De complicidades políticas, jurídicas y policiales Imprimir E-Mail
Thursday, 03 de May de 2012
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Al cumplirse cuatro meses del triple crimen de Rosario, conocido como la Masacre del Barrio Moreno, la Comisión Investigadora Independiente dio a conocer su segundo informe, con el objetivo de garantizar que todos los responsables sean condenados, desentrañando todas las complicidades que puedan existir.

 
(Red Eco) Santa Fe – El fin de esta segunda entrega de los integrantes de la Comisión es visibilizar que el asesinato de Adrián “Patón” Rodríguez, Claudio “Mono” Suárez y Jeremías “Jere” Trasante, ocurrido el 1ero de enero de este año en el Barrio Moreno de Rosario, no fue un hecho aislado, sino que debe enmarcarse en un entramado estructural de intereses que involucra a diversas esferas de los poderes policial, judicial y político.
Jeri de 17 años, Mono de 19, y Patón de 21, militaban en el Movimiento 26 de Junio del Frente Popular Darío Santillán regional Rosario. El primer día de este 2012 fueron asesinados a balazos, sin que mediara ningún enfrentamiento, por una banda de sicarios en el barrio Moreno, ubicado al sur de Rosario. Aparecieron en el barrio y dispararon a los tres jóvenes sin mediar palabra. Cada uno tenía entre cinco y ocho balas alojadas en sus cuerpos, y además tres mujeres resultaron heridas, una de ellas embarazada. Los homicidas creían estar vengándose del ataque contra uno de los jefes de la barra brava de Newells, Maximiliano "El Hijo del Quemado" Rodríguez.
Actualmente la causa continúa en etapa de instrucción. Durante el primer mes de investigación, el entonces juez a cargo Luis María Caterina procesó a Sergio "El Quemado" Rodríguez (papá de Maximiliano); ahora su reemplazante (luego de una recusación presentada por la defensa de Rodríguez), el magistrado Juan Andrés Donnola, debe resolver la situación de los otros imputados: Alejandro "Teletubi" Delgado, Brian "Pescadito" Sprio, Brian "Damiancito" Romero, y el recientemente indagado Mauricio "Maurico" Palavecino.
Entre los datos que llamaron la atención a la Comisión puede mencionarse “el potencial de armamento que disponían estas personas, los llamativos e injustificables recursos económicos, y el nivel organizativo de los imputados y procesados por la justicia”.
Desde la Comisión valoraron la decisión de Donnola de imputar a dos de los policías implicados, pero reclamaron su inmediata desvinculación de la fuerza policial. Ellos son el comisario inspector Eduardo Carrillo, ex jefe de zona Nº 3, y el suboficial Centurión, que trabajaba en esa área. Ambos se encontraron 12 horas después del triple crimen con un familiar de Rodríguez en una estación de servicios.
En este sentido, y teniendo en cuenta los avances en la investigación en relación a la complicidad de incluso funcionarios de jerarquía policial, los integrantes de la Comisión consideraron que es necesario que continúe la etapa de instrucción. Sin embargo, también exigieron que el Poder Judicial avance sobre la complicidad de otros efectivos policiales, como el responsable de la guardia policial del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) de apellido Martín, que no ingresó al hijo del Quemado en el registro de guardias (al que había llegado herido tras el ataque sufrido, previo al crimen de Jere, Mono y Patón); y el Comisario Santana, ex responsable de la Comisaría 15, que tiene bajo jurisdicción la zona donde ocurrieron los hechos. Santana no solo entorpeció los primeros pasos de la investigación policial y judicial, dio información errónea a la prensa (la primera versión de lo sucedido aquel 1ero de enero fue que se trató de un ajuste de cuentas y que las víctimas tenían antecedentes penales), sino que además su relación con Ezequiel Villalba (acusado de ser el autor material del ataque que sufrió Maximiliano Rodríguez) demoró su detención durante semanas, mientras Villalba se dedicaba a amenazar a familiares, vecinos y testigos de las víctimas.
Por ejemplo, la noche del 24 de marzo allegados a Villalba amenazaron con armas a la madre de Claudio "Mono" Suárez.
Esta situación se dio a pesar de que familiares de las víctimas y militantes del Movimiento 26 de junio-Frente Popular Darío Santillán habían realizado ya a fines de enero presentaciones de advertencia denunciando que circulaban por el barrio personas armadas en moto, por lo que exigían un mayor patrullaje policial en la zona.
Desde la Justicia le solicitaron al Ministerio de Seguridad de la Provincia, "que disponga según su leal saber y entender, las medidas que estime necesarias para garantizar en la mayor medida posible la convivencia pacífica en la zona donde ocurrieron los hechos, entre las calles Biedma, Dorrego, Moreno y Presidente Quintana pues aparece como imprescindible (más allá de las consideraciones de política general que se puedan hacer y que son de su competencia funcional) para que la ciudadanía se sienta en condiciones tales como para prestar su concurso  para la continuación y profundización de la presente causa". Pero, como ya no sorprende, el accionar del Ejecutivo bonaerense fue tardío.
“Nos preocupa en este sentido, la ausencia de una respuesta estatal efectiva e integral, que lleva a que sean los mismos vecinos quienes, legítimamente preocupados por la seguridad de sus barrios, actúen contra los kioscos donde se comercializan drogas, quemándolos. Ante la falta de políticas para abordar esta realidad, el Gobierno Provincial, responde con rimbombantes cambios en la jerarquía policial, que además de ser tardíos, promueven a funcionarios policiales con antecedentes en causas de gatillo fácil o vinculados con el asesinato de Sandra Cabrera”, manifestaron en su segundo informe, los miembros de la comisión.
Además, consideraron pertinente que se avale el pedido elevado, en su momento, por el entonces juez de la causa, Caterina, quien le solicitó al Señor Procurador de
la excelentísima Corte Suprema de Justicia que “se disponga una investigación integral que permita analizar y relacionar los homicidios de similares características ocurridos en los últimos tiempos de la ciudad de Rosario, el tráfico ilegal de estupefacientes que pueda estar relacionado con ello y el adecuado deslinde de las eventuales responsabilidades funcionales que puedan caber”. Pedido que hasta el momento no obtuvo respuesta favorable.
Al respecto, el Movimiento 26 de junio en su convocatoria a una marcha realizada ayer, miércoles, a los tribunales provinciales, manifestó: “Los más de 140 asesinatos que pasaron inadvertidos para la gran mayoría de la población durante el 2011, encubiertos bajo el triste rótulo de ´ajuste de cuentas´, expresan el más descarnado rostro de una problemática estructural que se agudiza cada día más: hay un escandaloso manto de complicidades y connivencia que entremezcla a la institución policial, sectores del poder judicial y bandas del delito organizado. Por su lado, el poder político demuestra la más absoluta carencia de voluntad para desbaratar este entramado. Como decimos continuamente: parálisis e inacción equivalen a complicidad”.
Han pasado cuatro meses desde el asesinato de los tres jóvenes rosarinos, la investigación será larga, tanto por la lentitud judicial como por las implicancias y alcances de los involucrados. En este marco, la Comisión Investigadora Independiente cierra su segundo informe afirmando: “Cada vez que reafirmamos que el asesinato del Patón, Jere y Mono no fue un hecho aislado, sino que forma parte de una realidad que atraviesa, cada vez más, la realidad de todos los barrios de nuestra ciudad; lo hacemos fundados en el hecho del recrudecimiento de esta situación, que se presenta como crítica a partir del aumento del numero de muertes violentas y de la impunidad con la que se mueven las bandas que manejan el narcotráfico”.

 
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