pesar de que en ese mismo año murieron por causas violentas 722 mujeres.
 
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