Marcha a la Procuración General de la Nación
Monday, 05 de March de 2012
juzg_fed_campana_no_trab_infantil.jpgEl lunes 5 de marzo, los trabajadores de Nuestra Huella acompañados por la Alameda,
el MTE y la CTEP marcharán a las 13, desde Guido y Callao hasta la Procuración General (Cdad. de Bs. As.) para entregar un petitorio al Dr. Esteban Righi en el que se denuncia al fiscal federal de Zárate y Campana por no apelar el sobreseimiento a los directivos de la empresa Nuestra Huella, acusados por el propio Ministerio Público Fiscal de la Nación por trata de personas, y a denunciar que el Juzgado Federal 1 de San Martín ordeno tareas de inteligencia sobre las propias victimas y las organizaciones que las apoyan en una burda causa armada por la Policía Federal.

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La Alameda y el MTE vienen denunciando desde 2008 a la empresa avícola Nuestra Huella por trabajo esclavo e infantil en sus granjas de recolección de huevos. Numerosos testimonios y filmaciones acreditaron año tras año la modalidad esclavista de la empresa cuya presidenta, Alejandra Lopez Camelo, es prima del actual intendente de Pilar, Humberto Zúccaro.
Desde 2008 hay una causa por reducción a la servidumbre y trabajo infantil que se tramitaba en el Juzgado de garantías en lo penal (Maraggi / Kalf / IPP 2.199/2008) y que hace pocos meses determinó no sólo estos delitos, sino además los delitos de trata y tráfico de personas y por tal razón, resolvió elevar la causa al Juzgado Federal. Simultáneamente, en el Juzgado Federal de Adrian Charbay, el Ministerio Público Fiscal de la Nación a través del Dr Marcelo Colombo denunció a la empresa por trata y trafico de personas y en esta misma causa las victimas se constituyeron en querellantes con el patrocinio de la Alameda (causa 339/2009).  
En esa causa se tramita además las denuncias a la empresa por utilizar agrotóxicos peligrosos para la salud y se investiga las razones de la muerte del niño Ezquiel Ferreyra, quien fue sometido a trabajo infantil desde los cuatro a los seis años entre el guano y los agro tóxicos y falleció el 16 de noviembre de 2010.
Según denuncia la Alameda, el juzgado Federal de Charbay adoptó una actitud encubridora y complaciente con la empresa e hizo innumerables maniobras para evitar el procesamiento de los directivos. Ni las pruebas aportadas por el Ministerio Público Fiscal, por el INADI, por la Alameda y hasta por una resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas fueron suficientes para que Charbay procesara y condenará a los esclavistas. Tampoco parecen haber sido suficientes, las investigaciones del Juzgado de garantías en lo penal de Campana que acreditó la trata de personas y las propias inspecciones del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires que en setiembre de 2008 le impuso a la empresa una multa de un millòn de pesos por haber encontrado trabajo infantil en 30 granjas de Nuestra Huella.
El Juez Federal Charbay no sólo resolvió sobreseer a los directivos de la empresa esclavista en los delitos de trata y de utilización de agro tóxicos peligrosos para la salud, sino que además rechazo la investigación del Juzgado de garantías en lo penal de Campana que acreditaba la trata y la reducción a la servidumbre. Todo esto fue apelado por los trabajadores y la Alameda y ahora es la Cámara Federal de San Martín la que tiene que resolver el curso de las causas contra la empresa.
“Lo increíble del caso - manifiestan desde la Alameda y el MTE - es que ninguno de los fiscales federales de Zarate Campana apeló ninguna de las medidas de Charbay, ni el Dr Orlando Bosco, ni el Dr Fabián Marcelo Matilla que optaron por guardar silencio frente a las arbitrarias medidas del Juez Federal que dejaba libre y culpa y cargo a la empresa. Tampoco apeló el Fiscal General de la Cámara, Dr Pablo Hernán Quiroga, que no sólo no adhirió a nuestras apelaciones, sino que además tampoco presentó una apelación propia”.
La causa por trata fue iniciada por el Ministerio Público Fiscal de la Nación que investigó con la UFASE a la empresa y llegó a la conclusión de que había elementos suficientes para denunciarla por trata. Resulta inadmisible entonces que los fiscales federales de Campana y el Fiscal General de la Cámara de San Martín omitan interponer los recursos correspondientes contra las resoluciones contrarias a las denuncias de la UFASE y tolere la explotación de niños e inmigrantes en un país donde el Estado argentino considera la esclavitud y la trata de personas, una violación de los derechos humanos en razón de las disposiciones de la Constitución Nacional (art. 15) y de los tratados con jerarquía constitucional.
Ante este situación, el 16 de noviembre pasado cuando se cumplía un año de la muerte de Ezequiel Ferreyra, los trabajadores y víctimas de Nuestra Huella marcharon hacia la Cámara Federal de San Martín acompañados por la Alameda, el MTE y organizaciones de la CTEP en protesta por las resoluciones del juez Charbay y respaldando las apelaciones presentadas sin el respaldo de ningún fiscal. En esa movilización, fueron recibidos y se fijó una reunión con miembros de la Cámara al día siguiente en la que se acordó presentar toda la documentación que respalda estas apelaciones.
Pero ese mismo día, la delegación de la Policía Federal de San Martín, armó una causa contra los trabajadores y víctimas de la empresa, y las organizaciones que las respaldan. Dicha causa se tramita antes el Juzgado Federal en lo Correccional y Criminal Nº 1, (causa 5067/11) que preside el Dr. Daniel Gutierrez y el fiscal Jorge Sica, en la que se acusa a los manifestantes de dañar las instalaciones de la Cámara y planificar nuevas acciones supuestamente vandálicas para el día siguiente. La filmaciones de los medios de comunicación presentes en el lugar acreditan claramente que en la legítima manifestación de protesta no hubo hecho vandálico alguno.
El Juez Federal Gutierrez con el respaldo del Fiscal Sica, ordenó al titular de la delegación de la Policía Federal de San Martín “la realización de tareas de inteligencia…a los efectos de identificar a los posibles autores de los sucesos investigados en el presente sumario de cuyas partes pertinentes se solicitan copias certificadas”. Es decir, mediante una denuncia falsa de la policía, el Juzgado 1 y la fiscalia federal de San Martín ordenaron tareas de espionaje a la policía sobre los trabajadores y victimas de la empresa Nuestra Huella y sobre las organizaciones sociales que las apoyan.
Desde la Alameda aseguraron que tanto el Procurador General de la Nación como toda la sociedad deben tomar conocimiento de las gravísimas resoluciones que se están adoptando sobre el caso Nuestra Huella, “donde los esclavistas quedan completamente impunes y las víctimas son espiadas por orden judicial y tareas policiales ante la pasividad y/o complicidad de los fiscales que tendrían que haber acompañado la investigación y denuncia que la UFASE y el Ministerio Público Fiscal realizaron sobre la empresa”.

Fuente: Fundación La Alameda