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Thursday, 26 de April de 2012
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le pidió al Estado argentino que proteja la vida e integridad de todas las personas detenidas en las unidades 46, 47 y 48 del Servicio Penitenciario Bonaerense.
(Red Eco) Buenos Aires - El 4 de abril pasado la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) habían efectuado medidas cautelares ante los casos de violencia, maltrato, traslados arbitrarios y desprotección que viven cotidianamente los detenidos en esas unidades. En respuesta, la CIDH hizo esta solicitud al Estado, lo que se suma a la visita del Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU que culmina mañana, 27 de abril.
Ya en noviembre de 2011, la Suprema Corte de Justicia les había indicado a la Procuración General y a las autoridades provinciales que debían adoptar las medidas necesarias para revertir estos maltratos en las cárceles.
Previamente, en marzo del año pasado, se había denunciado que las autoridades de la Unidad 48 sacaban del penal a los detenidos para delinquir: desde esa fecha hasta marzo de 2012 se registraron al menos 18 heridos. En las tres unidades, se produjeron desde octubre de 2011 dos homicidios y cinco heridos de suma gravedad (uno perdió un ojo y otro quedó cuadripléjico).
Según dan cuenta datos oficiales, los homicidios en unidades penitenciarias provinciales aumentaron casi un 20% durante el último año.
Son realmente diversas las agresiones tantos físicas como psicológicas que reciben las personas privadas de su libertad. Por ejemplo, en la Unidad Penitenciaria 48 de San Martín funcionaba una Sede del Centro Universitario San Martín (CUSAM), donde los detenidos estudiaban y podían obtener títulos secundarios y/o universitarios, pero las autoridades penitenciarias resolvieron cerrar la sede como castigo por las denuncias efectuadas por presos sobre los maltratos que reciben y las condiciones inhumanas en las que viven.
Uno de los estudiantes de la sede, Jesús Cabral, difundió una carta donde relataba que el Director de la Unidad 48, Andrés Almirón, y otros penitenciarios, irrumpieron en la Sede de CUSAM, golpeando y apuntando con escopetas, al grito de “Acá mandamos nosotros y van a parar de hacer denuncias”.
En su carta, Jesús señaló que él mismo fue trasladado y torturado a comienzos de este año por el propio Almirón y los subdirectores de la Unidad, de apellidos Pirali y Urraco.
En otro fragmento de su misiva, Jesús manifestó: “La Jefatura del SPB sabe qué interno tiene problemas de convivencia y con quien, entonces los inundan juntos para que estos se maten entre ellos. Los penitenciarios gritan: ´la cárcel es nuestra, los Jueces NO mandan, acá mandamos nosotros´. De este modo es como los penitenciarios implantan el terror en las personas para que no denuncien el constante abuso de poder que sufren”.
En tanto, el secretario de Ejecución Penal de San Martín, Juan Manuel Casolati, afirmó en declaraciones radiales que no hay dudas que “todas las fuerzas policiales se manejan mediante el chantaje y la extorsión; los hechos de violencia lo muestran”. Lo dijo en relación al asesinato de tres detenidos en penales de San Martín luego de una inspección efectuada por autoridades provinciales.
Casolati aseguró que se está ante un doble pacto: “el poder político en general lo que hace es negociar con la seguridad, en este caso con el Servicio, ciertos niveles tolerables de gobernabilidad. Negociamos con ustedes que nos garanticen la gobernabilidad del sistema. A cambio nosotros, el poder político, les permitimos que sigan con los negociados. Y, luego, la seguridad genera un nuevo pacto hacia el interior de las cárceles con un grupo minúsculo de detenidos y también negocian exactamente lo mismo. Negocian con ellos ciertos tipos de violencia, la gobernabilidad de las cárceles, a cambio de permitir que se sigan teniendo entre este grupo de detenidos, con la anuencia del Servicio, determinados negociados.
Esto es chantaje puro porque este doble pacto en algún momento se rompe y es porque va de la mano de la ilicitud, de la irregularidad. Y es clarísimo en este caso que hay un doble pacto. El Servicio Penitenciario cuando quiere rompe con el pacto y manda un mensaje al poder político como en este caso".
La pelota ahora quedó del lado del Estado argentino, habrá que ver si se hace cargo y actúa en consecuencia o si continúa, cómplice, mirando hacia otro lado.

Fuentes: Correpi / Agencia Walsh / Comisión Provincial por la Memoria / La Cantora
 
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