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Guatemala: desalojan a comunidades en áreas protegidas en las que permiten la explotación petrolera

La comunidad Laguna Larga, que habitaba el departamento guatemalteco El Petén, debió huir el 2 de junio, tras ser desalojada por policías y militares, que no sólo provocaron su huida, sino que destruyeron sus casas y se apropiaron de sus animales. El Estado los expulsó, violando una vez más sus derechos.

Unas 700 personas de la comunidad Laguna Larga atravesaron siete kilómetros de la selva para refugiarse en el municipio La Candelaria, en el estado mexicano de Campeche.

La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) trabaja desde 2009 con las comunidades del municipio de San Andrés, donde se ubican las áreas protegidas de la Laguna del Tigre y la Sierra del Lacandón. La Ley de Áreas Protegidas, aprobada en la década de 1990, establece que en las áreas protegidas no pueden vivir personas, pero las comunidades estaban afincadas desde antes de que se aprobara la ley; varias de ellas se habían instalado en la década de 1970, cuando el gobierno guatemalteco se propuso poblar el departamento de Petén. El gobierno las expulsa, pero no les da otras tierras en donde puedan vivir.

Al tiempo que no les permite a las comunidades habitar el área, el gobierno permite la operación de la compañía petrolera PERENCO -de capitales ingleses y franceses-, ha habilitado proyectos de terratenientes y megaproyectos turísticos. La CIJ interpuso una acción de inconstitucionalidad para que no le prorrogaran el contrato a PERENCO.
La CIJ reclama por el trato desigual que tienen unos y otros, porque las comunidades viven en condiciones deplorables y deben enfrentar “la exclusión sistemática por parte de las instituciones del Estado, así como violaciones graves a los derechos humanos”, expresó la CIJ en su comunicado de prensa del 5 de junio. Otra contradicción: el área está fuertemente militarizada –que acosan a las poblaciones- pero el narcotráfico opera sin obstáculos.

Fuente: Radio Mundo Real

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