Nueva muerte en una cárcel argentina Imprimir E-Mail
Thursday, 31 de May de 2012
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Tras conocerse el fallecimiento de Cristian Ibazeta, luego de haber recibido 24 puñaladas en la Unidad 11 de Neuquén, continúa la lucha de organizaciones sociales y de derechos humanos para que se haga justicia y que el Estado se haga cargo de la seguridad de las personas privadas de la libertad.


(Red Eco) Neuquén- Luego de tres días de agonía, Cristian murió en el Hospital Castro Rendon, como consecuencia de las heridas provocadas por las 24 puñaladas que recibió en su celda del penal en la madrugada del martes 22 de mayo. Unas horas antes, les había contado a dos abogadas de la agrupación Zainuco que estaba nervioso y enojado porque los penitenciarios le habían roto unas zapatillas nuevas que le había regalado su madre. Decía que los policías sabían que faltaba poco para su libertad condicional y que buscaban que “saltara” para que perdiera este beneficio.
Cristian había denunciado en siete oportunidades el hostigamiento policial, las requisas humillantes a los familiares y los abusos a los internos de la Unidad de Detención N°11 de Neuquén. Fue también el principal testigo de la causa que, en 2010, juzgó a 27 policías imputados por reprimir y torturar a internos de ese penal en 2004 (vale aclarar que de los 27 policías sólo 6 fueron condenados, de los cuales sólo dos recibieron prisión efectiva). Nunca se lo perdonaron, sufrió permanentes traslados y torturas.
Apenas se conoció la agresión a Cristian, la guardia del penal sugirió la conocida y reiterada hipótesis de una pelea entre internos.
Desde Zainuco (que patrocinará a la familia, que es la querellante en la causa), manifestaron no tener dudas de que la policía estuvo involucrada, ya sea porque ejecutaron el homicidio, lo mandaron a matar o dejaron la zona liberada para que el ataque se produjera.
Además, reclamaron al fiscal ante el Tribunal Superior de Justicia (el subrogante Ricardo Cancela) que anule el desdoblamiento de la causa, ya que se pretende que el Fiscal González Tabaoda de la Fiscalía de Graves Atentados contra las Personas, investigue la comisión del delito de homicidio; mientras que el Fiscal Maitini, de la Fiscalía N°1, se encargue de los eventuales incumplimientos por parte del personal policial a cargo de la seguridad del establecimiento penal.
Los abogados querellantes consideraron esta medida completamente desatinada. En una carta enviada por varias organizaciones sociales al Tribunal Superior de Justicia explicaron que este desdoblamiento implica descartar de entrada la hipótesis investigativa de que el homicidio podría haber sido cometido directamente por los agentes policiales que se encontraban en funciones en la Unidad: “Por lo tanto, es cuanto menos apresurada la decisión de desdoblar la instrucción de la causa, ya que dichos agentes podrían haber sido los autores materiales del hecho. (…) Aun si estuviese completamente descartado que el/los autores materiales fueran agentes policiales, no cabe en esta etapa tan prematura de la investigación desechar la posibilidad de que hayan actuado en grado de partícipes primarios”. Tampoco descartan la opción de que hayan actuado como instigadores del delito: “Es sabido que en muchas cárceles del país –sino en todas–, existe un sistema de premios y castigos en virtud del cual los detenidos ejecutan órdenes de los agentes penitenciarios, ya sea para obtener estupefaciente, privilegios, etc., o actuando bajo amenaza (…) Tampoco cabe descartar que el personal carcelario haya actuado prestando una cooperación esencial para la comisión del homicidio de Cristian Ibazeta. Una verosímil probabilidad es que hayan relajado los controles en el Pabellón 4, proporcionando una ´zona liberada´ para que los autores materiales consumen el delito”, manifestaron en la carta.
Otra hipótesis, que recién podrá confirmarse cuando se conozcan los resultados de la autopsia, es que a Cristian lo hayan inducido a dormir a través de pastillas para evitar que se defienda al momento de ser atacado.
El lunes pasado, la Asociación dio una conferencia de prensa junto a familiares de Cristián en el que exigieron la renuncia del Ministro de Seguridad provincial, Gabriel Gastaminza; del Jefe de la Policía, Raúl Laserna; y del Jefe de Unidades de Detención, Carlos Brondo (quien se desempeñaba como Jefe de Seguridad Interna durante la represión del 2004. Fue señalado como el principal responsable del operativo, pero no fue imputado en la elevación a juicio  por una supuesta falla en la instrucción).
Además, Zainuco presentó a la Justicia un Habeas Corpus para pedir por la seguridad de las personas privadas de la libertad y solicitar que se declare la emergencia carcelaria en la Unidad de Detención N° 11.
Allí afirmaron que la situación en la Unidad es caótica, fundamentalmente en materia de seguridad personal: “En forma permanente recibimos reclamos, denuncias y atendemos personas que se presentan atemorizadas, lesionadas y con suma angustia por la falta de seguridad personal en la Unidad de Detención nº 11, en la cual los internos y sus familiares manifiestan que es constante la violencia con la que son tratados los presos por parte de los guardiacárceles, ya sea en forma personal o alentando o permitiendo actos de violencia entre los internos (…). Los tantos casos de maltrato denunciados consideramos necesario no mencionarlos, incluso por pedido de muchos de ellos, por las represalias que se toman cuando los detenidos hacen denuncias o reclamos. Precisamente esto es parte de la inseguridad de denunciamos y que crea también una enorme indefensión, pues nos vemos en la disyuntiva de ocultar sus identidades o mencionarlos con el alto riesgo de represalias violentas que pueden costarle la vida”, explicaron.
“La situación que aquí denunciamos  –agregaron– no resulta en modo alguno una situación excepcional en el marco de la privación de libertad en el Estado argentino. Se inscribe en una realidad estructural del sistema carcelario nacional, al punto que no sólo ha dado lugar a pronunciamientos de nuestra Corte Suprema y, con ulterioridad, de los máximos tribunales provinciales, sino que ha ameritado resoluciones condenatorias contra nuestro país emanadas del Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos. Nos referimos, a las sucesivas recomendaciones y resoluciones provisionales, dictadas por la Comisión y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el marco de la conocida causa Penitenciarías de Mendoza, en particular la resolución provisional de la Corte Interamericana, fechada el 22 de noviembre de 2004, en la que –a partir de reiteradas muertes jamás esclarecidas en el interior de unidades penales de dicha provincia– se requiere al Estado argentino que adopte de forma inmediata las medidas que sean necesarias para proteger la vida e integridad personal de todas de las personas privadas de libertad en la Penitenciaría Provincial de Mendoza, así como que investigue los hechos que dan lugar a la adopción de tales medidas”.
Lo que señalan las organizaciones sociales y de derechos humanos es que no se pretende dar una solución a una situación individual de una persona, sino “a una situación estructural y de alcance colectivo de violación por parte del Estado provincial de los estándares jurídicos fijados en materia penitenciaria por la Constitución Nacional y diversos tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional”.

Fuentes: Zainuco / Anred / Agencia Walsh

 
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