Paraguay: Informe sobre la masacre de Curuguaty
Sunday, 24 de June de 2012
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En esta cronología realizada por la Coordinación departamental y nacional de organizaciones campesinas, sociales y políticas, sobre lo ocurrido en la masacre de Curuguaty, se comncluye que: "Los infiltrados altamente entrenados, no tenían ninguna relación con los campesinos, sino que eran matones pagados por gente interesadas en truncar el proceso de recuperación de las tierras mal habidas de nuestro país. El único sector beneficiado con este hecho es el Partido Colorado, ya que a partir de este golpe se aísla al sector popular y al movimiento campesino del Gobierno y se instala un nuevo comandante de la policía y Ministro del Interior más favorables a los latifundistas y detentores de tierras mal habidas."


 PARAGUAY: INFORME DESDE CURUGUATY DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ

La delegación de la Coordinadora Nacional por la Recuperación de las Tierras Mal habidas junto con la Coordinación de Organizaciones Sociales y Populares de Canindeyú presentan cronología de la matanza:
Antecedentes
·         La lucha por la recuperación de las tierras de la llamada ex Marina, lleva más de doce años. Este inmueble fue donado por La Industrial Paraguaya S.A al Estado Paraguayo, siendo aceptada esta donación por Decreto N° 29.366 del 6 de setiembre de 1967, y por Decreto N° 3.532 del 4 de octubre de 2004 el Estado paraguayo declara de interés social y destina para la reforma agraria, transfiriendo a título gratuito al Indert. Un juez venal accedió a otorgar la usucapión, de manera fraudulenta, ya que no se puede usucapir contra el Estado. Estamos hablando de 7.851.295 hectáreas de las 24.000.000 de hectáreas que tiene nuestro territorio, que fueron adjudicadas de forma totalmente irregular.
Luego de reiteradas ocupaciones y desalojos, se produce una nueva ocupación hace dos meses atrás, realizada por campesinos de diferentes grupos políticos, que ante una nueva amenaza de desalojo y ante la falta de organización  para resistir quedaron sólo entre 60 y 70 personas, incluyendo mujeres y menores de edad. Este grupo no era orgánico a ninguna organización campesina local y nacional que articulan en el Departamento.
·           Dos días antes del desalojo familiares de los ocupantes denunciaron que no tenían comunicación con la gente del lugar y que se preparaban para un nuevo desalojo. También denunciaron la presencia de personas extrañas que habían entrado al lugar.
Viernes 15 de junio, día del enfrentamiento
·         El viernes a las 7.00 am, aproximadamente, la policía ingresa al lugar, con órdenes del Ministerio del Interior de dialogar y seguir el protocolo, entre los policías se identifican dos grupos: uno que se acercó al lugar para dialogar y es abatido primero (Erven Lovera, jefe de la GEO y Osvaldo Sánchez como subjefe, pertenecerían a este grupo), y el otro grupo que estaba informado de lo que sucedería. En una confusa situación empiezan los disparos de larga distancia (lo que coincide con la pericia balística, impactos de disparos a larga distancia con fusiles y no con armas de caza, que portaban los campesinos) quedando abatidos 6 policías y 11 campesinos.
Durante el enfrentamiento llegan helicópteros con refuerzos de la Fuerzas de Operaciones Especiales, que con lanzallamas y gases lacrimógenos para dispersar, disparan de manera efectiva, dejando un saldo de 9 campesinos y 6 policías fallecidos. Si esto hubiera sido planificado por los 70 campesinos entrenados, según las versiones de la prensa comercial, no hubieran sido ellos los que terminaron con más bajas.
·         La primera delegación que llega desde Asunción el viernes de noche es la de CODEHUPY que es detenida por la policía, lo que impide la venida de otras delegaciones de prensa, derechos humanos y organizaciones sociales de Asunción porque no había garantías suficientes para realizar un apoyo efectivo en la zona; es decir, nadie excepto la policía ingresa al lugar, teniendo la libertad suficiente para ocultar las evidencias de las ejecuciones realizadas. También se impidió a los pobladores el rescate de heridos y fallecidos.
·         Los  heridos que llegan al Centro de Salud son detenidos por la policía sin importar la gravedad de su estado de salud, ni las evidencias de si dispararon o no, siendo derivados y trasladados, sin el debido proceso a comisarías y reclusorios de Coronel Oviedo, Villarrica, Ciudad del Este y Asunción. También son detenidos e imputados familiares que van a preguntar por los heridos en el hospital, tal es el caso del Técnico del Ministerio de Agricultura del Programa Pequeños Agricultores (PPA) Miguel Ángel Correa quien fue detenido por preguntar por un pariente herido, y es directamente acusado con incongruencia en los documentos de la policía y la fiscalía, puesto que el primero dice que fue detenido  en el Hospital Regional de Curuguaty y el segundo, que fue detenido en el lugar de los hechos.
