Desguace y vaciamiento PRO Imprimir E-Mail
Wednesday, 16 de May de 2012
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El Centro Cultural San Martín se encuentra en estado de emergencia edilicia y, como contracara, es el primer ejemplo del proyecto macrista de privatización de plazas. Negocios con empresarios, vaciamiento y desalojos forman parte de la cultura PRO.

Producción realizada por integrantes de Red Eco Alternativo y Marcha*














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Desguace y vaciamiento PRO

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El Centro Cultural San Martín se encuentra en estado de emergencia edilicia y, como contracara, es el primer ejemplo del proyecto macrista de privatización de plazas. Negocios con empresarios, vaciamiento y desalojos forman parte de la cultura PRO.

Por integrantes de Red Eco y Marcha*


En el Centro Cultural San Martín funciona sólo uno de los cinco ascensores, aunque muchos días ni siquiera; y el edificio, hoy en deplorable estado, se encuentra en obras hace más de seis años. Como contracara, en febrero pasado comenzó a funcionar un bar en la entrada del Centro Cultural y tres vigilantes custodian el ingreso al lugar, que se encuentra enrejado.

Quien trabaja o camina usualmente por la calle Sarmiento al 1500 notará una diferencia. Unas luces de colores y la disposición de sillas y mesas en la plaza seca del Centro Cultural San Martín (un bar del que no se tiene claridad sobre quién tiene la concesión) vistieron la fisonomía del lugar con un nuevo “look”, netamente PRO, que hace realidad la propuesta del macrismo de privatizar el espacio público con el proyecto de baños pagos y bares en las plazas porteñas.

La legisladora Gabriela Alegre, del Frente para la Victoria, presentó un pedido de informes para conocer en detalle la situación del Centro Cultural y sus cursos. En diálogo con Marcha y Red Eco, explicó: “Desde la Legislatura no hemos autorizado ninguna concesión, eso tendría que haber pasado por la comisión de Hacienda. Deben estar haciendo una trampa pero tiene que ver con un proyecto más amplio del macrismo. Hay un proyecto del diputado (del PRO y vicepresidente primero de la Legislatura) Cristian Ritondo que habla de la privatización del espacio público poniendo barcitos y baños en los distintos parques y plazas de la ciudad y tiene resistencia por parte de la oposición. Esto es un ejemplo de lo que quieren hacer”, afirmó Alegre.

Sin embargo, al interior del Centro Cultural la realidad es otra. La torre principal, de doce pisos, que contiene las salas centrales, las radios de la Ciudad y donde ahora funciona también el canal Ciudad Abierta, está en ruinas: cuatro de cinco ascensores rotos, la sala A-B cerrada y utilizada como depósito, y techos agujereados forman parte de la fisonomía del deterioro. La remodelación de las obras comenzó en el gobierno de Jorge Telerman y se paralizó en diversas oportunidades debido a la falta de pagos.
El deterioro edilicio es evidente. En efecto, no hay mantenimiento de ningún tipo y hace poco menos de un mes, varias personas quedaron encerradas en uno de los ascensores. Una escena que se repite. Hoy, quienes trabajan allí y tienen problemas de salud no pueden ingresar al edificio, ya que la única vía para ingresar es subiendo por las escaleras (en algunos casos hasta doce pisos).

Según el legislador de Buenos Aires Para Todos, Fabio Basteiro, “el problema no es seguir haciendo pedido de informes. Hay una situación que es muy grave que tiene que ver con la lógica del capitalismo de amigos, al contratar a Riva SA, con el vaciamiento y el saqueo, y por otro lado con un concepto de cultura que está sometido a la lógica del negocio y del megafestival, despreciando las propias estructuras culturales”.


