Después de 3 años y 7 meses, la familia de Luciano Arruga fue recibida por Daniel Scioli Imprimir E-Mail
Friday, 17 de August de 2012
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Los familiares y amigos de Luciano estuvieron acompañados por representantes de la Comisión Provincial por la Memoria y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza. Las organizaciones solicitaron al gobernador bonaerense tres puntos básicos y urgentes: que se aparte de la fuerza a los 8 policías implicados en el caso Arruga, que se garantice la participación activa de los familiares y amigos de Luciano en la gestión del espacio donde funcionaba el destacamento de Lomas de Mirador (en el que fue secuestrado), y que se impulse el esclarecimiento de la causa por la desaparición de Luciano. Además, expresaron su preocupación por la violencia policial y persecución de jóvenes en el distrito de La Matanza.
Contacto: 15 3764 4360


Scioli, que fue acompañado por la ministra de Gobierno Cristina Álvarez Rodríguez, el secretario de Derechos Humanos Guido Carlotto y el intedente de La Matanza Fernando Espinoza, escuchó el relato de Vanesa Orieta (hermana de Luciano), con quien se disculpó y comprometió a hacer todo lo posible por garantizar los puntos planteados derivando las gestiones pertinentes en la Secretaría de Derechos Humanos provincial.
Al salir de la reunión, Vanesa comentó: “Esperemos que los resultados sean los que buscamos, nosotros tuvimos esta reunión después de 3 años y 7 meses de desaparecido Luciano. Lo que le pedimos al Gobernador como referente de la provincia es que comience a tener presencia en la causa. Es una causa que hasta el momento mantiene su carátula como ´averiguación de paradero´ y los 8 policías que desaparecieron a mi hermano están en funciones. Pedimos también que tome cartas en el asunto, que destituya a estos policías de sus funciones hasta que llegue el juicio. Pedimos especialmente que el lugar, el destacamento policial de Lomas del Mirador que se había inaugurado en 2007 por un pedido de mayor seguridad y que fue cerrado en 2011 gracias a la organización y lucha de los familiares. Pedimos que sea convertido en un espacio para la memoria donde familiares y amigos, junto con organismos podamos trabajar la defensa de los DDHH y especialmente con quienes están sufriendo esto que son los jóvenes pobres. Desde acá denunciamos una problemática del gatillo fácil. Nos vamos con la ´alegría´ entre comillas de haber logrado después de 3 años y 7 meses que el Gobernador nos atienda. Esto para nosotros es un logro y ahora queremos ver los resultados. Hasta que no obtengamos esos resultados, vamos a seguir con nuestra denuncia firme de la total falta de compromiso del poder político con la causa de Luciano que hasta hoy no existió. Esperamos que de ahora en más, esto se revierta”.
También habló Pablo Pimentel, de la APDH La Matanza, quien manifestó: “Como organismo de DDHH que acompaña a los familiares desde el principio, reconocemos como positiva la reunión, aunque tardía porque pasaron más de 3 años. Lo que hemos pedido es que se pongan al frente de la investigación con una declaración contundente de que el control de la policía tiene que estar en manos de la política y no de la misma policía. Ese fue el retroceso después de la gestión de Arslanian. Con las gestiones de Stornelli y Casal los organismos de DDHH territoriales notamos un crecimiento de denuncias de reclutamiento de menores para robar. Lo que le pasó a Luciano Arruga sigue pasando. La policía sigue reclutando jóvenes para robar. Parte de la policía a la que le pagamos todos los meses el sueldo utilizan a menores para robar a los ciudadanos que reclaman seguridad. Es un círculo hipócrita. Le pedimos a Scioli una declaración pública poniéndose al frente de uno de los casos más paradigmáticos, junto con Julio López, de los últimos años. En un país de desaparecidos, hay dos desaparecidos en democracia. El Secretario de DDHH, Guido Carlotto, quedó a cargo de la redacción de ese documento. Ahora esperamos las respuestas políticas, que separe a los 8 policías responsables de la desaparición de Luciano”.
Por su parte, el Dr. Hugo Cañón, co presidente de la CPM, dijo: “Fue una reunión comprometida que puede significar un antes y un después respecto a lo que estamos reclamando, el control civil y político de las fuerzas desmadradas de la policía y del Servicio Penitenciario. El Gobernador escuchó y delegó en el Secretario de DDHH toda la instrumentación de los caminos a seguir. La máxima autoridad política, que es el Gobernador de la Provincia tiene que ser quien comande todas las fuerzas de seguridad de la provincia de Buenos Aires para evitar que sigan con el autogobierno y como corporaciones que se manejan en forma autónoma y que llegan a reclutar chicos para robar, amedrentando, fabricando expedientes judiciales falsos para regular el control social sobre los sectores más pobres y marginados. Vanesa Orieta le explicó minuciosamente al Gobernador la situación, con nombres, apellidos y lugares puntuales de Lomas del Mirador donde siguen operando la policía bonaerense con impunidad. La familia peregrinó estos 3 años reclamando al poder político sin ser escuchado. Le relataron al Gobernador lo que se perdió por no haber actuado con diligencia desde el principio. Se detalló el mal comportamiento de la fiscal que actuó los primeros 45 días, una fiscal que delegó la tarea a la propia policía que estaba siendo investigada, la policía se dedicó a perseguir a la familia en lugar de investigar la desaparición de Luciano. Una irregularidad hoy día irreparable. Frente a este caso paradigmático el poder político tiene la oportunidad de dar un gesto muy fuerte si va a consolidar una estructura de vida democrática o va a permitir que siga el sistema autoritario de autogobierno de las fuerzas”.
 
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