Al borde del ’apartheid sanitario’ tras 25 años en España Imprimir E-Mail
Wednesday, 08 de August de 2012
La aplicación del Real Decreto dejará sin asistencia sanitaria a decenas de miles de personas que no cotizan por no tener tarjeta de trabajo. En la imagen, concentración de empleadas domésticas por la regularización, mayo de 2011.

(Diagonal) España - A menos de 4 semanas de que todas las personas en situación irregular pierdan el derecho a la asistencia sanitaria gratuita.
espanasaludagosto2012.jpgTal y como establece el Real Decreto aprobado el 20 de abril por el Gobierno de Mariano Rajoy, a partir del 1 de septiembre la prestación sanitaria dejará de cubrir a todas las personas que no disponen de permiso de residencia o trabajo en el Estado español. Según adelanta hoy el diario El País, la orden ministerial que desarrolla este Real Decreto finalmente sí permitirá acceder a la atención sanitaria a aquellos inmigrantes en situación irregular que abonen 710 euros (1.864,80 para los mayores de 65 años) mediante la firma de un convenio con la administración autonómica.
Desde Apoyo prefirieron no esperarse hasta que se publique la orden ministerial ni se agote el plazo previsto en el Real Decreto. Las acciones contra el RD 16/2012 se han extendido desde el ámbito institucional (Asturias, País Vasco y Andalucía han anunciado que lo desobedecerán) hasta el profesional: al menos 823 médicos se han inscrito como objetores de conciencia del RD en el registro de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitario (semFyc). La campaña ciudadana Yo Sí Sanidad Universal, que se presentará en septiembre, también está impulsando iniciativas de desobediencia y apoyo mutuo que ya se pueden consultar en su página web.
Hernando (PP) admite que el objetivo de la medida es expulsar inmigrantes
El portavoz adjunto parlamentario del PP, Rafael Hernando, ha explicado la tarde del martes que el objetivo de los llamados convenios por los que se atenderá a inmigrantes irregulares previo pago de 710 euros es que España "deje de ser el paraíso de la inmigración ilegal".
La declaración contrasta con el objetivo declarado de la medida, que según publica El País se incluirá en una orden ministerial que desarrolla el Real Decreto 16/2012. Con dicho decreto, titulado "Medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del SNS", el Gobierno dijo esperar un ahorro de 1.500 millones de euros debido a las restricciones que introduce para el acceso a la sanidad pública.
Tanto asociaciones profesionales como colectivos de inmigrantes han denunciado que la medida puede llegar a suponer un riesgo para la salud pública, dado que puede conducir a una saturación de los servicios de urgencias y facilitar la propagación de enfermedades infecciosas. Por este mismo motivo, han considerado que a medio plazo el objetivo de ahorrar a través de las restricciones es irreal.
En una rueda de prensa en la sede del PP, Hernando ha aclarado las posibles dudas y ha opinado que "los inmigrantes ilegales lo que tienen que hacer es volver a sus países". El portavoz adjunto ha querido dejar claro que "ninguna persona que esté en nuestro país, sea inmigrante ilegal o legal, va a quedar exento de la atención sanitaria de urgencia". El representante del PP también ha comentado que comparte "algunas reflexiones que hicieron en el seno del anterior Gobierno" sobre inmigración, en posible referencia a las declaraciones de la última secretaria de Estado de Inmigración del Gobierno de Zapatero, Anna Terrón, sobre la progresiva "excepcionalidad" de los mecanismos para la regularización de inmigrantes sin tarjeta de residencia.
 
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