Movimientos sociales se movilizan en Honduras ante privatización de los recursos naturales Imprimir E-Mail
Thursday, 11 de November de 2010
La aprobación por parte del Congreso Nacional de Honduras de 47 contratos de producción de energía renovable ha generado el rechazo de los pueblos indígenas, afrocaribeños y de varias organizaciones sociales. Sostienen que la concesión de ríos y también un proceso de licitación para la contratación de energía renovable van a generar ganancias millonarias para unos pocos grupos de empresarios - que ya controlan la producción de energía térmica - y más pobreza para las poblaciones locales.

(Opera Mundi- Matrizur.org) Honduras - En Honduras existen 35 cuencas hidrográficas primarias y sus ríos se agrupan en dos vertientes costeras: la del Caribe y la del Golfo de Fonseca. Solo las cuencas de los ríos Patuca y Ulúa cubren una extensión de 25 mil y 22 mil km² respectivamente. Una riqueza hidrográfica que ahora está en serio peligro, conforme denunciaron diferentes organizaciones hondureñas que se han movilizado para contrarrestar estos proyectos.
En agosto de 2009, en medio de un escenario de crisis institucional generado por el golpe de Estado que derrocó al presidente Manuel Zelaya, el Congreso Nacional de Honduras aprobó la Ley General de Aguas, que prevé la posibilidad de concesionar a terceros los recursos hídricos del país.
hondurasmarcharecursosnaturales.jpgUn mes después, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció la licitación internacional 100-1293-2009, para la contratación de 250 MW de energía renovable. En diciembre del mismo año, la empresa concluyó el proceso con la apertura de 50 ofertas.
Fue hasta en abril de 2010, durante el actual gobierno de Porfirio Lobo, que el Ministerio de Recursos Naturales procedió a adjudicar la licitación a 47 empresas nacionales, cuyos contratos con la ENEE fueron aprobados por el Congreso Nacional en octubre del año en curso.
“De los 47 proyectos aprobados, más del 70 por ciento fueron adjudicados a los miembros de la Asociación Hondureña de Pequeños Productores de Energía Renovable (AHPPER), es decir a los mismos grupos económicos que ya controlan casi la totalidad de la generación térmica en el país”, dijo Juliette Handal, presidenta de la CPN (Coalición Patriótica Nacional). Según Handal, la licitación, que conlleva la concesión de decenas de ríos en manos de empresas privadas, habría sido turbia y amañada. “Eso les va a garantizar ganancias millonarias a los grupos económicos y va a dejar a la ENEE en un estado de quiebra financiera”.
Ante esta situación, los pueblos indígenas, afrocaribeños y las organizaciones sociales han levantado su voz e iniciaron movilizaciones en todo el país para contrarrestar lo que consideran “un atentado contra la soberanía de sus territorios y de los recursos naturales del país”.
Reunidos en la ciudad de San Juan Pueblo, en el norte del país, decenas de organizaciones iniciaron un proceso para establecer una estrategia única de lucha contra las represas y la privatización de los recursos naturales.
Juan Antonio Mejía, miembro del MADJ (Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia), afirmó que en casi ninguno de estos proyectos fueron presentados verdaderos estudios de impacto ambiental.
Mejía aseguró que se organizarán a nivel nacional y que irán a ejercer la soberanía sobre sus recursos naturales. “Ahora aprobaron 47 proyectos, pero ya son más de 600 los que tienen listos para el futuro. No fuimos tomados en cuenta y hasta hay casos de falsificación de firmas, para aparentar que las comunidades fueron consultadas. Vamos a impugnar estos contratos”.
Según Salvador Zúniga, directivo del COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras), los pueblos indígenas y afrocaribeños van a “articular una enorme lucha en defensa del agua, de nuestros rios y territorios”.
El impacto ambiental de estos proyectos va a ser fuerte. “Se derogaron decretos ambientales que protegían a estas zonas. Ahora podrán talar bosques, inundar las áreas de los ríos, contaminar las aguas, con fuertes impactos en los acuíferos y en la distribución de las aguas subterráneas”, afirmó Zúniga.
Entre las medidas ya adoptadas, el COPINH señala la introducción ante la Fiscalía Especial de Etnías de una demanda contra el Congreso Nacional, por “la violación flagrante del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales”.
La organización indígena y popular inició también una larga gira por todo el territorio nacional, visitando pueblos y comunidades para organizar la resistencia contra estos proyectos y “exigir que se respete su decisión y el rechazo a la privatización de los recursos naturales”.
Según el director de Radio Progreso, padre Ismael “Melo” Moreno, en Honduras “estamos en un proceso de articulación entre la conciencia, la participación y la defensa de los recursos, al que están participando muchos actores que ya no se enfocan solamente en sus luchas gremiales”, dijo el padre Melo. “Esos actores se unen a las comunidades y están desarrollando un concepto de soberanía, que le da una identidad a la lucha territorial, a la lucha de resistencia”.
Una lucha –continuó el padre Melo– que necesariamente debe transformarse en lucha política, para tener la capacidad de articular acciones, ejercer el control y tomar decisiones sobre su patrimonio natural”.
Un desafío que choca contra una fuerte campaña mediática de desprestigio. “Dicen que estamos en contra del desarrollo. Sin embargo, nuestro rechazo no es hacia la producción de energía verdaderamente limpia, sino contra los proyectos de muerte”, dijo Bertha Cáceres, coordinadora general del COPINH.
“Apuntamos a un desarrollo basado en la dignidad humana, en el respeto a la madre tierra, en el equilibrio frágil entre los seres humanos y nuestro planeta. Apuntamos a una generación de energía que respete los ecosistemas, los derechos humanos, territoriales y culturales de los pueblos indígenas. Que no esté basado en la lógica extractivista del capitalismo”.
 
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