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Una hidroeléctrica construida por ACS que amenaza a un pueblo indígena en Guatemala

Guatemala es el segundo país del mundo con mayor proporción de población indígena, por detrás de Bolivia. Según el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas, el número de habitantes alcanza los 6 millones, lo que equivale al 60% del total del país. A pesar de constituir más de la mitad de la población, las comunidades indígenas ven a menudo vulnerados sus derechos básicos y los de sus territorios al servicio de la práctica capitalista más ambiciosa. El ejemplo más reciente es el caso del complejo hidroeléctrico Renace, un proyecto promovido por el grupo guatemalteco Corporación Multi-Inversiones (CMI) y construido por la española Cobra-ACS, cuyo presidente y consejero delegado es Florentino Pérez y en la que la familia March es uno de sus máximos accionistas.

(Alba Ara Anel – Diagonal) Guatemala - La intervención se extiende a lo largo de 30 kilómetros del río Cahabón, en la región de Alta Verapaz, y está llamada a convertirse en la mayor hidroeléctrica del país. Como consecuencia de la obra, el flujo del agua está desapareciendo casi por completo, y con él las comunidades que desarrollan su vida en torno a esta área fluvial. El problema actualmente está afectando a alrededor de 29.000 indígenas quekchí a los que en ningún momento se ha consultado para la puesta en marcha del proyecto, a pesar de la obligación recogida en el Convenio Internacional 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales que Guatemala ratifica.
Ante esta situación, la ONG Alianza por la Solidaridad presentó este jueves 16 de junio una campaña de recogida de firmas que busca sensibilizar y presionar a la compañía por la masiva violación de derechos que esta acción empresarial está suponiendo para la comunidad quekchí de Guatemala. La iniciativa se enmarca dentro de TieRRRa, una campaña que vela por el desarrollo empresarial ético y respetuoso con los recursos naturales y los derechos humanos, y vigila que los intereses de las grandes corporaciones no se impongan a ellos.
En la presentación, Almudena Moreno, responsable de la campaña, explicó cómo descubrieron el caso de Renace. En un principio, la iniciativa se entendió como un ejemplo de buena práctica empresarial, debido a la información falseada que CMI facilitaba. Sin embargo, tras dos años de investigación se dieron de cuenta de que se trataba de todo lo contrario. “El desastroso estado actual del río Cahabón, la división social que ha generado en la zona el proyecto y la falta de una consulta informada a los afectados y un estudio real de impactos son algunos de los elementos que nos indican que no es una buena práctica y debe por ello debe pararse”.
El impacto ambiental y social
Bajo la visión empresarial más ambiciosa y agresiva, el potencial natural que tienen muchos territorios de Latinoamérica la convierte en un destino perfecto para la instalación de grandes proyectos.
La puesta en marcha de estos proyectos tiene duras consecuencias sobre la salud de las personas que viven en los territorios, derivadas de la contaminación de las aguas y el ruido. El impacto se agrava todavía más cuando se trata de territorios indígenas, como es el caso del río Cahabón, en los que la tierra y los ríos desempeñan un papel central en el desarrollo de la vida de las comunidades que lo habitan, además del fuerte valor simbólico, espiritual y cultural que adquieren dentro de su cosmovisión.
Julio González, de la ONG Madre Selva de Guatemala, destacó durante la presentación de la campaña la importancia que tiene el río para la comunidad quekchí y cómo la instalación del complejo hidroeléctrico va a afectar a su día a día: “La empresa sólo deja coger agua desde las siete de la mañana hasta las cinco de la tarde, pero el agua es fundamental para la vida. No tiene horario”. Así mismo, destacó la responsabilidad del Grupo Cobra-ACS en permitir que estas violaciones de derechos sucedan: “Una empresa que elige contribuir a este desastre, es cómplice de las muertes que se puedan producir, no puede lavarse las manos respecto a lo que pasa en el territorio”.
Las multinacionales hidroeléctricas en América Latina
Erika González cuenta cómo el modo de proceder en la instalación de este tipo de proyectos es muy similar en todos los casos: “Los gobiernos y las empresas establecen acuerdos muy opacos para la población, que no sabe lo que va suceder hasta que ve la maquinaria ya en funcionamiento. Es una clara muestra de déficit democrático: no se les consulta ni se les proporciona toda la información desde el primer momento, y por lo tanto no pueden alegar”.
Cuando la oposición social se organiza contra estas violaciones del territorio, tanto las compañías como los gobiernos responden con diferentes medidas para frenarla y desarticularla. “Las empresas optan por la estrategia de cooptación, mediante amenazas y otras acciones agresivas contra la población para ganarse su apoyo. Por otra parte, el estado criminaliza a las personas más visibles y activas de la oposición social, y se producen denuncias y encarcelamientos de defensores de derechos humanos”, continúa Erika González. Karen Ramírez también dedicó parte de su intervención al recuerdo de los “presos políticos” en Centroamérica, arrestados por defender los derechos de la población y del medioambiente.

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