Guatemala: La ciudadanía pide la suspensión al Estado de Sitio decretado en Huehuetenango Imprimir E-Mail
Wednesday, 09 de May de 2012
Personas guatemaltecas y de otros países demandaron se anule el Estado de Sitio en el municipio de Barillas, Huehuetenango, departamento limítrofe con Chiapas, México, decretado hace cinco días por el presidente de la República, el general retirado Otto Pérez.


Desde hace tres años, en Barillas existe inconformidad entre las y los vecinos por la construcción de una hidroeléctrica, ya que ese proyecto se pretende instalar en un área utilizada tradicionalmente como lugar de recreación y centro ceremonial, y entre las consecuencias de esa obra, señalan la limitación del uso doméstico y agrícola del agua.
guatemalaestadodesitio.jpgLa presencia del ejército en esa localidad recuerda a sus habitantes la represión que sufrieron en la década de los ochenta cuando “los militares mataron a nuestros padres, estamos viviendo mucha tristeza y terror, principalmente las mujeres con sus hijas e hijos, por favor acaben con el Estado de Sitio”, manifestó doña Aurora, quien se vio obligada a dejar su casa ante la persecución de las fuerzas de seguridad.
El 13 de abril, 298 -del total de 305- las comunidades ratificaron su rechazo a esa obra. El 2 de mayo, Andrés Francisco Miguel, Pablo Antonio Pablo y Esteban Bernabé fueron emboscados por presuntos guardias de seguridad de la empresa constructora Hidro Santa Cruz, el primero de ellos falleció y los otros dos fueron gravemente heridos.
Hasta el momento se encuentran detenidas 12 personas, entre ellas, Carmelina López Miranda (43 años) y Esperanza Herrera Serrano (74), pero se desconoce la situación en que se encuentran todos. En especial existe preocupación por las mujeres, ya que los reportes periodísticos indican que fueron capturadas al no encontrar en su domicilio a sus respectivos esposos.
Al explicar que personas están huyendo a la montaña -como ocurrió durante la guerra- ante el temor de ser capturadas, ahora que se suprimieron las garantías individuales, Doña Aurora relató con la voz entrecortada, “nosotros somos gente honrada, exigimos que sean esclarecidos los hechos violentos, que se acabe con la persecución en las comunidades”.
A decir de Daniel Pascual, representante de la organización indígena Waquij K’ej, la militarización en determinados municipios forma parte de un plan para dar vía libre a las empresas ya sea mineras o hidroeléctricas, con ello ignoran los resultados de las consultas comunitarias que rechazan ese tipo de proyectos.
Fuente: Rosalinda Hernández Alarcón - Alai

 
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