Negocios oscuros

Las obras en el Centro Cultural comenzaron en 2005 e incluían tres partes: el Bajo Plaza, la Sala AB y el Edifico Torre. El plan original contemplaba la Ampliación y Remodelación total del edificio y el objetivo era reinaugurarlo en 2010. Un informe de la Auditoría de la Sindicatura General de ese año revelaba que el Centro se encontraba en estado de emergencia debido a la falta de funcionamiento del sistema de extinción de incendio, la falta de mantenimiento de ascensores, las filtraciones y la precariedad edilicia, entre otros puntos. Varios años después, lo único que avanzó fue el subsuelo, un negocio millonario, tanto para la empresa concesionaria, Riva S.A, como para algunos sectores vinculados a la industria del espectáculo. En tanto, la Sala AB continúa inhabilitada y la torre en estado de emergencia.

En el intervalo de esos años, a poco de asumir Mauricio Macri su primer período de gestión, el Gobierno porteño dejó de pagar y, ante la falta de financiamiento, las obras se paralizaron. Desde entonces fueron aprobadas seis readecuaciones de presupuesto a la empresa Riva S.A. y, en estos momentos, a excepción del Bajo Plaza, las obras avanzan a paso de hombre. La sala AB, con capacidad para 900 personas, fue desmantelada en 2007 y desde entonces está inutilizada. Los trabajadores del edificio denuncian la cuasi paralización de las obras y aseguran que, al igual que en el Teatro Colón, muchos materiales fueron desapareciendo.


La empresa Riva S.A.

Su ingreso como empresa contratista en la Ciudad de Buenos Aires se dio durante el gobierno de Fernando de la Rúa y desde entonces sumaron cada vez más obras en la ciudad. La constructora es una de las empresas que más juicios ha iniciado contra el Estado porteño, denunciando demoras en los pagos por parte del gobierno. A lo largo de los años, esto aparece como patrón de la empresa: inicia juicios mientras paraliza obras que le han sido adjudicadas.

Los casos son numerosos, pero uno de los más significativos es el del hospital neuro-psiquiátrico infantil Tobar García. Allí, las obras deberían haber finalizado a mitad de 2006 y hoy en día, 2012, no han sido terminadas. De hecho los trabajadores del Hospital denunciaron a Riva S.A. judicialmente por demoras en la conclusión de las obras.

En un pedido de informes realizado en abril de este año por la legisladora Virginia González Gass, del Partido Socialista Auténtico, la diputada afirmó: “Así es como en este momento, las obras se encuentran casi paralizadas por decisión de la empresa contratista RIVA S.A., quién aduce el incumplimiento del contrato por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que debe proceder a la liquidación de las certificaciones a los treinta días (30) de la fecha de su emisión, lo cual es virtualmente imposible en términos de cumplimentar las sucesivas fases burocráticas. Prueba de esa ´casi paralización´ de la obra es que, actualmente, hay solamente un obrero trabajando en el Hospital Infanto Juvenil C. Tobar García”.

Además del Tobar García, Riva S.A. estuvo a cargo de la remodelación del Gutiérrez y del Metrobus, obra por la cual el diputado Claudio Lozano pidió aclaraciones ya que la información presupuestaria era contradictoria y daba lugar a posibles sobrecostos. También estuvo a cargo de las obras en el Teatro Colón, donde hubo numerosas denuncias, y de la nueva sede del Instituto Superior del Profesorado Joaquín V. González.

La empresa Riva S.A., además, conoce a Macri hace largos años, de hecho, tuvo a cargo desde 1996 la construcción de la nueva tribuna oficial de Boca, entre otras obras en la cancha. El legislador Fabio Basteiro se refirió a la empresa contratista y criticó la falta de transparencia en la gestión y en las contrataciones: “Riva tiene una historia muy triste en nuestro país, no sólo como contratista en la dictadura. Fue accionista en Austral y formó parte del deterioro de la aerolínea, que terminó estatizada por el gobierno ante la posibilidad de cierre. Se trata de contratistas amigos, no sólo fue una empresa que hizo mucha obra durante la dictadura sino que paralizó decenas de obras durante el macrismo”.

 


Las obras que sí se realizaron

Con bombos y platillos (y notas elogiosas en Clarín y La Nación), a fines de noviembre de 2011 el gobierno porteño inauguró el Bajo Plaza. Las obras en los subsuelos del Centro Cultural incluyeron un centro multimedia, dos salas con capacidad para cien personas cada una, cuatro aulas, un microcine y el archivo digitalizado del Núcleo Audiovisual Buenos Aires (NABA), donde se puede consultar el archivo fílmico del centro.