Sábado 16 de junio, familiares ingresan a la propiedad en búsqueda de sus seres queridos ante la inacción de la policía y fiscalía
·           En la noche del día sábado se inicia el rescate y asistencia de heridos de la zona escondidos por temor a las detenciones y falta de garantías. Hasta el momento se cuenta con un número de 54 imputados (miembros de organizaciones campesinas y familiares de fallecidos que no estuvieron en esa ocupación, sino en otras realizadas anteriormente en las mismas tierras) por homicidio doloso agravado, homicidio doloso en grado de tentativa, lesión grave, asociación criminal, coacción y coacción grave e invasión de inmueble. De estos 54, 46 se encuentran en estado de rebeldía, lo que significa que no están detenidos pero tienen orden de captura, además de 12 imputados que sí están detenidos que podrían tener una pena de hasta 30 años, incluyendo a menores de edad.
Existen denuncias de que estos detenidos también cuentan con muestras de tortura.
·         El sábado a la siesta vecinos y familiares rompen el cerco policial y junto con prensa, referentes de organizaciones sociales locales y delegación de derechos humanos ingresan al campo para buscar a heridos y fallecidos, encontrando dos cuerpos cerca de la entrada del acampamento. Estos cuerpos fueron mudados de lugares donde fueron abatidos, puesto que no se registraron muestras de sangre, en los alrededores. También fueron disfrazados de supuestos francotiradores, muestran rastros de tortura y ejecución reciente, sangre fresca y balazos en la cabeza y el cuello, y las armas que tienen al lado son escopetas que no podrían haber sido utilizadas por francotiradores por ser armas de corta distancia y que disparan perdigones que no coinciden con las heridas de los policías fallecidos.
·         La fiscalía no se presenta hasta el sábado a la tarde, por presión del grupo de familiares, vecinos y organizaciones que ingresan al lugar. La fiscalía se presenta sólo para levantar los cuerpos de los fallecidos, haciendo total omisión de las evidencias.
Domingo 17 de junio, exigencia de una comisión interinstitucional que esclarezca los hechos y la concesión de las tierras de Ex Marina a campesinos
·         El domingo por la mañana vuelven a ingresar a la tierras de la Ex Marina: vecinos, familiares, prensa, organizaciones sociales, una delegación de derechos humanos y la delegación de la Coordinadora Nacional por la Recuperación de Tierras Malhabidas, para seguir la búsqueda. Se encuentran casquillos de balas de fusiles M16, pistolas 9 mm, y escopetas de 12 y 16 mm y el campamento de los ocupantes quemado, con lo que se pierden evidencias.
·         El domingo por la tarde, el Jefe de Gabinete Miguel López Perito y la Ministra de Salud Esperanza Martínez piden una reunión con los familiares para informarse de los hechos. Se logra que en la reunión estén presentes también los referentes de organizaciones sociales locales y referentes de la Coordinadora. Los ministros vienen por iniciativa propia y no por mandato del Ejecutivo, por lo que la reunión no tiene grandes repercusiones y definiciones. Por exigencia de las familias y los referentes locales y nacionales se exige la conformación de una Comisión interinstitucional con el gobierno, las organizaciones, los familiares y organizaciones de derechos humanos para el esclarecimiento de los hechos, urgente asistencia humanitaria a las familias de los fallecidos, heridos y detenidos, la entrega de los cuerpos de los fallecidos a los familiares y la recuperación de las tierras mal habidas de Blas N. Riquelme para las familias campesinas del lugar.
 
Con las pruebas y testimonios arrojados durante 4  días luego del hecho, manifestamos que:
Los infiltrados altamente entrenados, no tenían ninguna relación con los campesinos, sino que eran matones pagados por gente interesadas en truncar el proceso de recuperación de las tierras mal habidas de nuestro país. El único sector beneficiado con este hecho es el Partido Colorado, ya que a partir de este golpe se aísla al sector popular y al movimiento campesino del Gobierno e instalar un nuevo comandante de la policía y Ministro del Interior más favorables a los latifundistas y detentores de tierras mal habidas.

Fuente: periodico SU Tribuna -Santa Fe http://www.sutribuna.com.ar