Dossier denuncia represión a movimientos sociales y activistas de derechos humanos Imprimir E-Mail
Thursday, 07 de April de 2011
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El Proceso de Articulación y Diálogo (PAD), constituido
por seis agencias ecuménicas de Acción Conjunta de las Iglesias (ACT) y 165 entidades brasileras, difundió el miércoles pasado en Brasilia, el Dossier: la represión a los defensores de derechos humanos y movimientos sociales en Brasil.
(Camila Queiroz - Adital)  Mundo - Este jueves y el viernes, una delegación constituida por líderes campesinos, indígenas, sin-tierra y damnificados por represas entregará el dossier en las embajadas de Finlandia, Noruega, Alemania y Suiza. Algunos de esos países son sedes de empresas denunciadas en el informe.
Simultáneamente, en Europa, otra delegación divulga el informe en parlamentos, organizaciones humanitarias y religiosas mundiales. La próxima semana, el dossier será entregado a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, en Suiza.
El documento revela que en los últimos años, cientos de dirigentes de movimientos sociales brasileros fueron detenidos y están siendo criminalizados por los poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo. El dossier relata además que, entre el año 2000 y 2009, en el conflicto agrario, por lo menos 363 personas fueron asesinadas y 422 fueron detenidas. En los últimos veinte años, 13.815 familias, cada año, recibieron órdenes de desalojo del Poder Judicial.
La Usina Hidroeléctrica de Campos Novos, instalada en el río Uruguay, inundó 2.400 hectáreas y desplazó a más de 3.500 personas, sin reparaciones. Por luchar contra la injusticia, 107 defensores de derechos humanos fueron procesados, inicialmente. Las multas imputadas a los militantes varían de mil a diez mil reales, en protestas u ocupaciones. Diez activistas responden por procesos que pueden recibir hasta treinta años de cárcel y otros diez pueden tener que pagar hasta un millón de reales en multas.
Dos mil campesinas están siendo criminalizadas desde 2006, cuando organizaron una ocupación en la Aracruz Celulose, en el estado del Río Grande do Sul. En esa época, cinco mujeres y un niño fueron detenidos irregularmente y recursos financieros y computadoras de organizaciones sociales fueron aprehendidas. El Ministerio Público acusó y procesó a 40 personas por ese acto político.
También vinculado al campo, el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) es perseguido por medio de "escuchas telefónicas, aprehensión ilegal de documentos e infiltración policial apuntando a incriminar a militantes”, como se relata en el dossier. Dos mil dirigentes fueron fichados por la policía y hasta la Ley de Seguridad Nacional, herencia de la dictadura militar, fue utilizada en contra de integrantes del movimiento.
Por su parte, los indígenas brasileros enfrentan la criminalización principalmente en la región Nordeste y en el estado de Mato Grosso do Sul, lugar donde fueron asesinados más de 200 indios desde 2005, donde 150 indígenas se suicidaron y 100 niños murieron por desnutrición. El dossier indica que existe un genocidio donde el poder público cerró los ojos. Vinculados a grandes terratenientes, los responsables de los delitos ni siquiera son investigados.
Merece también un destaque el megaproyecto de la Usina Hidroeléctrica de Belo Monte, en el Río Xingú, región amazónica, que ha causado la invasión de tierras indígenas, explotación sexual y trabajo infantil. Entre los activistas defensores de derechos humanos amenazados por Belo Monte, el documento cita a la hermana Dorothy Stang, asesinada en 2005, y al militante Ademir Federicci (Dema), muerto en 2011. El obispo Don Erwin Kräutler, también defensor del río Xingú, sufrió varias amenazas e intentos de homicidio.
Como solución, los movimientos sociales quieren que el Estado tome medidas para terminar con la criminalización y represión de los movimientos sociales; democratice al Poder Judicial; combata la impunidad de los delitos cometidos contra dirigentes de movimientos sociales y promueva los derechos humanos. Piden además que se implemente la reforma agraria, la demarcación de tierras indígenas y quilombolas, además de la cancelación de los megaproyectos que traen perjuicios a las poblaciones y al medio ambiente.
 
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