Las versiones periodísticas se contradicen sobre la inversión que demandó la obra. En algunos medios escritos se habla de 36 millones de pesos. En otros, se habla de una inversión de 40 millones de pesos en infraestructura y 8,8 millones en equipamiento. Finalmente, en otras fuentes el número asciende a $ 85 millones. Las versiones alcanzaron tal punto de contradicción que la Legislatura porteña presentó un pedido de informes para saber cuánto dinero había recibido Riva SA.

"Este centro cultural será de referencia para América Latina. Es un orgullo que esté en la Ciudad de Buenos Aires", dijo Hernán Lombardi en la inauguración de las obras. Las palabras del ministro de Cultura porteño; quien influyó para la designación del actual director de Radio Ciudad, Baltazar Jaramillo (hijo de su ex pareja Soledad Silveyra), y quien disputa con el ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chain, por los negocios de obra pública; sonaron a burla para los trabajadores que denunciaron la desidia del Centro Cultural, inundado en los últimos días por las fuertes lluvias.
Meses después de ser inaugurado el sector Bajo Plaza, se abrió un bar denominado “Las bambalinas”, del cual no se conoce su dueño y tres custodios privados vigilan el ingreso al centro cultural, ahora con rejas.


Qué es el Plan de Reconversión Integral

El Decreto 1988 firmado en el año 2000, por el entonces jefe de gobierno Aníbal Ibarra, establecía modificaciones en los objetivos, tanto artísticos como edilicios, del Centro Cultural. Comenzó a priorizarse la promoción y desarrollo de actividades en un ámbito de “experimentación e introducción de las nuevas tecnologías aplicadas a las industrias culturales, vinculando las actividades del sector público con el privado”. En este marco, se habló de un cambio de paradigma, pasar de ser un espacio contenedor a un productor de contenidos. Según puede leerse en la propia página del Centro Cultural, “a la oportunidad histórica de la remodelación edilicia (se suma) la voluntad de modernizar las gestiones administrativa y cultural”. La reconversión contempla “el diseño de espacios versátiles adaptables a múltiples objetivos”, “sin invalidar la tradición y la continuidad de las actividades existentes”.

Cualquier persona que recorra hoy las instalaciones del Centro Cultural se dará cuenta que nada de esto ha ocurrido; teniendo en cuenta que estas obras comenzaron hace más de seis años, difícilmente se encuentre con un escenario que pueda relacionarse con la palabra “modernización”, sumado a que las actividades culturales que aún logran subsistir en este intento de vaciamiento son permanentemente hostigadas.

“En 2005, (el entonces jefe de gobierno Jorge) Telerman planteó que cuando él era ministro de Cultura tenía un proyecto de políticas de cultura con una proyección a diez años. En esa proyección a diez años estaba implícita la reconversión del Centro Cultural San Martín, una reconversión no solamente edilicia sino también de políticas culturales. Llevar a cabo estas políticas culturales en definitiva era plantear al centro cultural como un centro neurálgico de la vanguardia, de las tendencias que se dan hoy en día, que sería el arte multimedial, todo apoyado con dispositivos audiovisuales, etc.”, relató a Marcha y Red Eco un integrante de la Toma y Autogestión de la Sala Alberdi, ubicada en el sexto piso del Centro Cultural.

 

 Imagen del 8° piso en febrero de 2012. Si bien la obra
avanzó se encuentra nuevamente paralizada


Un poco de historia

El Centro Cultural y el Teatro San Martín se crearon juntos durante la década del ´60. En los orígenes de este proyecto, fueron pensados como un gran Complejo Cultural, pero lo concreto es que hoy se trata de dos organismos totalmente independientes. Cada uno cuenta con su director general, aunque ambos se encuentran bajo la órbita del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.

