Ante la propuesta de ampliar las facultades de la llamada Policía Municipal Imprimir E-Mail
Thursday, 16 de August de 2012
Desde la Liga Argentina por los Derechos del Hombre advierten que “es un serio error pensar en resolver el problema de la llamada ´inseguridad´ y mucho menos terminar con la tortura en sede policial y carcelaria con la creación de más cuerpos policiales”.

Los integrantes de la LADH consideran que, por el contrario, se trata de “depurar” estas fuerzas, que se expresan en hombres y mujeres con cargos en toda la estructura estatal policial, carcelaria y judicial,  que sufrieron por efecto del compromiso de las fuerzas policiales, penitenciarias y judiciales en el Terrorismo de Estado primero y en la represión del conflicto social después, pasando por las amplias redes de corrupción y pactos con las mafias que manejan la droga, la prostitución y el juego en el territorio.
“Desde la Liga Argentina por los Derechos del Hombre denunciamos que la subordinación de estas nuevas policías conlleva el peligro que se repita el caso ya denunciado del Coordinador de la Policía Urbana de San Miguel, Marcelo Mauricio Osores, un ex suboficial carapintada, exonerado del ejército por su participación en el levantamiento de Mohamed Alí Seineldín, nacionalista de derecha cercano al Opus Dei que se dedica a amedrentar a todos los que cuestionan al poder local y articula con un grupo neo nazi autodenominado Congreso Nacional de Suboficiales Argentinos que realiza entrenamiento militar a sus adherentes ante la pasividad del Estado en todas sus dimensiones” señalaron a través de un comunicado, en el que explican que el caso de Osores permite visualizar los peligros que podrían abrirse al poner fuerzas policiales en manos de los barones del conurbano.
En este sentido, reiteran su propuesta sobre las fuerzas de seguridad: “La completa depuración de todas las Fuerzas estatales de seguridad (no solo las Fuerzas Armadas, también Gendarmería, Prefectura, el Servicio Penitenciario y todas las Policías: la Federal, las provinciales y las nuevas como la Metropolitana o las comunales de la provincia de Buenos Aires) de todos los elementos que hayan servido en el período de despliegue del terrorismo de Estado, hayan estado comprometidos en hechos de represión a la protesta social, tráfico de drogas, trata de personas o de corrupción. Derogación del artículo de la Ley de Agencias privadas de Seguridad que obliga a la contratación de personal retirado de las Fuerzas de seguridad para su dirección. (…) Es totalmente inaceptable que las seccionales de las policías y las cárceles sean escenarios cotidianos de torturas, vejámenes, violaciones sexuales, ataques a las personas en estado de prostitución y otros sectores de los más vulnerables de la sociedad y todo tipo de atropellos a la dignidad humana”.
 
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