La criminalización del conflicto mapuche Imprimir E-Mail
Thursday, 26 de August de 2010
La huelga de hambre iniciada por un grupo de 31 presos políticos mapuches en diversas cárceles de Chile ya completó los 40 días y las autoridades chilenas todavía no han dado ninguna respuesta a un conjunto de reivindicaciones que han levantado los huelguistas y las organizaciones del pueblo Mapuche.

(Fernando de la Cuadra - Alai) Chile - Las demandas que ellos plantean a la autoridad son justas y chilepresosmapuches1.jpglegitimas:
1. Por el derecho a un debido proceso o juicio justo sin los montajes político- judiciales actuales y el uso de violencia institucionalizada que incluye la tortura;
2. Por el fin de la ley Antiterrorista, hecha durante la dictadura, y cuya aplicación a la causa Mapuche permite todo tipo de acciones ilegítimas condenadas por las Naciones Unidas. Su uso es facilitado por la criminalización de las luchas legítimas del pueblo Mapuche;
3. Por el fin de la Justicia Militar que promueve la impunidad a los crímenes del Estado desde los tiempos de la dictadura y que ahora acentúa su guerra contra el pueblo Mapuche. Fin del uso de procesos civiles y militares a un mismo preso;
4. Por la libertad de todos los presos políticos Mapuche encarcelados; y
5. Por la desmilitarización de las zonas Mapuche donde las comunidades reivindican sus derechos políticos y territoriales.
Esta Ley Antiterrorista prevé la aplicación preventiva por hasta dos años de un sospechoso, así como impide a los abogados de defensa acceder a la investigación o interrogar a testigos cuya identidad es mantenida en secreto. Es decir, con la criminalización de la causa Mapuche, el Estado chileno ha transformado la solución institucional y democrática del conflicto, en una cuestión estrictamente judicial, cuya consecuencia más directa ha sido la estigmatización de los mapuches como un pueblo violento.
Por su parte, la prensa escrita y audiovisual ha ignorado esta huelga de hambre, centrando las informaciones en el drama que afecta a 33 mineros sepultados hace más de dos semanas en la mina San José, al Norte del país. Excepto por unos pocos medios de comunicación, se ha impuesto un vergonzoso manto de silencio e indiferencia sobre esta otra tragedia que asola a Chile. Según las últimas informaciones difundidas por los familiares de los huelguistas, la salud de la mayoría de ellos se encuentra resentida después de casi mes y medio sin ingerir alimentos. Frente a la perseverante lucha de los mapuches por conquistar sus derechos, el mutismo del gobierno torna aún mas ilegitima la aplicación de una Ley Antiterrorista que ha sido condenada por Naciones Unidas y por organismos internacionales de Derechos Humanos.
La expresión contemporánea del conflicto entre los Mapuche y el gobierno, las empresas forestales y de energía (embalses), se instaló a fines de 1997 (1 de diciembre), fecha en la cual fueron incendiados tres camiones cargados con madera que salían de un terreno en litigio entre una empresa forestal (Forestal Arauco) y las comunidades de la zona de Lumaco, Novena Región. La población Mapuche de ese sector argumentaba su pretensión de recuperar los terrenos en manos de la forestal apelando a sus derechos ancestrales. Desde esa ocasión y hasta la fecha, la Intendencia de la Región de la Araucanía ha interpuesto diversos recursos en la Corte de Apelaciones de Temuco para que se aplicara la Ley de Seguridad Interior del Estado y actualmente la Ley Antiterrorista, una de las más nefastas herencias del régimen dictatorial. Desde ese periodo, el gobierno viene advirtiendo que sancionará “con el mayor rigor de la ley” a aquellos grupos que insistan en desacatar el Estado de derecho y algunos de sus representantes vienen realizando, desde hace ya un tiempo, fuertes denuncias contra las acciones “perpetradas” por los comuneros.
Nota completa:
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