En un comienzo, la mayoría de los espacios del Centro Cultural estaba cedida a organismos de formación contenciosa al arte de carácter público. Luego fueron sumándose otras dependencias, y sobre todo sectores administrativos del gobierno porteño. Así fue como empezaron a convivir, con el correr de los años, en los 12 pisos de Sarmiento 1551: LS1 Radio Municipal (hoy Radio de la Ciudad, junto a la FM 2x4, y el Canal Ciudad Abierta), el Conservatorio Municipal Manuel de Falla, Dirección General de Cultura, de Música, de Promoción Cultural, de Enseñanza Artística, Instituto Vocacional de Arte Infantil, Banda Sinfónica Municipal.

Desde su inauguración en 1970, el Centro Cultural San Martín fue protagonista de grandes obras de teatro, recitales, talleres y también fue centro de cómputos en las elecciones del 30 de octubre de 1983, y sede de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) durante la elaboración de su informe que sería publicado en el libro Nunca Más.

Un relevamiento realizado por la Auditoría General de la Ciudad en 2005 señaló que quien decide y autoriza la ocupación del edificio es la Secretaría de Cultura, pero que no posee un reglamento interno que regule los usos permitidos y las normas que deben cumplir los organismos que lo ocupan. La Dirección General del Centro Cultural es responsable de aspectos relacionados con el mantenimiento edilicio en general y limpieza de espacios comunes, pero no tiene poder de fiscalización sobre las áreas ocupadas por otras dependencias.

En relación a los ascensores, el informe de la Auditoría subrayó que en diciembre de 1991, (a través del Decreto Nº 4.507/91) se firmó un contrato de concesión entre la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y la firma EMECOM S.A. En una de sus cláusulas se adjudicaba a esta empresa la concesión de obras y mantenimiento de los ascensores del Centro Cultural “otorgándole a cambio la explotación de la playa de estacionamiento subterránea del citado edificio”. Según se indica en el listado de concesiones del gobierno de la Ciudad, publicado en su sitio oficial, la explotación del estacionamiento por esta empresa está prevista hasta el año 2017.

La Auditoría detalló además el envío de notas (en abril de 2002) de parte de la Dirección General del Centro Cultural a la Dirección General de Concesiones y Privatizaciones, en las que se indicaba que “...se observa claramente y sin necesidad de tener idoneidad técnica que el estado de funcionamiento y de mantenimiento de dichos elevadores no es correcto ni eficiente”... “y pone en peligro la seguridad de los trabajadores”. A su vez, se destacaba que en 2005 (tras una consulta de la Auditoría), la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro confirmó que “los ascensores existentes en el Centro Cultural (Sarmiento 1.551) no poseen antecedentes de habilitación”.

¿Qué diría hoy la Auditoría respecto a que actualmente funciona, a veces, sólo un ascensor? ¿Qué diría hoy la Auditoría sobre la circulación en los pisos, cuando en el octavo hay desde hace cuatro meses sillones, mesas, armarios, escritorios, y hasta “oficinas” en el pasillo?


La resistencia de la Sala Alberdi


A la crítica situación edilicia del Centro Cultural responden desde el Ejecutivo porteño con una gran obra de reconversión que avanza a pasos mínimos y que se interrumpe permanentemente. Pero con la excusa de estas reformas, muchas oficinas y/o departamentos se han cambiado de edificio o directamente cerraron. Además, con una supuesta intención de generar espacios de extensión y abrir las actividades a otras zonas de la ciudad como Parque Patricios con el Polo Circo y Villa Urquiza con el Teatro 25 de mayo, se han “mudado” a otras dependencias cursos y talleres que se hacían en el Centro Cultural. La falta de avances en los trabajos de reformas deja poco margen de duda sobre la verdadera intención de fondo del gobierno de la Ciudad: el vaciamiento del Centro Cultural. Y una clara demostración de ello es lo ocurrido con la Sala Alberdi, gran ejemplo de resistencia.

