Grecia exige democracia directa ya Imprimir E-Mail
Thursday, 14 de July de 2011
El 29 de junio el Gobierno griego sacó adelante nuevos recortes y privatizaciones. El pueblo griego continúa la lucha y el movimiento de indignados sigue en las plazas. A primera vista, parece que el mes de junio en Grecia ha sido una repetición del mayo de 2010. Entonces, el Parlamento griego aprobó una oleada de medidas de austeridad, vinculada al primer ‘rescate’ del país por parte de la troika de la Unión Europea (UE), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Central Europeo (BCE).

(Ilias Ziogas – Diagonal) Grecia - El 29 de junio de este año se votó una segunda oleada de medidas antisociales para que se reciba el segundo rescate. En ambas ocasiones, la reacción social ha sido masiva, con huelgas generales, manifestaciones combativas y gran represión por parte de la policía. El mensaje de los gobernantes sigue siendo el mismo: No hay alternativa, el único dilema es más austeridad o bancarrota y “destrucción” del país.
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Las condiciones de vida para la mayoría han empeorado notablemente. Según la agencia nacional de estadística, el desempleo se ha disparado del 11,2% al 16,2%, y el poder adquisitivo medio de los griegos ha bajado alrededor de un 10% en un año. Cientos de miles de personas han perdido su seguro de enfermedad y los sindicatos médicos denuncian que la esperanza de vida en el país ya ha empezado a caer.
Los suicidios se han incrementado un 40%. Se han cerrado cientos de escuelas y la financiación de las universidades ha bajado un 50%, conduciendo a un detrimento importante de la calidad de la educación pública. ¿Y todo eso para qué? El déficit público ha bajado un 5% en 2010, pero todavía se sitúa en el 10,5% del PBI, lejos del límite del 3% marcado por la Unión Europea.
La deuda pública sigue creciendo, a finales del 2010 llegó a superar el 142,8% del PIB. Dado que las políticas de austeridad profundizan la depresión económica, los ingresos del Estado están bajando, a pesar del incremento de los impuestos. Se trata de un círculo vicioso que muchos economistas sostienen que conducirá a una bancarrota del país.
Al mismo tiempo, la organización y la resistencia popular han dado un salto potencial. Inspirados en el movimiento 15-M del Estado español y organizados a través de las redes sociales en internet, los “indignados griegos” tomaron las plazas centrales de las grandes ciudades de Grecia el 25 de mayo, y desde entonces no han salido de ellas.
greciademocraciayajunio2011_1.jpgEl movimiento tiene unas características únicas en la historia griega reciente. En él, por primera vez, se incluye y representa a casi todos los estratos de la sociedad griega. En las plazas se ha encontrado gente de todas las edades y convicciones ideológicas, incluyendo a la clase media, que hasta ahora parecía conservadora y apática. De ahí su carácter masivo y su respaldo social, que según una encuesta alcanza al 80% de la población.
En la manifestación más grande del movimiento de indignados, el domingo 5 de junio, más de 500.000 personas marcharon por el centro de Atenas. Fue la manifestación más grande de los últimos 30 años. Otra novedad es el carácter totalmente no violento del movimiento, que permite a todos los ciudadanos participar, incluso con sus hijas e hijos, en las manifestaciones.
Pero la contribución quizás más importante del movimiento ha sido el proceso constituyente que ha tenido lugar en las plazas. A través de las asambleas populares, las comisiones abiertas temáticas y la autogestión de la vida cotidiana en las plazas, se han formado nuevos espacios y estructuras de expresión y formación política.
Estos nuevos foros permiten a la imaginación colectiva ir más allá de la denuncia de las condiciones existentes y reivindicar una sociedad radicalmente diferente. No es casualidad que el eslogan central de las plazas no es un “basta ya” o “no aguantamos más”, como los de los sindicatos, sino el ¨¡Democracia directa ya!¨. Parece que en las plazas nace una nueva generación de activistas, con otra forma de entender y hacer la política.
La confluencia de esos factores sociales, familiares e innovadores en su rechazo a las nuevas medidas de austeridad y privatizaciones masivas tomó dimensiones explosivas en junio. En la huelga general del 15 de junio, con el Parlamento bloqueado durante al menos una hora por una gran multitud de personas en las calles de Atenas, el Gobierno de Yorgos Papandreu entró en pánico y estuvo a punto del colapso.
Los días siguientes, con una fuerte presión del FMI, la UE y el BCE, el Gobierno se reagrupó y llevó a cabo una remodelación de su gabinete, reclutando a su última ‘reserva política’, el diputado Evangelos Venizelos, que hasta entonces mantenía una actitud crítica hacia la política de austeridad. Venizelos fue nombrado ministro de Economía. Finalmente, la nueva oleada de recortes sociales se votó el 29 de junio, en medio de una huelga general de 48 horas y una multitudinaria manifestación frente al Parlamento griego. Sólo gracias a una operación policial brutal, que recuerda a la represión ejercida durante la dictadura (1967-74), fue posible ‘disuadir’ a los miles de manifestantes.
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El pueblo griego se encuentra más organizado y con más determinación que nunca en la historia reciente del país. Para las decenas de miles que se siguen manifestando diariamente en la plaza Syntagma, resulta evidente que la lucha acaba de comenzar.
Nuevos impuestos: Entre las nuevas medidas se ha aprobado que se cobrarán impuestos a partir de 8.000 euros anuales de renta (antes 12.000). Se aprueba además un nuevo impuesto, llamado “de solidaridad”, del 1% hasta el 5% para los trabajadores que ganan más que 1.000 euros mensuales; un impuesto anual de 500 euros para los autónomos, 350.000 ciudadanos, y un nuevo gravamen sobre la vivienda.
Bajan los salarios e inversión pública: Se reducen de nuevo los salarios a los empleados públicos de nivel 3. También se producirán recortes importantes en la inversión y el gasto público, incluso en las áreas de sanidad y educación pública. Además, el Gobierno asume el compromiso de reducir el número de empleados públicos, hasta 150.000 puestos de trabajo en los próximos años, incluidos despidos directos.
Venta de infraestructuras públicas: Privatización de todas las empresas que siguen bajo control público, entre ellas las de energía, agua, minería, etc. Venta de puertos, aeropuertos y carreteras a inversores privados. Venta de las propiedades inmuebles del Estado, incluyendo grandes terrenos. Se vende también el derecho de explotación minera, incluso la de los recursos que todavía no se hayan descubierto, a inversores privados.

 
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