Empresarios usurpadores Imprimir E-Mail
Thursday, 26 de May de 2011

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Empresarios españoles destruyeron puesto campesino con topadoras en Mendoza. Además, con una desproporcionada cantidad de obreros corrieron su límite cinco kilómetros mas al sur dejando el predio dentro. La familia campesina instaló una carpa en el lugar. Desde la fiscalía, amenazan con imputar a los campesinos por usurpadores.


Fue en Jocolí, cerca del límite con San Juan, los empresarios aprovecharon la muerte de un campesino, para pretender sostener que el lugar estaba abandonado.
El empresario Antonio José Marchal, un millonario español que “quiere desarrollar allí el emprendimiento olivícola mas grande del mundo por una cuestión de desafío personal”, se está apropiando de campos y por sobre todo de vertientes y acuíferos. En el lugar ya tiene 32 mil has, aunque luego de esta acción en la página web de la empresa ya hablan de 38 mil has. El establecimiento conocido como finca Doña Carmen, con cerca de 2000 mil hectáreas de olivares, ubicados en el pedemonte, sin estudios serios de impacto ambiental, utilizando el agua de las vertientes y napas de agua justo en la naciente.
José Celestino Sarmiento se instaló en esa zona en el año 1944, y en ese campo se criaron sus hijos, entre otros José, Pablo, Juan y Martín. Fueron instalando viviendas en distintos puntos del campo para facilitar el manejo de los animales y los cuidados de las mejoras que se fueron haciendo. Represas, corrales, aguadas, etc. Al morir los padres quien quedó en la casa paterna fue su hijo José, quien falleció a fines del año pasado.
Desde entonces ese punto del campo (que siempre fue lugar de parada de los arrieros y animales) es cuidado por distintos miembros de la familia.
Hace unos quince días, la empresa Argenceres S.A de la cual Antonio José Marchal es presidente, aunque a su vez hay varias empresas más con sellos locales que le pertenecen, comenzó a realizar daños y a correr su límite hacia el campo de los campesinos. Los campesinos hicieron varias denuncias en la policía de las que hay constancia.
El martes 24 de mayo, cuando volvían del pueblo se encontraron con toda la vivienda destruida, las piletas de agua, y un pequeño galpón de acopio de forraje también destruidos. Rastros de cargadoras y topadora. Y un alambrado que avanzaba envolviendo al puesto.
Por la mañana del 25 de mayo, el oficial ayudante Cristian Gatica no quiso tomarles la denuncia luego de hacerlos esperar dos horas en la subcomisaría El Porvenir.
La fiscal mendocina María Luisa Canata ha dado la orden de que los campesinos salgan del lugar o los imputara por usurpación y “daño”.
En el lugar se hicieron presentes en tono amenazante obreros y abogados de la empresa, junto a la policía y un español que se presentó como el propietario de la empresa. Las familias campesinas resistirán en el lugar.

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