La sala fue creada en el ámbito de la Dirección General de Enseñanza Artística (DGART), y funcionaba de forma independiente al Centro Cultural desde hace más de 30 años. Sus actividades principales eran, por un lado, la enseñanza no escolarizada de teatro, vestuario teatral, diseño de indumentaria y guitarra criolla; y por otro, una programación de espectáculos a la gorra, que eran administrados por una Cooperativa sin fines de lucro, y permitían cubrir las necesidades económicas de la sala.

A partir del anuncio de las obras de remodelación y acondicionamiento del Centro, que incluían a la Sala Alberdi, en mayo de 2005 la Secretaría de Cultura porteña resolvió su desalojo, decisión que no fue notificada oficialmente sino a través de medios informativos.

Ante la falta de garantías de la permanencia tanto de la sala como de sus actividades, profesores, estudiantes, ex estudiantes, padres y artistas manifestaron sus dudas mediante un reclamo administrativo que logró prorrogar el cierre y desalojo. En este marco, se inició la búsqueda de un lugar provisorio o temporal para desarrollar los talleres, cursos y espectáculos de la Alberdi, pero el director general de Administración de Bienes de la Subsecretaria de Escribanía General informó que no existía un inmueble que pudiera albergarlos.

Ante el anuncio de una nueva fecha para el desalojo (31 de marzo de 2007), tres días antes la jueza del fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Fiscalía N° 5, Fabiana Schafrik, falló a favor de la Sala haciendo efectivo el amparo de no innovar en desalojar, en tanto el gobierno no asignara y garantizara un lugar físico adecuado para que pudieran continuar desarrollándose las actividades normalmente (en ese momento se realizaban 40 talleres en la Sala).

Las idas y vueltas continuaron hasta 2010. En el medio, el gobierno intentó mudar las actividades a distintos centros culturales de la ciudad, en los que por diversos motivos no podían realizarse. Además, la Superintendencia Federal de Bomberos realizó un informe en que manifestaba no haber encontrado anomalías de relevancia en el estado edilicio de la construcción de la Sala Alberdi, aunque sí remarcó que la instalación eléctrica presentaba deficiencias que podían implicar riesgos o peligro para los usuarios del inmueble.

En tanto, en 2009 el director general de Enseñanza Artística, Marcelo Birman, resolvió disolver la Cooperativa que financiaba los sueldos de los docentes de la Sala, disminuir la cantidad de talleres y, con la excusa del deterioro de la instalación eléctrica de la Sala, trasladó un año después cursos a otras dependencias, provocando con estas medidas el paulatino vaciamiento de la Sala y finalmente su cierre definitivo.

“Todo lo legal de la Sala con el gobierno duró desde 2007, que se inicia el amparo, hasta 2010 que se gana la sentencia firme, que refrenda la sentencia de la jueza de primera instancia del amparo, en la que señala que dentro de todo el desarrollo legal el gobierno dice que el carácter de reubicación de la sala es permanente. O sea que cuando se le asigne un nuevo lugar la sala ya no va a volver al San Martín, porque tenían un proyecto de hacer un estudio de televisión acá. Solamente dicen que la reubicación es permanente, pero no ponen ninguna opción de lugar físico para la sala”, explicó a Marcha y Red Eco un integrante de la Toma. En agosto de 2010, estudiantes, padres y docentes impulsaron actividades artísticas por la reapertura de la sala en el hall del centro cultural, y el 17 decidieron tomar las oficinas y la propia Sala Alberdi. Dos meses después, ya estaban poniendo nuevamente en funcionamiento, de manera autogestiva, distintas actividades.

El 28 de marzo de 2011 quedó firme la sentencia que indica que la sala debe ser refaccionada y habilitada para que pueda seguir con sus actividades habituales en un plazo menor a 30 días. Pero cinco días después el gobierno envió un nuevo pedido de desalojo: “En abril de 2011, llega una carta que dice que la sala tiene que ser desocupada en 72 horas sino va a ser desalojada. Y también se le pide al fiscal que les pida por favor a los ocupantes si pueden entrar a hacer un relevamiento de los elementos que tiene el inmueble. Finalmente, los representantes de la sala fueron hacia la fiscalía con otros compañeros y presentaron una carta en la que argumentaban, primero, que era arbitrario, incongruente la medida que estaba tomando el gobierno, porque ya existía un juicio con sentencia firme, que dado que no podían ocupar ningún recurso, utilizaban este otro espacio legal para poder presionar a los ocupantes, se presentaron todos los antecedentes del desarrollo legal del fuero administrativo. Eso ha quedado así… congelado. Además, acá siempre se argumentó que no era seguro mantener la sala abierta con las actividades por la reconversión del edificio, pero el centro nunca fue seguro”, relató otro miembro de la Toma.

