Chaco: Aborígenes reclamaron al Defensor del Pueblo poder trabajar la Tierra
Thursday, 24 de May de 2012
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La reunión que se llevo a cabo en  Colonia Aborigen, contó con la presencia de  Gustavo Corregido, defensor del Pueblo del Chaco, quien fue a escuchar los reclamos de los representantes aborígenes encabezados por Eduardo René Ramírez. Estos le transmitieron que las diferencias con el Consorcio les impide labrar sus tierras.
 
(Red Eco) Chaco - Los representantes aborígenes, advirtieron al defensor del Pueblo de la Provincia, que su comunidad no ha sido tenida en cuenta a la hora de la formación de los consorcios rurales e indicaron que precisamente esta situación “les impide labrar sus tierras”.

Gustavo Corregido, recogió además otra cuestión que consideró “muy relevante” como es la falta de "diálogo y acciones " en conjunto con las autoridades del Instituto del Aborigen Chaqueño y  se comprometió a canalizar las cuestiones planteadas y volver a visitarlos anticipando la llegada de manera de poder dialogar con la máxima cantidad posible de sus miembros. Durante la reunión, también se hablo del interés del Defensor del Pueblo de nombrar en el lugar un delegado “ad honorem” para tener un rápido conocimiento de los problemas que puedan aquejar a las comunidades, darles participación en el Instituto y fundamentalmente acercar la institución al pueblo.
Este pedido por parte de los aborígenes está en relación con las declaraciones que esta semana realizo la organización Amnistía Internacional que reclamó al Estado por el derecho a la tierra de los pueblos indígenas. 
En su “Informe  2012 sobre el Estado de los Derechos Humanos en el Mundo", advirtió que, en el país, las comunidades indígenas "siguen viviendo bajo la amenaza de desalojo, pese a la vigencia de una prohibición total para ese tipo de procedimientos hasta noviembre de 2013", según la Ley Nacional 26.160 de Reparación Histórica a las Comunidades Indígenas.
En este sentido, Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional, llamó al Gobierno nacional a "avanzar en la efectiva implementación" de esta norma, y a "poner fin a la discriminación y a las persistentes violaciones a los derechos humanos de las comunidades originarias".
"El Estado debe garantizar que los habitantes de esos pueblos puedan vivir en sus tierras ancestrales sin el riesgo de sufrir ataques o intimidaciones", planteó la directora en un comunicado.
El informe da cuenta también del asesinato de Cristian Ferreyra, militante del Mocase Vía Campesina, ocurrido en noviembre pasado en Santiago del Estero, y de las protestas llevadas por la comunidad qom en la Ciudad de Buenos Aires, y condenó, además, el resonante caso de represión policial de julio de 2011 en terrenos privados en Libertador San Martín, provincia de Jujuy, en ocasión del desalojo de unas 700 familias, en el que murieron cuatro personas. "Tras visitar Argentina en noviembre, el relator especial de la ONU sobre los pueblos indígenas expresó preocupación por el número de desalojos forzosos, por que no se hubiese implantado un sistema de protección real del derecho a la tierra y por la falta de un mecanismo de consulta a las comunidades sobre los proyectos que les afectaban", señala el informe en su capítulo sobre la Argentina.
Por otro lado, Amnistía insistió, al igual que en su Informe 2011, en las "dificultades" de las mujeres "para abortar legalmente". "Amnistía Internacional encabezó durante el año pasado una campaña por la despenalización del aborto en la región. En este marco, instamos a las autoridades argentinas a cumplir con sus obligaciones internacionales, y a dar impulso al debate parlamentario", afirmó Belski.


Fuentes: mdzol.com,diariochaco.com