Justicia por Mariano Ferreyra Imprimir E-Mail
Thursday, 02 de August de 2012
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El juicio por su asesinato, las heridas que discapacitaron a Elsa Rodríguez y las heridas sobre Nelson Aguirre y Ariel Pinto comenzará el próximo 6 de agosto en los Tribunales de Comodoro Py.

(Red Eco) Ciudad de Buenos Aires - Una gran convocatoria congregará a las puertas del tribunal a sindicatos, organizaciones sociales, la CTA y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora con el objetivo de reafirmar el pedido de justicia por este crimen perpetrado contra los trabajadores.
Este juicio, que tendrá su primera audiencia el lunes próximo a partir de las 8 en Comodoro Py 2002, demostrará la responsabilidad criminal que pesa sobre funcionarios, ministros y secretarios de Estado, concesionarios del ferrocarril, la policía y la burocracia sindical, ya que dará cuenta de las complicidades que entraron en juego para que estos actores planearan la emboscada de Barracas y armaran a la patota que atacó y tiroteó a los manifestantes que reclamaban contra la tercerización y por el pase a planta permanente de los trabajadores ferroviarios de la línea Roca.
Los acusados en este juicio son el secretario general de la Unión Ferroviaria (UF), José Pedraza; su segundo en la UF, Juan Carlos “Gallego” Fernández, ambos acusados de ser los “instigadores” del crimen. A su vez, los acusados de disparar contra los manifestantes son el barra brava de Defensa y Justicia, Cristian “Harry” Favale, y el empleado ferroviario Gabriel “El Payaso” Sánchez, identificados en la investigación por los videos y diversos testigos.
Los otros seis acusados son los delegados sindicales Pablo Díaz y Claudio Alcorcel, que convocaron a los demás e impartían órdenes `in situ`, y los empleados ferroviarios Guillermo Uño, Salvador Pipitó, Juan Carlos Pérez y Jorge González.
Por otra parte, también serán juzgados como partícipes necesarios siete policías que “liberaron” la zona, permitiendo que la patota pasara por entre los patrulleros; facilitaron la fuga de los agresores, la desaparición de los materiales utilizados y la desnaturalización de la prueba en el lugar de los hechos; facilitaron la impunidad de los agresores al evitar tomar imágenes del ataque y retrasaron la intervención del magistrado de turno.
El inicio de este juicio debió sortear varias maniobras dilatorias, presentaciones de nulidad y pedidos de recusación del Tribunal Oral Nº 21, que se deberá resolver el mismo 6 de agosto. Esto podría derivar en una nueva postergación del juicio que podría implicar que Pedraza llegue al juicio en libertad ya que la Ley 24.390 determina que el plazo razonable para una prisión preventiva es de dos años, prorrogable por uno más. A Pedraza ya le fue negado tres veces el pedido de excarcelación desde que fuera detenido en febrero de 2011.
En ese sentido, desde el Partido Obrero, en el que militaba Mariano Ferreyra, señalaron que la ofensiva de la burocracia para obtener la postergación del juicio oral “tiene lugar en el marco de las activas negociaciones que mantiene con el gobierno. Pedraza proclamó su apoyo a la candidatura de (Antonio) Caló desde la cárcel de Ezeiza, con lo que se sumó al operativo oficial de copamiento de la CGT. Por otra parte, los personeros de la burocracia ferroviaria permanecen atornillados en sus puestos de funcionarios de la Secretaría de Transporte. En la misma línea, el gobierno premió a los empresarios de UGOFE con el manejo de los ferrocarriles Mitre y Sarmiento, tras el desplazamiento de los Cirigliano, luego de la masacre de Once. Para completar el cuadro, Ugofe acaba de sancionar arbitrariamente -con 29 días de suspensión y bajo apercibimiento de despido- a Jorge Hospital, dirigente de Causa Ferroviaria, compañero de lucha de Mariano y cabeza de la oposición a Pedraza en la línea Roca”.
Finalmente indicaron que las pruebas acumuladas contra Pedraza, los matones y los policías resultan contundentes. Señalaron que las escuchas judiciales, a las que las querellas pudieron acceder recién a fines de junio, las profundizan. En ellas están reflejadas la connivencia entre funcionarios, la burocracia de la UF y La Fraternidad y los empresarios; el cobro de ´peajes´ económicos y hasta sexuales para el ingreso a la planta ferroviaria, en los que participan los imputados Pedraza, y ´El Gallego´ Fernández y el Subsecretario de Transporte Ferroviario, Antonio Luna (UF).  El papel del imputado Pablo Díaz en el reclutamiento de los matones y el apoyo jurídico y material que la burocracia suministra a Favale; las conversaciones entre Pedraza y el agente de la SIDE José Riquelme para coimear a los jueces de Casación.

Contacto: Cecilia Pourrieux (Secretaría de Prensa del Partido Obrero en el Frente de Izquierda ) 11-4055-3294.
 
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