Pero en estos años en que la sentencia ha quedado firme, el gobierno continuó sin presentar respuestas concretas, y por el contrario apeló a la judicialización de quienes realizan la toma: “Como la sentencia firme tiene un carácter de que ninguna de las dos partes puede recurrir a un recurso extraordinario u ordinario para impugnar la sentencia, entonces el gobierno toma la medida de denunciar a quienes realizan la toma, pero en otro fuero, en el de lo penal, lo contravencional y de faltas, acusándolos como ocupantes de la Sala. La fiscalía, como no tiene ningún antecedente de que antes había un juicio acá, lo que hace es desarrollar la medida legal que hace la parte actora, el gobierno de la Ciudad”, explicaron.

Uno de los últimos enfrentamientos entre el gobierno porteño y quienes autogestionan la sala se dio en abril pasado cuando el Ejecutivo de la Ciudad no contento con haber enrejado el Centro Cultural, resolvió cerrar estas rejas todos los días a partir de las 20 horas, lo que impedía que se desarrollaran con normalidad las actividades de la Sala Alberdi, que comienzan habitualmente alrededor de las 19.

Al encontrarse con esta situación un domingo por la tarde, quienes toman la Sala y la autogestionan realizaron la actividad que tenían prevista en la calle. Esto motivó a que se presentaran en el lugar Gabriela Ricardes, directora general del Centro Cultural, y Hernán Lombardi, ministro de Cultura porteño, acompañados de varios patovicas y patrulleros de la Policía Metropolitana. Para evitar un posible desalojo y cuidar la integridad física de los presentes, se resolvió hacer una vigilia cultural en la vereda hasta las ocho de la mañana del lunes. Luego, los jóvenes se movilizaron hasta la Jefatura de Gabinete para exigir una reunión con Lombardi y Ricardes, quienes se negaron, pidiendo los nombres y documentos de los presentes y asegurando que no eran representativos de ninguna asamblea. Hasta los acusaron de ser privatizadores del espacio por utilizar los servicios públicos mientras cobran entradas a los espectáculos; lo que es una clara mentira, ya que todas las actividades que se realizan en la Sala Alberdi son con entrada gratuita.

El 4 de mayo pasado, la jueza Fabiana Schafrik volvió a expedirse. Ahora dispuso que las actividades de la Sala Alberdi se reubiquen en la Sala Los Andes. Pero para ello, la Superintendencia Federal de Bomberos deberá informar si las reparaciones realizadas por el Gobierno de la Ciudad en Los Andes subsanan los desperfectos detectados en el último relevamiento realizado. Una vez presentado el informe, el Gobierno porteño tendrá 20 días para hacer efectivo el traslado. Nada se aclara allí sobre el verdadero uso que se intentará hacer de las instalaciones de la Sala Alberdi por parte del Ejecutivo, y si una vez finalizadas las obras las actividades volverán al sexto piso del Centro Cultural San Martín. Además, con la lentitud con que el macrismo efectúa los trabajos de reparación, una vez más cabe preguntarse si hay una intención final de vaciar y privatizar ese espacio.

Quienes toman la Sala Alberdi han intentado más de una vez reunirse con Lombardi y otros funcionarios del área, en buenos términos, pero las pocas respuestas que obtuvieron fueron el inicio de causas, denuncias y golpes. Al respecto, una de las integrantes de la toma manifestó: “No nos interesan en algún punto las negociaciones con el gobierno, nosotros sabemos que cualquier institución gubernamental que tome este espacio lo va a privatizar porque es la política que tiene, desde que se pide el préstamo al BID (Banco Interamericano de Desarrollo) para hacer las reestructuraciones de los centros culturales de la ciudad, esa es la política, entrar con la excusa de una reestructuración, cerrar y convertirlo en turismo”.

