Ley de Comunicación: Ahora o nunca
Tuesday, 13 de March de 2012
Quizá el proyecto de Ley de Comunicación sea uno de los más debatidos y el que mayor polémica ha generado en la historia reciente de la legislación ecuatoriana. Esta Ley debía ser aprobada un año después de que entró en vigencia la Constitución en octubre de 2008.

(Eduardo Tamayo G. – Alai) Ecuador - En la última consulta popular, realizada el 7 de mayo de 2011, una mayoría de electores se pronunció porque la Asamblea Nacional, sin dilaciones, promulgue una Ley de Comunicación que cree un Consejo de Regulación que regule la difusión de contenidos que contengan mensajes de violencia, explícitamente sexuales o discriminatorios y prohibió que “las instituciones del sistema financiero privado, así como las empresas de comunicación privadas, de carácter nacional, sus directores y principales accionistas, sean dueños o tengan participación accionaria fuera del ámbito financiero o comunicacional, respectivamente”.
ecuadorleydecomunicacion.jpgSin embargo, fuertes presiones y el boicot del poder mediático y de las oposiciones (de derecha y de izquierda), la débil intervención ciudadana y las vacilaciones iniciales del bloque legislativo oficialista de Alianza País (que, además,  ya no cuenta con los votos suficientes para aprobar la Ley) son algunos de los factores que han impedido la aprobación de esta ley.
Ahora  el proyecto de ley ha sido concluido y presentado por la Asamblea a la ciudadanía para que se hagan nuevos aportes antes de ser abordada en segunda instancia en el organismo legislativo.
El proyecto de ley de 128 artículos establece nuevas reglas para el ejercicio del derecho a  la comunicación. De aprobarse,  sustituiría a la actual  Ley de Ejercicio Profesional del Periodista, que data del 30 de septiembre de 1975, cuando en el Ecuador gobernaba una dictadura militar.
No se trata de una “ley de medios”, como señalan los detractores de la misma, sino de una ley orgánica de comunicación que democratiza la comunicación, protege a la niñez y a las personas con discapacidad, crea un Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación para regular a los medios privados, públicos y comunitarios, fomenta la producción nacional en la programación,  la producción independiente y la música nacional, beneficia a los publicistas nacionales y regula los espectáculos públicos y la gestión del espectro radioeléctrico.
Este proyecto de ley  establece una nueva distribución del espectro radioeléctrico, hoy concentrado en un 95 por ciento en manos privadas, favoreciendo la incursión de múltiples voces en el escenario democrático.  Con un criterio de equidad (como establece la Constitución) se reserva un 33 % del espectro para la operación de medios privados, un 33% para los medios públicos y un 34 % para los medios comunitarios (Art. 113).
Pero como  la torta radioeléctrica  ya se encuentra repartida en pocas manos privadas y queda poco para los otros sectores, el proyecto de ley dispone que esa nueva distribución se alcance de manera progresiva, mediante la reversión de las frecuencias obtenidas ilegalmente y la asignación de las todavía disponibles.
También se toman medidas para evitar el monopolio y la mercantilización de las frecuencias (con la cual se han enriquecido algunos) y la concentración de las mismas en una sola persona natural o jurídica, disponiendo que ésta solo podrá ser adjudicataria de una frecuencia de radio AM, una de FM y una de televisión (algunas voces críticas, señalan que una persona debería tener una sola frecuencia, todavía estamos a tiempo para corregir este artículo) .
Uno de los puntos polémicos del proyecto es el artículo 41 que suprime la necesidad de contar con título profesional para ejercer la comunicación. Si bien se puede hacer excepciones con los medios comunitarios (que difícilmente pueden pagar a un comunicador profesional), esto favorece fundamentalmente a los medios privados que siempre han defendido, con la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) a la cabeza, la “libre contratación”. Es conocido que la mayoría de medios privados son empresas cuya finalidad es el lucro y están dirigidos por “gerentes” y no por periodistas. Para las empresas resulta mas rentable contar con empleados no profesionales ya sea para pagarles menos, incumplir con los derechos laborales  o para manipularlos a sus anchas.
Diez organizaciones de comunicadores (as) y de derechos humanos (entre lo que se cuentan a ALAI, ALER, WACC, AMARC, CORAPE, OCCLAC, Radialistas Apasionados y Apasionadas, Colectivo Pro Derechos Humanos) apoyan la promulgación de esta ley. En cambio, la oligarquía mediática, que desde hace años asume un abierto rol político de oposición al gobierno de Correa, se opone a la misma aduciendo que “la mejor ley es la que no existe” y que “se verá afectada su libertad de expresión” (de empresa).
Nota completa: http://alainet.org/active/53337