Santiago del Estero, Trelew y San Martín Imprimir E-Mail
Thursday, 10 de May de 2012
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Esta semana se iniciaron tres juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, a los que la mayoría de los imputados llegan en libertad.


(Red Eco) Argentina – El martes comenzó el segundo juicio contra represores de la llamada “Megacausa por Delitos de Lesa Humanidad” en Santiago del Estero. En esta oportunidad son once los que están sentados en el banquillo, acusados por secuestros, torturas y asesinatos cometidos contra cuarenta y cuatro personas. Hay un imputado número doce, Roberto Díaz Cura, pero que no podrá ser juzgado porque se encuentra prófugo.
Los acusados son ex policías y militares que actuaron en el gobierno de Carlos Arturo Juárez antes del golpe de estado, y que luego fueron parte de grupos de tareas durante la dictadura y permanecieron en cargos policiales y de inteligencia provinciales en democracia.
Tres de los juzgados ya fueron condenados a prisión perpetua en el marco del primer juicio por delitos de lesa humanidad que se realizó en la provincia en 2010, por el secuestro, torturas y fusilamiento del estudiante de derecho Cecilio Kamenetzky en 1976; ellos son Antonio Muza Azar, Miguel Tomás Garbi y Ramiro López Veloso.
En este juicio también es juzgado el represor Jorge Alberto D’amico, quien estuvo prófugo en marzo de este año, y cuyos defensores solicitaron anular este juicio, pedido que fue rechazado por el tribunal.
Por estas mismas causas se encuentran imputados Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez, al igual que el ex jefe de la policía santiagueña durante el golpe militar, Ramón Warfil Herrera, pero no fueron incluidos en el juicio porque siguen sin ser indagados por la justicia.
En tanto, en Chubut, a pocos meses de cumplirse 40 años de la Masacre de Trelew, algunos de sus responsables comenzaron a ser juzgados esta semana (aunque la elevación a juicio se había efectuado en 2009).
El 22 de agosto de 1972, dieciséis militantes fueron fusilados en la base Almirante Zar de Trelew, mientras que otros tres pudieron sobrevivir a pesar de las gravísimas heridas (años más tarde, serían secuestrados por la dictadura, y aún permanecen desaparecidos). Unos días antes, un grupo de militantes de FAR, ERP y Montoneros que estaban detenidos en el penal de Rawson habían copado la penitenciaría para fugarse. Sólo seis de sus dirigentes lograron llegar al aeropuerto a tiempo para subir a un avión que los llevaría a Chile. Otras diecinueve personas llegaron cuando sus compañeros ya estaban volando, por lo que tras una conferencia de prensa y la presencia de médicos, abogados, periodistas, y el juez Alejandro Godoy, para que los militares garantizaran su integridad física se entregaron a la Marina, que en lugar de llevarlos nuevamente a Rawson los alojó en la base, donde fueron fusilados una semana después.
Desde el lunes pasado son juzgados por estos delitos los capitanes de fragata Emilio Jorge Del Real y Luis Emilio Sosa, los capitanes de navío Rubén Norberto Paccagnini y Jorge Enrique Bautista (este último por el delito de encubrimiento), y el cabo Carlos Amadeo Marandino.
Quien debería también integrar esta lista es el teniente de navío retirado Roberto Guillermo Bravo, señalado por los sobrevivientes como la persona que recorrió los calabozos disparando los tiros de gracia. Bravo fue localizado en Estados Unidos, pero el juez de la Corte de Florida Robert Dube rechazó el pedido de extradición argumentando que las declaraciones de los sobrevivientes eran poco creíbles y que no podía aceptarse una extradición por un “delito político”.
Durante la primera audiencia del juicio, la Fiscalía había pedido la detención inmediata en cárcel común de cuatro de los cinco imputados, pero fue desestimado por el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, por lo que los acusados continuarán libres.
Por otra parte, el miércoles comenzó un nuevo juicio contra tres represores de San Martín, por delitos cometidos en el marco de la Zona IV. Son juzgados Roberto Bustos, ex titular de la división de Informaciones de la Delegación San Martín de la Provincia de Buenos Aires, y Jorge Bianchero, ex comisario de la Seccional 3 Villa Lynch, por dos allanamientos ilegales, privación ilegal de la libertad agravada, amenazas y violencia reiterada en ocho casos, de los cuales seis las víctimas continúan desaparecidas. Ambos llegan al juicio excarcelados. Las víctimas por las que son juzgados son ocho, varias de ellas estudiantes del Colegio Mariano Acosta y escritores.
El tercer represor imputado es Nedo Otto Cardarelli; ex jefe del destacamento de inteligencia 201 del Comando de Institutos Militares, quien pasó varios años prófugo, pero fue beneficiado con la suspensión del proceso por haber sufrido un accidente cerebro vascular.
Organizaciones de derechos humanos, como la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos emitieron un comunicado en el marco del inicio de este juicio en el que manifestaron: “La situación de fragmentación de las causas contra los genocidas se repite en la mayoría de los expedientes en todo el país, pero en el caso de los expedientes que se elevan a juicio en San Martín la situación es directamente escandalosa. Luego de las experiencias de los juicios orales de los últimos años, y tras innumerables reclamos de organismos de Derechos Humanos, sobrevivientes, familiares, y otras organizaciones, finalmente el 28 de febrero de 2012 la Cámara Federal de Casación Penal aprobó la Acordada 1/12 que permitirá acelerar el desarrollo de este y otros juicios”.

 
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