Persecución en Colombia
Tuesday, 29 de March de 2011
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Nancy Fiallo de la Asamblea de Mujeres por la Paz y la Equidad de Géneros está siendo hostigada y amenazada por hacerle seguimiento a los juicios contra los paramilitares y el terrorismo de estado.
Su caso no es excepcional. Son muchos los defensores y defensoras de derechos humanos, dirigentes comunitarios, sindicalistas y otros miembros de la sociedad civil que han recibido amenazas de muerte en los últimos meses, principalmente de grupos paramilitares, por el simple hecho de realizar su legítimo trabajo.

"Doctora Fiallo, no vuelva a la Corte, no meta su carita donde no la llaman, o nos toca matarla, ya está advertida". Esta es una de las numerosas amenazas de muerte que ha recibido en los últimos meses la defensora de derechos humanos colombiana, Nancy Fiallo.
Ella y otras integrantes de la Asamblea de Mujeres de la Sociedad Civil por la Paz y del Colectivo de Mujeres por la Paz y Contra la Guerra están siguiendo como observadoras los juicios entablados contra políticos sospechosos de mantener vínculos ilegales con los grupos paramilitares, lo que se conoce como el “escándalo de la parapolítica”.
En una de esas audiencias, el 8 de febrero, Nancy Fiallo llevaba una chaqueta roja y recibió una llamada en la que le dijeron: “Doctora Fiallo le queda muy bien esa chaqueta roja, se ve bonita, lástima que se la tengan que comer los gusanos”.
El caso de Nancy Fiallo no es excepcional. Son muchos los defensores y defensoras de derechos humanos, dirigentes comunitarios, sindicalistas y otros miembros de la sociedad civil que han recibido amenazas de muerte en los últimos meses, principalmente de grupos paramilitares, por el simple hecho de realizar su legítimo trabajo.
Entre las personas amenazadas están: Luz Marina Hache, Ingrid Vergara y Martha Lucía Giraldo, las tres miembros del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), varios sindicalistas de SINALTRAINAL y SINTRAENTEDDIMCCOL,  Cristina Castro, de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Berenice Celeyta, directora de la Asociación de Investigación y la Acción Social, Ayda Quilcué, ex dirigente del Concejo Regional Indígena del Cauca,  William Cristancho Duarte, abogado de derechos humanos, y Luz Nery Ramírez Mosquera, de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados.
Además, el 17 de febrero la ecologista Sandra Viviana Cuellar Gallego pudo haber sido víctima de desaparición forzada en Cali. Todavía no se conoce su paradero.
En el conflicto armado interno de Colombia, que ya dura más de 45 años, son muy comunes las amenazas de muerte a defensores y defensoras de derechos humanos, activistas sociales, sindicalistas y dirigentes comunitarios, que en muchos casos se materializan. La mayoría de estos ataques se atribuyen a grupos paramilitares. Los grupos guerrilleros también atacan a quienes consideran una amenaza para sus intereses.
Exige al gobierno de Colombia protección para los defensores y defensoras de derechos humanos y otros activistas de la sociedad civil.
Fuente: http://www.es.amnesty.org