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Denuncia penal por desmontes

La realizó la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo contra tres funcionarios públicos de Córdoba y un ex abogado de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez). Es por haber actuado al margen de lo que prevé la ley provincial 9814, lo que permitió que se desmontaran más de 20.000 hectáreas de monte nativo en apenas tres meses.

Los abogados de la organización, Darío Ávila y Carlos González Quintana, presentaron en mesa de entradas de los Tribunales II de Córdoba un escrito solicitando que se investigue el accionar de tres ex-funcionarios de la Secretaría de Ambiente del Gobierno provincial y de un letrado de Cartez. Es por la “probable comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y asociación ilícita”.

Los denunciados son Germán Pratto, ex secretario de Ambiente y actual legislador por Unión por Córdoba (UPC), miembro de la Comisión de Asuntos Ecológicos y presidente de la Comisión de Asuntos Institucionales, Comunales y Municipales de la Legislatura; Néstor Cruz, ingeniero forestal, ex director de Jurisdicción de Áreas Naturales, Bosques y Forestación; y Jorge Ferrari, abogado, director de Jurisdicción de Asuntos Legales de la Secretaría de Ambiente. Además de Raúl Carranza, abogado y consultor ambiental, quien fue asesor legal de Cartez y patrocinante en la defensa judicial de infractores a la Ley de Bosques ante la Policía Ambiental.

Los abogados que representan a la Coordinadora sospechan que hubo una “connivencia de varios funcionarios que prestaron un acuerdo de manera exprés para autorizar cantidades enormes de hectáreas de bosque nativo en una zona roja. Lo hicieron porque (…) se han salteado siete pasos donde no tuvo intervención la Dirección de Bosques que seguramente lo habría desaprobado”. De esta manera, sostienen, favorecieron a distintos empresarios.

Darío Ávila especificó que aportaron abundante documentación que acredita que durante la gestión de Germán Pratto, que abarca un período de ocho meses que va de marzo a octubre de 2015, se estuvo autorizando “en forma sistemática y repetitiva una serie de planes de uso sustentable para el manejo del bosque nativo de manera ilegal, al margen de lo que prevé la ley provincial 9814 y su decreto reglamentario”: “Por eso venimos a señalar que estas autorizaciones han sido otorgadas violando la ley, sin la participación de otras instancias, como por ejemplo el Área de Bosques que determina si se trata de zona roja o amarilla”, agregó.

Entre la documentación presentada también se incluyeron cuatro expedientes que “registran autorizaciones para desmontar ilegalmente unas 20.000 hectáreas de bosque nativo, superficie equivalente a 40.000 canchas de fútbol”. En dos de los casos denunciados, Pratto autorizó prácticas e intervenciones sobre bosques nativos, sin haber requerido los informes y dictámenes previos de las distintas áreas existentes a tal fin como Área de Suelo, Bosque Nativo, además del Directorio, la Comisión Técnica Interdisciplinaria (CTI), Área de Fiscalización y Control, y Área de Despacho.

Cabe señalar que la ley provincial 9814 establece que solo ingenieros ambientales, agrónomos y biólogos están autorizados para aprobar esas intervenciones que disfrazan desmontes.

Ahora se deberá sortear la fiscalía que deberá investigar la denuncia efectuada por la Coordinadora, que nuclea a 80 organizaciones socio-ambientales de Córdoba.

Fuente: Prensa Red

 

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