 

 

Foto: Agencia Walsh - Foto anterior: Prensa de Frente


Frecuencias de la Ciudad

El intento de vaciamiento del Centro Cultural no solo se visibiliza a partir de lo que pasa en la Sala Alberdi; a los pasillos oscuros y desiertos de la mayoría de los pisos, se suma la actual situación de las radios públicas de la Ciudad (AM 1110 y FM 92.7, conocida como la 2x4), que funcionan en los pisos 8, 9, 10 y 11 de Sarmiento 1551.

Desde comienzos de 2012, la AM se ha quedado sin programación, solo música y boletines informativos cada una hora. Además, se iniciaron obras de refacción del octavo piso (que están paralizadas desde hace semanas), por lo que en el noveno, donde está la mayoría de los estudios, prácticamente no hay lugar en los pasillos para moverse porque allí mismo se han colocado como si fuera un depósito cantidad de sillas, mesas, armarios, etc. y se han instalados escritorios que funcionan como oficinas.

Según anunciaron desde el PRO, las radios públicas, junto al canal Ciudad Abierta y el sitio web del gobierno de la Ciudad conformarán un Multimedio, comandado por el periodista Carlos Ares, que se lanzará el próximo 7 de junio. Ese día, en la AM 1110 comenzará una programación en la que cada día de la semana estará dedicado a un tema (espectáculos, pensamiento, ecología, solidaridad, política, etc.), hasta entonces se realizan pruebas (o “experimentos”, tal como la gestión los llama) de algunas horas. Por lo que el oyente que sintonice la radio (que poco se escucha, gracias a la venta de su frecuencia original, AM 710, a Radio Diez durante la década del ´90) podrá oír un día 24 horas de música, y al otro un programa de cuatro horas. Además, cada eje temático cuenta con coordinadores, líderes, conductores que no forman parte de la planta de trabajadores de la radio, y que cobran sueldos que quintuplican el promedio salarial de los empleados.

Los trabajadores han denunciado esta situación en los últimos meses y han puesto especial énfasis en la situación de quienes se encuentran empleados bajo contratos precarios, a quienes han llegado a decirles que “comiencen a buscar otro trabajo”.

La legisladora Gabriela Alegre manifestó su preocupación por la falta de transparencia: “No sabemos dónde están las inversiones hechas en la Radio e inclusive nos preocupa la amenaza de terminar con la señal. Queremos saber dónde está el presupuesto de la radio, en qué situación y cuando estará en pleno funcionamiento la programación de la Radio”.

Proyecto privatizador

El accionar del macrismo en el Centro Cultural muestra que no existe una política del “no hacer” por parte del gobierno porteño, sino que por el contrario, hay claras políticas para avanzar sobre las estructuras culturales que provienen de una expresión más colectiva, y para transformar el denominado “espacio público” en un espacio controlado, enrejado y cerrado, en usufructo de unos pocos.

A excepción de la protesta de quienes integran la Sala Alberdi, no ha habido fuertes protestas por parte de los trabajadores del Centro Cultural San Martín o de las Radios de la Ciudad. El miedo a posibles despidos y el escaso rol del sindicato municipal, Sutecba, en los reclamos por las mejoras edilicias y de condiciones laborales de quienes trabajan allí pueden ser algunos de los motivos por los que no se ha difundido este conflicto, ni avanzado en una solución.

Mientras se agregaron las rejas y la seguridad privada, se mantiene la desidia. Luego de que varias personas quedaran atrapadas en el único ascensor en funcionamiento, no falta quien dice que el gobierno de Mauricio Macri aguarda una catástrofe para accionar sobre la emergencia edilicia del Centro Cultural.

 

 

 

*Por Mara Oliveira, de Marcha y Ana Guzmán, de Red Eco.

 
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