El diálogo ausente del conflicto mapuche Imprimir E-Mail
Thursday, 09 de September de 2010
El gobierno de Chile impulsa reformas legales para tratar de poner fin a la huelga de hambre de casi dos meses de 34 mapuches presos, pero no toca dos nudos críticos del conflicto: la falta de diálogo efectivo y de reconocimiento de que se trata de un problema político.
(Daniela Estrada - IPS) Chile - "Las demandas de los mapuches no sólo tienen que ver con los mapuches. Se trata de un problema de la sociedad chilena entera", dijo José Araya, coordinador del chilepresosmapuches7.jpgPrograma de Ciudadanía e Interculturalidad del no gubernamental Observatorio Ciudadano.
El 12 de julio un grupo de comuneros mapuches autodenominados presos políticos inició una huelga de hambre líquida a la que se fueron sumando otros indígenas, hasta sumar 34 en la actualidad, distribuidos en diferentes penales del sur del país.
Los huelguistas son procesados por delitos como amenazas, incendios, asociación ilícita o invasión de terrenos, bajo una ley antiterrorista que endurece las penas y limita los derechos de los acusados.
Luego de ser prácticamente ignorados por las autoridades y los grandes medios de comunicación, los mapuches comenzaron a ser fuente de preocupación por el impacto internacional de su protesta y la posibilidad de que la muerte de alguno de ellos empañe los festejos oficiales del país por el bicentenario nacional, los días 18 y 19.
Para superar el conflicto, el derechista presidente Sebastián Piñera envió el martes 7 al parlamento un proyecto de ley que reforma la justicia militar y este jueves va a remitir otro para cambiar la ley antiterrorista impuesta en 1984 por la dictadura del fallecido Augusto Pinochet (1973-1990) y modificada tras el retorno a la democracia.
Con la primera iniciativa se impediría que tribunales militares juzguen a civiles, una de las principales demandas de los huelguistas y una incumplida obligación del Estado chileno, según una sentencia en 2005 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El segundo proyecto eliminaría el carácter de terrorista de algunos delitos de los que están acusados los huelguistas, adecuaría su tratamiento y reduciría los castigos.
Esta cuestionada legislación permite investigaciones judiciales secretas, testigos protegidos, largos periodos de prisión preventiva y altísimas penas para los condenados.
Según Araya, las reformas legales impulsadas por el gobierno son "responsabilidades antiguas del Estado", observadas por numerosos organismos internacionales de derechos humanos, cuya materialización beneficiará a toda la sociedad.
Pero los huelguistas mapuches, que presentan grandes bajas de peso y descompensaciones, plantean que mantendrán la protesta mientras la ley terrorista rija sus causas y no se instale una mesa de diálogo y de monitoreo de los compromisos.
"La abolición de la ley antiterrorista es la única manera de iniciar un camino básico de diálogo que permita resolver este problema como uno político y no judicial", dijo el historiador Igor Goicovic, académico de la estatal Universidad de Santiago.
Goicovic fue uno de los gestores de una declaración a favor del pueblo mapuche, firmada por 180 historiadores nacionales y extranjeros.
"Nosotros entendemos que acá hay un conflicto político", que comenzó mucho antes de la coyuntura con los presos mapuches, dijo el académico. "Tiene más de cuatro siglos de duración, no se puede resolver a través de la 'criminalización' de las protestas de los mapuches por medio de la legislación antiterrorista", acotó.
"El Estado de Chile sabe que detrás del reconocimiento del problema político hay un problema mayor que es el modelo económico neoliberal, el cual no quiere modificar sustancialmente porque considera que es el adecuado para el desarrollo del país", analizó Araya.
"La restitución de tierras significa entrar en un proceso de conflicto con grandes compañías forestales nacionales", concluyó
 
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